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3 de mayo de 2024

 Lo desvinculó del caso Marcelo D’Alessio

La Corte Suprema le tiró un salvavidas al fiscal Carlos Stornelli

El fiscal era investigado por una extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest. El otro expediente que se cerró fue la denuncia del destituido y condenado ex juez federal de Corrientes, Vicente Soto Dávila, por el supuesto armado de una causa para apartarlo de su cargo.

Invocando cuestiones formales, la Corte Suprema de Justicia desvinculó al fiscal federal Carlos Stornelli en dos de los casos de espionaje ilegal y extorsiones protagonizados por el agente de inteligencia y falso abogado Marcelo D’Alessio, por los que había sido procesado en 2019.

La causa principal es la denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest en enero de 2019, cuando se presentó en el Juzgado Federal de Dolores para denunciar que habían intentado extorsionarlo, en una maniobra que incluyó una reunión con el fiscal en Pinamar para acordar los términos en los que sería favorecido en una derivación de la denominada causa “Cuadernos”. Durante casi nueve meses estuvo rebelde ante la justicia porque no quería presentarse ante el juez Alejo Ramos Padilla. El magistrado logró indagarlo finalmente en noviembre de ese año, cuando quedaban menos de dos semanas para el final del gobierno macrista, y lo procesó por ser parte de una asociación ilícita junto con D’Alessio, que tenía terminales en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público. Sin embargo, hacia finales de 2020, la Cámara Federal de Mar del Plata dio marcha atrás con gran parte del procesamiento de Stornelli, aunque confirmó su responsabilidad por el intento de hacerle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira y una "cama" al ex marido de su pareja.

La Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto, sino que rechazó por cuestiones formales un recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Alberto Fernández contra ese fallo de segunda instancia que volteó la acusación contra Stornelli. “La parte recurrente no ha dado cumplimiento al recaudo establecido en el artículo 7°, inciso c, del reglamento aprobado mediante la acordada 4/2007, por lo que corresponde desestimar la presente queja”, sostuvieron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, mientras que Carlos Rosenkrantz se excusó de intervenir en el expediente porque figuró en la lista de espiados por D’Alessio. El artículo 7° inciso C del reglamento de la Corte establece que “el escrito de interposición de la queja deberá estar acompañado por copias simples, claramente legibles, de (…) el escrito de contestación del traslado previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. Por la falta de esa fotocopia, el tribunal resolvió “desestimar la queja” presentada por la UIF.

La otra causa que cerró el máximo tribunal fue la denuncia del destituido y condenado ex juez federal de Corrientes, Vicente Soto Dávila, por el supuesto armado de una causa para apartarlo de su cargo. Soto Dávila había acusado a Stornelli y otros imputados por los delitos de asociación ilícita, prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falso testimonio agravado, omisión de denuncia, encubrimiento agravado y falsedad ideológica. En ese caso, la Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial y, en dos párrafos, declaró “inadmisible” el último planteo del ex juez correntino.

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Ya poco importa lo que diga la corte a la que nadie le cree, una gran parte de la sociedad lo condeno.

19 de abril de 2024

 
Horacio Rosatti se mostró en Comodoro Py

El presidente de la Corte se reunió con los jueces de Casación

El supremo Horacio Rosatti estuvo en los tribunales de Comodoro Py para participar de una reunión con los integrantes de la Cámara Federal de Casación. Según informaron desde la Corte, Rosatti dialogó con los camaristas acerca de la aplicación del sistema acusatorio, que el gobierno quiso empezar a implementar en Rosario de un día para el otro y que pondrá las investigaciones en cabeza de los fiscales.

La visita de Rosatti se dio mientras el presidente de la Casación, Mariano Borinsky, está de viaje. A cargo de la convocatoria estuvo el vicepresidente primero, Daniel Petrone. En el encuentro --que arrancó después de las 10.30 en el salón de Acuerdos del primer piso-- estuvieron todos los jueces que integran el tribunal: Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar. 

Rosatti enfatizó la importancia del trabajo conjunto, destacó el rol fundamental de la Casación Federal en la implementación del Código Procesal Penal Federal y el posible listado de conjueces para la cobertura de la contingencia, repasó los temas de agenda del Alto Tribunal y escuchó la opinión de los magistrados de la Cámara, en especial las vinculadas con la puesta en vigencia de la reforma procesal, dotación de personal y equipamiento tecnológico”, informaron desde el máximo tribunal.

La visita del presidente de la Corte se produce días después de que la Casación firmara una serie de fallos responsabilizando a Irán por los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, que fueron ensalzados desde el gobierno de Javier Milei. Hay otro tema dirimente en los tribunales de Retiro: la candidatura para la Corte del juez Ariel Lijo, que es resistida por un sector de los cortesanos. Un tercer tema, no explicitado, es que este año los supremos volverán a elegir quién presidirá el tribunal. La elección de las autoridades del máximo tribunal suele desatar tembladerales dentro del Palacio de Talcahuano.

