Diputados oficialistas y opositores de ese organismo firmaron documento para que se presente ante justicia argentina

Por falta de quórum el Parlasur no pudo tratar el pedido de expulsión de "Pepín" Rodríguez Simón

El Parlasur tenía previsto este lunes tratar el pedido de expulsión del operador judicial y parlamentario de Juntos por el Cambio Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay desde 2020, pero no pudo hacerlo por falta de quórum. 

Para expulsar a Rodríguez Simón se necesitaban 77 votos afirmativos, pero la cantidad de parlamentarios presentes, inferior a ese número, solo le permitió al cuerpo votar proyectos de declaración.

La sesión ordinaria 86 del Parlasur inauguró la presidencia a cargo de la parlamentaria del Frente de Todos Cecilia Britto, primera mujer en dirigir el órgano legislativo regional. 

En tanto, parlamentarios argentinos del Mercosur firmaron una solicitud para que el exasesor judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón se presente ante la Justicia federal argentina en la causa que investiga el armado de una mesa judicial que presionaba a empresarios, entre ellos a los del Grupo Indalo. También se investiga la supuesta persecución a jueces y fiscales durante la gestión de Juntos por el Cambio (2015-2019).

"Entró por secretaría parlamentaria un proyecto donde la mayoría de las fuerzas políticas de Argentina, con excepción de un parlamentario, está exhortando al parlamentario Rodríguez Simón a que se presente a la justicia de su país", dijo la presidenta del Parlamento del Mercosur (Parlasur), la diputada del Frente de Todos (FdT) Cecilia Britto.

Pese a que era uno de los temas del orden del día de la 86ta. sesión ordinaria, Britto explicó a Télam que la expulsión de Rodríguez Simón quedó nuevamente postergada por no haber suficientes legisladores para tratar la medida.

"Logramos que firmen una solicitud para que se presente en 10 días ante la Justicia", agregó sobre la jornada que se realizó hoy al mediodía en la ciudad de Montevideo.

Entre ellas se encuentra la firma de la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) María Luisa Storani, quien remarcó durante su disertación que la Justicia "no es buena para unos y mala para otros" sino que "todos" deben someterse a ella.

"Nosotros pedimos que Rodríguez Simón se presente en la Justicia argentina", subrayó Storani. La también vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) aseguró que "no había número" de parlamentarios para tratar su expulsión.

Por su lado, el diputado del FdT Gastón Harispe pidió que su destitución "sea tenida en cuenta para las próximas sesiones".

"Sobre él pesa un pedido de destitución que espera a ser tratado cuando se cuente con quórum de mayoría agravada", indicó Harispe en sus redes. También la parlamentaria de ese mismo partido Julia Perié pidió la expulsión del exasesor judicial.

"Este Parlasur tiene que tener cada vez más institucionalidad, más representatividad por eso considero que denigran al Parlasur personajes como 'Pepín' Rodríguez Simón que debería ser expulsado", afirmó.

Sesión del Parlasur

Durante el tiempo de intervenciones libres, parlamentarios de Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina tomaron la palabra para advertir sobre la debilidad de la democracia en la región y la importancia de que los parlamentarios sean elegidos por voto popular, como ocurrirá en octubre próximo en la Argentina, a diferencia de las recientes elecciones en Paraguay.  

También se condenó la "proscripción" de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la situación que atraviesan Ecuador y Perú, y se saludó la presencia de una delegación de Venezuela, en busca de regularizar su situación en incorporar parlamentarios en el organismo regional. 

Además, los parlamentarios llamaron a la unidad de la región no solo en lo comercial sino también en lo político, para establecer estrategias de defensa de los recursos regionales, un llamado que coincide con la reunión de jefes de Estado de la Unasur que se realizará mañana en Brasil. 

Pepín Rodríguez Simón sigue prófugo

Hace más de dos años que el operador judicial del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón está prófugo de la justicia argentina, con pedido de captura internacional. A principios de marzo, un equipo periodístico del canal C5N pudo filmarlo en su larga y cómoda estadía en Uruguay. Lo encontraron caminando en las calles de Punta del Este, en la zona conocida como "La Barra", donde es propietario de una casa. 

El ex asesor y operador judicial de Mauricio Macri se quedó en suelo uruguayo desde diciembre de 2020, país donde también reside la sede del Parlasur. La jueza federal María Servini de Cubría lo imputó como parte de la mesa judicial de Cambiemos que  "mediante hostigamiento y ahogo financiero" persiguió al Grupo Indalo durante la gestión macrista. 

Servini lo citó a declaración indagatoria y el 19 de mayo de 2021 lo declaró en rebeldía, luego de que Rodríguez Simón anunciara que permanecería en Uruguay y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga. La jueza señaló al declararlo en rebeldía que “Pepín” dio “sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor”, quien definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.

El 25 de mayo de 2021, la justicia uruguaya recibió el exhorto de la jueza argentina solicitando la inmediata detención y extradición de “Pepín”, quien al día siguiente constituyó domicilio en Uruguay y comunicó que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un “refugiado político”, pedido que fue rechazado en todas las instancias judiciales, a pesar de una nueva dilación de la defensa de Rodríguez.  

