El lobby mundial para prohibir el aborto legal intenta avanzar

Argentina se adhirió a una red global antiderechos

El país se sumó a una organización internacional antiderechos, mientras en la Legislatura se organizan encuentros con financiamiento externo para torcer consensos sobre la igualdad y derechos sexuales.

Dolores Curia

Uno de los principales think tanks contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI fue recibido con loas por La Libertad Avanza y el PRO. La organización internacional Political Network for Values -Red Política por los Valores (PNFV)- organizó en alianza con funcionarios nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un encuentro con el objetivo manifiesto de promover la “familia tradicional” y rechazar la ESI y el aborto legal.

El objetivo a largo plazo es seguir organizando redes territoriales para eliminar derechos y desmantelar políticas públicas. Y el objetivo profundo es generar cambios en los consensos, en torno a temas como igualdad, justicia social y derechos que, en Argentina, a pesar de las acciones y narrativas del libertarismo, subsisten y siguen generando un apoyo bastante expandido, según encuestas recientes de la sociedad civil.

En esa línea debe leerse la noticia de los últimos días sobre la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, una organización internacional antiderechos impulsada por Donald Trump, que busca generar incidencia en los organismos multilaterales para rechazar la legalización del aborto.

A principios de esta semana, el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas firmaron el documento mediante el cual Argentina adhiere a esta organización. Esto fue el lunes 10 de agosto. Pero el Gobierno recién publicó el anuncio tres días después, a partir de que la información trascendiera en la prensa estadounidense.

En junio, Estados Unidos pasó a ocupar la secretaría de la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, función que hasta entonces estaba en manos de Hungría. Aunque se trata de un instrumento no vinculante y su adhesión no supone que los miembros actúen en bloque en los ámbitos internacionales.

En julio, el think tank ultraconservador Political Network for Values (PNFV) organizó en Buenos Aires una serie de actividades que tuvieron al canciller como uno de sus principales invitados.

La jornada, denominada “Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia”, se realizó el 23 de julio con la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como sede principal y fue organizada por la PNFV en alianza con organizaciones vinculadas a la denominada “batalla cultural” libertaria.

El encuentro del 23 de julio se llamó “Libertad para el futuro: una agenda política por la libertad y la protección de la infancia”. Y estuvo rodeado de una semana con coloquios y capacitaciones para jóvenes, de la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje, en el Círculo Militar y la Facultad de Derecho de la UBA.

El encuentro en la Legislatura, orientado a defender lo que sea que se entienda hoy como ‘familia tradicional’, fue impulsado por los legisladores oficialistas Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Joaquín Ojeda y Nicolás Mayoraz. También, funcionarios de Jorge Macri y legisladores provinciales. Estuvieron presentes la exvicepresidenta Gabriela Michetti y la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, el ministro de Desarrollo Humano de CABA, el pastor evangélico Gabriel Mraida, Cinthya Hotton.

Political Network for Values (PNFV) es una plataforma transnacional ultraconservadora creada por Jaime Mayor Oreja, exdiputado del Partido Popular de España. Entre 2022 y 2024, la PNFV fue liderada por el presidente de Chile, José Antonio Katz, quien dejó su lugar a actual directora, Lola Velarde, una referente ultraconservadora ligada a Vox.

En su origen, una fuente de financiamiento de la PNFV provenía de Viktor Orbán, ex presidente de Hungría. La PNFV ya tenía muchos contactos con Argentina y en los últimos años esas conexiones se hicieron más visibles a través de las acciones de la vicejefa del Gobierno de CABA Clara Muzzi. Desde la red PNFV dicen que no buscan incidir políticamente hacia el interior de los países, sino que “solo buscan generar condiciones para que sus valores se vuelvan hegemónicos”.

En el caso de Argentina, la intervención de la Red en alianza con LLA y el PRO tiene como principal blanco al aborto: harán todo lo posible para que la IVE deje de ser concebida como un derecho.

“Están todos los proyectos, hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto”, dijo después del encuentro Álvarez Rivero, senadora cordobesa cercana a Patricia Bullrich. La legisladora aseguró que existe una agenda para modificar políticas aprobadas durante las últimas dos décadas, pero que la derogación de la ley del aborto no depende solo del Congreso. “Para que esto se dé, se necesita que la sociedad lo trabaje y lo pida”, señaló.

