Plan C

 La consideró inconstitucional

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó la auditoría del Ejecutivo a las universidades nacionales

La organización precisó que el único órgano constitucionalmente "autorizado" para "practicar auditorías externas a las universidades nacionales", según la Constitución Nacional, es "el Congreso de la Nación, con apoyo en la Auditoría General de la Nación".

Tras una consulta técnico-jurídica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sobre el control externo e interno de las universidades nacionales, en el marco de la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente, el organismo público determinó que la auditoría que el Gobierno pretende realizar a través de la Sindicatura General de la Nación (SINGEN) es "inconstitucional".

Según precisó la casa de altos estudios este viernes en un comunicado oficial, el Colegio, en su dictamen, destacó que la autonomía universitaria es una “garantía institucional reconocida en la Constitución Nacional", lo que "impide que las universidades nacionales sean intervenidas por el presidente de la República, bajo pena de agredir al sistema republicano”.

No obstante, las autoridades de la UBA detallaron que esta "autonomía" no implica que las universidades nacionales queden "fuera de la órbita del control estatal". Por el contrario, señalaron que solo pueden ser auditadas a través de "los órganos constitucionalmente habilitados".

"En cuanto al control interno, el dictamen expresa que es competencia de las propias Universidades Nacionales en ejercicio de su autonomía. Este control interno es desplegado en la UBA por sus órganos electos democráticamente en ejercicio del cogobierno", afirmaron.

Por otro lado, la institución universitaria informó que el Colegio Público de Abogados de CABA destacó que la SINGEN "es un órgano que no posee jerarquía constitucional", a raíz de que "depende del presidente de la República", y por lo tanto, "solo tiene competencia en el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional".

Por otro lado, el Colegio manifiesta que "la Procuración del Tesoro de la Nación es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo de la Nación y depende directamente de él", por lo que "su dictamen no cambia ni resta ni puede mutar el principio de autonomía y autarquía que la Constitución Nacional le garantiza a las Universidades Nacionales".

Otro de los argumentos que desplegó la UBA basándose en lo contestado por el organismo de profesionales de la Ley es que "en lo que atañe al control externo", el mismo “está asociado a aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, y corresponde a la Auditoría General de la Nación”.

En rigor, precisó el Colegio, el único órgano constitucionalmente "autorizado" para "practicar auditorías externas a las universidades nacionales", según una "simple lectura de la Constitución Nacional" y el reconocimiento de "la división de poderes del sistema republicano", es "el Congreso de la Nación, con apoyo en la Auditoría General de la Nación".

Y finaliza con un contundente mensaje al presidente Javier Milei, quienes adjudica ser uno de los máximos representantes de la "libertad" de los habitantes del país: “De ninguna manera, una decisión del Poder Ejecutivo Nacional puede soslayar el mandato y avanzar sobre la clara atribución constitucional, si lo que se busca es mantener la división de poderes y, al fin, asegurar los beneficios de la libertad de los argentinos”.

Al concluir su comunicado, la UBA remarcó que "la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución Nacional, garantiza que las Universidades Nacionales no puedan ser intervenidas por el Presidente de la República", al tiempo que subrayó que "esta autonomía reconoce el aporte fundamental de las universidades a la libre educación de calidad, la investigación científica y la extensión universitaria, contribuyendo al desarrollo del país".

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