Qué dijo la Comisión de Refugiados

El 3 de agosto del año pasado, después de escuchar a Rodríguez Simón, la CORE concluyó que el temor de ser un “perseguido político” no tenía fundamentos y que no cumplía con los requerimientos para ser reconocido como refugiado pues en la Argentina cuenta con todas las garantías del debido proceso.

El 23 de diciembre de 2021, en base a ese informe, la jueza penal Adriana Chamsarián dispuso “no hacer lugar a la solicitud de refugio”, decisión que confirmó el 17 de junio de 2022 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Montevideo. Esa decisión fue apelada por la defensa del operador macrista y fue rechazada por la Corte Suprema de Uruguay.

A pesar de esa decisión, Rodríguez Simón continúa en suelo uruguayo sin ser extraditado, con su pasaporte secuestrado por las autoridades uruguayas y con la disposición de un "cierre de fronteras" para su salida, que en caso de hacer a través de fronteras legales debería someterse a la justicia argentina por la declarada alerta roja de Interpol.

Es que la defensa del operador judicial del macrismo presentó el 7 de diciembre pasado una segunda solicitud de refugio que aún está en trámite tomando como argumentos de la persecución política las menciones que hizo sobre él la vicepresidenta Cristina Kirchner --en su respuesta ante la condena por la Causa Vialidad-- y también el juicio político que se le inició a la Corte Suprema en la Cámara de Diputados, donde Rodríguez Simón aparece mencionado en algunos expedientes. 

"Hechos nuevos que prueban claramente la persecución política sufrida por mi cliente", los llamó Jorge Díaz, abogado de Rodríguez Simón, quien sostuvo que esa segunda solicitud de refugio en trámite detiene el proceso penal de extradición. 

Pagina12

 

Se reactiva el pedido de expulsión de Rodríguez Simón

“Un prófugo no puede integrar el Parlasur”

Melisa Molina

El rechazo de la Corte Suprema de Uruguay al pedido de refugio del prófugo macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, reactivó el proceso de expulsión del Parlamento del Mercosur que integra el operador judicial del entonces gobierno de Mauricio Macri. "Es una afrenta para todos los parlamentarios que una persona que está prófuga siga siendo parte del cuerpo", aseguró la legisladora del Parlasur por el FdT, Elena Corregido. Por otra parte, se espera que la justicia argentina insista con el pedido de extradición que, según afirmó a Página/12 el ministro de Justicia Martín Soria, debe acelerarse para que se pueda "esclarecer la forma en que el gobierno de Macri manipuló y presionó a la justicia a través de las mesas judiciales".

Ahora, la jueza de primera instancia de Uruguay, Adriana Chamsarián, deberá reanudar el proceso de extradición que fue pedido por la jueza federal de la Argentina, María Servini, quien ordenó la detención de Rodríguez Simón en 2021 para indagarlo por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo. En esa línea, el ministro de Justicia, añadió que el fallo de la Corte uruguaya no lo sorprendió "porque no hace otra cosa que ratificar los fallos del Juzgado Penal de Crimen Organizado y del Tribunal de Apelaciones del hermano país", sino que "lo sorprendente es que todo Juntos por el Cambio, no solo el macrismo, guarde silencio cómplice y continúe protegiendo al prófugo de Montevideo".

Rodríguez Simón está prófugo de la justicia desde hace más de dos años. Hace 15 días fue localizado por periodistas de C5N cuando circulaba por el balneario La Barra en Punta del Este y, a pesar del pedido de captura de Interpol con alerta roja, no fue detenido. El ex asesor de Macri estaba convocado a declarar este martes como testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, pero no se presentó con la excusa de estar tramitando su solicitud de refugio. Quiso la casualidad que este mismo martes la Corte de Uruguay le rechazara la solicitud.

Una vez rechazado el pedido de asilo, la jueza uruguaya de primera instancia deberá hacer lugar o rechazar el pedido de extradición de Rodríguez Simón. El problema es que, según trascendió desde Uruguay, esa definición será apelable en dos instancias: por Casación y luego por la Corte Suprema, por lo cuál, abre un proceso que puede llegar a durar entre uno y tres años. Cualquier definición, en tal caso, será una decisión política que quedará en manos del Poder Ejecutivo de ese país. "Esto es una afrenta al estado de derecho en la Argentina", dijo Corregido durante una entrevista a la AM750.

Según el ministro Soria, "la decisión del máximo tribunal de Justicia de Uruguay pone punto final a la mentira de JxC: El operador judicial macrista, Rodríguez Simón, nunca fue un perseguido político, siempre fue un prófugo de la justicia argentina". El titular de la cartera de Justicia agregó que "nunca debemos olvidar que él estuvo detrás de las medidas que tomó Mauricio Macri que degradaron al Poder Judicial y lo hundieron en el desprestigio que actualmente tiene frente a la sociedad. Entre otras cosas fue el impulsor de los decretos que nombraron en diciembre de 2016 a Rosatti y Rosenkratz en la Corte Suprema; él, junto a Stornelli y Bonadio, armó causas truchas y usó a la AFIP para perseguir y extorsionar a empresarios y a C5N".

