Por el incumplimiento de Ley de Financiamiento Universitario y el Presupuesto 2027

Más de 20 días de paro y nueva marcha federal Universitaria

La retención de tareas se harán de manera escalonada y la quinta marcha federal sucederá en todo el país el 15 de octubre.

Finalmente, la parodia de negociación paritaria por parte del gobierno nacional colmó la paciencia de la comunidad universitaria, que convocó a una nueva marcha federal para el próximo 15 de octubre en la que van a exigir el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En tanto, los gremios de la Universidad de Buenos Aires anunciaron 23 días de paro escalonado, uno por cada facultad, desde el 21 de septiembre al 22 de octubre. A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el ejecutivo volvió a insistir con el aumento del 3 por ciento que habían ofrecido a principio de mes, frente al 30 por ciento que reclaman los gremios. Por otro lado, a los rectores les preocupa que en el presupuesto del 2027 presentado por la administración libertaria, les destinan 7,3 billones de pesos, cuando necesitan alrededor de 11 billones para funcionar.

El 1 de septiembre, la reunión paritaria entre rectores y gremios con la subsecretaria de Politicas Universitarias fracasó debido a la escasa propuesta del Gobierno, que pretendía darle un 3 por ciento de incremento salarial al personal universitario, cuando aún les adeudan un monto mayor al 30 por ciento de aumento, para volver al poder adquisitivo que tenían docentes y no docentes antes de la asunción de Milei.

Eso es lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso de la Nación aprobó con amplia mayoría y respaldó luego del veto presidencial, sin contar las medidas cautelares de la Justicia en las que le exige a la administración libertaria que ponga en funcionamiento de manera inmediata los artículos 5 y 6 del texto. Al final del encuentro, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio con la promesa de que el oficialismo eleve una propuesta superadora el jueves 17.

Tal como se temían los universitarios, nada de eso pasó. “No hubo propuesta en el ámbito paritario. En realidad, lo que sucedió es que el gobierno nacional ratificó lo que ya había dicho en la paritaria de hace un mes atrás, prácticamente”, precisó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci.

Con mucho esfuerzo, desde el CIN y los sindicatos venían manteniendo conversaciones con el Gobierno en pos de conseguir la recomposición salarial por la que vienen luchando durante el mandato de Milei. En junio, habían firmado un acta en la que el ejecutivo se comprometió a otorgarle al personal un aumento del 21,3 por ciento a cobrar en junio y otro 3 por ciento en octubre, sumado a fondos para gastos de funcionamiento de edificios y hospitales -que nunca transfirieron- y el llamado a una paritaria para septiembre.

Esa buena voluntad se terminó este jueves al ver que el Gobierno sólo buscaba ganar tiempo, mientras le aseguran a la Justicia que están cumpliendo con lo que dicta la Ley de Financiamiento. “Por eso creemos que esta vez hay que hacer una medida contundente que permita visibilizar y concientizar sobre la gravedad de lo que está sucediendo” dijo el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci.

La medida a la que hace referencia Cagnacci y que cuenta con la adhesión de Feduba, Apuba, Aduba y UTE, se trata de 23 días de paro escalonado en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, de modo que cada instituto tenga un día de huelga en específico. Empezarán el próximo lunes 21 de septiembre con un paro del rectorado y culminará el jueves 22 de octubre en el Hospital de Clínicas. Para el referente de Aduba, “estos 23 días de paro van a servir para tomar conciencia en términos sociales que lo que está pasando es grave, que ya excede la discusión salarial, y lo que está en juego es la posibilidad o no de una Argentina distinta a través del modelo educativo”.

Lo otro que preocupa puertas adentro del CIN son los fondos para el año próximo que le pretende destinar Milei a las universidades en el Presupuesto 2027. Según el texto que ya se trata en las comisiones de Diputados, las instituciones deberán funcionar todo el año con un presupuesto de 7,3 billones de pesos, mientras que los cálculos del CIN sostienen que deberían ser 11 billones para poder cubrir todos los gastos. Durante la reunión del jueves, Bartolacci les trasladó esta inquietud a los delegados libertarios. “El problema es que es muy difícil poder establecer un diálogo con alguien que no quiere conversar. Estamos en una situación realmente muy compleja. No hay novedades ni respuestas en el ámbito paritario, no hay avances ni respuestas en el ámbito judicial”, sintetizó.

