Otra vez la represión en Jujuy

Dos detenidos por publicaciones sobre el ex gobernador Morales

El juez de Control dispuso que queden en prisión preventiva por 60 días. Corre el rumor de que habrá otras nueve detenciones. 

Mariana Mamani

El juez de Control Roberto Assef ordenó ayer que dos hombres detenidos tras una denuncia del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cumplan prisión preventiva por 60 días. 

El docente universitario Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador independiente Humberto Villegas están siendo investigados por el fiscal penal Walter Rondón, quien los acusó por los delitos de daños y de supresión y suposición del estado civil y de la identidad, por publicaciones en la red social X (ex Twitter) el pasado 26 de diciembre, en la que hacen referencia a una cuestión privada del ex gobernador Gerardo Morales. 

Las detenciones, que fueron acompañadas de la presencia de policías de civil en los barrios de San Salvador de Jujuy, y en algunos casos la circulación de camionetas sin patente, más los rumores sobre presuntas órdenes de detención de otras personas, provocaron un clima de tensión en la provincia, en cuya población está todavía fresco el recuerdo de la violencia institucional sufrida a mediados del año pasado, cuando el gobierno provincial respondió con represión ante la oposición social a la reforma constitucional impulsada por el ex gobernador. Los hechos de ahora ocurren en el mandato del delfín de Morales, Carlos Sadir.  

La prisión preventiva de 60 días a Morandini y Villegas se dictó anoche luego de la audiencia de imputación en la que ambos se abstuvieron de declarar. Sus defensores, el abogado Ariel Ruarte, y la defensora pública Karina López, habían pedido la libertad o que se les concediera la modalidad domiciliaria. Pero el juez rechazó estas solicitudes y ambos fueron trasladados a la Central de Policía para la revisación médica antes de ser llevados a un penal. Hasta anoche se desconocía a cuál.

Ruarte explicó que el magistrado entendió que Morandini y Villegas deben seguir en prisión porque podrían entorpecer la investigación, como había planteado el fiscal. Sin embargo, los fundamentos se conocerán en 48 horas, y recién entonces podría apelarse esta resolución. 

La causa se inició a raíz de una denuncia de la esposa de Morales, Tulia Snopek, que también es mencionada en las publicaciones. Hubo una orden de aprehensión de Morandini y Villegas,a que se concretó en las primeras horas del jueves en el domicilio de Morandini, y en la vía pública, en el caso de Villegas.

Además, corre el rumor de que se ordenó la detención de otras nueve personas, también por publicaciones en redes sociales sobre el mismo asunto. "El fiscal nos dijo que había nueve personas identificadas más, además de los dos que ya están detenidos”, contó Lucía Castro Olivera, la pareja de Morandini, que ayer, junto a la diputada provincial Natalia Morales, pudo hablar con Rondón.

Castro Olivera relató que ante el fiscal hicieron hincapié "en todo el clima que se generó en el barrio por la circulación de policías de civil", que estuvieron "hablando con los vecinos, difamándonos. Fue todo un operativo absolutamente innecesario", afirmó. Añadió que subrayó ante el fiscal que "así como protegen a la menor que están protegiendo (la hija de Snopek y Morales), protejan también a nuestras hijas que tuvieron que vivir toda esta situación, que hace un día que su padre está preso".

"Buscan generar un clima de desconfianza, de miedo, de temor", denunció. En esta línea inscribió el rumor sobre las otras nueve detenciones. Y recordó que a Morandini lo buscaron en un automóvil sin patente; para mayor zozobra, el docente reside en un lugar alejado de la ciudad y a eso se sumó el hecho de que horas antes una mujer policía había pedido permiso para “cargar su celular” y había preguntado por el paradero del docente con la excusa de que tenía una citación de la justicia. El operativo fue similar a los realizados en junio de 2023 para detener a referentes sociales y sindicales.

La detención de Morandini, que es docente de las universidades públicas de Jujuy y Salta, desató una ola de repudios y expresiones de solidaridad. Los gremios de ambas casas de estudio reclamaron su inmediata libertad. También lo hizo la propia Universidad Nacional de Salta. “Es una persecución política e ideológica”, aseguró la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu). 

“Una vez más la (In) Justicia de Jujuy actúa de manera irregular, apartada de los procedimientos legales vigentes, cercenando los derechos y garantías de lxs ciudadanxs de esta provincia y de cualquiera que se atreva a poner un pie en ella", denunció la Asamblea Permanente por los derechos humanos regional Jujuy (APDH). 

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En Jujuy, la Policía provincial desalojó un corte de ruta en Purmamarca

Después de la derrota en las PASO, Gerardo Morales se desquitó con los pueblos originarios

Tras perder en la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, el gobernador ordenó que la infantería jujeña rodeara a los integrantes de pueblos indígenas que sostienen un piquete en protesta contra la reforma constitucional. Los policías llegaron sin orden de allanamiento y "rompieron todo", denunciaron las comunidades.

Juan Ignacio Prevendola

De todos los derrotados del domingo, el que menos tardó en dejar brotar su fastidio fue Gerardo Morales: el mismo lunes por la mañana ordenó a la policía de Jujuy abroquelarse en las rutas de la provincia que gobierna para impedir que las distintas comunidades indígenas volvieran a cortarlas, tal como estas sugirieron que podrían hacerlo tras levantar las barricadas el jueves previo a las PASO.

