Lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Nahuel Gallo habló con “Chiqui” Tapia antes de subir al avión en Venezuela

La funcionaria admitió del rol de la AFA para liberar al gendarme. “Evidentemente fue quien negoció”, dijo en referencia al presidente de la asociación de fútbol.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó el rol clave de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la liberación del gendarme Nahuel Gallo y su traslado desde Venezuela a la Argentina. “Antes de subir (al avión que lo trajo de regreso), lo llamó Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Ahí es cuando él confirma que se trataba de la AFA” y no de autoridades del gobierno argentino, admitió la funcionaria, dos días después de la puesta en escena con el canciller Pablo Quirno y autoridades de Gendarmería para intentar colgarse la medalla por la repatriación.

Tal como informó Página/12, las negociaciones comenzaron después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, en enero, y estuvieron a cargo del exembajador Oscar Laborde, la diputada Marcela Pagano, su esposo Franco Bindi (abogado de la petrolera Pdvsa) y, por el país caribeño, la presidenta Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, titular de la Asamblea Nacional, y el titular de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez Ochoa.

El gobierno de Venezuela había tomado la decisión de liberar a Gallo y evaluaba cómo hacerlo. La solución llegó gracias al vínculo de Tapia con Giménez Ochoa, que además es una especie de ahijado de Delcy Rodríguez. El cabo primero fue trasladado en un avión privado de la empresa Baires Fly, que suele usar la dirigencia de la AFA. Antes de subirse se sacó una foto con Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y con Fernando Isla Casares, secretario de protocolo y ceremonial, que habían viajado para reunirse con dirigentes de la FVF. El regreso fue posible tras un “trabajo silencioso y mancomunado” con la Federación Venezolana y la Conmebol, destacó la AFA, y celebró que “el fútbol puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación”.

El gobierno argentino se esforzó durante la semana en ningunear el rol de la AFA, pero Monteoliva lo confirmó. “Antes de subir, lo llamó Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Ahí es cuando él confirma que se trataba de la AFA”, declaró en A24. “Recibió una videollamada con Chiqui Tapia. Lo llama y le dice ‘volvés a la Argentina’. Él le dijo ‘bueno, gracias’. Y se acabó la conversación”, relató.

La ministra aseguró que el Gobierno no tenía conocimiento previo sobre la intervención de la AFA. “Nos enteramos el domingo a la mañana sobre un avión que había aterrizado en Venezuela”, señaló. “Sabíamos que se trataba de una aeronave en Venezuela con dos argentinos”, agregó.

“El viernes a la noche, María Alexander Gómez (pareja de Gallo) nos mandó un audio de la suegra de Nahuel donde nos brindaba información sobre su traslado. Efectivamente, lo trasladaron a otro lado. Él permaneció ese sábado pensando que el movimiento era solo de una cárcel a otra”, indicó.

“Después le dijeron que lo iba a ir a buscar un embajador. Primero lo pelaron. Estando encapuchado, lo llevaron a un aeródromo, según nos contó él. Iba con otra persona”, detalló. Entonces se produjo el contacto con quienes lo trasladaron. “Esa persona, cuando estaban al pie del avión, le saca la capucha y se lo entrega a dos individuos que Nahuel no conocía. Él los describe como dos sujetos muy bien vestidos que tenían un cartel de AFA”, relató.

La ministra se diferenció de la interpretación del senador Bartolomé Abdala, para quien la AFA “hizo de taxi”. “Evidentemente fue quien negoció. Taxi sería otra cosa. En todo caso, negociador y taxi. Yo no sé si la AFA se lo quiso apropiar. El avión aterrizó, Nahuel bajó. No hubo ningún tipo de situación difícil ni incómoda”, admitió.

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La ley de Seguridad Interior lo prohíbe

Milei, junto a EE.UU., suma a los militares a combatir el narcotráfico

Envió a Presti, el ministro de Defensa, a participar de una Conferencia Anticárteles de gobiernos de derecha que se hizo en el Comando Sur. La ley argentina prevé que la lucha contra el narco es competencia del Ministerio de Seguridad.

Raul Kollmann

En el marco del alineamiento automático de la Casa Rosada con la Casa Blanca, el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó -sin tener competencia alguna- una declaración conjunta con 20 países sobre la seguridad y el combate al narcotráfico. “La ley argentina es clara en cuanto a que todo lo que tiene que ver con el delito, entre ellos el narcotráfico, es materia del Ministerio de Seguridad, no de Defensa. De manera que Presti está en un lugar que no corresponde”, sentenció el exministro de Defensa, Agustín Rossi. De la reunión -realizada en la sede del Comando Sur en Miami- fueron excluidos Brasil, México y Colombia, con gobiernos progresistas, de manera que quedó claro el objetivo de alinear a las administraciones de derecha. El encuentro es la previa de la reunión de doce mandatarios, también de derecha, de la que participará Javier Milei este sábado. La cumbre va a ser encabezada por Donald Trump y se hará en el resort, El Doral, de su propiedad, también en Miami. Para que quede claro el espíritu de estas alianzas, el secretario de Defensa norteamericano, Peter Hegseth, dijo que “Estados Unidos está dispuesto a afrontar las batallas solo, incluso pasar a la ofensiva, pero preferimos hacerlo con los países aliados. Tenemos un origen común: somos occidentales, somos cristianos”. En el trasfondo de estos encuentros está incentivar la participación de militares en seguridad interior y, en especial, limitar la presencia de China en el continente.