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7 de agosto de 2023

El intendente de Juntos por el Cambio que ganó

 las PASO pero la justicia lo condenó a dos años

 de prisión e inhabilitación perpetua

El actual intendente de Rufino, Mario Lattanzi, un importante miembro de la alianza Juntos por el Cambio de Santa Fe, ha sido condenado recientemente a dos años de prisión condicional y enfrenta una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.


 Esta impactante noticia surge en medio de una intensa campaña electoral, donde Lattanzi había emergido como el candidato opositor con un fuerte respaldo en las recientes elecciones primarias en Rufino, una ciudad en el sudoeste de la provincia de Santa Fe, Argentina.

El veredicto, dictado por el juez Aldo Baravalle, arroja luz sobre un caso de "negociaciones incompatibles con la función pública", en el que Lattanzi y su esposa, Marisol Raspo, quienes se vieron involucrados en una compleja maniobra que giraba en torno a una licitación pública. La acusación sostiene que Lattanzi tenía un interés personal y directo en la adjudicación de la licitación debido a su vinculación con su empresa familiar, conocida como "Transporte La Rubia".

La acusación detalla cómo la empresa familiar de Lattanzi se presentó como oferente en una licitación para la adquisición y traslado de piedra dolomítica, una sustancia esencial en un proyecto de consolidación de calles en la ciudad. El monto total de la licitación ascendía a casi tres millones de pesos argentinos. La implicación directa de Lattanzi en este proceso, particularmente en su papel como presidente de la Comisión Evaluadora y de Adjudicación, atrajo la atención de las autoridades y desencadenó una investigación exhaustiva.

El fallo del juez Baravalle, emitido el 31 de julio, resalta que Lattanzi y su esposa no solo tenían intereses económicos en la empresa familiar, sino que también estaban directamente involucrados en la toma de decisiones relacionadas con la licitación en cuestión. La sentencia destaca la importancia de evitar conflictos de interés en los procesos de licitación y adjudicación de contratos públicos, y subraya que la conducta de Lattanzi y su esposa fue incompatible con su rol como funcionarios públicos.

A pesar de la condena, Lattanzi no ha dado muestras de renunciar a su cargo como intendente de Rufino. En un comunicado emitido en sus redes sociales, el político enfatizó su determinación de apelar la sentencia y afirmó su creencia en su absoluta inocencia. El proceso de apelación se llevará a cabo ante la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, y Lattanzi no descarta recurrir a instancias judiciales superiores, incluyendo la Corte Suprema provincial y la Corte Suprema de la Nación.

Este revés judicial plantea serias interrogantes sobre el futuro político de Lattanzi. A pesar de haber obtenido una victoria en las PASO, su condena genera incertidumbre sobre su elegibilidad para continuar en la contienda electoral y, en última instancia, para ser reelegido como intendente. La situación pone de manifiesto la importancia de la ética y la integridad en el ejercicio de cargos públicos, así como la necesidad de una supervisión rigurosa y una rendición de cuentas transparente por parte de los líderes políticos.

A medida que Lattanzi se defiende y busca demostrar su inocencia en las instancias judiciales correspondientes, la ciudad de Rufino y su comunidad enfrentan un período de incertidumbre política en medio de una campaña electoral en pleno apogeo. No es el primer caso donde un integrante de Juntos por el Cambio se encuentre involucrado seriamente ante la justicia. Recordemos como ejemplo al ex funcionario de Cambiemos, Sergio Varisco, condenado en una causa por narcotráfico y sentenciado a cumplir seis años de prisión, cuando se desempeñaba como intendente de Paraná,

En Orsai


1 de junio de 2023

 

La Corte se reúne este jueves y en la agenda está la reelección del gobernador sanjuanino

San Juan: La suerte de Uñac, a tiro de una decisión de los supremos

Irina Hauser

La Corte Suprema definiría en el acuerdo convocado para este jueves si el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, puede postularse para la reelección. Es uno de los casos que el tribunal eligió para meterse en el proceso electoral y generar un tembladeral institucional en medio del juicio político en su contra. Después de la medida cautelar con la que suspendió las elecciones allí, igual que en Tucumán, ahora tiene que resolver la discusión de fondo. El procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó que de acuerdo a su interpretación de la Constitución provincial, Uñac no puede ser candidato. No es obligatorio que los supremos acaten su opinión, pero podría significar un refuerzo. El tribunal se convirtió en las últimas semanas, después de haber dado el primer paso, en un foco de atracción de intentos opositores por frenar votaciones y voltear candidatos. El otro asunto caliente que tienen los jueces entre manos es el de Formosa: este miércoles el Frente Amplio Formoseño pidió una medida cautelar innovativa para  frenar las elecciones previstas para el 25 de junio. 