Hasta entonces, el gobernador jujeño prefería esperar a que lo hiciera el Ministerio de Seguridad de la Nación por medio de sus propias fuerzas represivas, señalando que los cortes suponen un delito federal y por ende la responsabilidad le compete al Gobierno nacional. Sin embargo, el domingo a última hora cambió bruscamente de parecer y dio la indicación a su propia Infantería de hacerse presente en las inmediaciones del acceso a Purmamarca, donde desde el 17 de junio está la confluencia más importante de pueblos indígenas protestando contra la reforma constitucional por la que no fueron consultados, a pesar de que distintas leyes nacionales exigen su opinión en circunstancias donde se discuta el uso de las tierras que ellos ocupan.

Así las cosas, doscientos efectivos se desplegaron a las 7 de la mañana en la intersección de las rutas 9 y 52, sobre la rotonda de ingreso al pueblo turístico que ya no es solo conocido por el Cerro de los Siete Colores, sino ahora también por una resistencia indígena que se extendió a otros puntos carreteros de Jujuy y, más cerca en el tiempo, a una procesión a pie hasta la ciudad de Buenos Aires, donde todavía permanecen acampando en Plaza Lavalle, frente a al Tribunales, a la espera de ser atendidos por los miembros de la Corte Suprema.

Según distintas versiones, la policía intimidó a los indígenas que estaban en la banquina, zona hacia la que se corrieron desde el jueves para permitir el tránsito vehicular de cara a las elecciones primarias. Fueron pateados distintos objetos, entre ellos comida, una acción que recuerda a la represión del 17 de junio, cuando los efectivos también se ensañaron con los alimentos que habían recibido las comunidades y también con su vajilla.

Luego las fuerzas se extendieron hasta otras zonas de la ruta 9 como el paraje San Roque, en el departamento de Humahuaca, y Tilcara, coordenadas de los otros cortes fuertes de la Quebrada. Lo más alarmante de todo son los videos en los que se vuelve a observar la presencia de camionetas sin el logo identificatorio de la fuerza de seguridad a la que pertenece ni su patente, accionar por fuera de la ley a la que la policía de Morales ya había echado mano a fines de junio pasado, aunque en ese momento solo en los barrios de San Salvador.

Fue, en efecto, la primera medida de Gerardo Morales después de la dura derrota que él y Juntos por el Cambio padecieron en lo que parecía ser el terreno sagrado del Moralismo, la plataforma de expansión hacia su proyecto presidencialista: en mayo, su delfín Carlos Sadir le aseguraba continuidad al régimen con casi el 50 por ciento de los votos en las elecciones provinciales, desagregadas de las nacionales por motivos que hoy se entienden mejor. Tres meses después, el capital electoral se redujo a la mitad.

En aquel entonces, Morales había sido electo también como convencional constituyente y creyó que era el momento indicado para dar el salto que le pedían sus ambiciones. La rosca finalmente le permitió ubicarse como vice del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, una presentación con honores que lo convenció de tomarse el ascenso en serio. Pero, en simultáneo, su provincia era un caldero con paros docentes y movilizaciones varias por reclamos salariales, más los cortes de rutas de las comunidades indígenas que le reprochaban la desprolijidad con la que lideró la reforma constitucional. La respuesta del gobernador fue hostil, ordenando cruentas represiones mientras acusaba a los disidentes de ser manifestantes a sueldo (el “turismo piquetero” que esgrimió su mando derecha Alejandro Nieva) y de representar a un porcentaje marginal de la población jujeña. La tensión fue tal que ni siquiera pudo hacer campaña en su propia provincia, tan solo una serie de pequeños actos en la localidad de Perico, a treinta kilómetros de San Salvador.

Gerardo Morales fue electo gobernador de Jujuy en diciembre de 2015 y desde ese entonces venció en todas y cada una de las elecciones provincial que lideró, ya sea como candidato central o como garante electoral. Una cosecha de votos de ocho años que dilapidó en tres meses: su fórmula con Larreta sumó no mas que el 24 por ciento de los votos, exactamente la mitad de lo que la misma coalición había recolectado en mayo.

SI bien su lista fue la más votada de Juntos por el Cambio en Jujuy (triplicando a la de Patricia Bullrich), la boleta no pudo ganar en ninguno de los 16 distritos electorales en los que se divide la provincia (14 fueron para La Libertad Avanza y dos para Unión por la Patria). Y no solo eso: en la mitad de ellos terminó tercero, por debajo del acumulado de UP Patria, y en dos de ellos incluso cuarto, relegado también por el Frente de Izquierda: se trata de Cochinoca, en la Puna, y de Humahuaca, sede de varios cortes de ruta.

La pregunta central es cómo se reordenará Gerardo Morales después de esta doble derrota, ya que quedó eliminado de la elección general por la presidencia o, al mismo tiempo, debilitado en su propio terruño, donde hasta hace dos días le ponía pecho a las críticas jactándose de un apoyo en las urnas que acaba de dejar de tener.

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Comuneros de 400 pueblos originarios llegaron desde Jujuy en defensa de sus territorios y sus recursos naturales

El Tercer Malón de la Paz ya acampa frente a la Corte contra la Constitución de Morales

Laura Vales

Después de recorrer 1875 kilómetros —salió de Jujuy el 25 de julio y pasaron por Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Fe— el Tercer Malón por la Paz llegó a la ciudad de Buenos Aires. Está integrado por comuneros de los pueblos originarios que habitan la provincia, movilizados en contra de la Reforma de la Constitución jujeña y reclaman que sea declarada nula, en defensa del agua y del derecho a sus tierras. El Malón se instaló por ahora frente al Palacio de Tribunales a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de esta reforma que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales.

