“Estamos en guerra”, anunció el presidente Javier Milei en el discurso que dio este martes en Córdoba ante la audiencia del festival de ultraderecha Ni Uno Más o Menos. El enemigo son los “parásitos mentales” que “se alimentan de lo más noble que tiene la gente” y le contagian las ideas de “la justicia social”, “los derechos sociales” y “el estado benefactor”. A los parásitos, desde ya, hay que exterminarlos.
El presidente tendrá el apoyo total del gobierno de Estados Unidos en esa guerra, como se encargó de dejar claro el futuro embajador, Peter Lamelas, en su audiencia ante el Senado, en la que también dejó saber que es voluntad de la Casa Blanca que Milei complete dos mandatos. Es un auxilio oportuno que llega justo cuando los planes de reemplazo empezaban a tomar forma en un sector de la élite local.
En la audiencia Lamelas expresó claramente cuál será su agenda: obstaculizar las inversiones chinas en áreas estratégicas a través del vínculo directo con las provincias, asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner siga presa y garantizar la estabilidad del régimen, que está verticalmente alineado con los objetivos y propósitos de Washington, más parecido a un vasallo que a un aliado.
La preocupación del embajador también fue explícita: “Hay todavía un movimiento allí, el movimiento kirchnerista, que está incluso a la izquierda del movimiento peronista, y es algo con lo que necesitamos seguir teniendo cuidado”, por lo que pidió “seguir apoyando a la presidencia de Milei a través de las elecciones de medio término y durante su segundo mandato para construir una mejor relación”.
La ayuda prometida ya está en marcha. El FMI finalmente aprobó la revisión del acuerdo en curso y en los próximos días puede destrabarse el desembolso de 2 mil millones de dólares. Pero eso es solamente una parte. Al mismo tiempo, y con el perfil bastante más bajo, hoy llega a Buenos Aires la poderosa secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump, Kristi Noem.
La visita
Noem está a cargo del ICE, la fuerza de Control de Inmigraciones y Aduanas, que encabeza los operativos de lo que Trump bautizó como “la mayor deportación de la historia”. En poco más de medio año ya fueron expulsadas de los Estados Unidos sin juicio previo más de 150 mil personas, muchas de ellas con destino a los campos de concentración alquilados por Nayib Bukele en El Salvador.
El ICE se ha convertido rápidamente en la fuerza de choque favorita de Trump. Gracias a una ley recientemente aprobada, su presupuesto creció 75 mil millones de dólares. Eso es más que la deuda argentina al FMI, más que todo el gasto militar de la India o más que el presupuesto del FBI, la DEA, el servicio federal de policía, la agencia de regulación de armas y el sistema penitenciario yanqui juntos.
Ese dinero estará destinado principalmente al reclutamiento de 10 mil nuevos agentes, a la construcción de nuevos “centros de detención” con capacidad para más de 100 mil personas, y a adquirir software especializado para espionaje interno, uno de los grandes negocios que está haciendo crecer las cuentas de los magnates de Silicon Valley en esta nueva etapa.
Es difícil explicar qué viene a hacer la jefa de las SS de Trump a la Argentina, pero esta clase de viajes de funcionarios de primera línea de la Casa Blanca que no pueden explicarse por la agenda oficial ya es costumbre desde que asumió Trump, a fines de enero. En abril hizo una visita express el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y en mayo el de Salud, Robert Kennedy Jr.
Noem será recibida por Milei y por su contraparte local, Patricia Bullrich, que esta semana quedó involucrada en la conjura de 24 policías bonaerenses con el candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección, Maximiliano Bondarenko, un excomisario devenido casta política con un prontuario bastante difícil de explicar. Es una especialidad de Bullrich: la utilización política de las fuerzas de seguridad.
La investigación.
Una investigación de Asuntos Internos descubrió un “grupo de acción política” con agentes en actividad, algo prohibido en todas las fuerzas policiales del mundo, que durante sus horas de trabajo y utilizando recursos oficiales hacían tareas de militancia partidaria por La Libertad Avanza y otras actividades incompatibles, algunas de las cuales exceden al reglamento policial y pueden ser materia penal.
El grupo estaba coordinado por Bondarenko y su “compadre”, el comisario mayor Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, jefe de la división de Policía Ecológica, a través de un grupo de whatsapp, en el que se mencionan contactos directísimos con el ministerio de Seguridad y la Casa Rosada. En un mensaje, el candidato habla de una reunión “con el equipo de mesa chica de la ministra de Seguridad”.
De acuerdo a la investigación, los policías daban “asesoramiento en materia de seguridad” a dirigentes libertarios y facilitaban a legisladores y concejales de esa fuerza información sobre operativos policiales en curso, además de redactar notas, pedidos de informes y otras actividades incompatibles con la función policial. La denuncia habla incluso de “financiamiento” de la campaña con “plata negra”.