El título del encuentro en el que participa Presti es Conferencia Anticárteles, por lo que queda claro que se refiere al delito organizado, no a una cuestión de Defensa. Las sucesivas administraciones de Washington vienen impulsando la participación de militares en la lucha contra el narcotráfico, asimilándolo al terrorismo. Narcoterrorismo es el término que utilizan para justificar la utilización de militares y para hundir y matar, sin juicio alguno, a los que transitan zonas del Caribe. Hegseth, un experiodista devenido en halcón de Trump, tuvo hasta una frase provocadora: “Por primera vez estamos a la ofensiva contra los narcos. Ya no tenemos lanchas para hundir”. En todas estas frases y análisis omite mencionar que el problema de fondo son los millones de consumidores de Estados Unidos y ahora la siniestra moda del fentanilo. Pese a esa situación, nunca se habla ni de los narcos norteamericanos ni de las armas norteamericanas que son la base de la violencia de los cárteles.

En cualquier caso toda la estrategia del uso de militares para la lucha contra el narcotráfico ya produjo desastres en Colombia y México, donde los uniformados no sólo se sumaron a los cárteles sino que en algunos casos terminaron siendo los líderes. Además, está claro que Estados Unidos utiliza el argumento para influir en cada uno de los países y avanzar sobre los recursos naturales.

Por caso, el canciller Pablo Quirno firmó en febrero un acuerdo por el cual se le dan ventajas a los Estados Unidos respecto del litio y otros minerales críticos argentinos.

La ley 23.554 es muy clara y establece que la función de las Fuerzas Armadas es “enfrentar las agresiones de origen externo”, es decir las agresiones de otros países. La ley 24.059 señala que la seguridad interna corresponde a las fuerzas policiales y de seguridad. Eso significa que la lucha contra el narcotráfico es competencia del Ministerio de Seguridad, no el de Defensa. Además, las cosas son aún más cristalinas en los decretos de reglamentación de las leyes: la prohibición de participación de los militares en seguridad interna es categórica.

Como es obvio, Presti sabía que estaba en terreno pantanoso y, por lo tanto, cuando le tocó intervenir, habló de que “la Argentina tiene un compromiso con la seguridad y la estabilidad de nuestro hemisferio. Los Estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, quizás con distinta intensidad, pero afectan a nuestros ciudadanos, nuestros bienes, nuestros recursos y nuestras infraestructuras críticas. La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur de nuestro continente”. Como se ve, una declaración general, abstracta.

Sin embargo, Presti terminó firmando una declaración referida al narcotráfico, aunque imprecisa. Se reafirman los vínculos de cooperación para enfrentar al narcoterrorismo y se menciona, para esquivar cuestionamientos hasta judiciales, que se respetarán las soberanías de los distintos países y sus leyes respectivas.

Más allá de la reunión en el Comando Sur y la letra de lo firmado, la política de Javier Milei es de sumisión a Washington e incluso personalmente, a Donald Trump. Hay una sintonía ideológica y también la reciprocidad frente al hecho de que el presidente norteamericano, con un oscuro swap, salvó a Milei de la derrota en octubre pasado. Trump se lo recuerda cada vez que se ven y lo trata como una especie de súbdito.

En función de la sintonía, el presidente argentino viajará a Miami este viernes y, a partir del sábado, estará con otros 11 presidentes latinoamericanos de derecha en un encuentro con Trump. Los más conocidos son Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, el presidente electo de Chile; el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, y Nayib Bukele de El Salvador. Escudo de las Américas es el nombre que se le puso a la cumbre, le sumaron consignas como “libertad, seguridad y prosperidad en la región” y hasta hay una humorada con la sigla MALGA, Make America Latina Great Again, una especie de pariente de MAGA, Make America Great Again.

Por supuesto que habrá un respaldo a la acción militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y será tácito que debe haber limitaciones a la presencia de China en el continente. Como es obvio, igual que en la cumbre de Defensa, también estarán excluidos Brasil, México, Colombia, Guatemala y, sobre todo, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Está claro que los 12 presidentes aceptaron gustosos la invitación a El Doral, pero casi todos saben que no es el mejor momento para exhibirse con Trump. En los distintos países, la mayoría se opone a la guerra lanzada por el presidente norteamericano y es sabido también que Trump está muy mal posicionado en las encuestas dentro de su propio país. Es más, todo indica que el mandatario trata de tapar con las políticas internacionales el fuerte desprestigio y la oposición que enfrenta dentro de Estados Unidos.

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 Las repudiables declaraciones de la ministra de Seguridad

Para Bullrich, los femicidios y la violencia machista son culpa del feminismo

En una entrevista con el Gordo Dan, la funcionaria culpó a los movimientos feministas por los brutales casos de asesinatos contra mujeres de los últimos días. "Lo que termina pasando es que te viene en contra”, dijo.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, afirmó que la ola de violencia contra las mujeres y de la seguidilla de femicidios de los últimos días es producto de la lucha de los movimientos feministas.

“Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, lanzó la funcionaria del gobierno de Javier Milei.

Y para rematar, consideró que “el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

La inconcebible apología de la violencia machista de Bullrich fue un intento de explicación a la cruda situación que se vive en los últimos días: en los 17 días que lleva el mes de octubre ocurrieron 14 femicidios, un transfemicidio, 14 intentos de femicidios y decenas de denuncias de acoso, amenazas, hostigamiento y violencia física contra mujeres y disidencias.

El lugar donde la ministra responsabilizó al feminismo de la violencia contra las mujeres no es menor. Lo hizo durante una entrevista por el canal de streaming Carajo, donde militantes ultras de La Libertad Avanza (LLA) suelen desplegar discursos misóginos, xenófobos y a favor de la represión contra las manifestaciones sociales. 

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Tenía dos informes de inteligencia que decían que Espert se financió con dinero narco

Bullrich y esa costumbre de mirar para otro lado

Un segundo documento, con información de la Homeland Security , da cuenta de la actividad de Fred Machado vinculada con fraudes y cargamentos de cocaína. Los vínculos con Macri.

Raul Kollmann

El Ministerio de Seguridad de la Nación no tenía uno sino dos informes confidenciales en los que se estableció --con la ayuda de Homeland Security de Estados Unidos-- que Fred Machado estaba acusado de fraude, cargamentos de cocaína e, incluso dice textualmente, que financió la campaña electoral de 2019 de José Luis Espert. Significa que Patricia Bullrich, sabiendo el uso de dinero sucio de Espert, mantuvo silencio y permitió que se postulara en la fuerza que lidera Javier Milei. El informe CF 35/2021 de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), rotulado como "Secreto" y hecho en base a los datos norteamericanos, dice “según la información, Machado también financió la campaña presidencial de José Luis Espert, aportando fondos y transporte en aviones”. El segundo informe, clasificado como Confidencial, tiene 12 páginas, lleva el numero 15/2021 y fue realizado por el Departamento de Inteligencia Criminal Aeroportuaria. Lo más impactante es que enumera cargamentos de cocaína interceptados por accidentes de aviones vinculados con Machado: en 2018, 1558 kilos en México; ese mismo año se estrelló en Venezuela un envío del Cartel de Sinaloa con1200 kilos; en marzo de 2019 se incautaron 1215 kilos en México, a raíz de otro avión estrellado; en diciembre de 2019 en Guatemala, nada menos que 2572 kilos y en enero de 2020, también en Guatemala, 1.700 kilos; 168 kilos en Colombia en enero de 2020 y 2310 kilos en Belice, en febrero de 2020. Con semejante prontuario a la vista, en base a dos informes de 2021, Bullrich no dijo ni "mu" en 2025 permitiendo que Espert fuera el primer candidato libertario en la provincia más populosa del país. 

Aviso de Estados Unidos

El informe de la Dirección de Inteligencia Criminal, secreto, fue desclasificado por la propia Bullrich esta semana a raíz de varias filtraciones. La ministra dio explicaciones incoherentes --“es falso que yo supiera”-- porque el texto es nítido, dice taxativamente que Machado financió la campaña de Espert. En su momento, el diputado Rodolfo Tailhade y el periodista Sebastián Lacunza hicieron conocer la famosa foto en la que aparecía Espert delante del avión Bombardier de Machado, de manera que Bullrich podría haber tomado nota y tenía todos los documentos incriminatorios en su despacho. Una simple averiguación le hubiera permitido saber que Espert no viajó una vez sino 36 en aviones de Machado, tal cual lo publicó Irina Hauser en Página/12. Además, la propia Policía de Seguridad Aeroportuaria se lo informó al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Se ve que la ministra jugó a que el financiamiento narco pasara de largo, pero la prueba de la transferencia de 200.000 dólares de Machado a Espert frustró la jugada del “olvido”. Esa evidencia, el papel de la transferencia, llegó desde el juzgado de Texas, donde esperan la extradición de Machado.

Mucho antes que eso, Homeland Security (Seguridad Interior) de Estados Unidos había mandado una advertencia. De hecho, el informe de Inteligencia Criminal arranca así “este informe fue elaborado a partir de información recibida del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre vinculaciones de Federico Andrés Machado con delitos de narcotráfico y lavado de activos”. El país del norte le estaba diciendo a la Argentina que investigue a Machado a ver qué elementos surgían.

 

 

Demasiadas casualidades

Inteligencia Criminal, en época de Alberto Fernández, encontró demasiadas casualidades en el historial “argentino” de Machado, incluyendo el financiamiento de Espert.

El informe establece los siguientes puntos oscuros, entre otros:

* "Machado está vinculado a empresas de aviones y una de ellas le alquiló un avión a los hermanos Juliá, que luego fue interceptado en Barcelona con una tonelada de cocaína”.