Cecilia Britto, parlamentaria del Mercosur por el FdT, aseguró a este diario que "lo que hizo la Corte es rechazar un recurso de casación porque 'Pepín', entre otros argumentos, dice que se violaron garantías de defensa. Ahora la Corte deberá volver a analizar el expediente para definitivamente ratificar o no si está correcta la decisión de la Comisión de Refugiados (CORE), que dijo que Rodríguez Simón no es un perseguido político en la Argentina, por ende no le asiste el derecho de refugiado. Todavía la Corte no resolvió el fondo de la cuestión, lo que nos parece muy grave porque si para resolver un recurso tardó casi un año, no sabemos cuánto puede tardar para hacer el resto". 

En esa línea, Britto añadió que "para que le den la condición de asilo tiene que demostrar que es un perseguido político y en tres instancias ya le dijeron que no reviste esa condición y que no hay elementos para pensar eso". Además, resaltó la complicidad del gobierno del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, al decir que "no podemos pensar que sigue en Uruguay más de dos años prófugo sin asistencia, sin complicidad, ayuda de los sectores que hoy manejan la política en Uruguay". 

La semana pasada un medio de comunicación uruguayo denunció censura luego de publicar en su portal una investigación que dejaba en evidencia justamente los vínculos que existirían entre el gobierno de Uruguay y Rodríguez Simón. Allí, los periodistas consignaban, por ejemplo, que la mansión de lujo denominada "La Colorada", en donde vive el prófugo, estaba ubicada al lado de la casa de la madre del presidente Lacalle Pou. 

El senador Oscar Parrilli, en la intervención que hizo el martes en el marco del tercer Foro por los Derechos Humanos que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner, presentó diapositivas con las caras y pequeñas biografías de los jueces y fiscales que persiguen a Cristina Fernández de Kirchner. En esa descripción marcó a Pepín Rodríguez Simón, no como uno más, sino como aquel que los organizó a todos los mencionados para llevar adelante el proceso de lawfare en contra de la vicepresidenta.

"Era hora", dijo Parrilli a Página/12 en referencia a la decisión de la Corte uruguaya. "Se demoraron tres años. Todos sabían dónde estaba. Ahora espero que no se fugue a otro país y que el gobierno de Lacalle Pou no lo apañe y apoye como hasta ahora, que lo ayudó a esconderse", agregó. En esa línea, sumó que "Pepín Rodríguez es el jefe de una organización montada para perseguir a dirigentes opositores, que culminó con la proscripción de Cristina y que conocemos como Lawfare".

El exasesor de Macri vive en Uruguay desde fines de 2020. La jueza Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo de 2021, luego de que anunciara su nuevo destino y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga el "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción”, según reza la imputación.

Pagina 12

 

Con las horas contadas en el Parlasur: Pepín Simón cerca de su expulsión

La Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del organismo debe abordar el tema en una reunión prevista de manera virtual. Para lograr el quorum debe conectarse al menos un parlamentario de cada país.

La Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur buscará este miércoles avanzar con el tratamiento de la expulsión de ese cuerpo del parlamentario Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien fuera declarado en rebeldía por la justicia argentina tras no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión.

La reunión de comisión está convocada para las 8.30 y se llevará a cabo de manera virtual, de modo que habrá quorum si a la hora señalada se conectan al menos un parlamentario de cada país miembro del Parlasur, según explicaron fuentes de ese organismo que recordaron que los últimos dos intentos naufragaron porque los parlamentarios de Brasil no se presentaron.

La eventual expulsión de "Pepín" del parlamento sudamericano cuenta con el aval de, al menos, seis de los diez miembros de la comisión por lo que las fuentes consultadas por esta agencia estimaron que si se logra el quórum no habrá mayor dificultad para que sea firmado el dictamen de mayoría en esa dirección.

El dictamen impulsado por el oficialismo argentino sostiene que Rodríguez Simón debería perder su mandato como parlamentario del Mercosur porque incurrió "graves actos de falta de decoro", al haber sido declarado en rebeldía por parte de la jueza María Romilda Servini, quien lo convocó a indagatoria en la causa en la que se investigan la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo.

"El Pleno del Parlamento del Mercosur no es ni juez ni parte para meritar los hechos ilícitos que se le endilgan al Sr. Rodríguez Simón, sin embargo, tiene el deber de velar por una conducta decorosa de sus miembros", sostiene el dictamen, según le adelantaron a Télam fuentes parlamentarias que explicaron que lo que se le reclama es no haberse presentado en la causa en la que fue requerido.

El dictamen que promueve la destitución de Rodríguez Simón fue alcanzado luego de que se activaran los mecanismos necesarios dentro del Parlasur, es decir que se reuniera la prueba y que el propio "Pepín" ofreciera un descargo en el que sostuvo que es víctima de una persecución.

En caso de que la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur logre sesionar hoy, se prevé que serán firmados los dictámenes de mayoría y de minoría que luego serán remitidos a la mesa directiva para luego ser tratado en una sesión plenaria.

Para disponer la expulsión de uno de sus miembros, el Parlamento del Mercosur debe reunir 77 votos, las dos terceras partes de sus miembros.

En Orsai

 

El principal asesor judicial de Mauricio Macri

Escándalo en el Parlasur: aunque está prófugo, Pepín Rodríguez Simón quiso hacer de diputado... y no lo dejaron

Rodríguez Simón está prófugo de la justicia argentina, acusado de operar con jueces, fiscales y espías para perseguir opositores durante su gobierno. Igual se presentó en la primera reunión presencial del Parlasur en Montevideo, adonde está refugiado desde que se escapó. Hasta la UCR le reclamó que se entregue.