En función a los elementos secuestrados por la investigación, en el gobierno de la provincia sospechan que, además, existían planes para un “golpe comando institucional” para instalar al comisario mayor Ortiz Valenzuela en la conducción policial y que los agentes conjurados podían intentar alguna operación en los días previos a los comicios para perjudicar a los candidatos del peronismo.
Bondarenko
El excomisario que ahora encabeza la lista en la Tercera Sección es, sin lugar a dudas, un caso de casta de manual. Ingresó en la Policía Bonaerense en 1997 como cadete. En sus primeros años en la fuerza tuvo tres arrestos por “negligencia en el cumplimiento del deber” y “desobediencia a superiores”. No obstante a eso hizo una carrera meteórica enlazando ascensos difíciles de explicar.
Entre 1998 y 2004 pasó por los escalafones de oficial subayudante, oficial ayudante, oficial subinspector, oficial inspector, oficial principal, subcomisario y comisario. De acuerdo al reglamento, cada uno de esos puestos tiene un tiempo mínimo de permanencia de 3 o 4 años que se debe cumplir antes de un ascenso. Bondarenko, de alguna manera, pudo subir siete categorías en seis años.
Entre 2002 y 2007 trabajó para la custodia del gobernador Felipe Solá. Allí tendió sus primeros lazos con políticos como Emilio Monzó. También custodió a Néstor Kirchner. En 2008, recibió su último ascenso a comisario inspector. En 2010 le iniciaron un sumario por robo automotor, que se archivó por falta de pruebas. En 2012 es desafectado por Asuntos Internos pero consiguió que lo reincorporen.
En 2014 recibió una suspensión de 15 días por infracción al artículo 198 del Decreto 1050/09, sobre “faltas graves”, entre las que figuran “abandonar el servicio sin causa justificada”, “incumplir con la persecución o represión de la delincuencia”, “permitir la fuga de un detenido”, “la pérdida del armamento por negligencia grave” e “incumplir con el deber de guarda y conservación de los efectos secuestrados”.
En 2015 se sumó al PRO, de la mano de Monzó. Recibió a cambio un nombramiento en el RENAPER, al que asumió pidiendo licencia de la policía. En 2017 fue candidato a concejal en Florencio Varela por Juntos por el Cambio. En 2018 cuando el gobierno de Mauricio Macri empieza a flaquear, se abre de ese espacio y arma un monobloque, preservándose de la caída del PRO.
En 2021, para buscar la reelección, se acercó al espacio de Facundo Manes, que enfrentó en las PASO a Diego Santilli. Derrotado en la interna se quedó sin curro en el Concejo Deliberante, por lo que decidió terminar su licencia y volver a la policía. De allí lo rescató Sebastián Pareja, que lo había conocido cuando armaba en el conurbano para Monzó, y ahora es el delegado de Karina Milei.
En febrero de este año, Pareja designó a Bondarenko como responsable de La Libertad Avanza en Florencio Varela. Ya por entonces pensaban en volver a proyectarlo a la política electoral; en abril el comisario pidió su baja definitiva. Para la misma época se iniciaba el papeleo para el nombramiento de su esposa al frente de la oficina de ANSES en esa localidad. Otra caja para la guerra de Milei.
El compadre
Bondarenko es padrino del hijo de Ignacio Ortiz Valenzuela, el jefe de la Policía Ecológica que encabezaba la conjura bonaerense, y Ortiz Valenzuela es padrino del hijo de Bondarenko. Los dos viven en casas adyacentes, que construyeron al mismo tiempo, sobre dos terrenos cuya propiedad no pudieron demostrar. En el juicio por la ocupación cada uno salió de testigo por el otro.
En 2005 el compadre fue desafectado de la Bonaerense por el entonces jefe, León Arslanian. Se le imputaban “actos u omisiones que impliquen en forma directa o indirecta cualquier modo de corrupción” y “una grave afectación a la ética, el respeto, la integridad y la honestidad del funcionario”. No obstante, poco tiempo después asumió como director de fiscalización de Industrias de ACUMAR.
Su padrino en ACUMAR era el juez federal Luis Armella, encargado de ejecutar la limpieza del Riachuelo. En 2012, una investigación demostró que entre quienes recibieron contratos millonarios sin licitación por esa tarea había familiares del juez. La Corte Suprema decidió apartar a Armella de la causa e iniciar una investigación en el Consejo de la Magistratura, que nunca llegó a puerto.
Después de su experiencia en el Riachuelo, Ortiz Valenzuela consiguió no solamente ser reincorporado a la policía sino continuar su carrera hasta llegar a comisario mayor, al frente de la Policía Ecológica. Desde ese lugar (y hasta que fue apartado esta semana) tenía a cargo el control de las mismas empresas que controlaba cuando estaba a cargo de la seguridad de Acumar. Debe ser casualidad.
El Destape