Es decir, se necesitaría que la calle y la opinión pública acompañen una regresión de este tipo. Lo cual no parece fácil. Al menos por ahora, los consensos en torno a los derechos que los feminismos supieron instalar en Argentina, siguen en pie. De eso dan cuenta encuestas que vienen indagando los alcances y limitaciones de lo que el Gobierno llama batalla cultural. Por ejemplo Pulsar, el observatorio de opinión pública de la UBA, muestra que 7 de cada 10 argentinos siguen apoyando la existencia del matrimonio igualitario. Más de siete de cada diez personas consideran que aun falta trabajar en la igualdad de género. “En estos temas, la sociedad argentina se muestra culturalmente progresista y estable”, dice la encuesta.

En el estudio “Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina”, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), se ofrecen datos que desmontan la idea de que la sociedad argentina se volvió masivamente “antigénero”. El 23% cree que la violencia de género sigue siendo vista como el principal problema de las mujeres. Le siguen los abusos sexuales con otro 23%. Otros problemas son la violencia de género en la pareja —26%— y los abusos y la violencia sexual con un 31%.

El acceso a anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados reúne niveles de acuerdo superiores al 80%. Además, casi la mitad de las personas conoce a alguien que abortó. Cuando se consultó cuánto dinero debería invertir el Estado en asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, casi la mitad de la población (49%) respondió que debería invertir “mucho”. Estos números indicarían que sigue habiendo apoyos altos a políticas asociadas a derechos sexuales e igualdad.

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Todos los días este gobierno nos arrastra a la vergüenza y desesperanza.

"Es un acto de adoctrinamiento negacionista", denuncian

La prédica de la “memoria completa” llega a las aulas por impulso del Ministerio de Defensa

Convocan a una clase especial sobre la “otra mirada” de los ‘70 en el Dámaso Centeno, el colegio que depende administrativamente de la cartera que lidera Carlos Presti y del Ejército, que designa a sus directivos. Fuerte repudio de la comunidad educativa.

Los estudiantes de sexto año del Dámaso Centeno, el colegio histórico de Caballito que depende administrativamente del Ministerio de Defensa, deberán asistir el proximo martes a una clase especial de “memoria completa”. Si bien las autoridades de la escuela no dieron a conocer quiénes serán los expositores, la comunidad sospecha que se trata del mismo seminario que el año pasado dio a conocer Página/12 y que llevan a distintos liceos militares dos activistas que se oponen a los juicios de lesa humanidad y bregan por la vuelta a sus casas de los pocos represores condenados que siguen en la cárcel. Familiares y amigos de exalumnos que fueron víctimas del terrorismo de Estado denuncian que se trata de un adoctrinamiento negacionista.

El Dámaso Centeno se inició como institución para huérfanos de militares a finales del siglo XIX. En la actualidad, tiene más de 1000 alumnos y alumnas que concurren sin estar vinculados a las Fuerzas Armadas. El colegio depende de la Dirección General del Ejército, que es la que designa a su director: se trata, en general, de un coronel en actividad.

El año pasado, la comunidad educativa salió a las calles por las renuncias incesantes de docentes que dejaban la institución por los bajos salarios que pagaba el Ministerio de Defensa –por entonces al mando de Luis Petri–, que rondaban la mitad de los que percibían maestros o profesores que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires.

Para el 24 de marzo de 2025, hubo otro escándalo. El entonces director del Dámaso Centeno, el coronel Juan Sancho Vilarullo, había compartido un meme en sus redes sociales en el que podía leerse “este 24 de marzo para tu amigo ‘zurdito’, alfajor ‘Jorgito’”. El mensaje iba acompañado de una foto del alfajor de esa marca con un retrato del dictador Jorge Rafael Videla guiñando un ojo.

