Luego de la masiva movilización en las puertas del Gaumont cuando se inauguraba el Bafici, la Asamblea Abierta de la Comunidad Audiovisual reafirmó su lucha, con un encuentro de tres horas en la UBA, ayer por la tarde. El primer asunto abordado por este colectivo de colectivos –que incluye a cineastas, actores, técnicos, docentes y una fuerte presencia estudiantil– fue su negativa a participar de una reunión con el ministro de Cultura, Pablo Avelluto. El secretario de Cultura y Creatividad, Enrique Avogadro; y el nuevo presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Ralph Haiek, recibieron el jueves a representantes de la industria. “No fuimos invitados formalmente”, planteó la Asamblea. Además, una de sus exigencias es la renuncia del ministro. ¿Qué sentido tendría, entonces, negociar con él?
En su segunda asamblea, la organización determinó la conformación de dos comisiones: una administrativa, que se encargará de auditar que el Incaa continúe en funcionamiento, y una legal, que se concentrará en la nueva ley de convergencia. La Asamblea sospecha que el Gobierno tiene intenciones de reducir el presupuesto del Fondo de Fomento Cinematográfico del Instituto, compuesto de la recaudación del 10 por ciento de las entradas de cine y el 25 por ciento del gravamen aplicado a la facturación publicitaria que recauda Enacom de las radioteledifusoras. Cree que el Incaa podría perder el 60 por ciento de su financiamiento, y no sólo eso: que también podrían verse afectados los organismos de la música y el teatro. Por esta razón, en el encuentro de ayer quedó configurada una tercera comisión, que tendrá como objetivo entablar contactos con representantes de esos ámbitos.
Hubo otras resoluciones. Un pedido para el Incaa: tener participación en la asamblea federal que se realizará en Salta el 2 de mayo. Además, los miembros de la Asamblea programaron una movilización en el marco de una audiencia pública en el Congreso que tratará aspectos que hacen al conflicto (está prevista para el 3). Reconocieron a Haiek como presidente interino del Instituto –sólo para que continúe operativo– y decidieron que presentarán una terna de posibles nombres para su reemplazo. Finalmente, anunciaron la realización de un congreso sobre las leyes de cine y convergencia, en coincidencia con un homenaje del Gaumont a Fernando Birri.
El debate por los destinos del cine nacional se desató hace poco más de diez días, con un burdo informe en un programa de televisión, que derivó en dos renuncias forzadas: la de Alejandro Cacetta, ex presidente del Incaa, y la de Pablo Rovito, hasta entonces rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc). Desde que comenzó, la intensidad del conflicto fue creciendo. Para la Asamblea, una cortina de humo tapa las verdaderas intenciones del Gobierno. En dos movilizaciones se manifestó en defensa del cine argentino, en rechazo al vaciamiento del Fondo de Fomento y la intervención del Instituto.
Ayer a las 15, en el auditorio Roberto Carri, el primer eje abordado fue la reunión de Avelluto con un conjunto de entidades. “No fuimos invitados formalmente”, informó el cineasta Fernando Márquez. Cuando terminó la marcha en las puertas del Gaumont, el miércoles, algunos integrantes del colectivo supieron del encuentro, pero no mediante las autoridades, sino “por Whatsapp”, a través de “una persona que iba a asistir”. “Esto a las diez de la noche, y la reunión era el otro día a la mañana. Se decidió que no participaríamos, de manera democrática”, continuó Márquez. No obstante, algunas organizaciones que han dado pelea desde la Asamblea, como la Asociación de Productores de la Cultura Audiovisual (Acervo) o el Proyecto de Cine Independiente (PCI), sí asistieron. Y Avelluto aseguró la continuidad del fomento. “Buscan dividirnos”, dijeron varios cuando tomaron el micrófono abierto.
En cambio, la Asamblea como conjunto sí estuvo el mismo día en otra reunión, por considerarla “la vía institucional”: la del Consejo Asesor del Incaa. El realizador Fernando Krichmar, de Documentalistas Argentinos (DOCA), enumeró los puntos tratados: Haiek garantizó el fomento, y el Instituto se comprometió a facilitar un espacio de participación en relación con la ley de convergencia, a llamar a concurso dentro de un plazo de cuatro meses para cubrir el cargo de la Enerc y a asegurar la continuidad en sus tareas de los trabajadores de la planta permanente del organismo. Por otra parte, se sabe que más de 300 contratos de locación de obra, de monotributistas, vencen en junio. ATE viene alertando sobre este panorama.
Uno de los momentos más esclarecedores de la jornada llegó con el discurso del investigador y profesor Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, quien aportó datos sobre la ley de comunicaciones convergentes y su cocina. El gran problema, como ha escrito en uno de sus artículos, es que el macrismo “fabrica su política de comunicaciones en la penumbra”. “No se conoce… nadie conoce el proyecto. En el oficialismo dicen que todavía no está terminado”, remarcó. En marzo venció el plazo para que el Gobierno presente el texto de la nueva ley. Hubo dos prórrogas: debían conocerse resultados a mediados de 2016 y el mes pasado el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, determinó una nueva postergación. “Es productivo y eficaz abrir el paraguas, marcar la cancha. Me parece importante destacar que, más allá de eso, es un ejercicio que por ahora no tiene base en ninguna posición públicamente conocida”, deslizó el especialista.
Respecto de la cocina de la normativa, Becerra detalló que el oficialismo ha invitado a “organizaciones de la sociedad civil, mayormente empresarias” a participar en la elaboración, pero “no eran foros ni debates”, sino “exposiciones de las posturas de los invitados, sin ninguna referencia para opinar”. El, de hecho, fue llamado a exponer. “El Gobierno presentó 17 puntos que no son precisos y que no dicen nada relativo a gravámenes”, indicó. En otro momento se refirió al argumento planteado por la coordinadora de la Comisión Redactora de la ley y titular de Enacom, Silvana Giudici, de que el Incaa no solamente no quedaría desfinanciado, sino que incrementaría sus fondos por “un eventual sistema de cobro a las plataformas de video a demanda on line (OTT)”, como Netflix. “Paradójicamente, uno de los funcionarios del área de Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones lanzó una consulta sobre una resolución, para regular los OTT. Es un proyecto de resolución que después de varias páginas de considerandos, tiene un solo artículo, muy curioso, que dice que los OTT no van a ser regulados. O sea: la regulación es no regularlos. Eso está, yo lo vi”, aseguró.
La asamblea continuó hasta las 18 con micrófono abierto, y demostró la fuerte presencia estudiantil de este movimiento, que puso en marcha “reuniones desde Ushuaia hasta Jujuy”, como alguien celebró. “Este es el triunfo de una organización muy grande”, expresaron. La Asamblea está conformada por alrededor de 30 organizaciones, como Directores Independientes de Cine (DIC), la Asociación Argentina de Autores de Fotografía Cinematográfica (ADF), la Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales (ASA), Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA), la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales (SAE), la Asociación Argentina de Coloristas Audiovisuales (AAC), la Asociación Argentina de Directores de Arte de la Industria y Medios audiovisuales (AADA), Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima), entre muchas otras. También hay agrupaciones de documentalistas, como DOCA, Realizadores Integrales de Cine Documental (RDI), Docudac y la Red Argentina de Documentalistas (RAD) y estudiantes de la Enerc, la Universidad Nacional de Artes (UNA), el Instituto Cinematográfico de Avellaneda, de la Fundación Universidad del Cine (FUC) y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU).
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