Ante este escenario, la gravedad de la situación se agudiza. Bartolacci, también rector de la Universidad Nacional de Rosario, advierte que en el caso de que el Congreso apruebe el Presupuesto, “todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados, absolutamente todos. No solo porque con ese presupuesto proyectado no hay posibilidad de garantizar el incremento salarial pendiente, y ese ya es un problema grave, sino porque, además, con ese presupuesto que se provee para funcionar, no hay condiciones de hacerlo”, explicó.

Es por esa razón que el CIN está llevando una estrategia para convencer a los legisladores de acompañar el reclamo universitario. “Nosotros ayer hicimos una audiencia (en Diputados), a partir de la semana que viene vamos a plantear en cada provincia reuniones con diputados y senadores de esas provincias que nos representan en el Congreso, para discutir exactamente lo mismo, y la semana siguiente vamos a convocar a los gobernadores, porque creemos que también son voces importantes para establecer pautas de cómo va ser la discusión parlamentaria del presupuesto” anticipó el presidente del CIN.

Luego de la reunión con el oficialismo, los rectores acordaron de manera casi automática con los gremios y federaciones estudiantiles, algo que se venía rumoreando: la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, que será la quinta en la lucha de los universitarios contra el ajuste educativo libertario. “Es efectivamente lo que había que hacer”, dijo Bartolacci, al ver que “el Gobierno nunca tuvo disposición a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, ni antes ni ahora. Solo basta con ver el recorrido que ha tenido el tema”, agregó.

“Creemos que es importante que la sociedad acompañe en función de que lo que se está defendiendo es un derecho propio, que es el derecho a poder educarse, el derecho a poder tener una Argentina distinta a través del desarrollo científico-tecnológico, es el derecho al ascenso social, grabado a fuego en nuestra memoria en la Argentina, de todos y todas las que pasamos por la universidad” determinó Cagnacci.

Informe: Thiago Buglione

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El Gobierno nacional contra la educación

Repudio al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario: “Un gran daño a las universidades públicas”

El docente universitario Emilio Cagnaci aseguró que la situación “es muy preocupante” porque, según sostuvo, el Gobierno decidió desconocer una resolución del máximo tribunal y advirtió que podrían definirse nuevas medidas de fuerza en los próximos días.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas volvió a escalar luego de que docentes denunciaran que el Ejecutivo no cumplió con la medida cautelar ratificada por la Corte Suprema que ordena actualizar los salarios del sistema universitario y las becas estudiantiles.

En ese contexto, el docente universitario Emilio Cagnaci aseguró que la situación “es muy preocupante” porque, según sostuvo, el Gobierno decidió desconocer una resolución del máximo tribunal y advirtió que podrían definirse nuevas medidas de fuerza en los próximos días.

“Hay un común acuerdo en la sociedad sobre el daño que está haciendo el Gobierno a la universidad pública”, afirmó en diálogo con Radio 750, al recordar las cuatro movilizaciones masivas realizadas desde que comenzó el conflicto.

“Lo importante no son solamente las cuatro marchas. Lo importante es cómo la sociedad acompañó un conflicto durante dos años y medio. Y fue un conflicto al que nos empujó el Gobierno. Los docentes no queremos estar en la calle reclamando; queremos estar en el aula, en la cátedra, haciendo investigación y extensión. Tuvimos que salir a defender un modelo de universidad pública", remarcó.

También recordó como el oficialismo salió a desprestigiar a las instituciones, primero expresenado que “todas las autoridades eran corruptas”. “Después dijeron que los docentes adoctrinábamos. Pero si uno mira quiénes egresaron de la Universidad de Buenos Aires encuentra a Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, Luis Caputo o Federico Sturzenegger. ¿Dónde está el adoctrinamiento si todos piensan distinto?”, se preguntó.

