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10 de diciembre de 2025

 

Mendoza aprobó la explotación de cobre

Mendoza aprobó la minería metalífera a costa del agua de la provincia

Desde diferentes puntos de la provincia marcharon contra el Proyecto Minero San Jorge. El gobernador radical Cornejo logró sancionar la ley que habilita la explotación de cobre.


La marcha, que recorrió más de 100 kilómetros desde Uspallata hasta la capital de Mendoza, llegó al Senado provincial con el objetivo de frenar el proyecto de promoción de la minería metalífera que impulsa el gobernador radical Alfredo Cornejo, uno de los aliados a Javier Milei. También lo hicieron columnas desde el Valle de Uco, San Rafael y Lavalle. Sin embargo, y a pesar del descontento social y la fuerte movilización no lograron, como hace 14 años, impedir la sanción de la norma. Daniel Funes, uno de los referentes provinciales de la lucha en defensa del agua no ocultó su tristeza: “Es impresionante ver que nuestras democracias están tan enfermas”. Por el contrario, la ministra de Energía local, Jimena Latorre, aseguró que lo aprobado “no representa un cheque en blanco” para la empresa que explotará cobre, con un altísimo consumo de agua, a través del Proyecto San Jorge.

La protesta contra la Minera San Jorge tenía un solo objetivo y que es defender la existencia del agua pura. Pero el Senado no los escuchó y con 29 votos a favor, una abstención y sólo seis en contra, cinco del kirchnerismo y uno de un partido ambientalista, se reactivará la explotación de cobre.

El gobernador mendocino Cornejo apoyó desde el principio las medidas libertarias y fue quien pidió eliminar la Ley de Glaciares, proyecto que el Gobierno Nacional ahora colocó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Para el activista Funes, la situación es un absurdo de la democracia: “los legisladores del pueblo, que deberían representar la voluntad de la gente, abiertamente se declaran funcionarios del Estado provincial. Es decir, defienden los intereses del gobierno y del Ejecutivo provincial, es gravísimo”.

El martes por la tarde, horas después de que se aprobara el proyecto, Funes le explica a Página/12 que lleva muchas horas de caminata, desde las 5 de la mañana del lunes está casi sin dormir y tiene sentimientos encontrados: “Después de años de gobiernos que han reprimido y estigmatizado las movilizaciones populares, la gente tristemente asume la obligación de quedarse en casa”. Por lo que la manifestación multitudinaria es una alegría. “Alegría de darnos cuenta de que el agua suprime esta polarización terrible y dañina que nos está surcando en la Argentina; para Mendoza es raro lograr estas cosas, sólo el agua lo ha hecho”, declara.

En una protesta contra la minería contaminante, que ocurrió en el mes de octubre pasado, la policía de Cornejo encarceló a dos manifestantes por 50 horas sin explicar cuáles eran los cargos. Filmaciones de la misma policía de Mendoza mostraron cómo detuvieron a personas que se manifestaban pacíficamente, y cómo uno de ellos recibió un rodillazo en la cara mientras otros agentes lo sostenían en el piso, tal como lo mostró Página/12.

“El gobierno ha desplegado toda una estrategia de comunicación de estigmatización, de persecución judicial… obteniendo, según ellos, la licencia social ante el silencio de la gente poder avanzar con los proyectos mineros” dice el Funes.

La votación de la explotación minera, con el proyecto San Jorge en Uspallata, estuvo respaldada por un estudio de Impacto Ambiental que, según muchas instituciones, es desprolijo y no tiene los fundamentos necesarios para un trabajo de tal magnitud. Para Funes, carece de sentido y objetividad: “Han recibido objeciones técnicas del Conicet, de la Universidad Nacional de Cuyo, de muchísimas instituciones, inclusive religiosas. Se aprobó la autorización para empezar a trabajar reconociendo que no están todos los elementos para hacer una buena evaluación”.

“La Universidad Nacional de Cuyo denuncia que en este proceso minero se utilizarán productos altamente tóxicos que quedarían liberados a la atmósfera por el viento o por el agua, y podrían llegar a los cauces de los ríos, envenenando el agua y a la gente”, explica Funes y también denuncia las mentiras de la empresa. Prometen 5 mil puestos de trabajo sin demostrar cuáles serían, pero los estudios de Impacto Ambiental demuestran que sólo serían 1200 durante la etapa de construcción, y de allí en adelante sólo 500. “La gente cree que todo el mundo va a trabajar en minería”, dice Funes.