Sancho Vilarullo era el mismo que había promovido una visita de Victoria Villarruel al Dámaso Centeno como ilustre egresada. La vicepresidenta no solo es una de las que buscan instalar la idea de la “memoria completa”. Se trata de una consigna que surgió de los cuarteles frente al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de derechos humanos y a las confesiones que empezaron a escucharse a mediados de los ‘90 sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Además, Villarruel solía organizar visitas a Videla mientras estaba en arresto domiciliario.

Tras el escándalo del meme de “Jorgito” –que incluyó la realización de un siluetazo contra el negacionismo–, Sancho Vilarullo ya no ejerce la dirección del Dámaso Centeno. Ese lugar es ocupado en la actualidad por el coronel Diego Hernán Agüero Urquiza.

Días atrás, circuló entre la comunidad del Dámaso Centeno un mensaje que avisaba que el martes 14 de julio habrá, de 10.30 a 12.30, una charla de “memoria completa” para quienes estén cursando sexto año en la institución. Página/12 pudo saber que el anuncio causó malestar entre exalumnos, madres, padres y docentes, que entienden que la memoria estará completa cuando quienes tienen la información sobre el destino de los desaparecidos digan dónde están.

El Centeno durante la dictadura

El Dámaso Centeno tiene trece estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entre ellos, se cuenta Alejandro Almeida, hijo de Taty Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora recientemente fallecida.

Otro de los desaparecidos es Juan Eduardo Estévez, quien era la pareja de Miriam Lewin al momento de ser privada de su libertad por los grupos de tareas de la dictadura. “En marzo del ‘77, cuando estaba secuestrada por la inteligencia de la Aeronáutica, me trajeron a la celda los ficheros con datos y fotos de alumnos, algunos de cuando entraron al jardín de infantes. El colegio colaboraba con la represión ilegal”, le cuenta Lewin a este diario.

La periodista –que es sobreviviente de los centros clandestinos Virrey Cevallos y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)– cree que detrás de la charla hay un intento de negar los crímenes que ella y sus compañeros sufrieron. “No hay memoria completa –dice–. De un lado, organizaciones revolucionarias, pero también curas y monjas. Del otro lado, el Estado, que dejó la ley como instrumento para convertirse en terrorista”.

Los seminarios de “verdad completa”

Desde que llegó al Gobierno, Javier Milei impulsó la prédica de la llamada “memoria completa”, como puede verse en los videos que la Casa Rosada distribuye cada 24 de marzo. Esto fue acompañado por el desmantelamiento de áreas clave que contribuían al proceso de verdad y justicia.

El Ministerio de Defensa encabezó esta ofensiva. En marzo de 2024, Petri despidió a los expertos que integraban los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental para aportar pruebas a los juicios por crímenes de lesa humanidad. El entonces ministro acusó a sus integrantes de hacer “macartismo” contra las Fuerzas Armadas. Desde esa cartera también negaron información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada a instancia de las Abuelas de Plaza de Mayo, para impulsar la búsqueda de los bebés robados desde el Poder Ejecutivo.

Petri sumó como asesores en derechos humanos a dos activistas que provienen de las llamadas organizaciones de “memoria completa”. Se trata de Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal. Ambos son hijos de militares muertos en los años ‘70. Larrabure, que supo integrar el grupo que reclamó una amnistía general en 2006 –cuando se reiniciaban los procesos por crímenes perpetrados durante la última dictadura–, integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que preside Villarruel. Ibarzábal es una de las referentes de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo de Argentina (Afavita). Afavita fue una de las organizaciones que impulsó un hábeas corpus para que los detenidos por crímenes de lesa humanidad abandonaran las cárceles.

Pese a que Petri ya no está en el ministerio, Larrabure e Ibarzábal continúan. Los mantuvo en sus puestos el actual ministro, el general Carlos Presti, hijo de uno de los jerarcas de la dictadura que tuvo a su cargo la represión en la zona de La Plata. Presti no designó, según pudo saber este medio, un director de derechos humanos desde que asumió.