El reclamo por el fallo de la Corte Suprema

La mayor preocupación, explicó, es que este 1 de agosto los trabajadores universitarios cobraron sus salarios sin la actualización ordenada por la Justicia. “La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes, no docentes, del personal de salud de los hospitales universitarios, de los investigadores y también las becas estudiantiles a valores de noviembre de 2023. Hoy cobramos nuestro salario y esa actualización no llegó”.

“Lo peor no es solamente que le dé la espalda a la Justicia. Le da la espalda a una decisión que fue acompañada cuatro veces por la sociedad en las calles, al Poder Legislativo que sancionó una ley y sostuvo esa ley frente al veto, y ahora también a la Corte Suprema que le dice que tiene que cumplirla. Lo que hay acá es darle la espalda a la democracia”.

“Seguramente habrá comunicaciones de nuestras entidades y del conjunto del sistema universitario. Lo que nos pasa a nosotros en la UBA les está pasando a todas las universidades nacionales”, afirmó.

“Hay un peligro cuando un gobierno mira para otro lado mientras la Corte Suprema, que es el máximo órgano judicial, le dice que tiene que cumplir una resolución. Como sociedad no podemos resignarnos a vivir en un país donde no se cumplen las leyes”, advirtió.

La polémica por los estudiantes extranjeros

Durante la entrevista también fue consultado por las declaraciones del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires, una cifra que fue rápidamente desmentida por las autoridades de la institución.

Cagnaci aseguró que sintió “bronca e indignación” al escuchar esos datos. “No creo que sea desinformación. No creo que tengan mal los datos. Creo que los difunden de manera intencional. Horas después el vicerrector publicó las cifras oficiales y pidió sentarse con el Gobierno para discutir seriamente”.

“Lo que hay acá es una intencionalidad para ensuciar el tema, para no cumplir con la ley y confundir a la sociedad con la cuestión de los extranjeros”, reconoció.

“Los que somos parte del sistema universitario podemos buscar los datos y comprobarlos. Pero hay muchísima gente que trabaja todo el día y no tiene tiempo para verificar la información. Entonces estas declaraciones generan confusión. Es la lógica del ‘miente, miente, que algo queda’”.

Finalmente, Cagnaci defendió el rol histórico de la universidad pública argentina como herramienta de movilidad social y sostuvo que el acceso a la educación superior sigue siendo uno de los principales motores de igualdad.

“La universidad pública te cambia el futuro, pero también te cambia la cabeza. Por eso vale la pena defenderla y seguir apostando a que más jóvenes ingresen, hagan el CBC y terminen una carrera. Es una de las mejores herramientas que tiene la Argentina para construir oportunidades”.

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Conflicto estudiantil: estudiantes tomaron el Colegio Pellegrini y el Nacional Buenos Aires vota una medida de fuerza

La decisión en el Colegio Pellegrini llega en medio del paro nacional de docentes universitarios y mientras se realizan clases públicas frente al Palacio de Tribunales. Al igual que el Nacional Buenos Aires, que está votando una medida similar, reclaman por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. 

Santiago Ballatore Nisenbaum

El conflicto de los sectores de la educación se profundiza ante la desidia del gobierno de Javier Milei. Al paro semanal en las universidades nacionales y las clases públicas frente al Palacio de Tribunales se sumarán las tomas en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, instituciones preuniversitarias vinculadas con la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

En ambas instituciones, la toma comenzaría en la tarde del martes, después de que las asambleas de los turnos mañana y tarde. "La única discusión y diferencia dentro de la asamblea fue alrededor de si tomar hoy, mañana o en otro momento del año", relató en diálogo con El Destape Tomás Aparisi, representante de la agrupación estudiantil Punto de Fuga, minoría en el Centro de Estudiantes del Pellegrini, que ya avanzó en este sentido. "Más allá de las distintas posturas políticas que lleva cada agrupación dentro de la escuela, entendemos que la situación dentro de nuestro colegio es insostenible. Nos damos cuenta cuando nuestros docentes renuncian por la falta de salario, que no llegan a fin de mes", continuó. El Nacional está votando una medida similar.