Las autoridades mendocinas declaran que hasta la fecha no hubo explotación metalífera en la provincia, pero en Mendoza hay un yacimiento cerrado que se llama Sierra Pintada de Uranio, el cual tiene pasivos ambientales “gravísimos”, según Funes. El referente de la Asamblea por el Agua Pura, en 2019 lograron frenar un proyecto contra la megaminería, explica que “la Corte Suprema ya dictaminó, por una denuncia de la comunidad, que no se puede reactivar esa mina. Mendoza tiene una tristísima experiencia de cómo los yacimientos metalíferos destruyen todo. Un solo proyecto minero pone en riesgo el agua de 1.400.000 personas. Hacer visible la triste realidad de una Mendoza gobernada como una estancia de 1900 puede ayudarnos muchísimo”.

Informe: Camila Pace

Pagina12


7 de agosto de 2025

El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero

Luego de los cambios en el sector agropecuario, el Gobierno rebajó a cero los derechos de exportación provenientes de la industria minera.


El gobierno de Javier Milei eliminó las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero y derogó un régimen especial para envíos al exterior de cobre, mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial. La administración libertaria justificó la medida al señalar que pretende darle "competitividad".

La normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para mercaderías del sector minero, entre las que se encuentran productos que pertenecen al universo de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas. En el texto oficial, el Poder Ejecutivo destacó que “la presente medida busca impulsar la competitividad del sector minero, en concordancia con los principios de libertad económica y apertura comercial, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas y promoviendo un desarrollo productivo sostenible, respetuoso de la estabilidad fiscal”.

Asimismo, remarcó que “en materia de fomento de la actividad económica, la generación de empleo y el ingreso de divisas, el gobierno nacional ha establecido como prioridad la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo”.

En este sentido, explicó que “esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”.

Cuál es la importancia de la minería, según el gobierno de Milei

Al profundizar la argumentación de la eliminación de las retenciones, la administración de Javier Milei expuso que “dicho sector representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca”.

Además, sostuvo que “el sector posee un significativo potencial de crecimiento, especialmente en el contexto de la transición energética global que impulsa la demanda de minerales de los que la República Argentina posee abundantes reservas, existiendo una considerable brecha de desarrollo en comparación con economías mineras de la región, donde la actividad representa hasta un 10% del PBI, frente al 1,2% en nuestro país”.

En este contexto, consideró que “resulta necesario generar las condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones, en línea con otras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, facilitación del comercio, eliminación de impuestos distorsivos, apertura de nuevos mercados y un mayor posicionamiento internacional”.

El decreto también eliminó el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, que se había creado “con el objeto de promocionar la actividad minera a través de un esquema de derechos de exportación” Al fundamentar dicha determinación, el Gobierno precisó que “el citado Registro nunca resultó operativo, por lo cual no hay beneficiarios inscriptos en dicho régimen promocional”, por lo que lo dio de baja a través de la derogación del Decreto 308/22.

El Destape

14 de febrero de 2025

Eduardo Elsztain y el oro de San Juan: ¿inversión o saqueo disfrazado?

El dueño de IRSA, Eduardo Elsztain, se ha convertido en el principal accionista de la minera australiana Challenger Gold, afianzando su control sobre el proyecto aurífero Hualilán en  San Juan. En un contexto de beneficios fiscales promovidos por el gobierno de Milei, ¿es esta una apuesta por el desarrollo local o un nuevo episodio de despojo extractivista?

La reciente adquisición del 12,7% de Challenger Gold por parte del magnate Eduardo Elsztain, líder del grupo inmobiliario IRSA, marca un capítulo significativo en la historia de la minera argentina. Con una inversión de más de 6,6 millones de dólares, Elsztain reafirma su intención de consolidar su posición en el lucrativo sector aurífero. Sin embargo, esta maniobra empresarial no está exenta de controversias. Bajo el paraguas de un gobierno que aboga por la desregulación y los beneficios fiscales a grandes inversiones, como el de Javier Milei, el avance del capital privado amenaza con profundizar las desigualdades y la dependencia económica de regiones como San Juan.

El proyecto Hualilán, situado en San Juan, ha sido promocionado como una "tierra de oro" por su riqueza mineralógica. Con una estimación de recursos de 2,8 millones de onzas de oro equivalente (AuEq), el yacimiento se presenta como uno de los más prometedores de Argentina. Elsztain, quien también controla la planta de procesamiento Casposo en la misma provincia, ha cerrado acuerdos clave para garantizar el flujo de material aurífero hacia esta instalación. El empresario pretende generar un flujo de caja inmediato gracias al alto precio internacional del oro, que actualmente supera los 2.500 dólares por onza.

