Soberanía: Una empresa británica compró activos de un consorcio que explota Vaca Muerta y Tierra del Fuego

La británica Harbour Energy PLC adquirió los activos de exploración, producción y derechos de exploración de la empresa alemana a nivel global por un valor de 11.2 mil millones de dólares. Incluye los activos en Vaca Muerta y Tierra del Fuego

Soberanía: Una empresa británica compró activos de un consorcio que explota Vaca Muerta y Tierra del Fuego

La británica Harbour Energy PLC adquirió los activos de exploración, producción y derechos de exploración de la empresa alemana a nivel global por un valor de 11.2 mil millones de dólares. Incluye los activos en Vaca Muerta y Tierra del Fuego.

En una mega operación, la británica Harbour Energy PLC adquirió los activos de exploración, producción y derechos de exploración de Wintershall Dea a nivel global por un valor de 11.2 mil millones de dólares.

Entre los activos que Wintershall Dea transfirió a Harbour están los intereses en Noruega, Argentina, Alemania, México, Argelia, Libia (excluyendo a Wintershall AG), Egipto y Dinamarca (excluyendo a Ravn), así como licencias de captura y almacenamiento de carbono (CCS).

Puntualmente en Argentina, fuentes de la empresa confirmaron a +e que todo pasa a los nuevos dueños, lo que incluye sus participaciones en yacimientos gasíferos convencionales y shale de Aguada Pichana Este y San Roque, en Neuquén; y en Tierra del Fuego, donde se produce el 15% del gas que se consume en Argentina, CMA-1 (Cuenca Marina Austral 1): Carina, Aries, Vega Pléyade y otros yacimientos menores.

Soberanía: Una empresa británica compró activos de un consorcio que explota Vaca Muerta y Tierra del Fuego

Offshore argentino

Además Wintershall DEA produce en Argentina 66,700 barriles equivalentes de petróleo por día. Y esta en curso uno de los proyectos más ambiciosos de la producción hidrocarburífera Argentina: el proyecto Fenix, junto a TotalEnergies y PAE, donde comenzaron la instalación de la primera plataforma offshore que llegó de Italia esta semana tras un viaje transatlántico.

La sede y el personal relacionado de Wintershall Dea no forman parte de la transacción. Esto requerirá una reestructuración adicional y, en última instancia, el cierre de las unidades de la sede en Kassel y Hamburgo. Harbour tiene la intención de incorporar a algunos empleados de la sede actual en la empresa combinada.

Paralelamente, y de acuerdo al plan anunciado, BASF y LetterOne seguirán siendo propietarios de la empresa que posee el negocio relacionado con Rusia, que incluye participaciones en empresas conjuntas en ese país y participaciones en propiedad en Wintershall AG en Libia, Wintershall Noordzee BV en los Países Bajos y la participación de la empresa en Nord Stream AG.

Además, Wintershall Dea se está preparando para una venta separada de su participación en WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG (WIGA), que no forma parte de la transacción.

WIGA opera en el negocio alemán de transporte de gas natural y es una empresa conjunta de Wintershall Dea (50.02%) y SEFE Securing Energy for Europe GmbH (49.98%). Las subsidiarias operativamente independientes de WIGA operan redes de tuberías de alta presión, incluidas las redes de transporte de Gascade, así como los gasoductos OPAL de 473 km y NEL de 440 km, ambos construidos para transportar gas de Nord Stream más profundamente en Europa.

www.bocadepozo.com.ar

EN ORSAI

La movilización durará 7 días

Lago Escondido: comenzó la 5º Marcha por la Soberanía del lugar que cercó Joe Lewis

Reclaman la apertura de los caminos que conectan la Ruta Nacional Nº40 con el lago, algo que ya ordenó el Superior Tribunal de Justicia rionegrino en 2017 y que Lewis nunca acató.

Esta mañana, en Río Negro, comenzó la 5º Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, impulsada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), que reclama la apertura de los caminos que conectan la Ruta Nacional Nº40 con el lago. El territorio es propiedad del magnate inglés Joe Lewis desde 1996, tras una compra investigada por la justicia. 

La movilización durará siete días. Los manifestantes planean llegar a la isla que se encuentra en medio del lago para “izar la bandera argentina y bautizarla como 'Isla de los Patriotas'”, explicó a Página|12 Julio Urien, presidente de FIPCA. El reclamo, señaló también Urien, trasciende al Lago Escondido ya que “si no se los detiene, los Lewis van a terminar manejando toda la provincia”.

La orden judicial que Lewis nunca cumplió

La primera marcha por la Soberanía del Lago Escondido se realizó a principios de 2017, ocho años después de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenara a la empresa Hidden Lake S.A., propiedad del empresario británico Joe Lewis, liberar el camino de “Tacuifí”, uno de los tres accesos privados que conectan la Ruta 40 con el Lago Escondido.

Hasta el momento, luego de maniobras dilatorias de la empresa en la justicia, Lewis nunca liberó el camino. 

“La respuesta de Lewis siempre fue recusar a los jueces; en 2018, por ejemplo, por pedido de sus abogados se apartó a la jueza Erika Fontela después de que ordenara medidas para avanzar con la apertura”, aseguró Urien en declaraciones a Página|12. El presidente de FIPCA aseguró que "esta familia, Lewis, es parte del poder real, tienen inversiones en Edenor y son socios de Marcelo Mindlin en Pampa Energía, si no los detenemos van a terminar manejando la provincia". 

Además, Urien recordó que la propiedad del magnate suele ser usada en reuniones de relevancia internacional: “Vienen personalidades del mundo a definir políticas globales. En 2016 hospedó a su amigo Macri junto a Obama. Manejan las tierras como propiedad privada, pero lo cierto es que ya se ordenó que el acceso tiene que ser público”.