*Menciona que “Machado tiene una sociedad con Sergio Daniel Mastropietro, presidente ejecutivo de Avian Líneas Aéreas, empresa continuadora de MacAir (MacriAir) del Grupo Socma. También es presidente de Hangares Buenos Aires S.A., beneficiada junto al Grupo Socma (Sociedades Macri) en la distribución de hangares en Aeroparque”.

* "Entre 2016 y 2019 realizó desde San Fernando vuelos a Perú, Colombia, Panamá y Guatemala, dos de ellos con Mastropietro”.

* ”Existen fuertes indicios sobre posibles delitos de Machado en el país por ese patrón de vuelos. Parte de sus maniobras criminales pudieron ser ejecutadas desde la Argentina aprovechando su influencia. Esto está en acuerdo con lo señalado por Estados Unidos en el sentido de que podría lavar 34 millones de dólares en nuestro país”.

* ”Según la información, Machado también financió la campaña presidencial de José Luis Espert, aportando fondos y transporte en aviones”.

Seguramente es una casualidad que el nombre Macri aparezca en el informe.

El otro informe

A la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le tocó detener a Machado en 2021, por pedido de la justicia de Texas. Todo hace pensar, que la conducción del Ministerio de Seguridad le ordenó entonces a Inteligencia Aeroportuaria que junte información sobre Machado, gran parte en base a lo que venía de Estados Unidos. En el texto dice que el informe se hace por el pedido del Ministerio de Seguridad, para agregarlo al otro informe, el de la Dirección de Inteligencia Criminal, que ya estaba hecho.

Este segundo informe repite algunas cuestiones y agrega otras:

*Reitera el vínculo de Machado con Mastropietro y sociedades que tuvieron que ver con Mauricio Macri. Incluso tienen vehículos en común.

*Hay un dato asombroso: Machado y Mastropietro tienen en común SO Vaín, en el rubro “agencia de modelos”, con domicilio en la calle Juez Tedin, en Barrio Parque.

*Explica que Machado alquilaba y transfería aviones, pero adulterando matrículas y con algunos aparatos sirviendo para transportar cocaína.

*Se menciona que en Guatemala está acusado de negociados con minería ilegal.

*El 15 de abril, Interpol, por pedido de Estados Unidos, emite una orden de captura, con alerta roja, contra Machado. En ese documento de Interpol figura el detalle de los vuelos con cocaína en Guatemala, México, Colombia, Belice. Además, figuran las acusaciones de fraude con las compras y leasing de aviones. Como anticipó Página/12, por esta última cuestión también hay una causa en La Florida, con 22 damnificados. La jueza Beth Bloom  dictaminó que Machado debe pagar 179 millones de dólares a las víctimas del fraude.

Por ejemplo, Machado vendió un avión de Japan Airways que no estaba a la venta y lo mismo hizo con uno de Air India y otro de una línea privada de China.

Pato mirando para otro lado

Como se ve, los cargos contra Machado eran demoledores, con un informe de inteligencia señalando específicamente que financió la campaña de Espert. Podría alegarse que eran informes que estaban archivados desde 2021. Sin embargo, una y otra vez, Tailhade y Lacunza publicaron la foto de Espert con el avión de Machado y, sobre todo en el caso del periodista, muchísimo material proveniente de Estados Unidos.

Bullrich y Milei optaron por la amnesia. Bullrich mantuvo silencio sobre los informes. Milei borró aquella revelación que hizo en su momento: que Espert le ofreció una valija con 300.000 dólares para bajarse de su candidatura presidencial de 2019 y que Espert fuera el único candidato de la derecha liberal”.

La amnesia se terminó con una sucesión de golpes. Primero, la transferencia de 200.000 dólares de Machado a Espert. Luego los 36 vuelos de Espert pagados por Machado. En pocos días se demostró que las explicaciones de Espert eran mentiras y hasta apareció el contrato --simulado-- por el cual Machado iba a pagar un millón de dólares por una consultoría evidentemente trucha. Desde Guatemala llegó este fin de semana la información que Minas del Pueblo ni siquiera tenía actividad cuando se hizo aquel contrato.

No es casualidad que La Libertad Avanza siga peleando, hasta último momento, para que la cara de Espert no esté en la boleta única de papel el 26 de octubre. Tenían dos informes que les indicaban que no podía ni debía ser candidato. Pero los escondieron a ver si el financiamiento narco pasaba sin que nadie se diera cuenta. 

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Masacre de Trelew 

Bullrich, la negacionista, prohibió el homenaje a las víctimas

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se convirtió en una de las más feroces negacionistas. Tanto que ahora negó el permiso para que los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew realizaran la conmemoración que todos los años llevan a cabo en el Penal de Rawson, con motivo de cumplirse 53 años de la masacre que se produjo en la Base Aeronaval Almirante Zar, de Chubut. 

“Estamos muy enojadas, para decirlo diplomáticamente”, expresó Silvia Pecci, integrante de la organización del acto que recibió la noticia apenas unas horas antes de su realización. La negativa, para Pecci, representa otra prueba más del cambio de actitud que tuvo el gobierno libertario para con los espacios de memoria. Recordó que “el pabellón donde estuvieron los familiares hoy es una comunidad terapéutica donde las personas se recuperan de sus adicciones. Hemos compartido momentos muy gratos. Pero este año la ministra no lo autorizó", afirmó.

