Discapacidad: el Gobierno dejó sin efecto la restitución cautelar de pensiones por invalidez
La decisión alcanza a beneficiarios dados de baja en auditorías que no presentaron la documentación requerida. Tendrán 60 días desde la notificación para solicitar la rehabilitación de la prestación.
La Resolución 3702/2026, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Diego Pablo Masaragian, revoca el alcance de la Resolución 13.901 dictada en 2025 por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aquella resolución administrativa había restablecido el cobro de las prestaciones a nivel nacional en acatamiento a una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Catamarca N° 2 en la causa colectiva “Defensor del Pueblo y otros c/ ANDIS”.
No obstante, los considerandos oficiales precisan que el fallo de primera instancia que favorecía a los beneficiarios fue revocado el 12 de febrero de 2026 por la Cámara Federal de Tucumán, habilitando al Ejecutivo a reanudar el circuito de revisiones.
Procedimiento de apelación y el rechazo de las organizaciones del sector
Para evitar la caducidad definitiva del haber, la resolución fija un término perentorio de 60 días corridos, contados a partir de la notificación fehaciente, para que los afectados soliciten la rehabilitación de la prestación en el marco del artículo 11 del Decreto 432/97. Durante ese lapso, los interesados deberán presentar documentación médica actualizada, rectificar sus datos personales y aportar elementos de prueba sobre su situación socioeconómica.
El trámite podrá canalizarse en dependencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI habilitadas, la plataforma Trámites a Distancia (TAD), el formulario web del Ministerio de Salud o vía correo electrónico a citacion@senadis.gob.ar. Asimismo, los afectados podrán interponer los recursos administrativos previstos en el Decreto 1759/72 en un plazo de entre 20 y 30 días.
La profundización de las auditorías se da en un clima de tensión social y debate político. En ese marco, el vocero presidencial, Adrián Ravier, cuestionó la evolución del sistema al asegurar que el padrón de pensiones por invalidez laboral saltó de 75.947 titulares en 2001 a 1.221.971 en 2023, comparando ese volumen con los índices de naciones que atravesaron conflictos bélicos.
En respuesta, el Foro Permanente de Discapacidad emitió un pronunciamiento donde rechazó de plano esa analogía y explicó que el crecimiento de beneficiarios obedeció a que “se dejó de aplicar el cupo de 80.000 pensiones” que obligaba a esperar una vacante por fallecimiento o baja, sumado a que “se comenzó a buscar a personas con discapacidad en situación de pobreza para garantizarles un ingreso económico” y cobertura en tratamientos.
Desde la entidad remarcaron que en el país existen “al menos 1.500.000 personas con discapacidad en situación de pobreza”, por lo que las condiciones materiales reducen drásticamente las chances de inserción laboral.
El Destape
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