28 de octubre de 2026

Denunciaron a Javier Milei por su rol en la fuga

Piden que Quirno dé explicaciones por el rol del Gobierno en la organización de la fuga de Bolsonaro

Diputados opositores exigen la presencia del Canciller ante el Congreso. Reclaman informes sobre la posible participación de funcionarios y uso de recursos públicos para facilitar la salida del ultraderechista de Brasil.

El escándalo de la participación del gobierno de Javier Milei en el escape de Flávio Bolsonaro ya tuvo su primer eco formal en el Congreso. Un sector de la oposición en Diputados pidió que se cite al canciller Pablo Quirno para dar explicaciones sobre por qué el excandidato presidencial brasileño pudo hacer escala en la Argentina a pesar de que estaba impedido para salir de su país. Además, un legislador presentó una denuncia contra el Presidente para que se investigue un posible encubrimiento.

El pedido fue realizado por el diputado Pablo Juliano, radical perteneciente al bloque Provincias Unidas, que presentó un proyecto de resolución para escuchar las explicaciones del Gobierno de boca del jefe de la diplomacia.

La iniciativa apuesta a determinar si funcionarios de la Casa Rosada facilitaron el traslado del referente de la ultraderecha brasileña, tal como lo indican las versiones periodísticas y de testigos en el aeropuerto desde donde se permitió la salida hacia Estados Unidos.

El proyecto pide explicaciones al titular del Palacio San Martín sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú, desde Foz de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil.

El texto que contiene 91 preguntas reclama, además, la entrega de registros migratorios, planes de vuelo, comunicaciones diplomáticas y documentación oficial para establecer si el tránsito de Bolsonaro por la Argentina se realizó mediante procedimientos regulares o si existió alguna intervención excepcional de funcionarios nacionales.

El proyecto de citación solicita que Quirno comparezca personalmente ante la Cámara de Diputados para explicar si las autoridades argentinas conocían la restricción que habría dispuesto el Supremo Tribunal Federal de Brasil y si existieron comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial relacionados con el desplazamiento del legislador brasileño.

El pedido también busca esclarecer la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el traslado desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y establecer si se utilizaron vehículos, personal o recursos públicos para facilitar la salida del dirigente brasileño.

Además, se pidió identificar quién contrató y financió el vuelo. Este punto involucra a la empresa Baires Fly SA, señalada como operadora del avión utilizado por Bolsonaro, y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El diputado Juliano también exige explicaciones sobre las posibles consecuencias diplomáticas del episodio, así como también la decisión del Gobierno argentino de no reconocer pública y formalmente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección.

Milei, denunciado por encubrimiento

El Presidente argentino fue denunciado por “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” en relación con la supuesta colaboración para que Flávio Bolsonaro huya de Brasil.

La presentación estuvo a cargo del legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano, quien precisó que la denuncia fue motivada por la gravedad de los hechos, como el uso de la estructura del Estado para encubrir a una persona alcanzada por restricciones judiciales.

“El propio Gobierno terminó reconociendo que Bolsonaro y su familia estuvieron en la Argentina y salieron en un vuelo privado de Baires Fly, después de que la Casa Rosada negara su presencia”, apuntó el diputado y solicitó que todos los funcionarios involucrados sean investigados por la Justicia. Además, remarcó la importancia de preservar los registros migratorios, las comunicaciones, los planes de vuelo y las órdenes de custodia.

“Milei no puede utilizar el Estado argentino para proteger a sus aliados de la ultraderecha internacional ni desconocer los compromisos de cooperación judicial con Brasil. Esta maniobra compromete al país y sus relaciones internacionales”, concluyó.

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