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Milei en guerra, conjuras policíales y la jefa de las SS de Trump

Con apoyo explícito de Estados Unidos y un alineamiento ideológico cada vez más extremo, Javier Milei profundiza su “guerra” contra la justicia social y la oposición, mientras una trama de espionaje, militarización política y vínculos turbios entre policías y candidatos libertarios revela el avance de un régimen que combina represión interna, injerencia extranjera y corrupción estructural.

Nicolás Lantos

“Estamos en guerra”, anunció el presidente Javier Milei en el discurso que dio este martes en Córdoba ante la audiencia del festival de ultraderecha Ni Uno Más o Menos. El enemigo son los “parásitos mentales” que “se alimentan de lo más noble que tiene la gente” y le contagian las ideas de “la justicia social”, “los derechos sociales” y “el estado benefactor”. A los parásitos, desde ya, hay que exterminarlos. 

El presidente tendrá el apoyo total del gobierno de Estados Unidos en esa guerra, como se encargó de dejar claro el futuro embajador, Peter Lamelas, en su audiencia ante el Senado, en la que también dejó saber que es voluntad de la Casa Blanca que Milei complete dos mandatos. Es un auxilio oportuno que llega justo cuando los planes de reemplazo empezaban a tomar forma en un sector de la élite local.

En la audiencia Lamelas expresó claramente cuál será su agenda: obstaculizar las inversiones chinas en áreas estratégicas a través del vínculo directo con las provincias, asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner siga presa y garantizar la estabilidad del régimen, que está verticalmente alineado con los objetivos y propósitos de Washington, más parecido a un vasallo que a un aliado.

La preocupación del embajador también fue explícita: “Hay todavía un movimiento allí, el movimiento kirchnerista, que está incluso a la izquierda del movimiento peronista, y es algo con lo que necesitamos seguir teniendo cuidado”, por lo que pidió “seguir apoyando a la presidencia de Milei a través de las elecciones de medio término y durante su segundo mandato para construir una mejor relación”.

La ayuda prometida ya está en marcha. El FMI finalmente aprobó la revisión del acuerdo en curso y en los próximos días puede destrabarse el desembolso de 2 mil millones de dólares. Pero eso es solamente una parte. Al mismo tiempo, y con el perfil bastante más bajo, hoy llega a Buenos Aires la poderosa secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump, Kristi Noem.

La visita

Noem está a cargo del ICE, la fuerza de Control de Inmigraciones y Aduanas, que encabeza los operativos de lo que Trump bautizó como “la mayor deportación de la historia”. En poco más de medio año ya fueron expulsadas de los Estados Unidos sin juicio previo más de 150 mil personas, muchas de ellas con destino a los campos de concentración alquilados por Nayib Bukele en El Salvador.

El ICE se ha convertido rápidamente en la fuerza de choque favorita de Trump. Gracias a una ley recientemente aprobada, su presupuesto creció 75 mil millones de dólares. Eso es más que la deuda argentina al FMI, más que todo el gasto militar de la India o más que el presupuesto del FBI, la DEA, el servicio federal de policía, la agencia de regulación de armas y el sistema penitenciario yanqui juntos.

Ese dinero estará destinado principalmente al reclutamiento de 10 mil nuevos agentes, a la construcción de nuevos “centros de detención” con capacidad para más de 100 mil personas, y a adquirir software especializado para espionaje interno, uno de los grandes negocios que está haciendo crecer las cuentas de los magnates de Silicon Valley en esta nueva etapa.

Es difícil explicar qué viene a hacer la jefa de las SS de Trump a la Argentina, pero esta clase de viajes de funcionarios de primera línea de la Casa Blanca que no pueden explicarse por la agenda oficial ya es costumbre desde que asumió Trump, a fines de enero. En abril hizo una visita express el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y en mayo el de Salud, Robert Kennedy Jr.

Noem será recibida por Milei y por su contraparte local, Patricia Bullrich, que esta semana quedó involucrada en la conjura de 24 policías bonaerenses con el candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección, Maximiliano Bondarenko, un excomisario devenido casta política con un prontuario bastante difícil de explicar. Es una especialidad de Bullrich: la utilización política de las fuerzas de seguridad.

La investigación.

Una investigación de Asuntos Internos descubrió un “grupo de acción política” con agentes en actividad, algo prohibido en todas las fuerzas policiales del mundo, que durante sus horas de trabajo y utilizando recursos oficiales hacían tareas de militancia partidaria por La Libertad Avanza y otras actividades incompatibles, algunas de las cuales exceden al reglamento policial y pueden ser materia penal. 

El grupo estaba coordinado por Bondarenko y su “compadre”, el comisario mayor Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, jefe de la división de Policía Ecológica, a través de un grupo de whatsapp, en el que se mencionan contactos directísimos con el ministerio de Seguridad y la Casa Rosada. En un mensaje, el candidato habla de una reunión “con el equipo de mesa chica de la ministra de Seguridad”.