Irina Hauser

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien sigue recluido en Uruguay para esquivar a la Justicia argentina, apareció en forma sorpresiva en la sesión de este lunes del Parlamento del Mercosur, en Montevideo, y tuvo que retirarse en medio de abucheos y un fuerte repudio. "¡Simón es un prófugo!" "¡Entregate!", le gritaban con cánticos. La primera en reaccionar fue la parlamentaria Elena Corregido (Frente de Todos): "No podemos consentir que un prófugo de la Justicia argentina, donde existe la democracia y se respeta el Estado de Derecho, esté sentado aquí decidiendo cuestiones vitales para los países de la región", advirtió, y fue aplaudida. 

Pero el llamado de atención vino también desde adentro de Juntos por el Cambio, cuando María Luisa Storani subrayó que, como vicepresidenta de la UCR y en nombre del partido, le pedía "encarecidamente" "que se presente ante la Justicia". Este jueves la Comisión de Presupuesto y Etica votaría un dictamen para expulsarlo del cuerpo.

• El momento en que Pepín fue abucheado en el Parlasur

A diferencia de sesiones anteriores del Parlasur esta fue presencial, por eso causó mayor perplejidad la aparición en persona del exoperador macrista. En otra ocasión se había metido en el Zoom, algo que era más esperable. Después de escuchar a Corregido, pidió derecho a réplica. En un comienzo, el presidente del parlamento, el paraguayo Tomás Bittar, atinó a permitirle hablar, pero despertó el enojo de varios miembros que estallaron en cadena. Pepín aprovechó para colar unas palabras, pegado al micrófono, lo que hacía que su voz retumbara por demás mientras despotricaba ironías sobre el "espíritu democrático y republicano". "¡No estoy prófugo!", gritaba. Bittar, desbordado y enojado, llamó a un cuarto intermedio después del cual Rodríguez Simón insistió: "¿Entonces tengo mis tres minutos?". Frente a su pregunta volvió a resonar el rechazo en la sala, con silbidos y abucheos.

Oscar Laborde (Frente de Todos) tomó la palabra y recordó que está todo dado para que el jueves se reúna la Comisión de donde saldrá el dictamen con una propuesta sobre el futuro de Rodríguez Simón. La posición mayoritaria propone expulsarlo y la minoritaria tolera su permanencia. "Que se inhiba de hablar hasta que la comisión se expida", pidió Laborde. Ahí Bittar, ya con decisión, omitió a Pepín, que se enfureció.

-- Le agradezco la invitación a autocensurarme --volvió a pegarse al micrófono.

Lo que probablemente el exasesor de Mauricio Macri no esperaba fue la exposición que vino apenas después. "Como vicepresidenta de la Unión Cívica Radical recientemente asumida, quiero pedirle al señor Rodríguez Simón, porque además es miembro de un partido político del cual formamos coalición con el radicalismo, que se presente en la Justicia argentina, que en la Argentina se vive un Estado de Derecho y que él tiene la posibilidad de defenderse", planteó ante el parlamento María Luisa Storani. Repitió esta última frase con un subrayado: "le pido encarecidamente". Después de eso a "Pepín" no le quedó otra opción que retirarse del recinto. 

La situación del operador

Rodríguez Simón se escapó a Uruguay hace un año y cuatro meses, tras quedar imputado en una causa donde se le atribuyen amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo, que muestra cómo funcionaba la mesa judicial macrista. A la jueza María Servini le presentó pasajes dando cuenta de su supuesto regreso, pero se quedó en el país vecino y allí pidió refugio ante el llamado a indagatoria de la magistrada. Alegó ser un "perseguido político". La Comisión de Refugiados (CARU) uruguaya rechazó el pedido de asilo, pero la última palabra la tiene la Justicia de Uruguay, que aún no resolvió si lo reconocerá como refugiado (pese al rechazo del organismo especializado) ni qué hará con el pedido de extradición. Pepín tiene pedido de captura internacional, también de extradición y prohibición de salir de Uruguay.

En la sesión del Parlasur, la diputada Corregido repasó la situación de Rodríguez Simón y explicó ante las y los presentes que "la indagatoria" en Argentina ofrece una instancia para "defenderse". "Podía haberse presentado y mostrado su inocencia en los hechos que investiga Servini, que es la jueza natural. Sin embargo, el parlamentario Fabián Rodríguez Simón decidió profugarse (...) Cualquier otro ciudadano argentino que es citado a indagatoria no tiene otra que presentarse a declarar", dijo Corregidor. Su pedido de refugio, dijo, le parece "indignante e inadmisible", tratándose de un "delito común". "Da vergüenza ajena. Es más, el expresidente Macri está en la misma causa y, sin embargo, como no se profugó puede salir del país a jugar al bridge y volver. No hay ninguna cuestión de persecución judicial. Si se hubiera presentado a la indagatoria estaría presente aquí como uno más, podría ir y venir", expuso la parlamentaria, quien pidió que no vote. "No puede el parlamentario Rodríguez Simón viciar este Parlamento con su presencia y con sus acciones (...) nos quita credibilidad", se quejó.

