Plan C

Dispusieron unificar los juicios Hotesur-Los Sauces

Lawfare: La Casación ordenó apuntar rápido contra Cristina y Máximo Kirchner

Con presión política-judicial-mediática, los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone le ordenaron al Tribunal Oral 5 juntar los dos expedientes y arrancar el viernes. Slokar votó en contra.

Raul Kollmann

En una decisión ya adelantada por la alianza político-judicial-mediática del mileísmo y el macrismo, dos magistrados de la Cámara de Casación --Diego Barroetaveña y Daniel Petrone-- resolvieron que los juicios por las causas Hotesur-Los Sauces se hagan de forma unificada y que las audiencias arranquen el viernes. Todo consiste en juzgar y condenar a Cristina y Máximo Kirchner cuanto antes. Nadie sabe cómo lo hará el Tribunal Oral, porque no se enviaron las citaciones de la causa Hotesur --el juicio iba a arrancar en marzo-- y, además, no está terminada la que sería la prueba clave: una pericia sobre los valores de los alquileres, para determinar si eran o no a precios de mercado. La cuestión es central, porque la acusación consiste en que los alquileres encerraban un blanqueo de supuestas coimas o sobreprecios por la obra pública. Si los valores de los alquileres eran normales, a precios de mercado, la conclusión sería que no encerraban nada ni blanqueaban nada. La presión política-mediática-judicial fue transmitida de manera grosera por la Corte Suprema a los magistrados de la Casación. El juez Alejandro Slokar votó en contra y señaló que la Casación no puede meterse en la organización de un juicio, que eso corresponde al tribunal y que la resolución es una “exorbitancia”, o sea, se sale de órbita.

Más de lo mismo

Pocos saben que el Tribunal Oral número 5 ya había sobreseído a Cristina, Máximo y demás imputados porque consideró que no existía posibilidad de lavado de dinero, la principal acusación. Los magistrados Adrián Grünberg y Daniel Obligado sostuvieron que la obra pública produce pagos en blanco y que los alquileres fueron todos en blanco, de manera que no existía el delito de convertir dinero negro en dinero blanco, que es el delito de blanqueo. Como es obvio, el aparato judicial de Comodoro Py, que acaba de sobreseer a Mauricio Macri, Luis Caputo y todos los que tomaron la mayor deuda de la historia de la Argentina, revirtió el sobreseimiento de los acusados en Hotesur-Los Sauces. La Casación dispuso apartar a los anteriores jueces y ordenó que el juicio contra Cristina y Máximo se haga.

La “orden” de unificar los juicios fue transmitida a los integrantes de la Casación en una reunión de jueces realizada en San Martín de los Andes. Fue público y notorio que se trató de un apriete de la Corte Suprema. La movida fue tan escandalosa que Barroetaveña y Petrone firmaron una resolución para tratar la unificación a las 20 horas de un viernes, en la propia localidad neuquina.

La clave de los alquileres

La causa Hotesur-Los Sauces fue instruida por el fallecido juez Claudio Bonadío con maniobras inusitadas, como la creación de un expediente paralelo para que ese magistrado siguiera a cargo. La base de la acusación es que la familia Kirchner les alquiló hoteles y departamentos a empresarios --en especial, Lázaro Báez-- que, al mismo tiempo, tenían contratos de obra pública con el Estado. El argumento de las defensas siempre fue que, mientras los precios de los alquileres fueran los de mercado, no había ningún delito ni se infería blanqueo o coima alguna.

Es más, es conocido que Donald Trump le alquila sus hoteles y resorts al Estado norteamericano, con valores declarados por encima de los de mercado, alegando que está en su derecho de cobrarle más caro al Estado. El caso más obvio es el de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en la que pasó días y días Javier Milei. Un debate parecido se produjo en Chile con las propiedades y empresas del fallecido expresidente Sebastián Piñera. Lo impactante es que duermen en los cajones las causas en las que sí hubo gravísimas maniobras del presidente Mauricio Macri: aumento descomunal de los peajes y luego venta de las acciones de Macri de la concesionaria de la Panamericana, o adjudicación de parques eólicos que luego fueron vendidos a través de empresas de la familia Macri radicadas en Luxemburgo. A los Kirchner nunca se les encontró una cuenta o una sociedad escondida en el exterior. Eso se verifica --y parece no importar-- en los Macri, los Caputo y compañía.

Dos juicios

En Hotesur-Los Sauces, el Tribunal 5, integrado por José Michelini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había resuelto hacer los 2 juicios por separado, en esencia porque la pericia sobre los alquileres de los hoteles no estaba --ni está-- terminada. Además, no se trata exactamente de los mismos imputados. Por lo tanto, el tribunal --que es el único facultado para organizar un juicio-- resolvió empezar con Los Sauces el viernes 23 de octubre y arrancar con Hotesur en marzo. Esto es lo que apeló el fiscal Diego Velazco, planteo luego sostenido por el fiscal ante la Casación, Mario Villar. Este último ni siquiera se presentó a argumentar en la audiencia convocada: ya sabía que la orden política era unificar.

De manera inédita, los dos jueces de la Casación no sugirieron acelerar los tiempos, sino que ordenaron unificar los juicios y, aún más insólito, ordenaron empezar el viernes. Es lo que señaló Slokar: “Se trata de una exorbitancia competencial”. Por lo que se sabe, nunca en la historia la Casación interfirió en la dirección de un proceso modificando cuestiones de ordenamiento de un juicio.

Al cierre de esta edición, nadie sabe cómo es que se citará a los imputados en Hotesur, cuando supuestamente faltan 3 días para el juicio y, además, se arrancará sin que esté terminada la prueba-pericia clave. En rigor, desde el punto de vista estrictamente judicial, el TOF 5 no tiene por qué acatar la “orden” ilegal de la Casación, aunque ya sabe que en Comodoro Py se toca una misma partitura.

Cristina y Máximo estarán

El defensor de Cristina y Máximo, Carlos Alberto Beraldi, pidió que ambos puedan seguir de manera remota las audiencias en las que se lee una acusación que, como es evidente, conocen desde hace rato y consideran falsa. Está claro que no reclamaron un privilegio, porque así sucede en la mayoría de los juicios que se están realizando. De hecho, una parte de los acusados vive en Santa Cruz, de manera que no estarán presentes. Sin embargo, rápidamente se puso en marcha la presión mediática, cuyo objetivo central es tener la foto de ambos sentados en el banquillo de los acusados. Lo que importa es la política.

La resolución de este martes reitera que lo que rige es el mandato de una especie de nueva mesa judicial-mediática-política. Si hubo sobreseimiento, se revoca. Y se hace un juicio a las apuradas con tal de incidir como sea en las batallas electorales. La independencia judicial queda para el mundo de la teoría.

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