De acuerdo a la investigación, los policías daban “asesoramiento en materia de seguridad” a dirigentes libertarios y facilitaban a legisladores y concejales de esa fuerza información sobre operativos policiales en curso, además de redactar notas, pedidos de informes y otras actividades incompatibles con la función policial. La denuncia habla incluso de “financiamiento” de la campaña con “plata negra”.

En función a los elementos secuestrados por la investigación, en el gobierno de la provincia sospechan que, además, existían planes para un “golpe comando institucional” para instalar al comisario mayor Ortiz Valenzuela en la conducción policial y que los agentes conjurados podían intentar alguna operación en los días previos a los comicios para perjudicar a los candidatos del peronismo.

Bondarenko

El excomisario que ahora encabeza la lista en la Tercera Sección es, sin lugar a dudas, un caso de casta de manual. Ingresó en la Policía Bonaerense en 1997 como cadete. En sus primeros años en la fuerza tuvo tres arrestos por “negligencia en el cumplimiento del deber” y “desobediencia a superiores”. No obstante a eso hizo una carrera meteórica enlazando ascensos difíciles de explicar.

Entre 1998 y 2004 pasó por los escalafones de oficial subayudante, oficial ayudante, oficial subinspector, oficial inspector, oficial principal, subcomisario y comisario. De acuerdo al reglamento, cada uno de esos puestos tiene un tiempo mínimo de permanencia de 3 o 4 años que se debe cumplir antes de un ascenso. Bondarenko, de alguna manera, pudo subir siete categorías en seis años.

Entre 2002 y 2007 trabajó para la custodia del gobernador Felipe Solá. Allí tendió sus primeros lazos con políticos como Emilio Monzó. También custodió a Néstor Kirchner. En 2008, recibió su último ascenso a comisario inspector. En 2010 le iniciaron un sumario por robo automotor, que se archivó por falta de pruebas. En 2012 es desafectado por Asuntos Internos pero consiguió que lo reincorporen.

En 2014 recibió una suspensión de 15 días por infracción al artículo 198 del Decreto 1050/09, sobre “faltas graves”, entre las que figuran “abandonar el servicio sin causa justificada”, “incumplir con la persecución o represión de la delincuencia”, “permitir la fuga de un detenido”, “la pérdida del armamento por negligencia grave” e “incumplir con el deber de guarda y conservación de los efectos secuestrados”.

En 2015 se sumó al PRO, de la mano de Monzó. Recibió a cambio un nombramiento en el RENAPER, al que asumió pidiendo licencia de la policía. En 2017 fue candidato a concejal en Florencio Varela por Juntos por el Cambio. En 2018 cuando el gobierno de Mauricio Macri empieza a flaquear, se abre de ese espacio y arma un monobloque, preservándose de la caída del PRO.

En 2021, para buscar la reelección, se acercó al espacio de Facundo Manes, que enfrentó en las PASO a Diego Santilli. Derrotado en la interna se quedó sin curro en el Concejo Deliberante, por lo que decidió terminar su licencia y volver a la policía. De allí lo rescató Sebastián Pareja, que lo había conocido cuando armaba en el conurbano para Monzó, y ahora es el delegado de Karina Milei.

En febrero de este año, Pareja designó a Bondarenko como responsable de La Libertad Avanza en Florencio Varela. Ya por entonces pensaban en volver a proyectarlo a la política electoral; en abril el comisario pidió su baja definitiva. Para la misma época se iniciaba el papeleo para el nombramiento de su esposa al frente de la oficina de ANSES en esa localidad. Otra caja para la guerra de Milei.

El compadre

Bondarenko es padrino del hijo de Ignacio Ortiz Valenzuela, el jefe de la Policía Ecológica que encabezaba la conjura bonaerense, y Ortiz Valenzuela es padrino del hijo de Bondarenko. Los dos viven en casas adyacentes, que construyeron al mismo tiempo, sobre dos terrenos cuya propiedad no pudieron demostrar. En el juicio por la ocupación cada uno salió de testigo por el otro.

En 2005 el compadre fue desafectado de la Bonaerense por el entonces jefe, León Arslanian. Se le imputaban “actos u omisiones que impliquen en forma directa o indirecta cualquier modo de corrupción” y “una grave afectación a la ética, el respeto, la integridad y la honestidad del funcionario”. No obstante, poco tiempo después asumió como director de fiscalización de Industrias de ACUMAR.

Su padrino en ACUMAR era el juez federal Luis Armella, encargado de ejecutar la limpieza del Riachuelo. En 2012, una investigación demostró que entre quienes recibieron contratos millonarios sin licitación por esa tarea había familiares del juez. La Corte Suprema decidió apartar a Armella de la causa e iniciar una investigación en el Consejo de la Magistratura, que nunca llegó a puerto.

Después de su experiencia en el Riachuelo, Ortiz Valenzuela consiguió no solamente ser reincorporado a la policía sino continuar su carrera hasta llegar a comisario mayor, al frente de la Policía Ecológica. Desde ese lugar (y hasta que fue apartado esta semana) tenía a cargo el control de las mismas empresas que controlaba cuando estaba a cargo de la seguridad de Acumar. Debe ser casualidad.

