La Justicia desenmascara a Milei: Realizó un ajuste ilegal despojando derechos a los trabajadores
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictaminó que el gobierno de Javier Milei y su ministra Sandra Pettovello mintieron y actuaron ilegalmente al dar de baja el programa Potenciar Trabajo a más de 500 trabajadores correntinos. Este fallo sienta un precedente inédito: por primera vez, la Justicia condena al Ejecutivo Nacional por utilizar información falsa en decisiones que impactaron negativamente en sectores vulnerables.
El fallo de Cámara, a favor de ocho familias correntinas, ordena que se restituyan los pagos del programa Potenciar Trabajo correspondientes a cuatro meses, desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024, con sus respectivos intereses. Sin embargo, este es solo el inicio de una serie de demandas que podrían extender este impacto a cerca de 100 correntinos y posiblemente más. El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, que lideró la defensa de los trabajadores, no dudó en calificar esta decisión como histórica, afirmando que "es la primera condena de fondo contra este gobierno que genera hambre y ajuste contra la población".
La administración Milei ha intentado justificar esta medida basándose en acusaciones falsas que la Justicia ahora ha desmentido. Según los argumentos presentados por el Gobierno, los trabajadores beneficiados con el Potenciar Trabajo habrían estado cobrando de manera incompatible con su condición de empleados públicos de la provincia de Corrientes. Sin embargo, el fallo evidencia que estas afirmaciones carecían de sustento y fueron utilizadas como excusa para aplicar un recorte indiscriminado.
Sandra Pettovello, la ministra a cargo de Desarrollo Social, firmó la resolución que dejó sin ingresos a cientos de familias, basándose en lo que ahora se demuestra como datos manipulados. Esta acción se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Milei: un ajuste voraz que impacta directamente sobre los sectores más vulnerables, mientras la administración promueve la concentración de poder y riqueza en sectores financieros y empresariales.
El abogado Cubilla Podestá, al frente del caso, destacó que esta sentencia no solo busca reparar económicamente a las familias afectadas, sino también establecer un precedente que limite las prácticas abusivas del Gobierno. "Estamos haciendo justicia para los correntinos que fueron gravemente despojados de sus derechos", afirmó. Esta lucha no se reduce a una cuestión legal; es también un acto de resistencia contra el modelo de ajuste que Javier Milei ha intentado imponer desde su llegada al poder.
El caso de los trabajadores correntinos es representativo de una política nacional que busca desmantelar programas sociales bajo el argumento de la “eficiencia”. Sin embargo, el fallo judicial desnuda el verdadero rostro de estas decisiones: recortes que no solo son ilegales, sino que están motivados por intereses políticos y económicos alejados de las necesidades del pueblo.
El gobierno de Javier Milei se ha caracterizado por medidas que priorizan la austeridad sin evaluar las consecuencias humanas. Este fallo judicial, aunque reparador para las familias afectadas, no borra el daño causado. La eliminación del Potenciar Trabajo dejó a cientos de familias en una situación de extrema vulnerabilidad, exacerbando las condiciones de pobreza y desigualdad que Milei prometió combatir durante su campaña.
La sentencia también pone en jaque el discurso oficial del gobierno, que ha insistido en justificar sus políticas con datos dudosos. Este fallo no solo desmiente esas afirmaciones, sino que evidencia un patrón de acción basado en la desinformación como herramienta política.
El caso de los trabajadores correntinos podría ser el inicio de una oleada de demandas contra el gobierno de Javier Milei. El abogado Cubilla Podestá ya tiene al menos diez procesos judiciales más en curso, representando a cerca de 100 trabajadores. Pero más allá del ámbito judicial, este fallo debería encender las alarmas en todos los sectores sociales que aún confían en que las políticas de ajuste serán temporales o necesarias.
La condena judicial marca un punto de inflexión. No es solo un golpe al relato del gobierno de Milei, sino un llamado a la organización y resistencia frente a un modelo que sacrifica a los más vulnerables en el altar de la austeridad y el capital.
En Orsai
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