Plan C

 

Milei habilitó poner peajes en 27 rutas claves y conductores deberán pagar pese al deplorable estado

El Gobierno convocará a licitaciones para transferir a privados nuevos tramos de rutas nacionales. La medida llega tras el recorte de fondos viales y en medio de reclamos provinciales por el deterioro de los caminos. 

En medio del marcado deterioro de las rutas en todo el país ante la drástica reducción de fondos nacionales, el Gobierno avanza con un esquema de concesiones para trasladar el control de rutas clave a manos privadas. Mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, el Poder Ejecutivo oficializó la incorporación de una extensa nómina de rutas de todo el país al proyecto de la “Red Federal de Concesiones” bajo el régimen de la Ley 17.520. 

La medida instruye a la Secretaría de Transporte a realizar los estudios correspondientes y convocar, en un plazo máximo de 12 meses, a licitaciones públicas nacionales e internacionales para transferir al sector privado la construcción, mantenimiento, reparación y explotación por peaje de los tramos incluidos en el Anexo oficial. La nómina abarca 27 corredores viales distribuidos en las distintas jurisdicciones:

• Buenos Aires: rutas nacionales 33, 228 y A0017 (así como tramos compartidos de las rutas 3, 22 y 35).
• Córdoba: rutas nacionales 60 y 158 (y tramos compartidos de las rutas 9, 35 y 38).
• Corrientes: rutas nacionales 120, 121 y 122 (junto a la RN 14 compartida con Misiones).
• Formosa: rutas nacionales 81 y 86 (y la RN 11 compartida con Santa Fe y Chaco).
• La Pampa: rutas nacionales 151 y 152 (y tramos de las rutas 22 y 35).
• Chubut: rutas nacionales 25 y 26 (y la RN 3 compartida con Buenos Aires y Santa Cruz).
• Salta: ruta nacional 50 (y tramos compartidos de las rutas 16 y 34).
• Entre Ríos: ruta nacional 12.
• Neuquén: ruta nacional 237.
• Corredores interprovinciales compartidos: RN 3 (BA-CB-SC), RN 9 (CB-SE-JY), RN 11 (SF-CH-FM), RN 14 (CR-MI), RN 16 (SE-CH-SA), RN 22 (BA-LP), RN 34 (JY-SA), RN 35 (BA-LP-CB), RN 38 (CB-LR) y RN 89 (CH-SE).

• Esta decisión se produce en un escenario marcado por la drástica retracción de la inversión pública vial a nivel federal. Según datos procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el gasto ejecutado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) experimentó una caída del 80% en términos reales entre 2023 y 2026. En valores constantes expresados en divisas, los fondos asignados a Vialidad Nacional se redujeron de 2.700 millones de dólares en 2023 a menos de 800 millones de dólares en los ejercicios posteriores.

  El fuerte repliegue presupuestario aceleró el deterioro de la red vial: de acuerdo con estimaciones del Instituto Argentina Grande (IAG), menos del 50% de las rutas nacionales se encuentra actualmente en buen estado (42,4%), mientras que el 31,8% se halla en mal estado y un 25,8% en estado regular. Asimismo, un relevamiento de la consultora Focus Market y la cámara de transportistas PAETAC identificó 37 tramos severamente dañados sobre 4.625 kilómetros, registrándose demoras extraordinarias de hasta cuatro horas y ocho minutos en sectores de la Ruta Nacional 40 en Santa Cruz y complicaciones críticas en la Ruta Nacional 151 entre La Pampa y Río Negro. 

  El impacto en los presupuestos provinciales y judicialización de los fondos retenidos

  A la par del desfinanciamiento de las obras públicas, el sistema de financiamiento vial sufrió una importante distorsión en la aplicación de sus recursos tributarios. Pese a que el impuesto fijo sobre los combustibles aumentó su incidencia del 8,9% al 20,1% del precio final en surtidor, el Poder Ejecutivo aplicó un severo recorte a las partidas asignadas. De un total de $1,5 billones ingresados al Sistema de Infraestructura del Transporte (Sisvial) entre enero de 2024 y mayo de 2026, tan solo el 26,2% ($394.406 millones) se volcó a obras en calzadas. El 73,8% restante —superior a $1,1 billones— fue retenido por el Ministerio de Economía e invertido en instrumentos financieros como plazos fijos, LECAP y BONCAP para apuntalar el superávit fiscal.

  Ante el abandono de las tareas de conservación por parte de la Nación, diversas administraciones provinciales debieron asumir el mantenimiento con recursos propios para garantizar la circulación mínima. En Formosa, donde los recursos viales nacionales cayeron un 77% entre 2023 y 2025, la Dirección Provincial de Vialidad tuvo que desplegar cuadrillas locales en corredores nacionales como la Ruta 86 para evitar la interrupción del tránsito por el avance de la vegetación.

• En el caso entrerriano, la parálisis derivó en una causa judicial promovida por los legisladores Marianela Marclay, Adán Bahl y Guillermo Michel. El juzgado federal de Victoria intimó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional a responder en tres días hábiles por la parálisis de los giros.

  Más allá de los casos puntuales y la resolución de las causas judiciales, la falta de inversión por parte del gobierno de Javier Milei generó una herencia pesada a la hora de volver a poner en valor la Red Vial Nacional. Así lo reflejó Cámara Argentina de la Construcción, entidad que calculó que la falta de mantenimiento regular elevará el costo futuro de recuperación de las rutas nacionales a unos 23.000 millones de dólares.

• El Destape