El Destape

Gravísimo: Bullrich aprueba hacer requisas a manifestantes antes de la marcha por CFK

La ministra de Seguridad también permitió la detención por diez días de personas para identificarlas justo en la semana en que se realiza una movilización por la expresidenta Cristina Kirchner.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprobó que, a partir de esta semana, la Policía Federal pueda hacer requisas a personas y vehículos que concurran a movilizaciones. Desde Nación implementan el cambio justo en la semana en que se convocó a una mega movilización para defender a Cristina Kirchner por su detención.

“Realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase”, reza el documento publicado en el Boletín Oficial.

A través del decreto 383/2025, en la modificación al Estatuto de la Policía Federal, indican que dichos procesos podrán realizarse cuando: existan circunstancias previas que “razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”, en caso de no ser posible esperar a la orden judicial “ante el peligro cierto de que desaparezcan pruebas que se intentan incautar” y para “operativos de prevención” en la vía pública o en lugares de acceso público, entre otros.

En esa línea remarcan que “resulta necesario” que la Policía Federal se encargue, principalmente, de investigar delitos federales y complejos y sostienen, en el mismo texto, “que, dada la importancia de este proceso de reforma, se considera conveniente explicitar los objetivos estratégicos”.

Entre los más destacados figuran: por un lado, se podrá requerir el “pago de los gastos ocasionados por tales servicios, así como por la seguridad contra incendios en aeropuertos u otros objetivos críticos”, deberá implementar y contar con un sistema de información que le dé respaldo y que a su vez, “con el fin de garantizar la eficacia y transparencia de los mecanismos de control institucionales, la Dirección General De Asuntos Internos (de PFA), además de depender de la institución policial, también tendrá un vínculo funcional con el Ministerio de Seguridad Nacional”. 

En medio de dicha reestructuración de la fuerza, sus misiones y funciones, “es menester actualizar la estructura orgánica de la Policía Federal Argentina, con el fin de que sea más eficiente, reducida y pueda responder mejor a su principal misión”, añadieron. Allí, el ministerio de Bullrich tendrá la tarea de “redefinir el perfil y cantidad de ingresantes” en la fuerza con el objetivo de, señalan, “adecuar las características del personal y de los escalafones acorde a sus nuevos objetivos”. Esto último, se da luego de que, semanas atrás, un efectivo de la Federal –recientemente recibido– disparó más de 11 tiros en segundos y se llevó la vida de Thiago Correa.

“Asimismo, se propicia crear un Programa Presupuestario de Modernización de la PFA” bajo las órdenes de la misma Bullrich quien “podrá invertir en bienes y soluciones tecnológicas, el cual será financiado con el ahorro producido por la reducción de la cantidad de ingresantes”, explican. Y que dicha asignación de recursos deberá ser actualizado.

Sobre el cierre del decreto, que oficializa el nuevo estatuto de la Policía Federal, señalan como principales objetivos: actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión; priorizar y reasignar recursos conforme a las nuevas necesidades; fortalecer el sistema de recursos humanos con el fin de contar con personal competente, motivado y altamente capacitado; modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación; adquirir y utilizar en forma efectiva las Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnología Forense; y fortalecer la gobernanza y liderazgo de la Fuerza.

“Instrúyese al Ministerio De Seguridad Nacional a disponer la reestructuración, traslado y reasignación de recursos y de personal de las áreas que no sean prioritarias, de acuerdo con las nuevas misiones de la Policía Federal Argentina”, sentencian. Es decir, deberán priorizar la asignación de recursos, personal y equipamiento a las áreas establecidas como “estratégicas” por el propio Gobierno nacional.

El Destape

El exmarino ya pidió una "celda individual"

Bullrich apura el envío de Astiz y otros represores a la cárcel VIP de Campo de Mayo

El Servicio Penitenciario Federal informó que quiere vaciar el complejo de Ezeiza donde están alojados y donde recibieron el año pasado la visita de diputados oficialistas.

Luciana Bertoia

Patricia Bullrich quiere sacar a los represores del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde los visitaron el año pasado diputados de La Libertad Avanza (LLA), y trasladarlos a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que los organismos de derechos humanos denuncian como una cárcel VIP. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó de su intención a distintos tribunales de Comodoro Py. Alfredo Astiz ya pidió que le asignen una celda individual.

El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del SPF, Gabriel Esteban Aquino, le informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires que querían vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza. El argumento invocado es que hay sobrepoblación carcelaria y que se necesitan esas plazas para alojar a mujeres.

El Complejo VII está dividido en dos áreas: una destinada a mujeres y otra destinada mayoritariamente a condenados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la información que proporcionó Aquino, la unidad tiene 585 plazas y hay actualmente 506 internas. Dijo que hay 371 mujeres a la espera de ingresar al SPF. Según la versión del SPF, ese complejo pasará la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que viene alojando a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas.

Lo que quiere hacer Bullrich es vaciar los pabellones 5,7 y 8, donde hay 19 represores presos. En ese sentido, el SPF le informó al TOF 5 –que juzgó los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-- que propiciaría el traslado hacia Campo de Mayo de Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.