"Que se expida rápidamente" 

Lo más próximo a ser resuelto es la situación electoral de San Juan. Ante la posibilidad de un fallo adverso, que lo saque de carrera, Uñac ya idea una nueva fórmula para Vamos San Juan que pondría a encabezar la fórmula a Cristian Andino, que hasta ahora va como candidato a vice, y en esa posición quedaría Rubén Uñac, hermano del gobernador. La fecha posible de elecciones prevista sería en la primera quincena de julio. Pero como el juego de la Corte es incierto, Sergio Uñac le reclamó públicamente que "se expida rápidamente" "por respeto a los sanjuaninos". "La misma Corte Suprema que suspendió parcialmente  los comicios en San Juan 48 horas antes del comienzo de la veda electoral, ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo", se quejó. Igual pedido, aunque desde otra posición, lo hizo el diputado, exgobernador y ahora candidato otra vez a la gobernación por San Juan Vuelve, José Luis Gioja: "La Corte se debe dejar de joder y permitirnos a los sanjuaninos concurrir a las urnas". Más allá de esto, Gioja considera que la Constitución local le impide a Uñac volver a candidatearse. "El artículo 175 es claro cuando habla de un mandato y dos reelecciones, tanto para gobernador como para vice", señaló. 

La mayoría para resolver ya estaría conformada y es posible que decida en el mismo sentido que el Procurador interino. Casal se centró en analizar la Constitución sanjuanina y dijo que no tiene ninguna duda de que "impide" que quien haya sido elegido por tres períodos en ambos o uno de los cargos" (gobernador y vice) sea "electo nuevamente" "ya que ello podría implicar su permanencia en el gobierno por cuatro períodos consecutivos o incluso más". Luego le agrega algo del repertorio que ya mencionó también la Corte al dictar las medidas cautelares al invocar la Constitución nacional: "la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades", advirtió.  

Uñac cuestionó también la posición de la Procuración: "Hace poco más de un mes había subrayado la no competencia de esa Corte Suprema" para intervenir en la discusión por su candidatura y "ahora intempestivamente opina en contra" al inclinarse por la "inconstitucionalidad". "Pueden evitar que se elija democráticamente a un candidato, pero no podrán destruir un proyecto político elegido y ratificado por los sanjuaninos y sanjuaninas el último 14 de mayo". En ese entonces, si bien por la decisión suprema no se votó gobernador y vice, el Frente Todos por San Juan ganó elecciones en 15 de los 19 departamentos de la provincia. 

¿Hasta dónde llegará la Corte?

El caso de Formosa tiene diferencias con el de San Juan y Tucumán, donde está en juego la interpretación de la Constitución provincial. En Tucumán Juan Manzur admitió bajar su candidatura a vicegobernador, y la que está en discusión ahora ante los cortesanos, es la fecha de la votación, que se fijó para el 11 de junio. En Formosa, Juntos por el Cambio y sus variantes locales buscan que la Corte Suprema declare inconstitucional la Constitución local, que en su artículo 132 permite la reelección indefinida, y así obturar la candidatura de Gildo Insfrán para un octavo mandato. Otras provincias --Catamarca y Santa Cruz-- también tienen habilitada la reelección sin límite. 

Hay cuatro presentaciones que van en la misma dirección y que piden suspender las elecciones: la primera fue de  Fernando Carbajal (Alianza Juntos por Formosa Libre); luego llegó la de Agostina Villaggi y Rodolfo Basques se presentaron por el Frente Amplio Formoseño; y también se presentó presentó el candidato a gobernador por el partido Libertad, Trabajo y Progreso Francisco Paoltroni. En todos los casos la fiscalía de Estado planteó la incompetencia de la Corte y la Procuración avaló ese criterio, con una salvedad. En uno de los dictámenes Casal le mandó el primer guiño a la Corte al decir que su posición no es vinculante y rescatar lo que los supremos dicen: que la perpetuación en el poder va en contra del republicanismo. Hay un cuarto planteo, también de Villaggi, que pide una medida cautelar innovativa con habilitación de días y horas inhábiles para suspender los comicios. Insfrán no es un personaje de reparto en el escenario actual: fue designado por el Congreso para poner la firma a las alianzas y estar al frente del armado electoral. 

Este lunes se conoció también un pedido del partido PAIS, que lleva la firma del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, para que la Corte se meta también en la provincia de Buenos Aires e impida la reelección de los intendentes que fueron elegidos en 2019 y que gozan de una cláusula transitoria establecida por el artículo 4 de la ley 15.315 que permite considerar como primer mandato el iniciado en ese año. Aunque el tema no pasó por la justicia electoral bonaerense, el diagnóstico es que si la Corte ya se metió en varias provincias por qué no lo haría con la de Buenos Aires. Por estos día se verá hasta dónde son capaces de llegar los cortesanos. 