Desde la montaña hasta el lago

En 2017 se realizaron dos marchas por la Soberanía. A partir de 2018, ante el continuo desacato de Lewis y la pasividad del poder político, la movilización se transformó en costumbre: cada febrero la FIPCA organiza su marcha. “En el fondo todo depende de que haya decisión política para enfrentar a Lewis, algo que hasta el momento no existió, pero nuestras acciones influyen y todos los años logramos poner la cuestión sobre la mesa para generar debate”. 

La metodología de la movilización también se repite cada año. El grupo se divide en dos columnas y una de ellas ingresa a pie por el “Cajón Azul”, único acceso habilitado por Lewis hasta el momento, imposible de transitar en auto. “Es un camino de montaña de 34 kilómetros que en su último trayecto está destruido”, detalló Urien. “Esa columna va a llegar el jueves al lago, donde acamparán dos días e intentarán llegar a la isla que se encuentra en medio del agua”. La columna, que con 60 personas triplica el número del año pasado, lleva consigo varios kayaks para navegar. 

En la marcha de 2019 esta columna fue interceptada al llegar al lago por empleados de seguridad de Lewis, que según la FIPCA funcionan como una fuerza "parapolicial". "Tiraron a dos compañeros al agua mientras navegaban y los sacaron antes de llegar a la hipotermia para que no se murieran; después dijeron que se cayeron solos y que ellos los habían salvado", señaló Urien. Este año, la organización extremará medidas para evitar ese tipo de situaciones. "Llevamos bomberos, rescatistas y vamos con cámaras para filmar todo lo que pasa", aseguró Urien. 

La segunda columna, de más de cien manifestantes, partirá el viernes en vehículos 4x4 por el camino en disputa de "Tacuifí". "En la mitad del recorrido la ruta está bloqueada por un muro; el año pasado lo saltamos y caminamos, pero este año le pusieron alambres de púas, lo dejaron como una trinchera de la primera guerra mundial", señaló el presidente de FIPCA. En caso de lograr atravesar el muro, las dos columnas se encontrarán en el Escondido para intentar llegar hasta la isla e izar la bandera argentina. "Queremos bautizarla como 'Isla de los Patriotas'", concluyó Urien.

Compras de territorios que no debían venderse

La compra de las 11000 hectáreas que componen el territorio de Lewis fue realizada en 1996 y es investigada por la justicia desde 2012. Además de ir en contra de la Constitución provincial, que en el artículo 73 establece el libre acceso "a riberas, costas de ríos, mares y espejos de agua", la operación también implicó a territorios ubicados en el "área de seguridad de frontera con Chile". Se trata de una zona protegida por la Ley de Defensa Nacional 23.554, que imposibilita la venta de esa tierra a manos extranjeras. 

Por esto último, hace cinco años la adquisición comenzó a ser investigada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En la causa consta que Hidden Lake adquirió las tierras a través de accionistas nacionales que luego las cedieron a sus actuales dueños. Sin embargo, el caso podría cerrarse. 

En diciembre de 2019, 6 de los imputados, entre ellos Charles Lewis, hijo de Joe, fueron sobreseídos por la sala Nº1 del Tribunal de Apelaciones intermedio por extinción de la acción penal. Ante esto, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe interpuso un recurso de casación para anular el sobreseimiento, algo que está pendiente de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

Informe: Santiago Brunetto

La Marcha de la Soberanía llegó al Lago Escondido

Custodiados por los hombres de Joe Lewis

El magnate Joe Lewis se niega a cumplir un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que le ordenó el libre acceso por el sendero público al lago Escondido. Emisarios de Lewis y de la Policía de Río Negro custodiaron la Marcha de la Soberanía que por segunda vez en meses demostró las dificultad para que cualquier ciudadano pueda llegar al espejo de agua.

Custodiados por la policía de Río Negro y “acompañados” por emisarios del magnate amigo del presidente Macri, Joe Lewis, la Marcha por la Soberanía llevó ayer hasta la orillas de propio Lago Escondido el reclamo de libre acceso y el cumplimento efectivo del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. 

La travesía coordinada por la fundación FIPCA y llevada a cabo por unos 35 voluntarios de organizaciones sindicales y sociales, fue reconocida por la jueza de El Bolsón, Mirtha Fontenla, quien asignó custodia de la policía de Montaña de Río Negro para garantizar la travesía. La jueza tomó esa decisión luego de una reunión de mediación  llevada a cabo el viernes 22, de la que participó el presidente de FIPCA, Julio César Urien, y el representante legal de Joe Lewis, José Luis Bianco.

La Marcha, que se extendió unos 19 km desde la ruta 40, recibió el acompañamiento  del colectivo de Sacerdotes de la Opción por los Pobres, representado por el cura Francisco "Paco" Olveira Fuster, quien ofició una ceremonia junto al colectivo de Pueblos Originarios a orilla de las aguas junto a una imagen de la Virgen de Luján bendecida por el papa Francisco para el acompañamiento de la Marcha. 

Con los militantes marcharon también el legislador provincial Alejo Ramos Mejía y la delegada de la ONG Ingenieros sin Fronteras Alejandra Portatadino. Trabajadores del gremio MUOCRA de Bahía Blanca tuvieron a su cargo la coordinación logística del cruce del caudaloso río Foyel, cuyo puente fue derrumbado y su lecho dragado por operarios de Lewis con la finalidad de mantener alejada a la población y turistas del sendero público.

Según contaron sus participantes a Página/12, el abogado de Lewis, Bianco, estuvo presente durante toda la travesía subido a una camioneta junto a otros sujetos que llevaban la cara tapada y anteojos de sol y cuya misión fue filmar y fotografiar a los militantes. Detrás de la camioneta, un conjunto de peones iban emponchados y supuestamente armados.