Después de la sesión, la parlamentaria Corregido habló con la AM750 y relató que "fue una situación muy incómoda" ver al operador en el recinto. "Es una burla a los argentinos y a la Justicia argentina que una persona prófuga se sienta con derecho a representarnos", evaluó. También sostuvo que, por el tiempo transcurrido sin que se resuelva su extradición, en Uruguay "evidentemente hay una protección política". "No cualquier persona puede fugarse a un país vecino, no cumplir con la Justicia y que le den todo este tiempo", advirtió.

Dictamen de expulsión 

Este jueves deberá reunirse la Comisión de Presupuesto y Ética, para definir un dictamen sobre la situación de Rodríguez Simón en el Parlasur. Esa comisión tiene diez integrantes, siete de los cuales suscriben un dictamen que propone echarlo.

El texto dice que "la conducta desplegada por el denunciado en cuanto revela un menosprecio por la Justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público atenta contra los principios y valores básicos que deben caracterizar a la institución y al comportamiento de sus miembros, en donde la conducta basada en los principios éticos y morales que respondan a los valores de transparencia, integridad y honestidad entre otros, hacen al respeto y la confianza que la sociedad deposita en sus representantes y en la institución de la cual forman parte". Esa es la posición de los argentinos Jorge Cejas, Cecilia Britto, Julio Sotelo, los representantes de Paraguay Edith Benítez y María Mignarro, el uruguayo Daniel Caggiano y el brasileño Ailindo Chinaglia. El dictamen minoritario, a favor de Pepín, es impulsado por Humberto Benedetto, de Juntos por el Cambio, con apoyo del uruguayo Conrado Rodríguez.

Todo hace suponer que la cuestión será tratada por el pleno en la primera sesión de mayo. Para la expulsión se necesita una mayoría especial.

Pagina 12

 

Pedido de expulsión por evadir a la Justicia 

Presentarán un dictamen ante el Parlasur para remover a Rodríguez Simón

La próxima semana se cumple un año desde que el operador macrista huyó a Uruguay. Tiene una orden de captura por la causa que investiga amenazas al Grupo Indalo.

Irina Hauser

El proceso para la posible expulsión de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón del Parlasur entra en etapa de definiciones. Los parlamentarios argentinos Cecilia Brito (Frente para la Victoria) y Jorge Vanossi (Unidos por una Nueva Alternativa) presentarán este jueves ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del cuerpo el dictamen que podría convertirse en la antesala de su remoción. El operador judicial macrista cumplirá la semana próxima un año desde que huyó a Uruguay, adonde se fue para evitar rendir cuentas ante la justicia y pedir asilo político. Esta conducta "deliberada", dice el planteo en su contra, "revela un menosprecio por la justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público" y "atenta contra principios y valores morales" que "hacen al respeto y la confianza que la sociedad desposita en sus respresentantes". 

Rodríguez Simón fue declarado en rebeldía y tiene pedido de captura internacional de la jueza María Servini, quien lo había llamado a indagatoria en una causa en la que se investiga una supuesta asociación ilícita y a él se le adjudican los delitos de amenazas y extorsión sobre los accionistas del Grupo Indalo ( que abarca los medis C5N y Radio10, entre otros medios), Cristóbal López y Fabián de Sousa. En el mismo expediente están imputados Mauricio Macri, su exjefe de asesores José Torello, el exvicejefe de gabinete Mario Quintana, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Ignacio Rosner y Orlando Terranova, entre otros. 

Uno de los argumentos de Rodríguez Simón para fugarse fue que es un perseguido político y corría peligro de quedar detenido. Una de las cuestiones que plantea el dictamen de los parlamentarios del Mercosur es que "no hay un solo funcionario u operador judicial del gobierno anterior con prisión preventiva en la República Argentina, tampoco hasta el momento del llamado a indagatoria había indicios de su posible detención, puesto la orden de detención decretada por la Jueza Servini se produce ex post de la fuga del aquí denunciado". Una detención arbitraria, dicen, hubiera consistido en apresarlo primero y luego tomarle la indagatoria. El texto, al que accedió Página/12 es categórico: Rodríguez Simón, a sabiendas de que debía presentarse a declarar como sospechoso "decidió fugarse de la Justicia Argentina con el fin de entorpecer la investigación, hasta tanto la causa se encuentre prescripta o un Gobierno le garantice impunidad".  "La persecución política --dicen Brito y Vanossi-- no puede ser una condición subjetiva de quien se siente perseguido, sino que deben concurrir situaciones objetivas que hagan inminente el auxilio de un país a un ciudadano" 

"Pepín" pidió refugio en Uruguay el 6 de mayo de este año y, si bien la Comisión de Refugiados del país vecino dictaminó en contra de otorgarle ese beneficio, la decisión de extraditarlo o darle cobijo está en manos de la jueza Adriana Chamsarian. Aunque le presidente uruguayo en su momento pareció deslizar que el trámite se haría con celeridad, no es lo que está sucedido. A un año de la salida de Rodríguez Simón del país, otro de los parlamentarios, Oscar Laborde (Frente para la Victoria), advirtió que la jueza "tiene una incomprensible e injustificada demora" y dijo que espera que "la derecha" deje de proteger al operador, que en teoría vive en Montevideo pero pasea y toma cafés por Punta del Este, y que hasta ahora logró que el paso del tiempo no tenga para el mayores consecuencias. 