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18 de febrero de 2023

 Télam presentó una denuncia penal por la agresión a fotoperiodista durante marcha por Lago Escondido

La agencia pública de noticias Télam presentó este viernes en la ciudad de Bariloche una denuncia penal por el ataque del que fue víctima la fotoperiodista Alejandra Bartoliche durante la cobertura de la séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, el 1 de febrero último

"La cobertura periodística de hechos sociales, políticos, culturales y económicos no puede ser menoscabada por actos de violencia planificada ya sea esta llevada adelante por fuerzas de seguridad o por individuos particulares o con la connivencia de ambos", se advierte en la denuncia que Télam presentó junto a Bartoliche ante la fiscalía de Bariloche.

Los denunciantes fueron recibidos en persona por la jefa de los fiscales de la Tercera Circunscripción de la provincia de Rio Negro, Betiana Cendón, quien destacó "la importancia de proteger el derecho al trabajo de los periodistas" más aún "en relación a la violencia contra la mujer".

La denuncia se radicó ante la fiscal por la fotoperiodista, que hace 25 años desarrolla su tarea periodística en la agencia, junto al gerente de Asuntos Legales de Télam SE, Juan Ignacio Mareque.

Ambos solicitaron ser tenidos como querellantes particulares -de manera unificada- en la causa y además presentaron material documental como prueba, en particular filmaciones y fotos de los agresores y de funcionarios policiales que estuvieron en el lugar al momento de los hechos.

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En la presentación judicial se detectó que durante el episodio que utilizó a Bartoliche en la zona de Lago Escondido "su integridad física fue vulnerada y su vida puesta en peligro".

"Hechos como los acaecidos violan el derecho a la libertad de prensa que está garantizado en nuestra Constitución Nacional -entre otros- por su artículo 14° y pactos internacionales", agregó la denuncia.

Además, se destaca que no puede perderse de vista "que como recomienda la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando se refiere a la Violencia contra periodistas mujeres hay que considerar -a la hora de la investigación y juzgamiento- la debida diligencia reforzada que implica la perspectiva de género".

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En el escrito se remarcó además que "la violencia ejercida sobre la denunciante tuvo una amplia repercusión nacional y ha merecido la condena y el repudio de distintas organizaciones de la sociedad civil", como Adepa, Fopea y Argra.

"Hechos como los sucesos, que son públicos y notorios, no pueden ser solo denunciados por la víctima directa, sino que debe ser acompañado por su empleadora Télam SE que como empresa periodística pública debe velar por la integridad de sus profesionales y velar por que no se impida, a través de acciones y prácticas violentas, el trabajo libre de sus profesionales a la hora de informar", resaltó la denuncia.

La séptima Marcha por la Soberanía tuvo como objetivo llegar a Lago Escondido a través de un camino declarado público, cuyo acceso fue sin embargo vedado al público.

La fotoperiodista y la agencia de noticias pidieron abrir una causa penal por "amenazas, lesiones, robo en grado de tentativa, violación de deberes de funcionario público", entre otras acciones "desplegadas por diversos agresores, con el claro objeto de impedir el libre y ejercicio normal" de su profesión a la víctima de las agresiones.

Todo ello fue realizado "en clara contraposición con principios constitucionales y convencionales", se observó en el escrito, presentado con el patrocinio de las abogadas de Río Negro, Nadina Moreda y Fabiola Signore.

La fotoperiodista grabó que el 1 de diciembre aproximadamente a las 10 llegó a la zona del Paraje de El Foyel para cubrir la llamada séptima Marcha a Lago Escondido como reportera gráfica de la agencia nacional de noticias Télam.

"El día anterior había cubierto una presentación y una marcha en Bariloche en el Juzgado Civil ubicado en calle Juramento, de Bariloche, por lo cual me encontré completando la cobertura de manera integral, siguiendo precisas instrucciones de la Gerencia Periodística de la agencia, abarcando las diferentes movilizaciones y eventos que se sucedieron en el marco de los acontecimientos de indudable interés periodístico nacional", repasó en el escrito.

Luego detalló que el día de las agresiones comenzó a trabajar y tomar fotos "tanto de los manifestantes como de los pobladores de un pie ya caballo que se encontraron a ambos lados de la reja" que bloquea el camino de Tacuifí.

"Íbamos y veníamos por ese lado de la ruta sacando fotos, junto a otros colegas, porque jinetes y algunas personas de a pie de vez en cuando cabalgaban en ese lado del predio levantando polvareda y apostando perros cerca del alambrado, en una clara manifestación de amedrentamiento, dificultando en extremo la tarea periodística”, agregó.

La agencia Télam "contaba con un equipo allí trabajando: el cronista Marcelo Cena, el reportero gráfico José Mateos y quien suscribe", informó.

La situación fue "tensa" durante toda la jornada, con "algunos episodios de violencia verbal y desplegados por algunos pobladores hacia los manifestantes que estaban del otro lado de la reja del llamado camino de Tacuifí"

"En todo momento la situación era tensa, con cánticos y revuelo de tierra propiciado por los jinetes que hacían dar vuelta a los caballos una y otra vez y un amplificador con un volumen extremadamente alto en donde pasaban música", describió.