En su testimonio, Aparisi denunció que la escuela a la que asiste "se cae a los pedazos". "Tenemos paredes que están rotas, tenemos goteras. En algunas aulas, agujeros donde literalmente se puede ver el cielo y vemos que esas no son condiciones dignas para cursar", graficó y añadió: "Entendemos que estamos en una escuela privilegiada, porque es una escuela que es reconocida por su prestigio y su calidad académica en todo el país, pero que ese prestigio no es magia, sino que es la vocación y la formación académica de los docentes que hoy están renunciando". Concretamente, contó que, "en lo que va del año", ya "renunciaron 27 docentes". 

"Le decimos basta al ajuste que estamos viviendo las universidades y los preuniversitarios, porque sabemos que hay ley, que es parte de la ley argentina, que no se está cumpliendo, que nos reconoce la actualización presupuestaria que no estamos percibiendo", continuó, antes de opinar que el Gobierno nacional decide "en forma ilegal, inconstitucional e inmoral" incumplir la Ley de Financiamiento Universitario. 

Además del éxodo de docentes, Aparisi puso el foco en la salida de integrantes del cuerpo de psicólogos del Pellegrini. "El 50% de los psicólogos que trabajaban en nuestra escuela renunciaron en lo que va del año", precisó. "Un estudiante de nuestra escuela, si tiene un problema en la casa, tiene un problema familiar, de consumo o de cualquier otro tipo, está totalmente a la deriva. Porque, salvo que pueda permitirse ir a un psicólogo privado, que es una torta de guita por semana, no tiene ninguna herramienta dentro de la institución", señaló y lamentó: "Nuestra salud mental está totalmente abandonada".

En medio de la ola de amenazas en colegios de todo el país, durante abril, el colegio recibió también mensajes intimidatorios que activaron los protocolos oficiales para resguardar la integridad de los estudiantes y el personal docente. Desde el equipo de conducción del Pellegrini expresaron en ese momento su "absoluto y categórico rechazo" a las manifestaciones en las instalaciones escolares que "promueve discursos de odio, discriminación y amenazas" que "infringen" los reglamentos, como así también "atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental" de la institución. Justamente, habían hecho hincapié en la importacia de los talleres y espacios de trabajo con los estuduiantes desde elñ equipo de las tutorías  donde "se abordan de manera constructiva, sin perder de vista el carácter pedagógico de cada acción escolar, este tipo de conductas". 

El paro universitario y las clases públicas

En paralelo, este martes comenzó un paro docente en las universidades nacionales que se extenderá hasta el sábado. Es la primera medida gremial unificada desde la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, que fue masiva en todo el país. "Milei eligió a la universidad pública como enemigo y acá nos tienen, de pie, porque la vamos a defender con uñas y dientes", afirmó la Conadu en un comunicado. Por su parte, la Conadu Histórica sostuvo: "La extraordinaria respuesta social obtenida es un respaldo muy poderoso para la continuidad de nuestro plan de lucha, frente a un gobierno que continúa sin dar respuestas a las demandas salariales y presupuestarias". 

Además, durante este martes se desarrollan clases públicas promovidas por docentes universitarios frente al Palacio de Tribunales. La convocatoria se desarrolla bajo el lema "Señores jueces, que Milei cumpla la ley" y busca visibilizar el reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente judicializada.

El conflicto estudiantil se extiende. Ya trascendió las universidades y llega a los colegios secundarios que dependen de las instituciones de educación superior, en los que también se advierten dificultades edilicias y éxodo de trabajadores. Mientras tanto, las cientos de miles de personas que marcharon en todo el país no parecen haberle movido el amperímetro a Milei, que incumple de le Ley de Financiamiento Universitario y desoye los fallos judiciales que lo obligan a acatar lo votado en el Congreso. Ahora, los más jóvenes se suman a las protestas con denuncias que cada vez se escuchan más entre los reclamos: la necesidad, en un contexto adverso, de que no se abandone su salud mental. 