Sin embargo, la Marcha se llevó a cabo sin inconvenientes y, es más, lograron revertir ciertas reticencias en momentos previos que fueron plasmadas por Página/12, cuando unos treinta vecinos del paraje El Foyel le enviaron una carta al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en repudio a la marcha y reivindicando el uso privado del sendero Tacuifi por donde pasarán los manifestantes.Un vecino había sido amenazado si dejaba pasar a la caravana. "¿Quieren otro Santiago Maldonado?", le advirtieron.

Luego de la travesía, a la salida del camino de Tacuifí en El Foyel, los vecinos de la zona  despidieron la Marcha por la Soberanía con un agradecimiento y un aplauso “por este acto de convivencia ciudadana”.

A la Marcha adhirieron 13 rectores de universidades nacionales. Dos de ellos, el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Juan Castelucci y del Comahüe, Gustavo Crisafulli, participaron del primer tramo.

Por su parte, la senadora nacional por Río Negro, Magdalena Odarda, quien originó la medida cautelar que exige el cumplimiento del fallo del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia ordenando el saneamiento del sendero público, sumó su apoyo.

PAGINA 12

Río Negro quiere recuperar las tierras extranjerizadas

El gobernador Weretilneck prometió analizar lo cedido “al capital extranjero y a los amigos del poder”. Miles de hectáreas en la meseta de Somuncurá están bajo la lupa.

Por: Leandro Renou

En un acto público en la Legislatura de Río Negro, el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, pateó el tablero y aseguró que se avanzará en la recuperación de tierras públicas que se entregaron “al capital extranjero y a los amigos del poder”. El funcionario –que heredó la presidencia luego del fallecimiento de Carlos Soria– le apuntó además a la responsabilidad en la extranjerización del gobierno del radical Miguel Saiz, al decir que las cesiones fueron “un emblema de la corrupción”, y que se rifaron “las tierras más valiosas, más ricas y más sanas que tiene la provincia”. Las declaraciones, que imponen un enorme desafío a la actual conducción, son el primer esbozo público de un plan de la provincia para revisar, caso por caso, todas las cesiones de tierras a capitales foráneos que se hicieron con anuencia política desde el menemismo hasta la actualidad. Según confirmaron a Tiempo Argentino fuentes oficiales, la idea es partir de un caso testigo y más que polémico de entrega de casi 25 mil hectáreas en la meseta de Somuncurá, un área natural protegida ubicada en el centro sur de Río Negro y el centro norte de Chubut. En el año 2006, el Estado entregó estas tierras fiscales al señor Horacio Montes, pero la operación empezó a levantar sospechas. Diez días antes de la adjudicación, el comprador armó una SA con Nicolás van Ditmar, la mano derecha del magnate inglés Joe Lewis, quien en los ’90 y hasta hoy es amo y señor de Lago Escondido, un patrimonio natural que fue privatizado y al que los argentinos siguen sin tener acceso. La sociedad anónima formada –El Tomillar SA– pagó tan sólo $ 9,18 la hectárea y logró un interesante plan de pago de diez cuotas por año. Eso no es todo: a Montes se le entregaron tres terrenos, uno de 11 mil hectáreas, otro de 7000 y otro de 5000. Esta cesión constituye un delito previsto por la Ley 279 de Tierras de Río Negro, que sólo habilita a vender un predio por persona. 

En Río Negro confían en que se puede revertir el contrato, porque hasta el momento sólo se pagó un 50% del valor total de las propiedades, lo que da lugar a la intervención y el análisis. 
“Vamos a estudiar todos los casos, hay algunos con mayor certeza para pedir la nulidad. Hay un plan de estudio del tema más allá de la ley nacional”, explicó a Tiempo Luis Bardeggia, actual interventor del Instituto de la Vivienda y uno de los diputados que más investigó como diputado el avance de la entrega de tierras a extranjeros. El funcionario aclaró que el tema es grave, porque más del 20% de la superficie rural en las zonas de Bariloche y El Bolsón está en manos de extranjeros, es decir, más de lo que permite la ley nacional. 
Paralelamente, la iniciativa tendrá un correlato legislativo. “En la sesión del jueves vamos a tratar la creación de una Comisión de Seguimiento de las Transacciones y un registro de tierras”, adelantó a este diario Silvia Horne, diputada del Movimiento Evita, y agregó que “es un primer paso para el blanqueo de los negociados”. Es que, además, la justicia debe avanzar en las denuncias penales a funcionarios del gobierno de Saiz, acusados de ser socios en los casos de extranjerización. 
“Nunca olvidemos que los funcionarios no somos los dueños del patrimonio del Estado; el pueblo es el dueño del patrimonio provincial, nosotros somos circunstanciales pasajeros en la administración de los recursos públicos”, recordó Weretilneck, quien deberá demostrar compromiso con la causa. Debe revertir ante la opinión pública la imagen muy cuestionada de su antecesor Soria, recibiendo en una de sus primeras reuniones, nada menos que a Van Ditmar, socio de Lewis. 

Tiempo argentino

 TEMAS DE DEBATE: EL PROYECTO OFICIAL DE LEY DE TIERRAS

Un freno a la extranjerización

El proyecto tiene el propósito de limitar la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras, y no sólo debe abrir un debate sobre la propiedad, sino también sobre la polémica explotación del suelo en Argentina. Cuáles son sus puntos fuertes y débiles.

Producción: Tomás Lukin

debate@pagina12.com.ar

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¿Cuál es el eje?