Desde hace meses, Larrabure e Ibarzábal viajan por los liceos –que sí imparten formación militar, a diferencia de lo que sucede en el Dámaso Centeno– para dar un curso de “verdad completa”. El año pasado, Página/12 presentó un pedido de acceso a la información para saber cuáles eran los contenidos de ese seminario. Joaquín Mogaburu, por entonces director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, respondió que la clase se basaba en los testimonios de Larrabure e Ibarzábal. “Además de narrar sus vivencias y brindar su testimonio genuino, ambos expositores dejan un mensaje de concordia política y perdón que emociona a los interlocutores y es digno de destacar”, escribió por entonces Mogaburu. Pocos meses después, fue designado subsecretario de Derechos Humanos, cargo del cual fue rápidamente eyectado tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.

Todo indica que la clase que recibirán los estudiantes del Dámaso Centeno estará articulada sobre los contenidos que pensaron Larrabure e Ibarzábal. Recientemente estuvieron en el Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe.

“Hasta 2006, año en que se puso la placa por los estudiantes desaparecidos, no se hablaba de la cuestión. Era un tema oculto. Con estas acciones, quieren volver a taparlo por una decisión del ministro de Defensa de un gobierno que reivindica los campos de tortura y exterminio”, dice el abogado Rodolfo Yanzón, que expresa, además, el repudio a la avanzada –considerada un acto de adoctrinamiento negacionista– que emana de los amigos y exalumnos del Dámaso Centeno por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

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Tras la intervención del juez Alejo Ramos Padilla

El Gobierno tuvo que ceder y anunció fondos para el Banco de Datos Genéticos

La Jefatura de Gabinete le informó a la justicia que reforzará las partidas para el organismo que hace los análisis para identificar a los bebés robados durante la última dictadura.

Luciana Bertoia

El Gobierno le informó al juez federal Alejo Ramos Padilla que incrementará el presupuesto para que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) siga funcionando. La presentación, en sí, es un reconocimiento de que el laboratorio que se ocupa de hacer los análisis para identificar a los bebés robados durante la última dictadura estaba desfinanciado, tal como advirtieron desde Abuelas de Plaza de Mayo. La decisión contrasta con la lógica de “plata no hay” que esgrime Javier Milei ante reclamos de las personas con discapacidad o las universidades públicas.

La crisis en el BNDG estalló el 8 de mayo pasado, cuando la directora técnica, Mariana Herrera Piñero, informó que ya no podría seguir tomando muestras biológicas –indispensables para identificar a quienes pueden ser hijos o hijas de desaparecidos.

El 12 de mayo, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) –que dirige el fiscal Pablo Parenti– y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata –integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Nogueira– pidieron la intervención del Poder Judicial.

El 14 de mayo, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina ordenándole al Gobierno garantizar el funcionamiento del BNDG. El titular del Juzgado Federal 1 de La Plata intimó directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario no sale del agobio de las investigaciones judiciales que muestran un incremento del patrimonio de toda su familia.

Cinco días después de la cautelar de Ramos Padilla, se produjo una reunión entre el BNDG, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología –que conduce Darío Genua– y la Jefatura de Gabinete. En ese encuentro, se acordó otorgarle crédito presupuestario adicional al BNDG por 590.000.000 pesos, según le informaron abogadas que dependen de Adorni a Ramos Padilla.

El Gobierno aprovechó, de todos modos, para denunciar que había un alarmante avance de Ramos Padilla sobre el Poder Ejecutivo al ordenarle asegurar el mantenimiento del BNDG, lo que constituye, a entender de La Libertad Avanza (LLA), una “flagrante y grave violación al principio de división de poderes”.

La administración también apuntó contra Herrera Piñero, que dirige el BNDG tras concursar para el cargo, a quien le atribuyó un obrar desproporcionado. Además, cuestionó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) por haber formulado una presentación a partir de la “mera” denuncia de una funcionaria.

Sin la intervención de las fiscalías especializadas y la cautelar de Ramos Padilla, la crisis en el BNDG no estaría en vías de solución. En la resolución del juez se consigna que desde marzo de este año la directora del BNDG venía denunciando el ahogo presupuestario. Sin embargo, no fue hasta cinco días después de la cautelar interina que se concretó una reunión en la que se discutieron cuáles eran los fondos necesarios para que el organismo siguiera operativo.