Astiz, Cavallo y Pernías reclamaron celdas individuales para que no se “agraven” sus condiciones de detención, lo que implica que ya las tenían, y que les permitan seguir usando Skype para comunicarse con sus familias. El TOF 5 respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos.

El TOF 2 –que juzgó los crímenes en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo– recibió una comunicación similar para Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. Avena, por ejemplo, se resiste a que lo manden a Campo de Mayo. Pidió ser trasladado a la Unidad 19 del SPF, que son unas casitas que están instaladas en Ezeiza.

Desde el Ministerio de Seguridad contestan que la Unidad 34 tiene todas las comodidades y que enviarán también a los celadores que los trataban en Ezeiza. Remarcan también la proximidad con el Hospital Militar de Campo de Mayo.

Hay otros represores que están alojados en esos pabellones como Manuel Cordero Piacentini, condenado por los crímenes del Plan Cóndor, o Marcelo Cinto Courtaux, oficial de inteligencia condenado por los secuestros, desapariciones y asesinatos de militantes montoneros que participaban de la Contraofensiva. El hijo homónimo de Cinto Courtaux trabaja con Victoria Villarruel en el Senado. Por lo que pudo saber Página/12, el SPF no solicitó todavía su traslado a los tribunales que los tienen a su cargo.

“Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia”, remarcaron desde H.I.J.O.S Capital al dar a conocer la intentona de Bullrich. “La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas”, añadieron.

“La decisión de Bullrich de trasladar a los genocidas de la cárcel de Ezeiza, donde ya gozan de condiciones de detención de privilegio, al lugar de detención de Campo de Mayo –al que no se puede llamar cárcel– es un paso más en el camino iniciado por el actual gobierno para lograr la impunidad de los genocidas y mentir sistemáticamente sobre la dictadura militar, el terrrorismo de Estado y la desaparición de personas”, afirma Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas tras la infiltración de Astiz.

Osvaldo Barros estuvo secuestrado en la ESMA junto a su compañera. “Nosotros repudiamos la decisión de Bullrich. Son avances hacia la impunidad de los genocidas. Campo de Mayo es una cárcel VIP y los genocidas deben estar en las cárceles comunes”, resalta el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).

La Unidad 34 por dentro. Informe SDH.

 

 

Una cárcel VIP

La Unidad 34 de Campo de Mayo funciona en lo que era la cárcel de encausados. Tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, se reactivó como lugar de detención para represores. Cuando era ministra de Defensa, Nilda Garré pidió en varias oportunidades su cierre. Recién se clausuró en 2013 después de que dos represores, Gustavo de Marchi y Jorge Antonio Olivera, pidieron ser trasladados desde San Juan a Campo de Mayo para atenderse en el Hospital Militar y, de paso, fugarse. 

“Peleamos mucho para que los saquen de ahí. Lo planteamos en el juicio de la causa ESMA porque pusimos el ejemplo del prefecto Héctor Febres, que había aparecido muerto en la celda de Prefectura. Habíamos logrado demostrar que las condiciones de privilegio de Febres habían llevado a su asesinato”, dice la abogada Myriam Bregman.

En 2016, el gobierno de Mauricio Macri decidió reabrir la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Hubo un aluvión de pedidos de represores de todo el país para ser trasladados allí. En la actualidad, hay 52 detenidos, pese a que la Unidad 34 tiene capacidad para 115.

El gimnasio de la U34. Informe SDH.

 

 

Un relevamiento que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti mostró las condiciones diferenciales en las que se encuentran quienes están detenidos en la U34. Gozan, entre otras comodidades, de canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y un gimnasio con aparatos. Hay una heladera cada dos internos y hay varios represores que tienen un televisor en sus habitaciones.

Según el SPF le informó al juez Adrián Grünberg, del TOF1, hay una variedad importante de entretenimientos para los presos de Campo de Mayo: desde espacio de deportes hasta talleres de teatro, historia, filosofía, reeducación postural y stretching (estiramiento).

El plan de impunidad

Bullrich, que ahora promueve la reunificación de los detenidos por lesa, dio de baja las recompensas para encontrar a los prófugos por crímenes cometidos durante la última dictadura. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había publicado en La Nación --durante la campaña-- que estaban trabajando en una propuesta para que no hubiera detenidos mayores de 70 años. Por ahora, ninguna iniciativa funcionó. Ni un "plenario" de Casación que dijera que la prisión domiciliaria es automática a partir de los 70 años ni un hábeas corpus presentado en un fuero amigable.

Según diputados que el año pasado fueron a Ezeiza a reunirse con Astiz y compañía, Bullrich funcionó como una facilitadora para el ingreso. Al jefe del SPF, Fernando Martínez, lo calificaron como un "excelente colaborador".

En Campo de Mayo, los represores también recibieron visitas. En marzo del año pasado, Luis Petri mandó a dos de sus funcionarios. Días después desmanteló los equipos que relevaban archivos  de las Fuerzas Armadas y los aportaban a las causas de lesa. Beltrán Benedit y Alida Ferreyra, dos de los legisladores que integraron la comitiva que participó del cónclave en Ezeiza, también fueron a charlar con los represores de la Unidad 34.

Las canchas de tenis de Campo de Mayo. Informe SDH.

 

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