El juez Rafecas dispuso la extradición de cinco bolsonaristas
El proceso va para largo y los golpistas esperan que el Congreso de Brasil dicte una amnistía o una reducción de penas. Tienen condenas de 13 a 17 años de prisión por el intento de derrocar a Lula.
El juez Daniel Rafecas dispuso la extradición de cinco brasileños, bolsonaristas, condenados en su país por el asalto a los tres poderes el 8 de enero de 2023. En aquella oportunidad, los seguidores de Jair Bolsonaro trataron de impedir la asunción plena de Luis Inacio Lula Da Silva, quien había ganado las elecciones. La ministra Patricia Bullrich no puede presumir de eficiencia, porque siguen prófugos 60 bolsonaristas con orden de captura, teniendo en cuenta que los buscados eran 61 y este martes fue detenida una mujer cuando trataba de pasar a Brasil por Misiones. Rafecas encabezó un juicio oral en Comodoro Py y dispuso la extradición que, obviamente, será apelada por los defensores de los bolsonaristas ante la Corte Suprema de Justicia. Sea cual sea la decisión del máximo tribunal, la última palabra en materia de extradiciones la tiene el gobierno de Javier Milei. Todo indica que dilatarán las cosas todo lo posible, tal vez por años. Una alternativa es que los bolsonaristas acepten la extradición, pero afrontarían penas de 13 a 17 años de prisión en Brasil. La otra posibilidad es que resistan todo lo posible a la espera de una amnistía en su país o lo que llaman allí dosimetría, que son proyectos de reducción de penas que podría tratar el congreso brasileño, aunque recién en 2026.
La decisión del juez Rafecas alcanzó a Joelton Gusmao de Oliveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos condenados a altísimas penas por delitos como la abolición violenta del estado democrático, golpe de estado, daño agravado, asociación criminal armada y deterioro del patrimonio catalogado.
Más allá de la decisión de Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, no parece probable que los bolsonaristas sean enviados a Brasil en el corto plazo. En el mismo juzgado señalaron que el fallo es apelable ante la Corte Suprema, lo que se traduce en un trámite que nadie puede saber cuánto va a tardar. Como se sabe, los supremos pueden rechazar el recurso sin analizar el caso en profundidad; pueden resolver pronunciándose sobre el fondo o aplicar lo que llaman la cronoterapia, es decir no hacer nada y dejar que el tiempo pase. Las maniobras no son un invento argentino: Uruguay estuvo tres años demorando la extradición del operador macrista Pepín Rodríguez Simón, cobijado por el entonces gobierno de derecha de Montevideo.
En general, los adherentes a Bolsonaro gestionaron ser admitidos como refugiados en la Argentina por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que está integrada por un representante de Jefatura de Gabinete, uno de Cancillería, uno de Seguridad, uno de Justicia y uno de Capital Humano. Además, hay integrantes, sin voto, de la Acnur, la agencia de Naciones Unidos para los Refugiados. Reconocer a los bolsonaristas como refugiados es algo delicado porque significa descalificar a la justicia del vecino país, señalando que el estado brasileño se asemeja a una dictadura. Esa es la razón por la que la Conare prácticamente no se pronunció hasta ahora.
La mayor expectativa para los bolsonaristas es que se consiga una amnistía del congreso de Brasil, donde inclusive hay corrientes de la alianza que encabezó el Partido de los Trabajadores (PT) que se han pronunciado por alguna solución que, por supuesto, incluye al propio Bolsonaro. Se habla de una amnistía plena, pero también de la dosimetría, que implica una fuertísima rebaja en las penas. En la alianza gobernante hay sectores conservadores que son los que más insisten con buscar una alternativa. Según reporta Darío Pignotti, corresponsal de Página/12 en Brasilia, nada se resolverá a corto plazo.
Después de la asonada en Brasilia, numerosos bolsonaristas escaparon hacia la Argentina calculando que el gobierno de Javier Milei les iba a dar refugio. Se calcula que, incluyendo a las familias, llegaron cerca de mil. También cruzaron a Paraguay y a Uruguay, los otros países fronterizos. La administración libertaria hizo lo que habitualmente se hace para cobijar a los aliados políticos: demorar, simular que se hace algo, pero no se hace nada. De hecho, las detenciones fueron apenas 5 y, en general, porque las fuerzas policiales sorprendieron a los bolsonaristas por alguna casualidad o denuncia de un vecino. A De Oliveira, por ejemplo, lo vieron en La Plata en actitud sospechosa y cuando lo detuvieron se verificó que estaba buscado por el golpe en Brasil.
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