El Destape

Los rectorados, gremios y estudiantes coordinan una nueva movilización masiva

Las universidades van a paro: “No aguantamos más la situación”

El Gobierno busca caminos para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y Casa Rosada quiere impulsar su propia ley. Inician los preparativos para la semana completa de paro que irá del 27 al 30 de abril.

El conflicto entre las universidades y el Gobierno entra en una nueva semana clave en la que gremios, rectorados y estudiantes anunciarán la fecha de una nueva marcha federal, que promete ser tan multitudinaria como las anteriores. Y es que Milei ha metido a las universidades en una situación sin salida: la semana pasada venció el plazo puesto por la Cámara para que el gobierno pague lo que debe a las más de sesenta universidades públicas del país en concepto de salarios y becas, pero el presidente se negó a liberar las partidas y ordenó a la Procuración del Tesoro que vaya en queja ante la Corte Suprema. Además, presentaron un recurso extraordinario para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, e intentarán tratar un nuevo proyecto de ley en el Congreso, donde apuestan a dejar atrás la sanción de la ley aprobada que no quieren cumplir.

Frente a este nuevo panorama que nuevamente le da la espalda a las universidades, la comunidad anticipó que no se quedará de brazos cruzados. A partir de hoy, los gremios van a realizar actividades preparatorias para una nueva semana completa de paro, del 27 al 30 de abril. Los docentes ven que el conflicto será largo y no se resolverá fácilmente.

“Desde el inicio de su gestión Milei ha tenido una política clara hacia la universidad, una política de desfinanciamiento, de ahogo constante con el argumento de lograr el déficit cero. Creo que él tiene el objetivo de reducir la universidad porque en su proyecto de país la universidad no entra. No le interesa que exista una universidad que abra la posibilidad de ascenso social y que defienda la soberanía del conocimiento”, dijo a Página/12 la titular de la Conadu Histórica, Francisca Staita.

La dirigente recordó que el Gobierno lleva seis meses sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que fue votada y luego vetada por el presidente. Más tarde, dos tercios de los legisladores del Congreso de la Nación la ratificaron, pero el gobierno igualmente la incumplió, por lo que las universidades llevaron el caso a la Justicia. Dos fallos judiciales, de primera instancia y de la Cámara, le ordenaron a Milei implementarla.

“Pero al presidente le importa poco la democracia y lo que resuelvan los poderes legislativo y judicial: como ejemplos tenemos la ley de emergencia en discapacidad y la ley de emergencia pediátrica, con las que ha llegado hasta las últimas consecuencias para no cumplirlas”. Con la Ley de Financiamiento Universitario, señalan los gremios, Milei intenta sostener la misma actitud de descalificación y desafío hacia la Justicia y el Poder Legislativo. Por eso, el escenario que ven es el de un agravamiento de la situación.

La nueva semana de paro fue convocada por las dos Conadu. Según el cálculo de los sindicatos, los docentes necesitan de un aumento del 55 por ciento para recuperar los salarios que tenían en noviembre de 2023. “Una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, denunciaron.

Los planes para no cumplir

El gobierno evalúa además Reflotar un plan B en el Congreso: para reducir el impacto fiscal, buscan enviar un proyecto de ley alternativo. Este plan propone una actualización salarial y presupuestaria significativamente menor a la establecida por la ley vigente y establece nuevas reglas para la rendición de gastos por parte de las universidades. Finalmente, tiene en análisis la estrategia de pago a medias: Mientras avanza la disputa legal, evalúan la posibilidad de aplicar la ley de manera parcial y gradual para evitar un desembolso masivo e inmediato.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, planteó que las casas de estudio “no aguantan más la situación”. El ahogo presupuestario, contó, está provocando una fuga de docentes e investigadores y fuerza a las universidades a continuar con las medidas de protesta.