Esta es la marcha indígena más grande desde el Bicentenario. Se decidió mientras en Jujuy las comunidades andinas mantienen, desde hace un mes y medio, cortes de ruta contra la Reforma Constitucional. Las sucesivas represiones dispuestas por Morales no han desarmado esta protesta, pero los cortes a su vez tampoco han conseguido hacer caer a la Reforma. Muchos de los que se mantienen en la ruta han sido judicializados, tienen abiertas acusaciones por delitos penales, o fueron intimados a pagar cuantiosas multas contravencionales. Por eso, el Malón, que representa a 400 comunidades,  no le puso fecha de cierre a su permanencia en Buenos Aires. La gravedad de la situación los fuerza a buscar en la ciudad capital del país las garantías constitucionales que en Jujuy les faltan.

Los tres objetivos de los maloneros son:

• Exigir a la Corte Suprema que declare inconstitucional la Reforma que hizo sancionar de apuro el gobernador (y precandidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio) Morales.

• Pedir al Congreso nacional la intervención de la provincia de Jujuy.

• Que el Congreso apruebe una ley de Propiedad Comunitaria.

Solidaridades

En Buenos Aires, el Malón tuvo un recibimiento a lo grande. Las comunidades que atravesaron el país (vinieron collas, atacamas, okloyas, guaraníes) lo habían hecho combinando caminatas con trayectos en vehículos, y para el último tramo organizaron una marcha. La manifestación arrancó en Once, a las 9 de la mañana, pasó por el Congreso y el Obelisco y, en un mediodía que parecía de pleno verano, terminó frente al Palacio de Tribunales. A lo largo de ese camino se le fueron sumando grupos: movimientos sociales del conurbano, sindicatos, partidos políticos, espacios de arte callejero, vecinos que querían expresar su apoyo.

Era el día de la Pachamama, 1 de agosto. En el punto de largada, la plaza Miserere, los maloneros hicieron una ceremonia: la rogativa a la madre tierra para que las gestiones que vinieron a hacer terminen con éxito.

“En nuestro territorio se están violando todos los derechos. El pueblo está sufriendo a causa de un gobernador que gobierna como en dictadura y de los cómplices constituyentes. No fuimos consultados para la reforma, no tenemos derecho a manifestarnos, nos mandan a reprimir, no tenemos derecho a nada; lo digo con bronca porque mis hermanos han perdido la vista por disparos de la policía. Como Colón, que vino a saquear, detrás de esta Reforma de la Constitución de la provincia están las multinacionales esperando llevarse la riqueza”, dijo allí Arturo, uno de los comuneros, los hombros cubiertos por una Whipala, la bandera de siete colores.

En la cabecera de la marcha que avanzó por la Avenida Rivadavia se ubicó una primera línea de mujeres de las comunidades, las referentes de mayor edad. Varias vestidas con polleras, cholas, todas con las ropas coloridas del altiplano, llevando sombreros collas, de los que tienen vuelos en el ala, otros más rígidos, de color negro, que según explicaron en la marcha es el sombrero de uso guaraní. En los pies, zapatillas como las que se compran en cualquier lado, o sandalias con medias. Llevaban una bandera de arrastre con la consigna “Tercer Malón de la Paz. Jallalla” (Viva!).

-¡Arriba esas mujeres valientes!- les gritó, desde la vereda, Elisa, vecina sufriente de Buenos Aires, docente jubilada. A los costados de la marcha se veía bastante gente que, como ella, se había acercado suelta para expresar un respaldo. Enfermeros autoconvocados que se acercaron a tomar la presión y hacer curaciones de pies, docentes disidentes que distribuyen folletos explicando el conflicto.

Detrás de la cabecera se ordenaron las delegaciones de las distintas comunidades, llevando otros carteles, como “Abajo la reforma, arriba los derechos” o “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.

En ese mismo primer sector de la movilización, el de las comunidades indígenas, marcharon unos cincuenta o sesenta sicuris (tocadores de sicus) que le pusieron fondo de fiesta a la protesta. Eran salteños, jujeños y otros varios residentes en Buenos Aires que dejaron los pulmones para cantar el ya instalado “Morales gato” (ladrón) que es la canción insignia de este ciclo de manifestaciones jujeñas.

Para la mitad de las cosas que se vieron en la marcha, a los rioplatenses nos faltan las palabras. Otras ropas, otros ritos, otros instrumentos de música, gestos con significados que se escapan: una comunera colla hace fuego en un tiesto sobre el que quema unas ramas, esparce después el humo, que perfuma la calle. “Eso que quema es molle (lo que aquí llamaríamos ramas de pimienta), ella está haciendo una sahumada para tirar buenas energías y pedir a la Pachamama lo que se necesita”, explica Graciela, también integrante del Malón, habitante de una comunidad de Abra Pampa.

--¿Y qué es lo que pide?

--Que caiga la Reforma y que se intervenga la provincia.

Atrás de la larga columna de las comunidades marchan las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano: la dos CTA, con sus sindicatos; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y sus movimientos sociales, también los movimientos de la izquierda partidaria y los de la izquierda independiente, el PTS, el PO. Aquí también se canta: “No queremos mano dura, no queremos represión, queremos para los pibes trabajo y educación”.