Alrededor de las 14 y luego de distintos incidentes, la fotoperiodista de Télam supo que una comitiva iba a ingresar y pidió ir en una de las dos camionetas "que ingresaría por el camino desde el Manso a los fines de cubrir el hecho en mi función de reportera gráfica, función con la cual me había presentado ante cada persona presente en el lugar".

"Las camionetas llegan hasta cierto punto. Nos bajamos ocho personas y comenzamos a caminar aproximadamente dos kilómetros por el camino de Tacuifí", narró.

Al llegar cerca de la reja de la estancia y desde adentro "se acercaron los pobladores" y dijeron a los manifestantes que debían volverse "por las buenas o por las malas", contó en la presentación.

Poco después, en medio del conflicto entre pobladores y manifestantes, un grupo de jinetes comenzó a pegarles a estos últimos.

Hasta ese momento, la reportera gráfica sacaba fotos de lo que estaba ocurriendo.

"En ese momento me detectaron. Es ahí cuando uno de ellos me descubre y me tira el caballo encima y me empieza a rodear, sin dejarme salir y gritándome que me vaya. Logro esquivarlo y comienzo a correr para el lado de donde había venido, mientras gritaba "Me quiero ir, déjame salir", recordó.

SOBERANÍA EN PELIGRO Ataque en Lago Escondido: “Hay más negocios inmobiliarios detrás de esto”

La fotoperiodista logró correr pero " un hombre de a caballo" le quitó la cámara.

"Me aferro a la correa y me arrastra varios metros, dado que ya él estaba logrando quitármela. En un momento, luego de un empujón, caigo con todo el peso muerto de espaldas, me golpeo la cabeza con una piedra y quedo muy mareada", denunció.

La fotógrafa sufrió lastimaduras en sus brazos, "con raspones, moretones, golpes y laceraciones".

"Siento que me duele el chichón en la cabeza y la frente, así como mucho dolor en la espalda por los hematomas producidos por los golpes", reconstruyó sobre ese día.

De manera posterior, los manifestantes se reagruparon y llegó al lugar "una camioneta de color gris, había dos iguales, cargada de efectivos policiales de la provincia de Río Negro en la caja y otros policías en la cabina, más dos de los pobladores que antes nos habían hostigado".

"Hacen el juego macabro de que nos van a llevar por delante, riéndose. Finalmente, se baja el oficial a cargo (desconozco su nombre y rango). Todos le decimos que por qué venían con esta gente, que nos había pegado. Le pedimos que traigan urgente una ambulancia".

Tanto ella como otros heridos fueron finalmente trasladados para recibir atención médica y luego pudieron enviar a Télam el material fotográfico desde un bar.


En Orsai


30 de diciembre de 2022

 

"El mayor escándalo judicial de la historia argentina", denunciaron desde el Senado

Los chats explosivos entre el ministro porteño Marcelo D'Alessandro y el hombre de confianza del supremo Horacio Rosatti

El funcionario porteño recibió información sobre dos temas sensibles en la Corte: coparticipación y Consejo de la Magistratura. Hay intercambios sobre el negocio de las grúas y con un fiscal compinche del espía Marcelo Sebastián D'Alessio.



Una nueva filtración de chats dejó al descubierto las relaciones más que cercanas entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la presidencia de la Corte Suprema, tan solo una semana después de que el tribunal dictara una cautelar a favor de la administración porteña en la disputa por la coparticipación con el gobierno nacional. En los intercambios se ve cómo el actual ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, recibe anticipos y asesoramientos por parte de Silvio Robles, el hombre de extrema confianza del presidente supremo, Horacio Rosatti. Otros chats exhiben cómo D’Alessandro habla de licitaciones y de sobres con miles de dólares con uno de los empresarios que son parte del negocio de las grúas y de los estacionamientos. Desde el bloque de senadores del Frente de Todos describieron la situación como el “mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina” y anunciaron que evaluarán las responsabilidades de quienes están involucrados en las maniobras.

En el último mes, D’Alessandro protagonizó dos filtraciones. La primera terminó confirmando lo que había revelado Página/12: que en octubre fue parte de una comitiva –integrada también por jueces federales, exespías y empresarios– que viajó a Lago Escondido. Pero también dejó en evidencia todas las maniobras en las que incurrieron para evitar ser investigados por la justicia federal de Bariloche. En las últimas horas, aparecieron nuevos chats de su aplicación Telegram publicados en internet. Algunos de esos intercambios muestran cómo D’Alessandro fue parte de las maniobras de Juntos por el Cambio por quedarse con un asiento en el Consejo de la Magistratura, el organismo que colonizó la Corte a finales del año pasado y que actualmente también preside Rosatti.

“Los chats entre D’Alessandro –ministro de Seguridad de Larreta– y Silvio Robles –mano derecha del ‘supremo’ Rosatti– confirman lo que siempre denunciamos: esta Corte Suprema dejó de hacer justicia para hacerle favores políticos a Juntos por el Cambio a través de sus fallos”, tuiteó el ministro de Justicia, Martín Soria.