Yacobitti advirtió que el desfinanciamiento no solo afecta a estudiantes y docentes, sino a toda la sociedad, porque la falta de recursos pone en riesgo, por ejemplo, la formación de médicos. “Si vos tenés un problema y tenés un accidente, no tenés un médico que te salve la vida. Si tenés otra pandemia como el COVID, no hay investigadores que detecten rápido vacunas o métodos de detección temprana”, planteó.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que volvamos a salir a todas las plazas”, adelantó el dirigente.

Al mismo tiempo insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo. Propuso que el Ejecutivo se siente a negociar cómo cumplir con la ley: “Voy a hacer lo imposible por generar alguna mesa de diálogo donde el Gobierno traiga una alternativa”.

El vicerector pidió acelerar una solución porque “cada día sin diálogo es un día perdido para encontrar una solución”. En este sentido, precisó que aún queda tiempo para evitar una nueva marcha federal, aunque el plazo es ajustado, hasta mediados de mayo.

Un punto a tener en cuenta es que, si bien el Gobierno fue en queja a la Corte Suprema para no cumplir con los fallos que le ordenan implementar la ley de Financiamiento Universitario, su apelación no es suspensiva. Esto quiere decir que hasta que la justicia no le conceda ir en queja, la Casa Rosada tiene la obligación de comenzar a enviar fondos a las universidades.

Para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo debería transferir aproximadamente 2,5 billones de pesos a las universidades nacionales

Fuentes de la Casa Rosada han asegurado al diario Infobae que “el gobierno no va a pagar” porque “no tenemos la plata”. Quien tiene la función de redistribuir las partidas presupuestarias es nada menos que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El principal vocero del ajuste en estos días atraviesa un escándalo, tras haberse descubierto que ha adquirido numerosas propiedades y que realizó una serie de viajes de placer que sus ingresos como funcionario público no podrían costear.

El Destape

Hoy se vence el plazo que dispuso la Justicia para que actualice salarios y becas

El Gobierno entró en tiempo de descuento para cumplir con las universidades

Es por el fallo de Cámara que lo obliga a cumplir con dos artículos de la Ley de Financiamiento. Gremios, rectorados y estudiantes anunciaron una movilización masiva para mayo si no cumple.

Celeste Del Bianco

A Javier Milei ya no le queda más tiempo para cumplir con la decisión de la Justicia sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Hoy se vence el plazo que le dio la Cámara para que pague lo que le debe a las más de 60 universidades públicas del país en concepto de salarios y becas, que estaba dispuesto en los artículos 5 y 6. Es la sentencia que hace dos semanas confirmó una cautelar en contra del Gobierno en la que los jueces calificaron como “pocos serios” algunos de los argumentos libertarios para no pagar. Desde el Frente Universitario –que engloba a rectorados, gremios y estudiantes– anticiparon que si la Casa Rosada no habilita las partidas, habrá una gran movilización en la primera quincena de mayo, en sintonía con las dos marchas multitudinarias anteriores. Paralelamente, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hicieron una presentación en los tribunales para dar cuenta del incumplimiento y exigieron una convocatoria urgente a la paritaria nacional. “Miran hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, indicaron.

En medio de un escenario complejo para Javier Milei, que ve cómo decae su imagen en medio de los escándalos que acechan a su jefe de Gabinete, la causa $Libra y la situación económica, se avecina otro foco de conflicto que cala hondo en la opinión pública: el ataque a las universidades. Desde ese sector advirtieron que organizan una gran jornada de movilizaciones en todo el país si el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento, que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y por la Justicia con dos fallos sobre medidas cautelares.

Hoy se vence el plazo para que la Casa Rosada presente un recurso ante la Corte Suprema luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una cautelar que le ordenaba a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley, que tienen que ver con la actualización de salarios y becas, que ya acumulan 17 meses seguidos de caída. Todo indica que será una nueva derrota judicial para La Libertad Avanza porque la jurisprudencia del máximo tribunal va en el sentido de no expresarse sobre cautelares. Incluso, si la CSJN le diera lugar eso no debería generar efectos suspensivos.