Esta es otra música, más cercana a la cumbia pero también jugada a colocar el ánimo bien arriba. Una banda de bombos y trompetas del barrio Don Orione parte la calle. La columna ya va por la Avenida de Mayo y 9 de Julio y en la esquina un grupo de turistas europeos se ha parado boquiabierto a mirar. Tienen una guía.

-- …y si no me creían que este es un lugar de marchas, aquí la tienen--, les dice ella, con tono satisfecho.

--¿Son bolivianos?--, quiere saber un sesentón del grupo de turistas, alto y fornido, que en el mediodía de este verano en pleno invierno se ha puesto unos lentes de sol.

--Son argentinos-- dice la guía, tajante. Y señala hacia la 9 de Julio, hacia el edificio del ministerio de Desarrollo Social:  “Y esa figura que se ve allá es la de Eva Perón, la mujer política más importante del país, de la que ahora les voy a contar”.

Sin fecha de regreso

Cuando llega a la plaza del Palacio de Tribunales, frente a la sede de la Corte Suprema, la marcha ha engordado en acompañantes. Entre las caras conocidas se ve a Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), a Esteban "Gringo" Castro y Lito Borello (UTEP), a Hugo Godoy (CTA Autónoma) a Myriam Bregman y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista).

Las puertas de Tribunales están valladas. La marcha ha llegado hasta acá porque la Corte Suprema tiene para resolver una presentación de la Casa Rosada para que se declare inconstitucional la Reforma debido a que varios de sus artículos violan las garantías previstas por la Constitución Nacional.

“Queremos que la Justicia de la Nación se expida sobre la Reforma Constitucional de la provincia de Jujuy, algo que ya hemos planteado en la provincia misma, pero sin respuesta”, dice Armando Quispe, referente de la comunidad Queta.

Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya, añade que “es necesario que la Justicia nos escuche porque Jujuy es un experimento de laboratorio de saqueo y represión”.

Frente a los tribunales, los comuneros montarán una vigilia. No está clara la modalidad que tomará, si va a ser un acampe, ni cuántos días de permanencia tienen previsto porque, como sucede en los cortes de ruta de Jujuy, las decisiones se van tomando en asambleas y de acuerdo a cómo se va desarrollando un proceso que pinta para largo.

Arturo, el comunero que tomó la palabra en el inicio de la marcha, en la plaza de Once, asegura que no tienen fecha de regreso. “Si no ganamos acá, allá nos espera la represión y las causas judiciales. Venimos a llevarnos un triunfo, pedimos que no nos dejen solos: si no ganamos, lo que empieza en Jujuy va a seguir por cada una de las provincias; lo que hoy nos pasa a los pueblos originarios va a llegar a las ciudades”. 

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Aníbal Fernández llegó a Jujuy para intervenir el Partido Justicialista provincial

El ministro de Seguridad de la Nación llegó junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, llegó este lunes a la provincia de Jujuy junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, para dar curso a la intervención del Partido Justicialista provincial. "No somos ni magos ni genios, somos compañeros y en este caso nos invitaron a ayudar a recomponer la estructura en cuanto a capacidad competitiva y otras posibilidades ciertas", expresó Fernández tras llegar esta tarde a Jujuy.

El ministro estuvo acompañado por los precandidatos de las dos listas de Unión por la Patria (UP) que competirán por cargos legislativos nacionales en las elecciones del 13 de agosto con la fórmula Massa-Rossi y en la tarde se reunió con dirigentes peronistas, entre ellos, el ex presidente del PJ jujeño Rubén Rivarola, actual diputado provincial y precandidato a senador nacional por UP, para la entrega de los atributos. Rivarola fue el principal apuntado por acompañar la reforma constitucional del gobernador provincial, Gerardo Morales. 

En diálogo con la prensa local, Fernández contó: "Lo primero que hicimos fue reconocer lo que tenemos y cómo hacer para trabajar en conjunto para lo que se viene hasta el 13 de agosto y el 22 de octubre, para los que sean electos". Seguidamente, apuntó que el "objetivo" es ganar la elección y agregó: "Como se merece el peronismo jujeño".

En tal sentido, confió en la "capacidad de los hombres y mujeres del peronismo jujeño" para trabajar en la recomposición del partido a nivel local y "ojalá sea la última vez que Jujuy pase por ello". Fernández también destacó la disposición de Menéndez y consideró: "(Menéndez) está de campaña porque es intendente en Merlo y tiene que competir (por su reelección), sin embargo, cuando lo convocaron acá está conmigo".

El 14 de julio pasado, el presidente y titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Alberto Fernández, intervino el PJ de la provincia de Jujuy para "ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país, de una clara oposición al gobierno de Gerardo Morales y las políticas represivas", según comunicó en esa oportunidad desde Twitter la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

El ministro Fernández no descartó recorrer la ruta nacional 9 donde continúan varios cortes de ruta que llevan adelante las comunidades originarias que exigen la anulación de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Gerardo Morales.

"En esos lugares está mi gente, tengo a la Gendarmería a mi cargo", dijo y manifestó su anhelo de "poder hablar con las comunidades, conocer sus inquietudes y ayudarlas" a la vez que recordó que la justicia federal los autorizó a intervenir "pero no nos obliga a actuar y mucho menos a reprimir".

El Destape

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Espero que haga una buena y defienda al pueblos de la policía de Morales.

 

A 47 años del secuestro de 400 habitantes de tres pueblos de jujeños

Jujuy: "Estamos reviviendo la noche del apagón"

El pedido de intervención del Gobierno nacional atravesó las convocatorias. Frente a las oficinas de Blaquier, Taty Almeida exigió el fin de la represión y la derogación de la Constitución. 