Entre los ítems que el Gobierno reconoce que estaban en falta se encuentran insumos de laboratorio esenciales (reactivos, drogas, material plástico), servicio de mantenimiento integral del edificio, limpieza, vigilancia, pagos de servicios, pasajes y viáticos para que los expertos vayan a tomar muestras a otros puntos del país y el mantenimiento de heladeras, freezers y equipos de laboratorio.

Al momento de dictar la cautelar interina, Ramos Padilla consideró que el BNDG es un “organismo técnico esencial e irremplazable”. El BNDG fue creado en 1987 por decisión de Raúl Alfonsín ante un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, que tempranamente entendieron que la ciencia sería una aliada para encontrar a los nietos y a las nietas que la dictadura les había arrebatado.

Según informaron las Abuelas, el BNDG almacena unas 32.000 muestras, en su mayoría pertenecientes a familias que buscan a los bebés apropiados durante los años del terrorismo de Estado o a personas que sospechan que podrían ser hijas de padres desaparecidos. Para Ramos Padilla, el BNDG es el único organismo que además le da al Poder Judicial la posibilidad de reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Se espera que en las próximas horas haga su presentación ante el Juzgado Federal 1 de La Plata el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques. Las autoridades de esa cartera recogieron la preocupación de distintos jueces y fiscales ante el futuro del BNDG, admitieron en diálogo con este diario.

Hubo otro juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que también le requirió a Genua que asegurara la continuidad de los cotejos de ADN que él había ordenado en una serie de investigaciones en las que el magistrado indaga en el rol de unas parteras asociadas al robo o tráfico de niños.

Pese a las chicanas que el Gobierno usó para pedir que se deje sin efecto la medida cautelar interina, la presentación es un reconocimiento de que el organismo estaba desfinanciado. Para la Casa Rosada tampoco es grato un nuevo encontronazo con Ramos Padilla, que le había marcado la cancha cuando Milei comisionó –sin aval del Senado– a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando reciba todas las respuestas, Ramos Padilla debería aún expedirse sobre la situación del BNDG y la responsabilidad estatal frente a las investigaciones para encontrar –como dicen las Abuelas– a los desaparecidos con vida: sus nietos y sus nietas.

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Una multitud defendió la Memoria, la Verdad y la Justicia desde las calles

A 50 años del golpe, la Plaza volvió a gritar: “Que digan dónde están"

Madres, Abuelas y organismos de derechos humanos denunciaron que sigue el pacto de silencio de los represores, a quienes el Gobierno nacional apaña.

Luciana Bertoia

¡Que digan dónde están! ¡Que digan dónde están! El grito brotaba como un torrente desde las entrañas de la Plaza de Mayo, esa misma plaza que las Madres habían transitado tantos jueves –a pesar de los fusiles que las apuntaban– para reclamar saber qué habían hecho con sus hijos e hijas desaparecidos por la dictadura. Cincuenta años después, las ausencias persisten, pero las Madres no gritan solas. Ese grito, que emanaba de las gargantas de cientos de miles de manifestantes, las envolvía para decirles que, a medio siglo del inicio de la noche más oscura de la historia argentina, hay una sociedad que no olvida, no perdona y no se reconcilia.

Las calles de la Ciudad de Buenos Aires se convirtieron desde temprano en una marea de gente que buscaba llegar a la Plaza de Mayo. El sol calentaba y los referentes del movimiento de derechos humanos empezaban a entusiasmarse con lo que sería una jornada histórica, en la que estimaban que más de un millón de personas se movilizó para refrendar su compromiso con el Nunca Más.

Buscarita Roa, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue una de las primeras en llegar. Con su pañuelo atado a la cabeza, se alegraba por la llegada de cada vez más manifestantes. “Mucha gente nos acompaña. Yo le agradezco mucho al pueblo argentino porque me ha acompañado”, decía.

Buscarita es chilena. Su hijo, José Liborio Poblete, fue secuestrado junto con su compañera, Gertrudis Hlaczik, y ambos fueron llevados al Olimpo, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en Floresta entre 1978 y 1979. Con ellos estaba su bebita, Claudia Victoria, que fue apropiada. Buscarita la encontró y ahora ambas militan juntas en Abuelas.