Sin respuestas

Según los cálculos del CIN, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el 2023 hasta hoy. Desde el Gobierno sostienen deben pagar 2,5 billones de pesos para cumplir con la totalidad de la ley, que también incluye gastos de funcionamiento entre otros ítems. Mientras tanto, siguen incumpliendo con la voluntad del Congreso y con lo que dispuso la Justicia. El presidente del Consejo, Franco Bartolacci, le dijo a Página/12 que insistirán en todos los ámbitos “porque la situación es extremadamente crítica”. “Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia vamos a volver a convocar a la sociedad argentina, Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”, agregó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Hasta el momento, ni el secretario de Educación de la Nación, Carlos Horacio Torrendell, ni el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se comunicaron con los distintos actores del conflicto para dar una respuesta. Este diario se contactó con los ministerios de Capital Humano, Economía y Educación para consultar cuál será la estrategia del Gobierno ante la obligación de pagar, pero no tuvo respuestas. A más de dos semanas del fallo, siguen sin cumplir y la justicia puede determinar multas y sanciones para los funcionarios a cargo.

Ante esto, el Frente Universitario hizo una presentación ante la Justicia para notificar formalmente sobre el incumplimiento del Gobierno de lo que indica el fallo. Además, le mandaron una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para exigirle la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la norma.

Las universidades en las calles

El miércoles, las casas de altos estudios de todo el país hicieron una vigilia de 24 horas con clases magistrales públicas, muestras de ciencia, talleres, asesoramiento legal y económico gratuito, y servicios de salud como odontología, oftalmología, clínica y atención veterinaria para denunciar que “la universidad no se apaga, se prende”. “En los últimos días, mostramos que la educación pública se está movilizado y ese es el camino que vamos a seguir. Estamos acordando con todos los sectores para la gran movilización de mayo, esa es la respuesta política más eficaz ante los intentos dilatorios del Gobierno”, le dijo a este diario el dirigente de la CONADU Federico Montero.

Hoy, algunos gremios continuarán con medidas de lucha. Incluso, los colegios preuniversitarios participarán de una Marcha de antorchas en Callao y Corrientes. Por su parte, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) hará una jornada de protesta en todo el país. “No hay ningún argumento para que no destinen los fondos. Se convertiría en un gobierno profundamente antidemocrático, ilegítimo e ilegal si no cumple con el envío de los fondos, tanto para las universidades como para las becas y para los salarios de trabajadores docentes y no docentes”, le dijo el secretario General, Daniel Ricci, a este diario. Según el último informe de esa federación junto al Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los trabajadores universitarios llevan 17 meses seguidos de caída salarial, lo que equivale a un 33.7 por ciento de pérdida real. “Se necesitan más del 50 por ciento para recuperar lo que perdieron”, indicaron.

Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) remarcaron que seguirán en las calles para reclamar por su futuro. “Las jornadas abiertas de 24 horas nos dan un balance positivo, se sumaron más de 40 universidades, lo que nos demuestra que esta forma innovadora de reclamar cumplió el objetivo. Al no haber una respuesta en los próximos días, seguiremos movilizándonos”, le dijo el presidente del espacio, Joaquín Carvalho, a Página/12.

El rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, señaló la gravedad institucional que tiene la postura de la Casa Rosada. “Acá hay algo más profundo, lo que está en juego es el sistema democrático y republicano mismo porque el Poder Ejecutivo no tiene la atribución para decidir qué ley aplicar y cuál no. Esto no es un menú a la carta donde yo elijo qué comer. Es un principio republicano básico de la división de poderes. El tercer poder que actúa ante una controversia, que es la Justicia, nos da la razón y el Gobierno tampoco nos escucha”, dijo.

Ante un Poder Ejecutivo que no escucha al Legislativo y tampoco al Judicial, la lucha continuará en las calles.

