Reino Unido desafía a Milei y extiende por cinco años las licencias petroleras en Malvinas
Pese al endurecimiento de sanciones impulsado por el Gobierno, la administración británica del archipiélago renovó los permisos offshore para avanzar con la explotación de hidrocarburos.
A pesar de los múltiples gestos y sanciones del gobierno de Javier Milei contra la explotación petrolera en las Islas Malvinas, la administración británica del archipiélago decidió prorrogar por un período de cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore en el Atlántico Sur.
La medida, adoptada con el aval explícito del Reino Unido, garantiza la continuidad de los programas de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas disputadas y prevé la posibilidad de otorgar una extensión adicional de dos años si las compañías licenciatarias cumplen con las metas de trabajo.
El anuncio oficial se produce en un escenario de creciente tensión diplomática con la Argentina, en el que las empresas operadoras ratifican sus planes de inversión a pesar del despliegue de medidas administrativas, penales y legislativas impulsadas por el gobierno libertario para bloquear esas operaciones.
Desde la perspectiva de las autoridades británicas que administran el archipiélago, la decisión busca afianzar la certidumbre jurídica de los capitales privados que operan en la zona. La integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales, Cheryl Roberts, dio cuenta del alcance de la ampliación de los plazos de explotación.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”. Asimismo, la funcionaria remarcó la posición británica respecto al uso de los recursos naturales en las islas al señalar que “son recursos nuestros que debemos desarrollar”.
Sea Lion avanza pese a las restricciones argentinas
El respaldo regulatorio británico consolida el avance del proyecto Sea Lion, considerado el principal yacimiento hidrocarburífero de la cuenca norte de Malvinas, ubicado a aproximadamente 220 kilómetros de las costas del archipiélago. La iniciativa está encabezada por la firma israelí Navitas Petroleum, propietaria del 65% de la participación, y por la británica Rockhopper Exploration, poseedora del 35% restante.
Las empresas operadoras proyectan iniciar la producción comercial en marzo de 2028, con un flujo estimado de extracción de 50.000 barriles diarios de crudo e ingresos calculados en torno a los 2.000 millones de dólares en concepto de regalías.
En forma paralela a la extensión general de licencias, la administración isleña autorizó a Navitas a adquirir el 65% del bloque contiguo PL001 —en acuerdo con la canadiense JHI Associates— con el objetivo explícito de acelerar la evaluación del área. En la cuenca también mantienen permisos exploratorios las compañías británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited.
La ratificación de los contratos petroleros por parte del Reino Unido transcurre de manera simultánea a una ofensiva del gobierno libertario orientada a obstaculizar las operaciones mediante herramientas legales y económicas.
A través del Decreto 868/2026, el El Ejecutivo designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como Autoridad de Aplicación de la legislación hidrocarburífera, aceleró los plazos para aplicar sanciones administrativas y fijó inhabilitaciones comerciales de entre 5 y 20 años para operar en el país.
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