"El Pleno del Parlamento del Mercosur no es ni juez ni parte para meritar los hechos ilícitos que se le endilgan al Sr. Rodríguez Simón, sin embargo, tiene el deber de velar por una conducta decorosa de sus miembros (...) la conducta desplegada por el denunciado en cuanto revela un menosprecio por la Justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público atenta contra los principios y valores básicos que deben caracterizar a la institución y al comportamiento de sus miembros, en donde la conducta basada en los principios éticos y morales que respondan a los valores de transparencia, integridad y honestidad entre otros, hacen al respeto y la confianza que la sociedad deposita en sus Representantes y en la Institución de la cual forman parte", dice uno de los tramos claves del pedido de remoción. 

El dictamen podría ser votado este mismo jueves en comisión y de ahí pasaría al plenario. Si alguien presenta un dictamen de minoría, podría demorar un poco más la deliberación final. De todo el Parlamento del Mercosur harán falta 86 votos, es decir, dos tercios de 129 miembros. 

Pagina 12

 

Ante los pedidos de expulsión

"Pepín" Rodríguez Simón se defendió en el Parlasur con la teoría de la persecución política

El exoperador judicial de Macri evitó responder sobre su causa penal. Espera en Montevideo que la justicia uruguaya determine si debe ser extraditado a la Argentina. Tiene una orden de captura emitida por Interpol.

Irina Hauser

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón volvió a recurrir a la teoría de que es un supuesto perseguido político al hacer su descargo en el proceso de expulsión que se le sigue en el Parlamento del Mercosur y pedir que no lo remuevan de su banca. Sin embargo, después de intentar esquivar varias preguntas tuvo que reconocer que lo que tiene en Argentina es una causa penal por delitos comunes --amenazas y extorsiones contra los accionistas del Grupo Indalo-- donde decidió no presentarse a indagatoria y que la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) dictaminó que debe ser rechazada su solicitud de refugio. Con frases entrecortadas y por momentos imprecisas, el operador judicial macrista, que ya tiene un alerta rojo de Interpol en su contra, buscó poner énfasis en que la justicia uruguaya todavía no tomó ninguna decisión sobre su suerte y que mientras tanto tiene protección como si fuera un refugiado. Pero no respondió con argumentos a la acusación concreta presentada en su contra por la parlamentaria Cecilia Brito (Frente para la Victoria) y su par Jorge Vanossi (Unidos por una Nueva Alternativa), que le atribuyen "inhabilidad moral" y "falta de decoro" precisamente por eludir a la justicia del país al que representa como parlamentario. 

Uno de los momentos más tensos de la extensa audiencia ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, y donde Pepín comenzó a trastabillar, se produjo cuando la representante de Paraguay Edith Benítez le hizo preguntas concretas sobre su pedido de refugio en Uruguay y la causa que tramita en Comodoro Py, a cargo de la jueza María Servini, quién pidió su captura y extradición después de que él anunciara públicamente que no iría a la indagatoria. "Lo que le digo es que todavía no se resolvió nada", señaló Rodríguez Simón sobre su pedido de protección al país vecino. "Desde que pido refugio se me considera refugiado", subrayó, y acotó de manera enrevesada que la CORE había emitido un informe "declarativo" pero "no tiene potestad de resolver". Luego admitió: "Fue un informe negativo". 

--¿A qué se refiere? ¿Qué significa ese informe negativo?--le insistió Benítez. 

--Ni la CORE , ni Relaciones Exteriores ni la Justicia me denegaron la condición de refugio. Mantengo la protección como si fuera de refugiado hasta que haya una denegatoria . La juez todavía no se pronunció--, eludió Pepín. 

--Le reitero la pregunta. Usted se refirió a un informe negativo, ¿A qué se refirió?--insistió la mujer. 

--El informe, que no era vinculante, no era favorable a que se me reconociera la condición de refugiado. Es uno de los elementos que tiene la juez para resolver. No me fue denegada la solicitud. Es un informe que hacen asistentes sociales, no tenía mucho contenido jurídico, pero tengo un deber de confidencialidad. No tengo ningún rechazo a mi petición. No estoy prófugo y puedo circular libremente por todo el Uruguay. 

El informe de la CORE, explicaron funcionarios uruguayos a este diario, lo hacen sus miembros que son integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores; de la Dirección de Migración; de la Universidad de la República; del Poder Legislativo; de organizaciones no gubernamentales; del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante (cómo miembro invitado). La orden de captura internacional emitida por Interpol, describe a Rodríguez Simón como "prófugo buscado para un proceso penal". Si saliera de Uruguay, sería detenido de inmediato. La jueza uruguaya Adriana Chamsarian, en efecto, tiene la palabra final sobre la solicitud de refugio, que condicionará lo que suceda con el pedido de extradición. Por lo general, la palabra de la CORE tiene peso, aunque no sea determinante. 

Rodríguez Simón leyó su presentación ante esa Comisión de Refugiados, donde dice que lo persiguen en Argentina por razones políticas, por momentos bramó cuestionamientos al Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y cuando la parlamentaria Benítez quiso indagar sobre la causa judicial, dijo que es "solo una herramienta de persecución", "otra es el pedido de remoción que pretende proscribirme políticamente". "Me imputan haber amenazado a los operadores del juego de la Ciudad de Buenos Aires y haberlos extorsionado (...) sería que si no pagaban los impuestos se les haría una ejecución fiscal o rescindir las concesiones cosa que no es tan así, porque yo no era func...", se autointerrumpió Pepín. Porque claro, no era un funcionario con facultades para recaudar. Sus cargos formales eran los de director de YPF, parlamentario del Mercosur y tuvo una llamativa designación como asesor de Lotería de la Ciudad después, cargo que no le otorga grandes potestades pero lo habilitaba a desplegar su especialidad como operador.  