“Obligan a las provincias a financiar la campaña de Larreta, garantizan la persecución al peronismo, paralizaron el Consejo de la Magistratura para blindar a jueces puestos a dedo y pergeñaron con JxC el bloqueo del Congreso de la Nación. La Corte Suprema de (Mauricio) Macri no es compatible con la democracia”, remarcó Soria.

El cortesano y el ministro

Silvio Robles es algo así como el alter ego de Rosatti. Llegó con él a la Corte Suprema en 2016 y, desde allí, reforzó su influencia. Funciona como su vocero pero también tiene el cargo de director general de la vocalía del actual presidente de la Corte.

Los chats filtrados entre D’Alessandro y Robles arrancan el 9 de noviembre y se extienden hasta el 1 de diciembre. Es el propio Robles quien inicia la comunicación el 9 de noviembre al enviarle al funcionario porteño un link de una nota de la agencia Noticias Argentinas que informa que los supremos rechazaron la recusación que había presentado el gobierno nacional contra Rosatti en el caso de la coparticipación de la Ciudad. ¿Por qué lo habían recusado? Porque este diario contó que D’Alessandro y Robles llegaron juntos a una fiesta de cumpleaños que se hizo el 15 de agosto en el selecto restorán El Secreto del hotel Four Seasons. Para los colegas de Rosatti, la recusación fue extemporánea y la rechazaron. Desestimada la recusación, Robles le escribió a D’Alessandro: “Espero que hagas sacar el ‘fallo Robles’”.

Seis días después, el funcionario cortesano volvió a tomar contacto con D’Alessandro. Le preguntó si estaba. “Siempre”, contestó presuroso el ministro de Larreta. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le adelantó. D’Alessandro ni siquiera sabía de qué le hablaba, por lo que Robles le sugirió mirar su WhatsApp. Era un largo texto que perseguía un objetivo: que los senadores de Juntos por el Cambio no participaran en la sesión que estaba convocada para las próximas horas para revalidar la lista de senadores que habían sido seleccionados para conformar el Consejo de la Magistratura. Lo que estaba entonces en disputa es una silla que reclama para sí el senador del PRO Luis Juez pero que la Cámara Alta destinó al senador kirchnerista Martín Doñate. “Usala como tuya”, le aconsejaba Robles en relación a la información.

Tres días después, los mensajes del asesor de Rosatti eran más claros en relación a la controversia sobre el Consejo de la Magistratura. Les sugería ir al fuero contencioso administrativo o a la Corte “considerando que hay que ejecutar la sentencia”. Añadía: “Pero todo depende de quien (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte)”. El senador Juez hizo efectivamente una presentación en el fuero contencioso-administrativo, donde solo cosechó rechazos.

El último intercambio que figura en la filtración es del 1 de diciembre. En ese momento, Robles le avisa a D’Alessandro que Horacio Rosatti no iría. No se sabe cuál era la cita, pero evidentemente involucra al presidente del máximo tribunal, que desde que llegó a la cima de la Corte motorizó fallos en contra del gobierno del Frente de Todos.

El escándalo de los chats que involucra al más próximo asesor de Rosatti conspira contra una feria apacible, que comenzará en las próximas horas. La filtración era el principal tema de conversación en la Corte y en otros tribunales. El affaire no solamente tendrá impacto en los tribunales, sino que el bloque del Frente de Todos ya anticipó que evaluará la responsabilidad de los senadores que estuvieron involucrados en las maniobras para hacerse de una banca: Juez y Humberto Schiavoni.

Los sobres

Otro de los chats filtrados muestra los intercambios entre D’Alessandro y Marcelo Violante, un empresario que participa del negocio de las grúas y de las playas de estacionamientos de la Ciudad, a través de las empresas Dakota SA y Brewda Construcciones SA. 

En junio de 2019, Violante le pidió a D’Alessandro que se ocupara de una causa que tenía Rubén Hugo Laghezza –a quien define como un amigo– en la fiscalía de Carlos Rolero por violar una clausura. Violante estaba dispuesto a pagar una multa pero no quería que su amigo tuviera que hacer una probation. Las respuestas de D’Alessandro dan cuenta de que efectivamente hubo comunicaciones con la fiscalía. “Ahora refuerzo”, le prometía el funcionario porteño.

El 11 de julio de 2019, Violante le escribió un mensaje para disculparse: “No pude juntar todo. Te juro que antes de fin de mes te integro el 100 por ciento. Ahora tengo 60 verdes y te traje los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba”. Violante le preguntó si dejaba los sobres abiertos con alguien de confianza de D’Alessandro y éste respondió; “Dáselo”. Exactamente dos meses después, le escribió para pedirle verlo y anunciarle que de paso le llevaría 50.000 –no especificó en qué moneda–.

Violante también le consultó si podía proponerle negocios a “Horacio” y si podía hacer lo mismo con Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. A él quería llevarle una iniciativa para pagar con celular los estacionamientos medidos. También le pidió ayuda para licitaciones de playas de estacionamiento en el centro de la Ciudad.