Por Leandro Bona *

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento titulado: “Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”, que tiene el propósito de limitar la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras, no sólo debe abrir un debate sobre la propiedad, sino también sobre la polémica explotación del suelo en Argentina. Desde el punto de vista de la teoría económica ortodoxa, una intervención en el “mercado de tierras” no hace más que distorsionar el libre juego de la oferta y la demanda y generar resultados ineficientes. Así, aplicando los llamados “teoremas del bienestar” y la consecuente mercantilización de los bienes públicos, la visión neoclásica reduce el problema a meros equilibrios matemáticos. Por el contrario, enfoques heterodoxos prefieren estudiar estos fenómenos enriqueciendo el análisis desde las ciencias sociales y sin descuidar su matriz político-ideológica para interpretar los conflictos de clase y poder.

La protección de los suelos nacionales actualmente es una respuesta que están dando distintos países de la región a la fiebre especulativa desatada por grandes capitales a nivel mundial. El actual contexto de crisis internacional para los países desarrollados ha intensificado la búsqueda de reservas de valor, dos de las cuales están directamente vinculadas con nuestro país: la minería y la producción y especulación en relación con los commodities. En este último caso, grandes inversores han aprovechado la bonanza de los precios de los alimentos para acaparar tierras cada vez más rentables.

¿En qué consiste el proyecto? La propuesta oficial establece, entre otras cosas: un límite al suelo rural argentino en manos extranjeras (20 por ciento), un máximo de 1000 ha de territorio adquirible por un propietario extranjero a partir de la promulgación de la ley (no de carácter retroactivo) y la creación de un Registro Nacional de tierras rurales y relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de las tierras en nuestro país.

Los objetivos alcanzables por la implementación de estas medidas son ambiguos. Si bien se pone un límite a la propiedad extranjera de las tierras rurales, hoy no existen datos que nos permitan dilucidar qué avances o retrocesos se generarían. El porcentaje de tierras en manos extranjeras es actualmente una incógnita, pudiendo alcanzar entre un 10 o un 20 por ciento del total, por lo que el límite propuesto podría avalar la continuidad de las ventas a extranjeros registradas en los últimos años. De ahí que el gran acierto del proyecto sea la creación de un ente que registre la tenencia de la tierra, lo que brindará mejores herramientas al Estado para analizar y aplicar políticas sobre el sector rural.

Sin embargo, existen algunos aspectos que el proyecto no contempla y deberían formar parte de la agenda del debate. En primer lugar, al no discriminar entre ejidos rurales, no establece una protección especial sobre zonas geológicas estratégicas como cuencas o acuíferos. En segundo término, el proyecto evita pronunciarse sobre los arrendamientos, desconociendo el papel que éstos juegan en las políticas de los grandes capitales extranjeros. Desde 2011, la firma china Heliongjiang explota 330.000 ha en Río Negro, mientras que capitales de Arabia Saudita se aseguraron la explotación de 30.000 hectáreas (con opción a 200.000) en El Impenetrable chaqueño, ambos para exportar alimentos.

Un tercer aspecto se constituye en el más relevante: hasta qué punto el proyecto pone en discusión el modelo de desarrollo del país con relación a la tenencia y explotación del suelo. Atravesamos una etapa caracterizada por una suerte de consenso de los commodities a nivel latinoamericano, que no discrimina entre gobiernos nacional-populares (Argentina), de tendencia socialista (Bolivia) o simplemente de continuidad neoliberal (Chile). En este contexto, el trampolín del desarrollo latinoamericano parece ser la apuesta a la extracción de recursos naturales, dejando de lado las críticas ambientalistas y posdesarrollistas que realizan los movimientos territoriales, de campesinos y de pueblos originarios al denunciar la creciente concentración de la tierra, la fenomenal expansión de la frontera agrícola, la destrucción de los ecosistemas, el desplazamiento de pobladores y las respuestas represivas a las protestas derivadas de las lógicas extractivas. Sin ir más lejos, este año dos miembros de la comunidad qom (Formosa) y uno del MoCaSE (Santiago del Estero) fueron asesinados en disputas por el territorio. Bienvenida entonces la discusión sobre la tenencia extranjera del suelo. El desafío es que la misma se extienda al problema del desarrollo y sus demandas sociales vinculadas.

* Lic. en Economía (UNLP). Miembro del Equipo de Economía Política del CECSo y del IEFE.

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Nuevo paradigma

Por Florencia Gómez *

El proyecto de Ley de Tierras y las repercusiones a partir de su tratamiento legislativo originaron algunas cuestiones relativas a la iniciativa que contribuyen a ampliar el espectro del debate y devela la complejidad y aristas de la cuestión de la tierra en el país. La iniciativa refunda una visión estratégica de resguardo de los bienes naturales que hacen a la soberanía territorial. El Registro Nacional de Tierras Rurales propuesto indaga acerca de la titularidad dominial y la situación de ocupación real de las tierras, y abre la posibilidad de consolidar al catastro como una herramienta neutral para la implementación de políticas territoriales en todo el país. A pesar de los avances logrados con la Ley Nacional de Catastro, existen aún diferencias entre las 24 jurisdicciones con relación a lo que sería una dispersión normativa y metodológica tanto para el levantamiento territorial como para los requisitos para la aprobación de mensuras. Se puede decir que hoy existen superposiciones entre los distintos registros.

El catastro debe proporcionar información georrefenciada y homogénea para todo el país, y tender a la multifinalidad, es decir, proporcionar información económica, jurídica e incluso ambiental y social, no sólo para lo tributario sino también para la planificación y gestión de las políticas territoriales. A su vez, y fortaleciendo la tarea que realiza el Ministerio de Justicia con su Sistema Nacional de Registros de la Propiedad Inmuebles (RPI) se hace necesario reunir la información de los RPI de las provincias, actualizarla y homogeneizarla ya que en algunas coexisten sistemas personales con el de matrícula folio real vigente.