Cuando la jueza Servini declaró a Pepín en rebeldía y pidió su captura describió la hipótesis de su investigación, en la que también están imputados el expresidente Mauricio Macri, entre otros ex funcionarios: "Se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional". Servini hizo mucho hincapié en la declaración de uno de los accionistas, Cristóbal López, quien dijo que todo había sido producto de negarse al pedido de Macri "para que las empresas de medios del Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner". Como es conocido, tanto López como Fabián de Sousa fueron encarcelados incluso con otra excusa, una supuesta deuda de Oil Combustibles.

"Los delitos que se me imputan son amenaza y extorsión", tuvo que admitir Rodríguez Simón ante las preguntas. Sugirió que a él aplicaría lo que exfuncionarios del kirchnerismo denominan "lawfare". 

“Es claro que Pepín no pudo negar su condición de prófugo para la justicia argentina, por lo tanto no es un perseguido político, y tuvo que aceptar que la CORE le negó la condición de asilado. Los argentinos de bien esperamos que se presente en nuestra justicia y se defienda como tiene que ser”, dijo el Parlamentario del Frente Para la Victoria Oscar Laborde.

Los integrantes del Bloque Frente de Todos y Argentina Federal en el Parlasur, difundieron un comunicado después de escuchar el descargo, donde dicen que Rodríguez Simón "sin dudas aprovechó el escenario" de su defensa ante las/los parlamentarias/os "para desesperadamente enviar mensajes a las autoridades uruguayas que hoy por hoy deben decidir su condición de asilado y refugiado. Más que enfocarse en el núcleo de la denuncia, la falta de decoro que implica no estar a derecho en su propio país, desplegó una estrategia para convencer a las autoridades del hermano país que es un perseguido político en Argentina". Calificaron la exposición como "tediosa, incongruente, reiterativa, fundada en titulares de prensa para sostener su tesis de perseguido político" y reveladora de "su único objetivo: escapar de las autoridades judiciales argentinas donde lejos de existir persecución, se investigan delitos gravísimos, con el agravante de que podríamos estar ante la figura de una asociación ilícita que tendría a la cabeza al ex mandatario Macri". Reafirmaron su convicción de que "la separación del pleno de Pepín Rodríguez constituye un acto de institucionalidad necesario y urgente". 

Ahora tendrán el desafío de juntar los votos, ya que para expulsar a un parlamentario hace falta una mayoría de dos tercios: 86 votos de 120 integrantes del parlamento. Primero habrá un despacho de comisión y después habrá que ver hacia donde se inclinan los votos. La demora de la justicia uruguaya aumenta más aún la incertidumbre. 

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El operador macrista pidió que se revea su expulsión

El Parlasur aprobó el procedimiento para iniciar el juicio político contra Pepín Rodríguez Simón

La apertura del proceso para separar a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón del organismo fue avalado por 64 parlamentarios. Sólo se abstuvieron cuatro representantes de Juntos por el Cambio y uno del Frente Cívico de Córdoba. El propio Pepín participó de la sesión y cuestionó la legalidad del procedimiento. "¿La falta de decoro qué es? ¿Colgarse de la luz de otro?", preguntó. "Estar prófugo es una falta ética. Irse del país y negarse a volver para una indagatoria es falta de decoro", respondió el parlamentario Oscar Laborde, del Frente de Todos.

Irina Hauser

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón apareció este miércoles en el zoom de la sesión del Parlasur donde se discutiría el procedimiento para analizar su expulsión del cuerpo. Hizo muecas frente a la cámara y regañó a sus pares pero no pudo frenar la decisión de 64 parlamentarios de avalar la reglamentación y el inicio del proceso de juicio político en su contra, derivado de su huida a Uruguay y su decisión de negarse a asistir a la indagatoria a la que lo citó la jueza María Servini por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. "No se puede hacer un procedimiento que no cumple con los estándares de legalidad", protestó el operador judicial de Mauricio Macri. Luego se victimizó con una comparación llamativa: dijo que en su momento él mismo se opuso al modo en que fue echado José López después del episodio de los bolsos con millones de dólares en el convento de General Rodríguez, por lo que terminó preso.

El proceso de remoción propiamente dicho comenzará el viernes cuando se reúna la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur, que armará una agenda. Entre los primeros pasos tendrá la citación a los denunciantes --del Frente de Todos y del Bloque Argentina Federal-- y a Rodríguez Simón. Lo que se discutía este miércoles era la aprobación de un reglamento para el juicio político que incluye normas éticas. El operador macrista lo cuestionó invocando hasta el Pacto de San José de Costa Rica. Reclamó un "código de fondo" con el argumento de que no sabe de qué lo acusan. "¿La falta de decoro qué es? ¿Colgarse de la luz de otro? ¿Usar las influencias? Hay que definir cuál es la conducta. Si se hiciera esto, tendríamos un código de ética que defina qué es la falta de decoro, tendríamos el tipo de sanción y de procedimiento a aplicar", sorprendió Pepín con su planteo.