Según los términos del acuerdo, Casposo procesará 150.000 toneladas anuales de mineral proveniente de Hualilán, mientras que la planta será remodelada con un préstamo de 7 millones de dólares otorgado por el Banco San Juan. Esta simbiosis entre recursos naturales, financiamiento local y capital privado parece una estrategia perfecta para maximizar ganancias. Pero ¿quién realmente se beneficia de esta bonanza extractivista?

El gobierno de Javier Milei ha establecido un clima favorable para este tipo de inversiones a través del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Este esquema ofrece exenciones fiscales y beneficios a empresas extranjeras y locales dispuestas a explotar los recursos del país. Mientras tanto, las comunidades locales y los trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias y un deterioro ambiental irreversible.

El caso de Hualilán no es una excepción. Aunque se promueven cifras optimistas de empleo y desarrollo, los históricos patrones extractivistas en Argentina muestran un panorama diferente: contaminación, sobreexplotación de los recursos naturales y una participación mínima de las comunidades en las ganancias generadas. La historia parece repetirse, ahora con Elsztain como protagonista y el gobierno de Milei como facilitador.

Hualilán es presentado como una oportunidad para diversificar la economía de San Juan, pero detrás de los números dorados se oculta una realidad más sombría. La planta de Casposo, reactivada con financiamiento local, ya ha enfrentado cuestionamientos por su impacto ambiental. La promoción de "empleos directos" no compensa la pérdida de otras actividades productivas tradicionales que quedan relegadas o destruidas por la contaminación del agua y el suelo.

Además, el control de las ganancias sigue concentrándose en manos de grandes corporaciones y figuras como Elsztain. La distribución de regalías mineras y beneficios económicos apenas toca las bases sociales de la región, perpetuando una dependencia que debilita las economías locales. Las comunidades siguen siendo observadoras pasivas mientras el oro, un recurso no renovable, es extraído y exportado a mercados internacionales.

La complicidad del gobierno de Milei en el fortalecimiento de estas dinámicas de saqueo es innegable. Bajo su mandato, la regulación ambiental ha sido flexibilizada, y las voces críticas de las comunidades han sido sistemáticamente desoídas o reprimidas. El discurso de "libertad económica" del presidente no es más que un eufemismo para justificar la entrega de los bienes comunes a los intereses del capital privado.

El avance de proyectos como Hualilán plantea preguntas fundamentales sobre la soberanía económica y ambiental de Argentina. ¿Cómo es posible que un país rico en recursos naturales continúe atrapado en la trampa del subdesarrollo? La respuesta radica en la falta de voluntad política para transformar el modelo extractivista en uno que priorice el desarrollo integral y sustentable.

La apuesta de Eduardo Elsztain por el proyecto Hualilán no es más que una pieza más en el engranaje del saqueo sistemático de los recursos naturales de Argentina. Mientras las comunidades locales soportan los costos ambientales y sociales, las grandes fortunas celebran un sistema que perpetúa las desigualdades. El gobierno de Javier Milei, lejos de ser un mediador justo, se ha convertido en cómplice activo de esta dinámica.

¿Es este el futuro que queremos para nuestro país? La respuesta exige una revisión profunda de las políticas extractivistas, un compromiso real con el desarrollo sostenible y una defensa activa de los derechos de las comunidades afectadas. De lo contrario, el oro de  San Juan seguirá brillando solo para unos pocos.

EN ORSAI

18 de enero de 2025

Eduardo Elsztain y el oro de San Juan: ¿inversión o saqueo disfrazado?

El dueño de IRSA, Eduardo Elsztain, se ha convertido en el principal accionista de la minera australiana Challenger Gold, afianzando su control sobre el proyecto aurífero Hualilán en San Juan. En un contexto de beneficios fiscales promovidos por el gobierno de Milei, ¿es esta una apuesta por el desarrollo local o un nuevo episodio de despojo extractivista?

La reciente adquisición del 12,7% de Challenger Gold por parte del magnate Eduardo Elsztain, líder del grupo inmobiliario IRSA, marca un capítulo significativo en la historia de la minera argentina. Con una inversión de más de 6,6 millones de dólares, Elsztain reafirma su intención de consolidar su posición en el lucrativo sector aurífero. Sin embargo, esta maniobra empresarial no está exenta de controversias. Bajo el paraguas de un gobierno que aboga por la desregulación y los beneficios fiscales a grandes inversiones, como el de Javier Milei, el avance del capital privado amenaza con profundizar las desigualdades y la dependencia económica de regiones como San Juan.