La información sobre la titularidad dominial, el relevamiento sobre la situación de ocupación real (a veces histórica) que a su vez determinará las políticas de regularización dominial y la consolidación del catastro son ejes fundamentales para una buena gobernanza de la tierra. La que será mayor, si supone estrategias de participación de la sociedad civil y publicidad. La determinación de la unidad económica ya la requería el Código Civil, pero ha tenido una definición dispar tanto por leyes y decretos provinciales y aun casos en los que no ha sido reglamentada.

El proyecto de ley retoma la soberanía territorial, al no considerar una inversión la sola transferencia de dominio a un extranjero. Y para quienes remiten a la xenofobia, resta mencionar que se proyecta regular –no cercenar– los derechos de extranjeros sobre la tierra como una de las facultades constitucionales propias del Congreso. Tal es así que cuando en los ’90 se firmó el Tratado Bilateral de Inversión con EE.UU., ese país se reservó el derecho a establecer excepciones al principio de trato nacional en determinados sectores como: la propiedad y gestión de emisoras o de servicio público de radio y televisión, la propiedad de bienes raíces, la provisión de servicio público de telefonía, la utilización de terrenos y RR.NN. Es decir que, los estadounidenses pueden invertir en esos rubros en territorio argentino con un trato nacional, pero un argentino no tiene ese mismo trato en EE.UU.

Existen otras iniciativas vinculadas con la tierra rural: la de suspensión de de-salojos de los agricultores familiares hasta llevar a cabo un saneamiento de títulos impulsada por las organizaciones campesinas Fonaf, MNCI, FNCI entre otros; con fundamento en el derecho humano a la vivienda adecuada.

Finalmente, referir a los usos del suelo nos remite al ordenamiento territorial como el instrumento de política pública destinado a orientar el proceso de producción social del espacio tendiente a lograr una mejor calidad de vida de la población a partir del uso sustentable y democrático de los recursos naturales. En ese sentido, se encuentra el Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial para la discusión y aportes por la sociedad. Es por todo ello que la Ley de Tierras constituye el primer paso hacia la construcción de nuevos paradigmas para la planificación e implementación de políticas territoriales que remedien ciertas falencias del federalismo y nos permitan avanzar en aquellos que reza la Constitución: un crecimiento armónico y equitativo de la Nación y un territorio más justo para todos los argentinos.

* Abogada experta en políticas de tierras.

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PROYECTO DE LEY DE LIMITACION AL CAPITAL EXTRANJERO EN LA POSESION Y USO DE LA TIERRA

Lobby en contra para frenar el debate

Los ministros de Justicia y Agricultura, Julio Alak y Julián Domínguez, advirtieron sobre la actuación de grupos económicos que buscan entorpecer el tratamiento legislativo del proyecto.

 Por Sebastián Premici

“Las visiones que hablan de inconstitucionalidad responden a un lobby económico. Para nosotros, la tierra es un objeto de producción y un hecho cultural”, sostuvo ayer Julio Alak, ministro de Justicia, al participar de un seminario sobre la ley que busca regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras. Fue en un encuentro realizado por el Ministerio de Agricultura, a cargo de Julián Domínguez, en conjunto con la Universidad Católica Argentina (UCA), que tuvo por objetivo analizar en detalle los distintos aspectos de la normativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo. Además de los funcionarios nacionales, disertaron abogados, ingenieros agrotécnicos, legisladores y periodistas. El trámite parlamentario del proyecto en cuestión se encuentra frenado en la Cámara baja. Ayer la Comisión de Agricultura, presidida por el radical Juan Casañas, realizó una reunión, pero excluyó la iniciativa del temario.

La mención que hizo Alak sobre el aspecto cultural de la ley no es menor. En los fundamentos del texto se especifica que “las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales”. Esta definición fue extraída del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado con rango constitucional.

Domínguez y Alak fueron los encargados de abrir la jornada de debate, junto al presbítero rector de la UCA, Víctor Manuel Fernández. Ambos funcionarios criticaron el argumento de que la iniciativa podría ser considerada “inconstitucional”. “Se trata de una interpretación originada en un liberalismo dogmático. No nos olvidemos de que la última reforma constitucional vino con el proceso que entregó muchísimos recursos del país, donde todo se privatizaba”, argumentó el ministro de Justicia.

Luego de este marco conceptual, el seminario presentó su primer panel bajo el título “Geopolítica”. El dominio de la tierra reviste un interés estratégico, por eso es declarado en el proyecto como un recurso no renovable y por fuera de la órbita de los tratados bilaterales de inversión. De esta manera, podría evitarse la injerencia de jurisdicciones internacionales y supranacionales, como el tribunal arbitral del Ciadi. “El mercado no resuelve por sí solo las cuestiones del hambre. En el mundo, miles de hectáreas son entregadas a los capitales especulativos sin tener en cuenta necesidades sociales. ¿Tan lejos estamos en América latina de esta situación? En este sentido, los medios de comunicación son un espacio de disputa política fundamental para dar las actuales batallas culturales, como la ley de tierras”, concluyó en el panel de geopolítica el periodista de Página/12 Raúl Dellatorre.

“Además de la tierra en sí, hay que proteger los inmuebles que encierren recursos como el agua, bosques y patrimonios culturales. La posesión y el uso de la tierra están directamente ligados a la soberanía alimentaria y la posibilidad de desarrollo del país”, afirmó la diputada Verónica Benas (Bloque Unidad Popular, ex SI). El otro diputado que participó del encuentro fue Pablo Orsolini, radical y de la Federación Agraria. El legislador dijo que es necesario avanzar en esta normativa y mostró algunas coincidencias y diferencias con el proyecto del Ejecutivo. El radicalismo es uno de los bloques parlamentarios que más están dificultando el debate. El titular de la Comisión de Agricultura, Juan Casañas (UCR), se negó en varias oportunidades a iniciar la discusión en un plenario de comisiones, junto a Asuntos Constitucionales y Legislación General. Ayer tenía la posibilidad de avanzar con el proyecto, pero lo excluyó del temario.