Karina Michelleto

"Hoy he visto muchas columnas, unas que vienen, otras que van, pero a todas nos une el mismo objetivo: repudiar al repudiable Gerardo Morales". A las primeras palabras de Taty Almeida, única oradora del acto frente a las oficinas de la corporación Ledesma, en el día en que se cumplieron 47 años de los siniestros apagones en Jujuy, se sumaron otras demandas, igual de contundentes: Que se derogue la Constitución recientemente sancionada en la provincia. Que cese la represión y el amedrentamiento con el que, por esas mismas horas, la policía provincial impedía que se acercasen los manifestantes a la marcha de Jujuy (ver nota aparte). Que la justicia sea completa en la con los delitos del apagón y que, en el primer año tras la muerte impune de Blaquier, se avance también sobre la pata empresaria, la única que zafó ante de la justicia. Que cese el hostigamiento judicial, también para Milagro Sala y el resto de las presas y presos políticos. Y sobre todo: que el gobierno nacional intervenga en Jujuy ante la escalada de violencia, "ya sea por la vía de la intervención como tal, o con el mecanismo que considere, pero que haga algo ya para frenar la barbarie", coincidieron los diferentes referentes consultados por Página/12. El aludido gobernador, jefe de la UCR y precandidato a vicepresidente, mientras tanto, jugaba el juego de la interna cambiemita con una extensa carta publicada en redes sociales en la que responsabilizaba al "kirchnerismo y su mano de obra barata, la extrema izquierda" de la violencia en su provincia (ver aparte). 

La convocatoria de organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales tuvo como epicentro la esquina de Corrientes y Reconquista. Allí, en Corrientes 415, el grupo Blaquier tiene sus oficinas. Sigue dirigida por los herederos de Carlos Pedro Blaquier, sus cuatro hijos varones y el hijo de su hija mujer, un Pereyra Iraola. La familia rankea en Forbes entre las más ricas de Argentina. "Es aquella ventana que está abierta y desde donde estuvieron filmando todo", señaló a Página/12 Ricardo Arédez, hijo Luis y de Olga, emblemas del Apagón. Su padre fue el médico e intendente de Libertador que tuvo la osadía de querer cobrarle impuestos municipales a Ledesma, o exigirle atención médica para los obreros. Fue secuestrado por una patrulla militar que se trasladaba en un camión del ingenio. Lo liberaron, volvió a Ledesma, fue secuestrado nuevamente, continúa desaparecido. Su madre Olga marchó desde entonces por la plaza del pueblo, y lideró las marchas del apagón hasta su muerte en 2005. Murió a causa de la contaminación del bagazo, los restos de la caña quemada al aire libre por la empresa Ledesma.

"El verdadero Estado paralelo en Jujuy desde hace 120 años es Ledesma. Siguen teniendo el mismo poder. Morales no hace más que sumarse a la cadena histórica de complicidad política y empresarial. Es la misma impunidad y la misma matriz de violencia", analizaba el hijo de dos víctimas directas de Ledesma, testigo del secuestro de su padre cuando niño. 

Recordaba lo simbólico de que se cumplan 40 años de marcha en Jujuy, en circunstancias tan particulares: en el primer año tras la muerte impune de Blaquier, y el primero tras el extenso juicio que concluyó en diciembre pasado e incluyó condenas a responsables de las fuerzas armadas (pero no empresariales: Alberto Lemos, mano derecha de Blaquier y administrador del ingenio en la dictadura, sigue sin ser juzgado). Y, fundamentalmente, la primera que se da en medio de una abierta, defendida y hasta celebrada represión al pueblo jujeño en democracia, y con la policía en las calles tratando de impedir o dificultar la llegada de los manifestantes. 

Contra la reforma, por los derechos

"NO a la reforma, SÍ a los derechos", fue la consigna que se leyó en la gigantesca bandera que encabezó la movilización y que se escuchó en los cánticos. Brazo con brazo con la Madre Carmen Loréfice --y junto a referentes como María Elena Naddeo, Roberto Baradel, Sonia Alesso, Daniel Catalano, Dina Sánchez--, Taty Almeida leyó el documento conjunto de los organismos. "Ya no pedimos, exigimos. Jujuy es inadmisible", advirtió. 

"Jujuy fue y es el laboratorio en que la derecha sigue ensayando sus métodos más violentos, que no dudarán en implementar si tienen éxito en todo el país", leyó en el documento que lleva la firma de Madres Línea Fundadora, Abuelas, Familiares, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, H.I.J.O.S. Capital, la APDH, entre otros. Mencionó a Misael Lian Lamas y Joel Paredes, dos jóvenes que perdieron la visión en sus ojos por la represión en Jujuy. Pidió "votar con memoria".

"El gobierno de Gerardo Morales descarga una feroz represión sobre el pueblo de Jujuy, que se manifiesta pacíficamente. La movilización popular demanda ser oída, el pueblo rechaza la reforma de la Constitución, hecha en tiempo récord y de manera inconsulta. Exigimos que se escuche al pueblo", sostuvieron los organismos. 

"Se hace imprescindible la acción del gobierno nacional. No alcanza con la intervención del PJ provincial", leyó Taty el texto. En sus palabras, finalizó con el pedido de intervención a la provincia. "Lo que planteamos es que el gobierno nacional tiene que intervenir, de la manera que considere más eficaz. La intervención política es una de las posibilidades, puede ser otra, pero algo hay que hacer, urgentemente", ratificaron a Página/12 Roberto Baradel y otros dirigentes sindicales presentes. 