"Ya se le dijo que estar prófugo es una falta ética. Irse del país y negarse a volver para una indagatoria es falta de decoro. Ahora quiere protección y contradice la valentía que demostró durante los cuatro años de gestión de Cambiemos, cuando denostaba al Parlasur y amenazaba con meternos a todos presos al punto de decirnos 'vayan eligiendo los libros porque van a tener tiempo para leer'", señaló el parlamentario Oscar Laborde (Frente de Todos) a Página/12. "Hasta el presidente del cuerpo, Celso Russomanno, que responde a (Jaír) Bolsonaro, votó por este procedimiento", remarcó Laborde. Además de los 64 votos por abrir el procedimiento, hubo 5 abstenciones, que en este caso representaron un respaldo a Rodríguez Simón. Cuatro fueron de Juntos por el Cambio: María Luisa Storani, Lilia Puig, Armando Abruza y Walter Nostrala. Otra fue de uno de sus aliados, del Frente Cívico de Córdoba, Humberto Benedetto. Todo el proceso puede llevar varios meses y requiere, al final del recorrido, una mayoría especial de 77 votos. El Parlamento del Mercosur tiene 120 miembros, cuya presencia en las sesiones es fluctuante.

"Yo no sé por qué están pidiendo mi remoción. El procedimiento es lo que importa. Les pido reveer esta decisión, porque lo que se está haciendo es de una gravedad inusitada", insistió Rodríguez Simón, vestido con saco y camisa, reividicando una y otra vez la Convención Americana de Derechos Humanos. El hombre clave de la "mesa judicial" del gobierno de Macri llegó a ocupar una banca en el Parlasur en 2015, cuando tenía el segundo lugar en la lista de Cambiemos para este parlamento. En ese entonces estaba investigado por su papel en la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), desde donde apaleaban a las personas en situación de calle, de lo cual relatan algunos de sus colegas parlamentarios que se jactaba y se decía perseguido por la "justicia K". Como ahora en la causa donde fue declarado en rebeldía por la jueza Servini, donde descalifica la investigación y se presenta como perseguido político, argumento que utilizó para pedir refugio en Uruguay. Recién llegado al Parlasur, decía que no iba para protegerse con fueros, algo que intentaba atribuir a otros parlamentarios, como Milagro Sala, que igual fue detenida.

En el tramo de su intervención donde aludió a José López intentó argumentar en defensa propia: "Algunos nos opusimos cuando se removió a José López porque no había procedimiento ni código de ética ni las sanciones" establecidas. Entonces dijo que a su entender deberían aludir al comportamiento de parlamentarios/as como tales. "Si voy borracho a una sesión, si insulto a otros...", "esas son faltas de decoro". 

Cuando terminó de hablar Pepín, le tocó a Herman Olivero (Unidos por una Nueva Alternativa), que aprovechó para colar una ironía sobre la comparación con López que, dijo que "deja mucho que desear": "José López tiró los bolsos por un tapial de un convento y él (Rodríguez Simón) tiró los bolsos para el Uruguay. Es un tema de bolsos pero hay que aclararlo". También dijo que le llamaban la atención algunos de los apoyos que había obtenido porque habitualmente "para encontrar alguien que hablara bien de usted había que andar un rato largo, porque sinceramente no lo encontrábamos". Antes de Pepín había pedido la palabra Jorge Vanossi (UNA), que habló indignado porque había advertido la firma de Rodríguez Simón en una nota del Parlasur sobre Nicaragua. "Hay una falta ética de este señor y no estoy dispuesto a firmar una nota firmada por esta persona", dijo con vehemencia. "Hay una falta ética por indignidad personal, no solo en el Parlasur. Este personaje desempeñaba funciones incompatibles porque estaba en el directorio del YPF y era asesor" del ex presidente Macri.

Rodríguez Simón está en Uruguay desde diciembre del año pasado, cuando ya era investigado a raíz de la denuncia de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños de C5N y Radio10, entre otros medios. Este año Servini le prohibió salir del país, pero dijo que estaba en Uruguay y que tenía un pasaje de Buquebús para volver a mitad de mayo. Cuando Servini lo citó a indagatoria, anunció que se quedaría en el país vecino, donde el 6 de mayo pidió ser reconocido como refugiado. Servini lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional e Interpol incluso le dio curso, pero ya estaba iniciado el proceso judicial en los tribunales de Montevideo, donde habitualmente ante un pedido de refugio que choca con uno de extradición, los jueces/zas esperan a que se expida la Comisión de Refugiados, que tiene 90 días de plazo, y luego resuelven en consecuencia. Pese a que el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en un comienzo dio señales de no poner obstáculos, aún no hay novedades.

Mientras tanto, "Pepín" comenzó a ser investigado en otra causa, que es la de la "mesa judicial", integrada por ex funcionarios macristas que apuntalaron al gobierno de Cambiemos en el diseño de una justicia propia, mediante aprietes a jueces y juezas y, entre otras cosas, presiones hasta lograr la renuncia de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, así como el fogoneo de las causas contra ex funcionarios del kirchnerismo y la arquitectura para proteger a Macri de los expedientes en su contra. En todo, y con despacho en la Casa Rosada, pese a no ser un asesor formal, estaba Rodríguez Simón. 

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