Junto a Buscarita estaba María Santa Cruz, que hace 39 años trabaja con Abuelas. Llevaba su tesoro: el pañuelo de Raquel Radío de Marizcurrena, una de las abuelas fallecidas. Sobre el pecho, un prendedor con la cara de la hija y el yerno de Raquel. “Ella me delegó esa tarea”, contaba.

Poco a poco, el lugar empezó a llenarse de militantes de derechos humanos. Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, llegó con su nieto. “Las calles repletas son una respuesta contundente a este Gobierno nacional que reivindica el terrorismo de Estado. La memoria es, para nosotros, un valor supremo”, decía.

Horas antes, el Gobierno de Javier Milei había distribuido un video –protagonizado por Miriam, nacida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y apropiada por un oficial de inteligencia de la policía mendocina, y por Arturo Larrabure, hijo de un militar muerto en 1975– que cerraba con un llamado a la “reconciliación”, eufemismo usado históricamente por los perpetradores en su búsqueda de impunidad.

Margarita Cruz, sobreviviente de la Escuelita de Famaillá, tenía lágrimas en los ojos. “Estoy conmovida por la historia de nuestro pueblo. No van a poder arrasar nuestras subjetividades ni nuestra lucha”, afirmaba.

En el escenario había distintos colectivos representados: los pueblos originarios, quienes luchan para que el agua no termine siendo una mercancía, y los trabajadores despedidos de FATE. La primera ovación fue cuando se mencionó que Pablo Grillo, el fotógrafo al que un gendarme le abrió el cráneo con un cartucho de gas, estaba en la Plaza.

“Hoy el compromiso es doble porque estamos enfrentando al gobierno más represor desde el regreso de la democracia”, decía desde un costado María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Sergio Maldonado repartía abrazos. Con una sonrisa amplia, afirmaba que era un día histórico.

Las hijas de Azucena Villaflor, Esther Careaga y Mary Ponce de Bianco –secuestradas tras la infiltración de Alfredo Astiz– llevaban carteles con sus rostros. “Tenemos sus rostros, sus historias de vida, ese país que soñaron”, se emocionaba Mabel Careaga.

“Es muy importante salir a defender los derechos humanos. Es una posición ética que representa la lucha de las Madres”, decía Ana Careaga mientras expresaba su satisfacción por la masividad de la convocatoria.

Marcha 24 de marzo 2026, organismos de DDHH Marcha 24 de marzo 2026, organismos de DDHH (BernardinoAvila)

Las voces de los nietos

–Buenas tardes, Plaza de Mayo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Somos nietos y nietas restituidos por las Abuelas de Plaza de Mayo, un puñado de las 140 historias que nuestras Abuelas pudieron reconstruir a fuerza de lucha, ingenio, trabajo, perseverancia y solidaridad de gran parte de la sociedad, que comprendió que el encuentro de los nietos y las nietas es una deuda de la democracia –arrancó Guillermo Pérez Roisinblit, también nacido en el campo de concentración de la ESMA.

Con sus compañeros de Abuelas cuidándoles las espaldas, fueron otros referentes tomando la palabra: Claudia Poblete Hlaczik, Guillermo Amarilla Molfino y Manuel Gonçalves Granada. Fue él quien cerró señalando que la única forma de sanar la herida abierta por la dictadura es con verdad: encontrando a todos y cada uno de los bebés que la dictadura robó.

–¡Que digan dónde están! –reclamaron.

Victoria Montenegro se conmovía desde el escenario por la marea de gente mientras sacaba su celular para filmar a la multitud. Pérez Roisinblit también estaba movilizado por la inmensidad de la marcha. “Es una sensación hermosa ver todo el público. Tanta presencia demuestra que la sociedad argentina todavía tiene músculo, tiene el recuerdo de cómo hay que luchar. Y eso se hace sentir”, comentaba.

Macarena Gelman viajó desde Montevideo para estar en la conmemoración. “Los cincuenta años representan la historia de la lucha. Y esta lucha va a seguir hasta que los encontremos a todos”, prometió la mujer que encabeza una campaña para hallar a los bebés robados, que como pasó con ella, puedan estar en Uruguay.