Muchas marchas

A la habitual dinámica de los jueves, día de marcha y ronda de las Madres en Plaza de Mayo, se sumaron ayer las distintas convocatorias en recuerdo de la noche del apagón en Jujuy, todas ligadas al presente. Sobre las 4 y media de la tarde, una extensa columna de la Tupac, con sus banderas blancas y sus wiphalas al frente, se retiraba por la avenida Corrientes, un ratito antes del comienzo del acto, por cuestiones organizativas. "A las Madres y a los organismos los amamos, recién estuvimos con ellos, el tema es que no movilizamos en micros y los compañeros tienen que volver al Conurbano en tren, no pueden volver tan tarde", explicaba a Página/12 Alejandro "Coco" Garfagnini.

"Estamos reviviendo la trágica Noche del Apagón, con la misma metodología, camionetas de empresas privando a la gente ilegalmente de su libertad, irrumpiendo en sus casas, llevando compañeros, hasta a un abogado que los defiende. Es evidente que Morales pretende ser el heredero de Blaquier. Y nosotros pretendemos ser los herederos de Olga y Luis Arédez y de los que dieron su vida por un Jujuy distinto", agregó el referente de la Tupac. 

Sobre la misma hora llegaba a Plaza de Mayo la nutrida convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que marchó hasta allí desde la Casa de Jujuy. Tras la bandera que dice "Basta de represión en Jujuy" se sumaron las de la Correpi, el Partido Obrero, el PTS, la AGD, el Serpaj, con presencias como las de Miriam Bregman, Vilma Ripoll, Manuela Castañeira, Gabriel Solano. 

El Apagón, ayer y hoy

Hace 47 años, durante una semana, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, se produjeron cortes de energía eléctrica simultáneos en tres pueblos jujeños: Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar. Con los pueblos en penumbras, el ejército, la Gendarmería y la Policía provincial desplegaron operativos conjuntos que terminarían con los secuestros y torturas de 400 personas. 33 de ellas continúan desaparecidas. Las primeras en ser levantados en las camionetas de Ledesma fueron personas vinculadas con el movimiento sindical, estudiantil y villero. 

Con la Justicia que llegó a medias tras años de dilación de la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema (la Secretaría de Derechos Humanos exigió ayer que se inicie de manera urgente el juicio contra Alberto Lemos) aquellos hechos, lejanos en el tiempo, retumban hoy de manera demasiado cercana. 

La carta de Morales

En su "Carta abierta por la Argentina de la Paz y la Verdad" Gerardo Morales volvió a intentar invertir la carg de la prueba: acusó al Gobierno nacional de un "permanente apoyo a grupos violentos organizados, y al kirchnerismo de "organizar el caos" y "la dictadura de las minorías". Habló de "la escena que el kirchnerismo y su mano de obra barata, la extrema izquierda, han intentado montar en la provincia de Jujuy”. En su postura, nuevamente, la violencia es ejercida por quienes protestan en las calles, y sobre todo exportada, traída de afuera. 

Ni lenta ni perezosa, Patricia Bullrich respondió, también vía Twitter: “El orden es el punto de partida. No se negocia con los violentos”, y abajo publicó su spot de campaña. Una pelea de duros en busca del voto de la derecha más endurecida. 

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A pesar de que el camino fue habilitado por la justicia federal

La Policía de Morales impide el paso a las personas que viajan a la marcha del Apagón en Ledesma 

Los efectivos de Jujuy multan y obligan a retornar por la ruta a quienes se dirigen a la tradicional caminata por memoria, verdad y justicia.

El gobierno de Gerardo Morales está impidiendo el paso de manifestantes que se dirigen en camionetas trafic y colectivos a Ledesma, Jujuy, para asistir a la tradicional caminata por memoria, verdad y justicia a 47 años de la Noche del Apagón, pese a que existe una resolución de la justicia federal que avala la movilización.

Según informó una fuente que está viajando hacia allí, en Las Lajitas, ruta 34 y ruta 66 varios efectivos policiales de Seguridad Vial y Tránsito de Jujuy están multando y haciendo volver a quienes quieren llegar a la movilización en camionetas trafic, colectivos o remises.

"A los docentes que están yendo a participar de la Marcha del Apagón en Ledesma los detuvieron en San Pedro y los hicieron bajar de las 2 trafic en las que se transportaban. Al parecer les solicitaron un permiso provincial que no existe para transitar en una ruta nacional", informó otra manifestante. 

"Ahora las docentes van caminando por la vera de la ruta, esperando encontrar transporte ya que no quieren vender tampoco boletos (de colectivo) ni en San Pedro, ni en Caimancito. Es terrible lo que están pasando los colegas", añadió.

Martina Montoya, periodista y militante de derechos humanos, quien sí pudo asistir a un acto por los 47 años de la Noche del Apagón donde exalumnos de la Escuela Normal recordaron a sus 16 compañeros desaparecidos, contó que la conmemoración se hizo en la vereda de la institución porque "desde hace años, el gobierno de Gerardo Morales no nos permite ingresar al establecimiento (en esta fecha)".

Respecto a las dificultades para llegar a la marcha, Montoya contó que "Balut y otras empresas (de colectivos) no quieren vender pasajes y alquilar los micros para que el pueblo pueda movilizarse a Calilegua y realizar la marcha del Apagón". 