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 Contra el desfinanciamiento y por un aumento salarial

“Que se cumpla la ley vigente”: los docentes de la UBA van al paro por tiempo indeterminado

Trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un paro por tiempo indeterminado a partir del próximo 16 de marzo hasta que el gobierno nacional cumpla con lo ordenado en la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado y respaldada por la Justicia.

La medida de fuerza incluirá movilizaciones, clases abiertas en distintas instituciones dependientes de la UBA y la organización de una marcha federal en defensa de la educación pública.

“No volveremos a las aulas hasta que nos paguen el 51 por ciento que nos deben y que se cumpla le ley vigente”, advirtió el personal aglutinado en la Asociación Gremial De Docentes (AGD-UBA), que durante una asamblea anunció un plan de lucha como respuesta a la grave situación que atraviesa esa casa de estudios producto del ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei.

Lo que básicamente se exige es que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025. Esa legislación que con distintos paliativos mejoraba la situación de las casas de estudio superior no sólo había sido rechazada por el oficialismo y sus aliados sino que, además, intentó ser revocada por un decreto de Milei que suspendió su aplicación.

Ese decreto fue cuestionado ante el Poder Judicial a través de un amparo que le puso una luz roja a la decisión del Poder Ejecutivo. No obstante, el Gobierno insistirá con el desfinanciamiento de las universidades mediante un nuevo proyecto de ley de financiamiento que intenta pisar la legislación sancionada en 2025 y que incorpora severos recortes en la educación superior y los salarios docentes.

En este contexto, las acciones de lucha votadas en las últimas horas por AGD-UBA no sólo tendrán lugar en las distintas facultades sino también en los colegios nacionales, donde se promoverán “acciones, cortes y permanencias” dentro de los establecimientos.

“Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”, fue la convocatoria que, además, declara a la UBA en “estado de deliberación permanente”.

Se definirán durante una asamblea prevista para el 20 de marzo próximo, de la que participarán estudiantes y trabajadores no docentes. Allí se debatirá particularmente la convocatoria a una nueva marcha federal para “antes del tratamiento de la modificación” de la nueva Ley de Financiamiento Universitario propuesta por el oficialismo en el Congreso.

En este sentido, los docentes votaron “seguir exigiendo la convocatoria a paritarias y la aplicación de la Ley de financiamiento universitario conquistada en 2025 y que tiene fallo a favor de la justicia. Rechazo al proyecto de modificatoria del Ejecutivo Nacional”.

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Contundente comunicado de los rectores

"Profundiza el ajuste": rechazo de las universidades al Presupuesto de Milei

El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que el monto que por cadena nacional el Presidente anunció que se destinará a las casas de altos estudios está lejos de ser suficiente. También le pidió al Congreso que ratifique la ley de financiamiento universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció que el presupuesto que el presidente Javier Milei anunció anoche para la educación superior “profundiza el ajuste” sobre las casas de altos estudios, y volvió a exigirle al Congreso que ratifique el miércoles la ley de financiamiento universitario que el Gobierno había vetado.

A través de un breve pero contundente comunicado, los rectores de las universidades nacionales salieron al cruce de las cifras presentadas por el jefe de Estado en cadena nacional. A través de la cadena nacional, Milei dijo que los gastos proyectados para las universidades es de “4,8 billones de pesos”.

El CIN recalcó que ese monto está lejos de ser suficiente y puntualizó que, por lo tanto, esa iniciativa “consolida el ajuste sobre el sistema universitario”.

“Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, explicaron en una declaración.

Según la comparación que hicieron los equipos económicos que administran la educación superior, ese monto previsto para 2026 “es igual” al de 2025, “un año que vivimos en peligro”.

“Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”, denunciaron a través de un comunicado publicado en la web oficial del organismo.

El texto, que lleva el título “Un proyecto para consolidar el ajuste universitario”, remarcó que frente a la falta de novedades positivas por parte del Poder Ejecutivo, “la expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación”.

Al respecto, pidieron a los legisladores nacionales “sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario”, así como también “aprobar un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose” en las universidades.

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