Los rostros de los desaparecidos

A las 16.50, las Madres, las Abuelas y los referentes del movimiento de derechos humanos ya se habían acomodado en el escenario. La bienvenida fue tan cálida como el sol de la tarde.

–Madres de la Plaza, el pueblo las abraza –coreaban.

El exjuez español Baltasar Garzón –que investigó los crímenes de la dictadura cuando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impedían hacerlo en la Argentina– registraba con su teléfono la comunión entre esas mujeres y la Plaza. Desde el escenario, Nora Anchart y Liliana Daunes –que cumplían 30 años como locutoras de estos encuentros– avivaban el reclamo: ¡Que digan dónde están! ¡Que digan dónde están!

24 de marzo. Vista aérea de la multitud que colmó Plaza de Mayo y alrededores. (JUAN MABROMATA, AFP -/AFP)

La lectura del documento fue coral. Elia Espen, madre de Hugo Miedan, arrancó recordando que la única forma de defender la memoria es luchando. “Sabemos que es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles”, dijo.

Graciela Lois, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, continuó: “La gran mayoría de las y los desaparecidos fueron fusilados o murieron como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos; muchos fueron asesinados en los ‘vuelos de la muerte’. Nunca nos entregaron sus cuerpos. Por eso exigimos que nos digan dónde están”.

Las pancartas con los rostros de los desaparecidos se levantaron en la Plaza. Graciela respondió con el cartel que llevaba, con la foto de su esposo, Ricardo Lois, quien fue visto en la ESMA.

Osvaldo Barros estuvo secuestrado en ese campo de concentración junto con su compañera, Susana Leiracha. Él tomó la posta en la lectura del documento. “Hoy hay un gobierno que no solo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado. Por eso desmantela las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, denunció.

–Llevamos 140 casos resueltos. ¿Qué les parece? –siguió Estela de Carlotto. El comentario de la presidenta de Abuelas fue celebrado con un aplauso de la multitud. Señaló que se necesitan políticas públicas y el acompañamiento de la sociedad para seguir encontrando a los bebés robados. “Si tienen información sobre un posible hijo de personas desaparecidas, acérquenla. Nunca es tarde”, pidió.

A su turno, Verónica Castelli recordó que hay 1231 condenados y que más del 80 por ciento de los represores están en prisión domiciliaria.

Adolfo Pérez Esquivel se puso de pie con un gorro con la bandera de Palestina. Fue él quien pidió por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner –quien un rato antes había salido al balcón para sumarse al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia desde su arresto domiciliario–. “La prisión y proscripción de la expresidenta de la Nación en un proceso denunciado por absolutas irregularidades, durante el cual se atentó contra su vida, merece nuestra preocupación y repudio”, afirmó el Premio Nobel.

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora, pidió levantar las fotos para que miraran hacia la Casa Rosada. “A ese poder del Estado que no los busca, mientras los niega”, dijo.

Como una respuesta aguda a la provocación del Gobierno, Taty afirmó: “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Porque somos el país del Nunca Más y del pañuelo blanco. Porque seguiremos, como sostuvo Paco Urondo, hasta que todo sea como lo soñamos y también como lo luchamos”.

Con todo el poder de su garganta, gritó: 30.000, ¡presentes! ¡Ahora y siempre!

Agregó un mensaje adicional esta vez, quizá movida por los 50 años: “No nos han vencido”.

–Nooooo– contestó desde un costado Estela, con una sonrisa más grande que su rostro.

Cuando todo terminó, Graciela Lois decía que la Plaza le había recargado las energías. “La memoria está presente, aunque quieran borrarla”.

Para Adriana Taboada, impulsora del grupo Federalizar la Memoria, había una mezcla de emociones: “Tristeza, tantos recuerdos y, a la vez, una emoción y conmoción enormes. Cincuenta años es mucho tiempo y llegar en unidad, con fuerza y masividad es histórico. Y lo hicimos entre todos”.

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 Masiva movilización a 50 años del golpe

La memoria en fotos: imágenes de la marcha a Plaza de Mayo

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