La discusión por la tenencia de la tierra no es una particularidad argentina. La FAO-ONU está preocupada por este tema. Así lo manifestó tras su paso por la Argentina el brasileño José Graziano Da Silva, quien a partir de enero será titular de la entidad. La tenencia de la tierra y sus usos están vinculados con la cuestión del hambre en el mundo y con la pregunta sobre quiénes son los sujetos agrarios. De la respuesta surge la estrategia geopolítica.

spremici@pagina12.com.ar

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Biolcati: "Hay que evitar la ideología y la xenofobia"

El titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, reiteró su "preocupación" por la "premura" para tratar en el Congreso el proyecto de ley que limitará la propiedad de tierras por parte de extranjeros y expresó su temor de "caer en la xenofobia", por lo que reclamó un "análisis sereno y profundo" de la iniciativa. "Los problemas que puede traer el manejo de la tierra existen. Pero no necesariamente tienen que ver con la nacionalidad del propietario", indicó.

"El suelo es un recurso argentino no renovable. Nadie se lleva la tierra, el tema es qué se hace y cómo se sustenta", advirtió Biolcati e señaló que el análisis del proyecto de ley se debe realizar "sin urgencias" y con profundidad. "Creemos que un tema de tal importancia requiere de un análisis sereno y profundo, despojado de urgencias políticas y de ideologías ya perimidas, sean de un extremo o de otro", expresó.

El dirigente admitió que "el mundo cambió desde la sanción del precepto constitucional que equipara a los extranjeros en sus derechos con nuestros connacionales", pero advirtió que "tampoco se puede caer en la xenofobia". Esta iniciativa, consideró, "debe ser tratada por las distintas provincias, que tienen problemas y necesidades completamente diferentes".

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¡Es un panqueque!......................en algo puede tener razón , la propiedad de la tierra en manos de argentinos como Biolcati también es peligrosa, pregunten a sus vecinos a los que le inunda los campos.

Propiedad de la tierra

 Por Alfredo Zaiat

La propiedad y uso de la tierra tienen una indudable importancia social, económica y política. Esa relevancia histórica es hoy mayor por la crisis en Estados Unidos y Europa, que determina una marcada incertidumbre sobre el sistema monetario mundial. La debilidad del dólar como moneda de aceptación universal y el deterioro del euro como eventual sustituto están provocando estrategias defensivas de grandes inversores y bancas centrales de países con excedentes para preservar el valor de sus patrimonios. Una de ellas es la compra de activos físicos, inmuebles urbanos y rurales, como también la acumulación de oro como reserva de valor. En ese contexto de reordenamiento en el funcionamiento del capitalismo global, que está lanzado sin certezas sobre cuál puede ser el saldo final, es conveniente poseer de un norma que regule la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Demorar el debate o confundirlo, por razones electorales o para proteger intereses de grupos económicos, por fuerzas de la oposición e incluso por dirigentes de la Federación Agraria que han tenido como bandera histórica esa cuestión, sólo favorece a capitales financieros y a potencias emergentes que buscan garantizar su propio abastecimiento de materias primas. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que ya ha tenido modificaciones en discusiones de comisión en Diputados, no aborda en toda su dimensión el uso, acceso y propiedad de la tierra. Pero es un avance para empezar a complejizar esa cuestión sensible para el poder económico a partir de un aspecto básico: saber quiénes son los dueños de las tierras a partir de que la norma crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y que dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial a nivel nacional.

Esta iniciativa tiene la virtud de plantear un debate que ha sido históricamente postergado por el poder político. Una ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales es una cuestión estratégica para el país en el nuevo orden económico mundial. El proyecto establece una serie de limitaciones a la venta de campos a extranjeros. Esa restricción es un primer paso para generar las condiciones para abrir la discusión acerca de cómo está distribuida la tierra en el territorio nacional, quiénes son los dueños de los campos, qué uso se hace del suelo y cuánto contribuyen al fisco los propietarios de ese recurso natural estratégico.

Uno de los aspectos más complejos de la norma tiene que ver con la nacionalidad de una sociedad anónima, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. Para avanzar en este tema, se prevé la creación de un registro nacional de propietarios, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. Sin ese relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales, no podrá regularse fehacientemente la limitación de la tenencia extranjera.

Resulta notable el vacío normativo y de información existente sobre los dueños de campos en uno de los países con mayor cantidad y fertilidad de tierras del mundo. La historiadora y especialista en desarrollo rural Silvia Lilian Ferro señala esa increíble carencia destacando que, de los cuatro países del Mercosur, sólo Argentina no posee un organismo público nacional para fijar políticas de distribución de tierras en su territorio. Detalla que Brasil tiene el Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agrária; Paraguay, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra; Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización. Lilian Ferro explica que “en el país existió un Consejo Agrario Nacional, creado en la década del ’30 para ese fin, que después de décadas de paralización por parte de diferentes gobiernos militares fue eliminado en 1980 por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz”. El proyectado relevamiento catastral, que deberá superar las resistencias de dependencias provinciales bien dispuestas a las inquietudes de los grandes propietarios de campos, facilitaría la recuperación de ese tipo de organismo.

Esa ausencia informativa del Estado fue ocupada por especialistas que se dedicaron a indagar quiénes son los grandes propietarios de campos. Entre esas investigaciones se destacan las realizadas por Eduardo Basualdo en Flacso, focalizadas en la provincia de Buenos Aires, una de las zonas agropecuarias más ricas. En su libro Estudios de historia económica argentina apunta que, en 1996, en la provincia de Buenos Aires existían en total 1250 propietarios con más de 2500 hectáreas, desagregados de la siguiente manera:

- 740, entre 2500 y 4999 hectáreas.
- 255, entre 5000 a 7499 hectáreas.
- 94, entre 7500 y 9999 hectáreas.
- 107, entre 10.000 y 19.999 hectáreas
- 54, de 20.000 en adelante, incluidos los estados nacional y provinciales.