La marcha a la que intentan llegar miles de manifestantes en Jujuy se realiza todos los años para recordar a las víctimas de “La Noche del Apagón”, como se conoce a la ola de secuestros protagonizados por la Policía de Jujuy, la Federal, el Ejército y la Gendarmería en la semana del 20 al 27 de julio de 1976 en Calilegua, El Talar, Libertador General San Martín y otras localidades del departamento de Ledesma. 

A esos delitos también se los conoce popularmente como "el Apagón de Ledesma" debido a los cortes de energía eléctrica para oscurecer los pueblos que fueron la antesala de las detenciones ilegales de más de 300 militantes políticos y sindicales, maestros rurales, trabajadores y estudiantes, en las que se usaron vehículos y demás recursos del poderoso ingenio Ledesma. El dueño de la empresa azucarera, Carlos Pedro Blaquier, murió impune gracias a la protección del Poder Judicial el 13 de marzo de este año. 

Este jueves 20 de julio también se cumple un mes de la brutal represión por parte del gobierno de Gerardo Morales contra jujeños y jujeñas que protestaban contra la reforma constitucional aprobada en la provincia que, entre otras cosas, impuso justamente una criminalización de la protesta social.

Morales, el (anti)democrático

Horas antes de desplegar un nuevo ataque contra la libertad de manifestarse del pueblo jujeño, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, publicó una carta abierta victimizándose en la que asegura que su gestión se enfrenta a “una nueva problemática que deben solucionar quienes aspiran a vivir en una sociedad democrática, libre y plural, con plena vigencia del Estado de Derecho". 

En el texto, publicado esta mañana en sus redes sociales, el mandatario de la UCR apunta contra “sectores violentos organizados a través de distintos grupos que, disfrazados de organizaciones intermedias de la sociedad, son financiados con recursos públicos y tienen como finalidad la presión sobre el sistema para obtener cada vez más fondos sin cumplir ningún estándar de transparencia ni rendición de cuentas sobre el manejo de los mismos”.

El accionar de esos grupos, sostuvo el gobernador, “se efectúa al amparo del gobierno nacional del Frente de Todos (FdT), que pone como condición para esa entrega de fondos públicos el permanente apoyo a su favor o la persecución y hostigamiento a sus adversarios políticos (según convenga), además de perseguir y violentar a los grupos y minorías que no se suman a las acciones políticas definidas por sus cúpulas”.

“Algunas organizaciones sindicales como la CTA, CTERA y SUTEBA”, continuó el radical en su texto, “entregan a sus trabajadores, de acuerdo con lo que surge de las últimas paritarias, y las llamadas organizaciones sociales kirchneristas llenan las calles de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país”.

“Vinieron a alterar la paz lograda porque en Jujuy, el Estado Provincial (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) no reconoce el corte de calles y de rutas como una modalidad de protesta, sino como un delito”, remarcó el gobernador de Jujuy, por si no había quedado clara su postura con la represión del 20 de junio. Y agregó: “este es un nuevo problema de la democracia actual. A los riesgos de los golpes de mercado, ahora se suma otro riesgo, el riesgo del caos. El instrumento para amenazar la democracia de parte de sectores que cabalgan sobre el discurso de la exclusión es el caos”.

Bullrich, quien coqueteó durante meses con la posibilidad de ir a una fórmula con Morales pero terminó enfrentada a él en la interna, salió a respaldarlo, como hace cada vez que el precandidato a vicepresidente hace gala de su mano dura. "El orden es el punto de partida. No se negocia con los violentos", tuiteó la exministra, junto a un spot de campaña.

Cómo sigue la situación de los detenidos en Jujuy

Este jueves, los tres jóvenes que se encontraban detenidos con prisión preventiva en el penal del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, a raíz de una denuncia realizada por una concejal de Humahuaca producto de los incidentes y represión del pasado 1 de julio en inmediaciones del municipio de esa ciudad, fueron liberados aunque permanecen imputados por diversos delitos.

Se trata de Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Rolando Tapia, que habían sido apresados por efectivos de la policía provincial en Humahuaca. "El juez de feria dispuso la libertad de los tres muchachos en la audiencia de esta mañana, concretamente, a los fines de argumentar la solicitud del pedido de cese de prisión lo que no modificó en nada la imputación ni de ninguna cuestión que hace al proceso de investigación del hecho", explicó Lorena Mamaní, representante legal de los jóvenes.

La abogada comentó que en esa instancia, junto a su colega Luis Paz, lograron "argumentar de manera sólida la situación respecto de la pertenencia de los tres en la ciudad de Humahuaca, donde tienen sus domicilios y trabajan y no configuran una situación de peligro o de entorpecimiento de la investigación".

En el marco de las protestas contra la reforma constitucional y como resultado de las presentaciones de sus abogados, el lunes pasado fueron liberadas otras nueve personas detenidas en San Salvador de Jujuy que también habían sido alojadas en el penal de Alto Comedero. Otro de los apresados en la semana pasada fue el del abogado defensor de derechos humanos, Alberto Nallar, quien continuaba con prisión domiciliaria por 20 días en la capital jujeña.

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Seria bueno que ahora también vaya gendarmería a desalojar la ruta cortada por la policía.

 

Tres personas la torturaron en su casa el 27 de junio

Jujuy: cómo fue el brutal ataque a la docente Camila Müller 

Hoy se cumple un nuevo aniversario de La noche del Apagón. Tantos años más tarde, las prácticas terroristas continúan vigentes en Jujuy. Represión, balas de goma sobre cuerpos y ojos, capturas al azar en camionetas blancas sin patente. Al repertorio que exhibe el gobierno de Morales le faltaba el ataque sobre el cuerpo de una mujer, que también protesta. 