El fiscal de D’Alessio

En la filtración, hay también intercambios con una deleted account (cuenta borrada). El propietario de la cuenta no sería otro que el fiscal suspendido de Mercedes Juan Ignacio Bidone, condenado por integrar la banda del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.

Con el usuario que sería Bidone hay intercambios desde 2015. Bidone era el fiscal del triple crimen de General Rodríguez y las comunicaciones se activaron después de que se fugaron los hermanos Lanata y Víctor Schillacci. Los mensajes exhiben los contactos de Bidone con Cristian Ritondo, entonces ministro de Seguridad bonaerense, y su preocupación porque Patricia Bullrich creía que él y la jueza María Servini “encubrían” a Aníbal Fernández –a quien el macrismo buscó involucrar en el caso–.

“El viernes estuve hablando con la tía”, le confesó Bidone a D’Alessandro. “Le comenté mis intenciones de ir a Observaciones Judiciales cuando vuelva a la AFI”. En otras palabras, el fiscal amigo de D’Alessio se quería quedar con la oficina de escuchas.

Pagina 12


14 de diciembre de 2022

 

Operativo judicial en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido

El viaje del lawfare: Allanamiento y secuestro de teléfonos y documentos

En la causa que investiga a jueces, funcionarios porteños y empresarios por posibles dádivas y otros delitos, la jueza Silvina Domínguez encabezó un operativo para secuestrar celulares, grabaciones de cámaras de seguridad y facturas, entre otras cosas.

Irina Hauser

La estancia del magnate Joe Lewis fue escenario de un allanamiento que duró desde el atardecer del lunes hasta las 8 de la mañana del martes. Lo encabezó la jueza Silvina Domínguez, según pudo reconstruir Página/12, en la causa donde se investiga el tour judicial-político-mediático a Lago Escondido. En el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares --entre ellos el del presidente y administrador de la empresa "Hidden Lake SA", de Lewis--, biblioratos y documentación contable, facturas sospechosas y las cámaras de seguridad del lujoso establecimiento. En el expediente se busca determinar quién pagó todos los gastos del viaje y si se trucharon comprobantes para aparentar que todo fue abonado por los jueces y funcionarios que participaron, y que en el aeropuerto de Bariloche tuvieron la bienvenida de empresarios de medios. Los delitos que se investigan son dádivas --tal vez cohecho--, tráfico de influencias, falsedad ideológica y violación de deberes de funcionario público. 

Tanto el allanamiento en la mansión de Lewis como el que se hizo el viernes pasado en el hangar y las oficinas en el aeropuerto de San Fernando de la empresa Flyzar, que trasladó a los invitados, van en la misma dirección. Como mínimo, jueces y funcionarios no pueden recibir regalos ni invitaciones de privados porque lo prohíben la Ley de Ética Pública y otras tantas normas. Luego habrá otro gran capítulo: por qué son determinados jueces los que viajaron, a qué empresas o también funcionarios beneficiaron o intentaron beneficiar alguna vez los magistrados. Es muy evidente que el viaje es parte de una lógica de uso del aparato judicial a disposición del poder político, económico y mediático. No fueron a aprender a pescar con mosca fuera de temporada, como pareciera que en algún momento intentaron tramar, ni parece convincente que hayan querido ir a retozar juntos en la montaña. 

Viajeros

El viaje a Lago Escondido, territorio que Lewis está acusado de usurpar, fue revelado por este diario el 17 de octubre. Tres días después se abrió una causa judicial en Bariloche, a partir de una presentación del abogado Marcelo Hertzriken Velasco. La fiscalía a cargo de Cándida Etchepare tomó medidas preliminares y la semana pasada emitió un dictamen, después de que se filtraran los chats de los integrantes del charter judicial que al parecer armaron un grupo de Telegram el mismo día que Página/12 reveló el cónclave. También pidió ser querellante el Ministerio de Justicia. El documento de Etchepare confirmó la existencia del viaje y sus dudas sobre el intento de ocultar delitos. Imputó, de hecho, a los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, a su hijo Juan Mahiques -jefe de los fiscales porteños-, al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth, experto en campañas digitales Tomás Reinke, y a los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey. 

Etchepare aparecía mencionada en los intercambios filtrados. Mahiques hijo decía -según los chats filtrados- que estaba en gestiones con ella. En teoría hablaban de lograr determinadas medidas y que la causa pasara a los tribunales de Comodoro Py o directamente se cerrara. La semana pasada la fiscal se reunió con el procurador interino, Eduardo Casal, y negó acuerdo alguno. Ya al diario Río Negro le había dicho que ni siquiera conocía a los personajes. Según tuiteó el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, "no la pudieron intimidar" como para torcer el rumbo del dictamen.