En conjunto, son dueños de 8,7 millones de hectáreas, algo más del 32 por ciento del total de la provincia.

Basualdo ubica como causa central del predominio dentro del campo argentino de los grandes propietarios de más de 20.000 hectáreas la posibilidad de aprovechar economías de escala. En los últimos quince años, el proceso de transformación en la forma de organización y de desarrollo técnico-productivo del campo ha provocado una acelerada concentración de la producción, y no así la de la tierra. Esta ya se encontraba históricamente en pocas manos. Lo que se ha verificado es una enorme concentración de la producción sobre tierras arrendadas, lo que ha provocado una profunda alteración de la estructura económica y social del campo. La propiedad de la tierra sigue tanto o más concentrada que antes, fenómeno que se asocia ahora con el actual proceso de concentración de la producción. Esta es fruto de la irrupción de nuevas formas de funcionamiento de la actividad para operar con economías de escala, con una elevada participación del capital financiero y extrasectorial que alquila grandes extensiones, apropiándose de gran parte de la rentabilidad agraria sin inmovilizar recursos con la adquisición de tierra.

La mayor presencia de capitales extranjeros en la propiedad de la tierra se observa en áreas extrapampeanas. En zonas donde se concentran otros recursos naturales, como el agua, petróleo o minerales, en la Patagonia, en los esteros del Iberá, y en áreas de seguridad de frontera, entre las más importantes. En los últimos veinte años ha habido una creciente inversión de capitales del exterior en amplias extensiones de tierras, y ahora se han manifestado voluntades de incrementarla, como el proyecto de China en Río Negro o el emprendimiento de capitales privados de India, según el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, o el plan para el Impenetrable chaqueño del sheik Mohamed Alkhorayef de Arabia Saudita.

Esa creciente participación de capitales del exterior se verifica al mismo tiempo de la expansión de la frontera agropecuaria, que genera un proceso de concentración de la producción, además de venta de campos por parte de pequeños productores. En el debate sobre la tenencia de la tierra y la limitación a extranjeros es necesario vincular, como propone Basualdo, la distribución de la propiedad rural con la producción de los campos pertenecientes a los grandes propietarios.

azaiat@pagina12.com.ar

Domínguez defendió la constitucionalidad de la Ley de Tierras

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, respaldó la necesidad de que el Congreso apruebe la Ley de Tierras y defendió la constitucionalidad del proyecto, al afirmar que los argentinos tienen "la potestad soberana de defender el principal recurso estratégico no renovable". El objetivo es limitar a un 20 por ciento la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica.

"Hemos convocado a muchísimos juristas. La reforma constitucional del 94 contempla el derecho de los pueblos a defender sus recursos naturales", explicó el ministro y señaló que "tenemos la potestad soberana de defender el principal recurso no renovable que es la tierra,en función de los pactos internacionales. Las naciones más desarrolladas cuidan con énfasis esos bienes y nosotros también", destacó. En el Congreso, el tratamiento del proyecto se encuentra demorado y los bloques opositores reiteraron ayer su negativa a convocar a los legisladores que integran la Comisión de Agricultura, para analizar el plan enviado por el Poder Ejecutivo, lo que fue denunciado desde el oficialismo como "una actitud dilatoria" frente a la iniciativa. El objetivo es limitar a un 20 por ciento la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica. Para el ministro de Agricultura, el tratamiento del tema "es una prioridad" que surgió ante "la pretensión de grandes compras de extensiones de tierras para que produzcan algunos países como China y otros emprendimientos privados de India, para comprar tierras en Argentina, producir acá y llevarla a los grandes centros de distribución". El funcionario explicó que a fines de noviembre comenzará a funcionar un registro de coordinación nacional, que reúna toda la información disponible que tienen las provincias, y que recién ahí se tendrá la información exacta del porcentaje actual de posesión de tierras argentinas en manos extranjeras. "Hasta ahora tenemos acreditadas un 8 por ciento del total de la superficie, pero la información de entidades privadas en los últimos años hablan de cifras que llegan al 14 o 15 por ciento, siempre por debajo del 20", indicó. Agregó que "es legítimo que aspiremos a que los argentinos sean dueños y que los negocios se hagan sobre lo que denominamos valor agregado en origen" y afirmó que "lejos de caer, el costo de la tierra en Argentina sigue subiendo". "Argentina está caminando por el camino que marchan las naciones desarrolladas que pretenden cuidar lo que sabemos va a ser el eje del desarrollo de los próximos años, como será la producción de los alimentos", concluyó.

Pagina 12

LA OPOSICION VOLVIO A TRABAR LA DISCUSION DEL PROYECTO CONTRA LA EXTRANJERIZACION DE LA TIERRA

Reclaman debate sin ir al debate

El radicalismo y el Peronismo Federal frenaron el tratamiento en plenario de comisiones de la ley de tierras. Pese a que Federación Agraria impulsa el proyecto, dos legisladores de la UCR vinculados con la entidad, Forte y Casañas, lo bloquean.

 Por Sebastián Premici

La UCR frenó nuevamente la discusión del proyecto de ley que busca limitar la venta de tierras a titulares extranjeros. Bajo el argumento de que el oficialismo “no quiere dar el debate”, la Comisión de Agricultura, presidida por el radical Juan Casañas, decidió no asistir a un plenario pautado para hoy, donde se analizaría el proyecto. Tras la decisión del tucumano, la titular de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, también se plegó a la estrategia opositora, a pesar de que había expresado su compromiso de asistir. Más allá de estos argumentos, la norma enviada por el Ejecutivo sufrió varias correcciones, muchas de ellas por pedido del Frente Amplio Progresista. Otra de las paradojas es que la Federación Agraria, que tiene representantes radicales, realizó ayer una conferencia de prensa para que el Congreso “debata en profundidad” este tema. Sin embargo, para Ulises Forte, radical y federado, “no están dadas las condiciones para tratar el proyecto”.

