Para frenar la extranjerización
La Defensoría del Pueblo bonaerense logró una cautelar contra la derogación de la ley de Tierras
La Justicia ordenó al Gobierno nacional que preserve y entregue en cinco días toda la información sobre tierras rurales en Buenos Aires, con el detalle de cuántas hectáreas están en manos de extranjeros y dónde están ubicadas.
La Justicia bonaerense le puso un freno a la ejecución total de la derogación de la Ley de Tierras y le ordenó al gobierno de Javier Milei que preserve toda la información existente sobre tierras rurales en la provincia de Buenos Aires, a fin de controlar dónde y cuántas son las hectáreas en manos de extranjeros.
La medida fue tomada en medio de la controversia en continuado desde que la Corte Suprema habilitó la extranjerización de territorio argentino y que, debido a los largos cuestionamiento de distintos sectores, quedó atrapada en un debate ambivalente a partir de otro caso que podría revertir esa posición.
En este marco, la decisión de la Justicia provincial no se mete con la cuestión troncal de la cuestionada legislación sino que salda un aspecto anterior: en manos de quiénes están las tierras bonaerenses y qué reglas deberían regir para ellos.
Por eso, la Defensoría del Pueblo provincial había presentado una medida de amparo para que se preserve todo tipo de información sobre las tierras rurales y, de esta manera, que no se caigan los mecanismos de control ni los mapas dominiales que contienen esa información.
En las últimas horas, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 4 de La Plata hizo lugar a ese pedido y le dio al Ministerio de Justicia nacional un plazo de cinco días para que precise esa data.
Según un comunicado de la Defensoría, “el Juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia”.
Lo que la cautelar pidió concretamente fue indicar en qué fecha se actualizaron las bases de datos de tierras provinciales y garantizar la conservación íntegra de todos los registros recolectados en los últimos 15 años.
Esa información había sido recabada mientras estaba vigente la Ley de Tierras que el oficialismo y sus aliados pusieron en jaque a partir de la publicación del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. Este decreto desreguló la venta de tierras sin límites para extranjeros y, por tal motivo, dejó en desuso el material administrativo e informativo sobre ellas.
Por eso, lo que puntualmente quiso saber la Defensoría encabezada por Guido Lorenzino es dónde están las tierras en cuestión y cuáles son sus dueños, porque “no podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, según apuntó el funcionario.
La Justicia platense hizo lugar a ese amparo y le ordenó al gobierno nacional no sólo que informe a la Provincia sobre esas cuestiones sino que, además, preserve toda esa información que de otra manera hubiera quedado en riesgo de estar vigente.
La presentación de la Defensoría del Pueblo tiene otro justificativo: mantener vivos los mecanismos de control para no poner “en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate”, ambos distritos gobernados por el PRO aliado a La Libertad Avanza (LLA).
Lorenzino puntualizó que “proteger la información pública sobre el territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.
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