Plan C

Citan a indagatoria a González Fraga, Lucas Llach y ex directivos de la empresa

Nombres olvidados de la estafa Vicentin-Banco Nación

La justicia de Comodoro Py mueve la causa tras casi seis años de la estafa al Banco Nación por u$s 300 millones, con graves acusaciones a los imputados. Hay 26 citados a declarar. ¿Por qué ahora?

Raul Dellatorre

La decisión del juez federal Julián Ercolini de activar la investigación por la megaestafa Vicentin después de ser ignorada durante más de cinco años, causó no sólo sorpresa sino además un abanico de especulaciones. Entre los 26 citados a indagatoria, fuertemente comprometidos algunos de ellos por la denuncia de fraude contra la administración pública, aparecen no solamente personas de alto rango nombradas por Mauricio Macri sino también otros estrechamente vinculados al actual gobierno. ¿Venganza entre ex aliados u oportunismo de un juez en virtud de los tiempos políticos? Lo concreto es que la convalidación de la denuncia formulada por el fiscal Gerardo Pollicita pone sobre el escenario principal a la mayor estafa económica perpetrada contra el Estado en tiempos de Mauricio Macri y un modus operandi en el comercio exterior (exportación de granos y oleaginosas) de la cual se sigue sospechando como el gran agujero negro de la fuga de divisas del país.

Javier González Fraga y Juan Llach, presidente y vice respectivamente del Banco Nación hasta diciembre de 2019, junto a otros funcionarios de la entidad y los principales directivos de la cerealera Vicentin SAIC, fueron citados a prestar declaración indagatoria en la causa por fraude a la administración pública. Es recién el primer paso del proceso de investigación --tomarle declaración a los involucrados-- pero el juez Ercolini recién lo da a cinco años y diez meses de los hechos investigados (noviembre de 2019). Es decir, dos meses antes de que prescriba la causa, que se computan a los seis años de dicha fecha, ya que esa es la condena máxima que les puede caber a los imputados en una causa por defraudación a la administración pública.

Los tiempos políticos y judiciales se entremezclan a la hora de intentar explicar las razones que llevaron al juez a mover esta causa largamente dormida. "Si lo dejaba correr dos meses más, los involucrados podíam pedir la prescripción. Al citarlos a declarar, los tiempos corren otra vez de cero. ¿Hay intención de investigar y hacer justicia del magistrado? No lo creo, después de casi seis años de dejarla dormida", señaló uno de los abogados de más activa participación en la investigación de Vicentin de 2020 a la fecha.

"Lo que hace Ercolini es una maniobra típica de los jueces federales de Comodoro Py, cuando huelen que hay vientos de cambio. Si deja correr la causa y prescribe, la pierde. Si la mueve ahora, pero no avanza, la tiene "encarpetada", como se dice; es un arma que le queda en sus manos para defenderse, ante sus "viejos" amigos o cuando lleguen los nuevos", señaló el letrado consultado, con una sonrisa de costado.

Sin embargo, la acusación es tan grave que sus consecuencias pueden trascender las especulaciones o el juego que el mismo magistrado ejerza. El destino de las plantas principales de Vicentin e instalaciones portuarias parecería estar cerca de definirse, en un proceso de cramdown en el marco de la convocatoria, a favor de un grupo económico al que no estaría ajeno el propio Macri.

La maniobra

Tal como lo relata el fiscal Pollicita en su dictamen, entre julio y noviembre de 2019 se realizaron toda una serie de maniobras para que el Banco Nación le permitiera a Vicentin retirar en préstamo y no devolver alrededor de 300 millones de dólares, fuera de toda legalidad, e incluso permitir el desvío de esos fondos, o parte de ellos, a cuentas personales de los propios directivos en el exterior.

Existieron al menos dos reuniones de directorio encabezadas por González Fraga y Llach en la primera semana de noviembre de 2019, después de que Vicentin ya estuviera fuertemente comprometida por el incumplimiento de pagos de créditos anteriores, en la que se resolvió, a pesar de esa situación irregular, aprobarle el otorgamiento de nuevos créditos millonarios, que sumaron en solo un mes nada menos que 105 millones de dólares.