El plenario de las comisiones de Legislación General (a cargo de Vilma Ibarra), Asuntos Constitucionales y Agricultura estaba previsto para hoy. Sin embargo, Ibarra suspendió el encuentro por el rechazo opositor. Según relató la legisladora de Nuevo Encuentro a Página/12, Camaño estaba dispuesta a reunirse hoy –lo había expresado públicamente por la mañana–, pero tras conocer la decisión de Casañas “cambió de opinión”.

El debate que pretende poner límites a la venta de tierras a extranjeros no es nuevo. En el Congreso hay 14 proyectos, además del que envió el Ejecutivo, los cuales fueron debatidos el año pasado en dos oportunidades en plenario de comisiones. En aquella oportunidad estaban Ibarra, Camaño y Ricardo Buryaile, por Agricultura, que después fue reemplazado por Casañas, quien se vinculó con la FAA en pleno conflicto por la resolución 125.

“Nosotros queremos discutir todos los proyectos, pero la iniciativa oficial tiene muchísimas falencias. Parece que nos quieren apurar e imponer algo cerrado. No veo la voluntad política del Gobierno de discutir una buena ley”, señaló a Página/12 Ulises Forte.

–Sin embargo, la semana pasada, Legislación General se reunió y varios diputados de la oposición propusieron cambios que fueron aceptados –señaló este diario al ruralista.

–Hay muchas falencias... se pone un límite del 20 por ciento a nivel nacional, pero no se discrimina por provincia o municipio. Así como está, un extranjero puede comprarse una provincia –respondió Forte.

Ayer mismo, durante una conferencia de prensa, la plana mayor de la Federación Agraria reclamó cambios, entre ellos una mayor especificación sobre el límite a adquirir por jurisdicción, restricciones a los Estados extranjeros y una mayor especificación sobre las unidades económicas.

Lo paradójico es que parte de esos reclamos ya fueron discutidos la semana pasada en la Comisión de Legislación General, en la cual estuvieron presentes varios representantes de FAA, como el diputado Pablo Orsolini y el dirigente Pedro Peretti. Por ejemplo, la diputada Verónica Benas (FAP) insistió en la necesidad de especificar algunas restricciones en las llamadas zonas de seguridad de frontera y la protección de los recursos naturales que se encuentren dentro de un campo. Primera modificación aceptada.

También se especificó que el tope del 20 por ciento correrá para las provincias, municipios y departamentos y los Estados extranjeros tendrán las mismas limitaciones que las personas jurídicas alcanzadas por la normativa, dos temas reclamados por FAA.

Ayer, Ricardo Gil Lavedra, presidente del bloque radical, dijo que la iniciativa oficial “era groseramente inconstitucional”. Para evitar cuestionamientos de este tipo, se incluyó un artículo donde se especifica que los extranjeros con residencia prolongada y los casados con argentinos quedarán exentos de la normativa.

En ocasión de la presentación del Plan Estratégico Agroalimentario, el titular del bloque del FpV, Agustín Rossi, afirmó a este diario que si la oposición no quiere acompañar el proyecto del oficialismo, podría presentar su propia iniciativa o firmar un dictamen en disidencia. “Pero que den el debate”, insistió Rossi. La semana que viene, Ibarra intentará convocar a un nuevo plenario. De no lograrlo, el oficialismo tendrá que esperar a la próxima sesión de la Cámara para solicitar un emplazamiento a las comisiones díscolas.

spremici@pagina12.com.ar

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Siempre es bueno saber quien es quien y cuales sus intereses.

Diputados trata en comisión la Ley de Tierras

PAÍS /  Asuntos Constitucionales escucha opiniones de especialistas sobre el proyecto que limita la tenencia de tierras en manos extranjeras. De este modo, se suma al trabajo iniciado por la comisión de Legislación General, que ya avanzó en el análisis y pretende darle dictamen.

07.09.2011 | 11.14   |   

Ley de Tierras.

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició esta mañana el tratamiento de la Ley de Tierras, proyecto que limita la tenencia de terrenos en manos extranjeras. De este modo, se agrega al trabajo que arrancó la semana pasada el cuerpo de Legislación General con el estudio de la iniciativa, a la que ahora pretende darle dictamen. 

La intención de la presidenta de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), era realizar un plenario de las comisiones que deben dictaminar sobre el tema, pero la duhaldista Graciela Camaño convocó a la de Asuntos Constitucionales para hoy y Juan Casañas, el presidente radical de la comisión de Agricultura, no convocó a la suya. 

Así, el bloque del Frente para la Victoria busca dar un primer paso el jueves a las 10.30 con la firma del dictamen en Legislación General, en una texto que contemplaría algunas modificaciones en relación al proyecto original enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo. 

A la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de hoy asisten para exponer sobre el tema el presidente del Colegio de Escribanos, Carlos D´Alessio, y los especialistas María Angélica Gelli y Carlos Eduardo Reboratti. 

En otro orden, los legisladores tienen apuntado tratar y convertir en ley el proyecto (impulsado por la Fundación Piazza que dirige el modisto Roberto Piazza) que establece que los años para la prescripción de los delitos contra la integridad sexual de los menores se comienzan contar a partir de que la víctima tiene los 18 años cumplidos. 

Además, el temario de hoy incluye el proyecto por el cual se eleva a la jerarquía constitucional el Convenio internacional de Belém do Pará que castiga y persigue la violencia de género contra la mujer, firmado por la Argentina

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