Operativos 

El allanamiento del lunes en la estancia de Lewis estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y contó con la presencia de la jueza Domínguez, hasta la mañana del martes, cuando terminó. Todo lo que se llevaron los investigadores puede ser crucial: tanto los celulares de quienes trabajan allí y del titular de Hidden Lake, Nicolás Van Ditmar -quien se encargó incluso de recibir al contingente en el aeropuerto-, como las grabaciones de cámaras para corroborar quiénes estuvieron y qué sucedió allí, como toda la documentación contable y facturas. Van Ditmar había entregado a pedido de la Justicia facturas por la estadía por 605 dólares a nombre de los jueces y funcionarios, pero no de los particulares, Bergroth y Reinke, que pueden ser tranquilamente invitados y no tienen que rendir cuentas. La fecha, además, es posterior. La estadía fue entre el 13 y el 15 de octubre pero los comprobantes son del 28 de ese mes. Habrá que contrastar con lo que se encontró en el lugar. La fiscalía ya había pedido que la AFIP hiciera un análisis contable.  

En el procedimiento en el aeropuerto de San Fernando, en dependencias de Flyzar, la Unidad Operativa de la Policía Federal se llevó documentos y dispositivos para ser analizados. Etchepare ya había señalado también sospechas sobre los comprobantes de los pasajes, con fechas disímiles, aunque pagados en el momento y al contado, por montos de entre 60 mil y 120 mil pesos, que no coinciden --según verificó este diario-- con el de un charter privado, que ronda los 36 mil dólares. El material es analizado por la División Pericias Informáticas y Electrónicas y la División Requerimientos judiciales de Imágenes Investigativos, ambas de la Policía Federal. Esta fuerza a través de su unidad operativa en Bariloche también participa de la pesquisa. Habrá que ver a quién le encomienda la jueza el análisis de los celulares y las cámaras, entre otros elementos cruciales. 

También habrá que ver si entra en el análisis de la causa la relación entre los jueces que viajaron y los beneficios que pudieron brindar desde su función. Como ya se señaló, Mahiques falló a favor de Lewis por la prescripción de la causa sobre el predio de Lago Escondido. Cayssials, según publicó El Destape, tiene 82 expedientes ligados al Grupo Clarín, 24 de los cuales tuvieron movimientos posteriores al viaje en cuestión, algunos con resultados favorables a la empresa. 

Pagina 12

11 de noviembre de 2022

 La IGJ pidió que se le saque la autorización para funcionar a la “FUNDACIÓN PENSAR”

Así se lo solicitaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La IGJ pidió que se le saque la autorización para funcionar a la “FUNDACIÓN PENSAR”

noticiaslainsuperable.com.ar // Viernes 11 de noviembre de 2022 | 10:05

(Por Roque Pérez) Si bien la solicitud tiene unos meses, recién en estos días se conoció la solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitándole formalmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación «el retiro de la autorización para funcionar» a la Fundación Pensar, think thank del PRO.

Al parecer, la fundación anda «floja de papeles». Según pudieron certificar desde la IGJ, «no constan trámites de renovación de autoridades, cambio de sede ni presentación de estados contables«. Más aún, la fundación del «mejor equipo de los últimos 50 años» no ha presentado sus estados contables desde su constitución.

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Desde la IGJ informaron que se practicaron visitas de inspección en la sede social inscripta en dicho organismo, así como también se cursaron cédulas a las autoridades a los efectos de poder contactarlas, pero todo ello arrojó un resultado negativo.

Pensar, se presenta como una fundación que trabaja «en la elaboración de políticas públicas a favor de una Argentina democrática, moderna, justa y sostenible«, buscando «generar un pensamiento activo y comprometido que promueva instituciones políticas, sociales y económicas sólidas«.

DATOS INCRIBLES: Macri, Larreta y Bullrich estarán en Córdoba en un encuentro de la oscura "Fundación Pensar"

La misma está presidida por el ex ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires durante todo el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta, Franco Moccia, siendo secundado por el Senador misionero Humberto Schiavoni.

Actualmente, la Fundación asumió el rol de brazo armado de la campaña de Larreta para el 2023, lo que generó aún más problemas internos dentro del partido. «“Pensar no puede ser la ‘Fundación Horacio Rodríguez Larreta’ ni un órgano de propaganda de su gestión. ¡Es del Pro!”, braman en las filas de Bullrich«, aseguran desde el diario La Nación.

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Y es que la fundación no solo banca de palabra al jefe de Gobierno y sus secuaces; también pone plata en la campaña, como lo demuestran varias publicidades que circularon en las redes esponsoreando a Diego Santilli en la provincia de la cual quiere ser gobernador.

Ahora, la IGJ la investigó a fondo y descubrió que la Fundación tiene menos sustento que el discurso del PRO. Por eso, a través de la RESOLUCIÓN PARTICULAR I.G.J. Nº: 0000169 decidió solicitarle al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el retiro de la autorización para funcionar y disponer la liquidación de la entidad.

 

Veremos que decisión adoptan desde el ministerio.

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