El argumento era que ese dinero lo aplicaba la cerealera a la prefinanciación de exportaciones. Por lo tanto, se devolverían no bien se cobraran esas ventas. Para ello, Vicentin tenía una cuenta en dólares en la sucursal Reconquista (provincia de Santa Fe) del Banco Nación en la cual ingresaban todos los pagos del exterior por exportaciones, que funcionaba así como garantía de cobro para el banco.

Una de las graves irregularidades en la operatoria de Vicentin con el BNA en ese segundo semestre de 2019, fue que ya en el mes de agosto, cuando la firma cerealera acumulaba una importante suma de créditos impagos a su vencimiento, el banco fue autorizando repetidos retiros o transferencias de fondos de la cuenta de garantía, en vez de descontar primero lo que le correspondía cobrar a la institución. Esto se hizo mediante pedidos de autorización de retiros por notas a la sucursal santafesina firmadas por distintos directores de Vicentin (iban turnándose, sin repetirse) con una frecuencia de dos y hasta tres por semana.

La transferencia de esos fondos, según reveló la investigación del fiscal Pollicita, era a cuentas de la misma empresa en otros bancos del sistema financiero argentino o del exterior (sucursal Uruguay), a favor de fondos de inversión en guaridas fiscales (Brickland Real Assets de islas Caimán, o BAF Latam Trade de Amsterdam, por caso), o en pago de facturas de empresas luego reveladas como apócrifas.

Tiempos políticos

Las reuniones de directorio en noviembre, aprobando estas maniobras, tuvieron lugar cuando ya Mauricio Macri había perdido las elecciones presidenciales de octubre de 2019 y, por lo tanto, así como él también las autoridades del Nación (González Fraga y Llach) deberían dejar sus cargos el 10 de diciembre siguiente (apenas un mes después).

Además, las principales autoridades de Vicentin (Sergio y Gustavo Nardelli, los Macua, los Padoan) eran viejos conocidos de Macri e incluso grandes aportantes a sus campañas políticas. Sus visitas, principalmente de Sergio Nardelli, a las oficinas públicas o particulares del presidente en esos años no eran desconocidas. Menos documentada ha quedado la presunta incidencia que habría tenido la Casa Rosada (salvo algún mensaje salido del celular de Darío Nieto, secretario privado de Macri) en aquellos días para que Vicentin recibiera ese trato tan privilegiado justo antes del cambio de gobierno. Y justo antes de que Vicentin se declarara en cesación de pagos, además, en los primeros días de diciembre de 2019, horas antes de que Macri entregara la banda presidencial.

González Fraga era un hombre clave en la alianza de radicales y macristas en Juntos por el Cambio. Llach, a su vez, se había desempeñado como vicepresidente del Banco Central desde la asunción de Macri (diciembre de 2015) hasta junio de 2018, siempre acompañando a Federico Sturzenegger, titular del banco. Hasta hoy cumple funciones cercanas al actual ministro de Desregulación.

A su vez, Julián Ercolini es uno de los magistrados que participara en el cónclave de Lago Escondido en la estancia del magnate Joe Lewis, supuestamente ordenando la protección judicial de Mauricio Macri, de acuerdo a revelaciones del chat en el que todos ellos (y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D Alessandro) aparecen involucrados.

La resolución de Ercolini por la cual cita a prestar declaración indagatoria e inhibe los bienes de 26 directivos y funcionarios de Vicentin y el Banco Nación es contundente en sus fundamentos. Cita y hace suyas las conclusiones del fiscal al señalar:

"El representante del Ministerio Público Fiscal, tras una profusa investigación, tuvo por demostrado que, entre los meses de agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco de la Nación Argentina, en connivencia con los empresarios responsables del Grupo Vicentin, defraudaron al Estado nacional ocasionando un perjuicio patrimonial de aproximadamente U$S 300.000.000.

"Puntualizó que, dentro de la entidad financiera, el perjuicio a las arcas públicas se generó a partir de la actuación coordinada de diversos agentes, quienes, a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro, desde sus respectivas funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda, pese a contar con el dinero resguardado en cuentas de garantía constituidas al efecto, en tanto desarticularon las garantías que tenía el banco, le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido por la normativa que regula a la actividad".

A diferencia de la causa penal que tramita en Rosario, el tema Vicentin había permanecido durmiendo un largo sueño en Comodoro Py. Pareciera haberse despertado, para quitarle el sueño a otros.

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