Analia Brizuela

Camila Müller, bailarina, docente, pañuelo verde, militante por los derechos de las mujeres, jamás olvidará el brutal ataque que sufrió la madrugada del miércoles 28 de junio. 

Sospechaba que era vigilada. Un día antes, el martes 27, un patrullero sin patente aunque con el número 832, intentó atropellarla mientras cruzaba la Avenida Bolivia a la altura del Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy. Iba por la senda peatonal y con el semáforo en rojo a su favor. Si no corría, ese móvil la arrollaba. Fue un aviso.

"Lorena, me atacaron". Solo pudo encontrar esas palabras la madrugada del 28, cuando pudo llamar a la abogada Lorena Cruz, una representante de la Misión Solidaria de Derechos Humanos que visitó Jujuy tras la represión del 17 de Junio en el corte de rutas en Purmamarca. Habían pasado unas doce horas desde el ataque que sufrió en su domicilio. Su cuello y su garganta estaban lastimados, por el cable o el cinturón, no sabe bien, que los atacantes usaron para dejarla sin aire en varias ocasiones. 

Cuando hizo ese llamado, Camila no tenía voz para contarle a Cruz que un hombre de voz gruesa y acento jujeño, acompañado por dos mujeres, había entrado a su casa y la había atacado con la sola intención de la tortura. En conversación con este diario, Camila resumió el principio de la secuencia de tortura que padeció con la breve descripción: "mi cuerpo saltó". Cuando abrió la puerta a la 1.30 de la mañana del 28 de junio, lo hizo creyendo que era un compañero del interior a quien le brindaba hospedaje. Pero no. Resultó ser la silueta de un hombre con capucha y un barbijo negro, que rápidamente le levantó su remera y la usó para taparle los ojos y le llevó los brazos hacia atrás para precintar sus muñecas. Inmediatamente, el hombre le colocó en la boca un trapo con fuerte olor a un combustible que Camila aún no logra identificar. 

En ese momento tuvo la sensación de que la iban a secuestrar, o a "chupar", una palabra que aprendió de otras experiencias porque con su familia llegaron desde Córdoba a San Salvador a principios de los 80. "Mi papá era militante peronista, participó en el Cordobazo", contó en un paréntesis del relato sobre la represión del gobernador Gerardo Morales que sufrió en carne propia. Camila se dio cuenta de que todo iba a ocurrir en su casa, cuando una de las dos mujeres que acompañaban al hombre que ya la tenía maniatada, cerró la puerta. "Se puso detrás mío, tenía el cuerpo pegado, me manoseaba, introdujo sus dedos en mi vaigna", relató. Y cree que el hombre la ahorcó con un cinturón: "Estaba en mi cuello, y era duro", detalló. "Cuando sentía que me latían los ojos, que estaba a punto de matarme, soltaba. Sabía lo que estaba haciendo, sabía en qué momento parar. Y yo tenía ese trapo en la boca". 

La táctica se repitió. Cada vez que el hombre —de olor inconfundible, a madera probablemente— dejaba de ajustar en el cuello, las mujeres la golpeaban. Primero en la cara, luego en los ojos, después en el maxilar. "Puta", escuchó. "Ellos se daban indicaciones. Ellas decían 'soltá', 'pará', 'ya está'. Eran jujeñas", rescata hoy Camila de sus recuerdos. Cuando se fueron, le tiraron las llaves y, entre risas, le recordaron sus posteos en Instagram. Después que la intentaron atropellar el martes 27 cuando cruzaba la Avenida Bolivia en San Salvador de Jujuy, Camila logró filmar la camioneta que la perseguía desde temprano. Ese vehículo regresó a la parada, como para chequear si el objetivo se había cumplido. Camila, que recordaba la patente, la filmó y compartió el video en su red social.

Alicia Montoya le consiguió donde ser atendida. "No era seguro ir a un hospital público", contó Camila. Alicia es la coordinadora de la Misión de Solidaridad Internacional y DDHH que viajó a Jujuy después de la represión del 17 y 20 de junio para relevar la situación y emitir un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Tenía heridas en la cara, en el cuello, en las piernas. El 29 de junio, la abogada del CEDEMS, Lorena Mamaní, presentó un habeas corpus en la justicia jujeña. También una denuncia penal". El abogado Luis Paz, que la representa actualmente, confirmó a este medio que la justicia jujeña no hizo lugar al habeas corpus presentado ese día de finales de junio. "No les importó el espionaje ilegal, tampoco la persecución que padeció Camila", declaró. "Ella, como es docente, también se encuentra en la línea de fuego. Son muy perversos", añadió sobre el accionar de quienes ejecutan las ordenes del gobierno de Morales. "Lo detuvieron al abogado (Alberto) Nallar. Podría haber sido cualquiera de nosotros", agregó. 

Camila Müller todavía sufre las secuelas de la agresión que soportó. "Voy descubriendo las huellas de ese ataque todos los días", contó. Alguna noche sola en su casa, "Un ruido me devuelve a algún momento del ataque", dijo. La médica que la revisó en el Ministerio Público de la Acusación se solidarizó con ella al advirtir la gravedad de la violencia que había recibido: "Me dijo que sea fuerte y me abrazó". Quizás, la única respuesta humana que le llegó desde el Estado jujeño. 

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