El proyecto Hualilán, situado en San Juan, ha sido promocionado como una "tierra de oro" por su riqueza mineralógica. Con una estimación de recursos de 2,8 millones de onzas de oro equivalente (AuEq), el yacimiento se presenta como uno de los más prometedores de Argentina. Elsztain, quien también controla la planta de procesamiento Casposo en la misma provincia, ha cerrado acuerdos clave para garantizar el flujo de material aurífero hacia esta instalación. El empresario pretende generar un flujo de caja inmediato gracias al alto precio internacional del oro, que actualmente supera los 2.500 dólares por onza.

Según los términos del acuerdo, Casposo procesará 150.000 toneladas anuales de mineral proveniente de Hualilán, mientras que la planta será remodelada con un préstamo de 7 millones de dólares otorgado por el Banco San Juan. Esta simbiosis entre recursos naturales, financiamiento local y capital privado parece una estrategia perfecta para maximizar ganancias. Pero ¿quién realmente se beneficia de esta bonanza extractivista?

El gobierno de Javier Milei ha establecido un clima favorable para este tipo de inversiones a través del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Este esquema ofrece exenciones fiscales y beneficios a empresas extranjeras y locales dispuestas a explotar los recursos del país. Mientras tanto, las comunidades locales y los trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias y un deterioro ambiental irreversible.

El caso de Hualilán no es una excepción. Aunque se promueven cifras optimistas de empleo y desarrollo, los históricos patrones extractivistas en Argentina muestran un panorama diferente: contaminación, sobreexplotación de los recursos naturales y una participación mínima de las comunidades en las ganancias generadas. La historia parece repetirse, ahora con Elsztain como protagonista y el gobierno de Milei como facilitador.

Hualilán es presentado como una oportunidad para diversificar la economía de San Juan, pero detrás de los números dorados se oculta una realidad más sombría. La planta de Casposo, reactivada con financiamiento local, ya ha enfrentado cuestionamientos por su impacto ambiental. La promoción de "empleos directos" no compensa la pérdida de otras actividades productivas tradicionales que quedan relegadas o destruidas por la contaminación del agua y el suelo.

Además, el control de las ganancias sigue concentrándose en manos de grandes corporaciones y figuras como Elsztain. La distribución de regalías mineras y beneficios económicos apenas toca las bases sociales de la región, perpetuando una dependencia que debilita las economías locales. Las comunidades siguen siendo observadoras pasivas mientras el oro, un recurso no renovable, es extraído y exportado a mercados internacionales.

La complicidad del gobierno de Milei en el fortalecimiento de estas dinámicas de saqueo es innegable. Bajo su mandato, la regulación ambiental ha sido flexibilizada, y las voces críticas de las comunidades han sido sistemáticamente desoídas o reprimidas. El discurso de "libertad económica" del presidente no es más que un eufemismo para justificar la entrega de los bienes comunes a los intereses del capital privado.

El avance de proyectos como Hualilán plantea preguntas fundamentales sobre la soberanía económica y ambiental de Argentina. ¿Cómo es posible que un país rico en recursos naturales continúe atrapado en la trampa del subdesarrollo? La respuesta radica en la falta de voluntad política para transformar el modelo extractivista en uno que priorice el desarrollo integral y sustentable.

La apuesta de Eduardo Elsztain por el proyecto Hualilán no es más que una pieza más en el engranaje del saqueo sistemático de los recursos naturales de Argentina. Mientras las comunidades locales soportan los costos ambientales y sociales, las grandes fortunas celebran un sistema que perpetúa las desigualdades. El gobierno de Javier Milei, lejos de ser un mediador justo, se ha convertido en cómplice activo de esta dinámica.

¿Es este el futuro que queremos para nuestro país? La respuesta exige una revisión profunda de las políticas extractivistas, un compromiso real con el desarrollo sostenible y una defensa activa de los derechos de las comunidades afectadas. De lo contrario, el oro de San Juan seguirá brillando solo para unos pocos.

EN ORSAI

18 de octubre de 2024

Minería a cielo abierto: Gran Bretaña se queda con el litio argentino

El gobierno de Javier Milei acaba de firmar polémicos acuerdos con multinacionales para la explotación de litio y otros recursos naturales en zonas protegidas del país. Esta decisión, que responde a intereses económicos externos, ha generado el rechazo masivo de comunidades locales y organizaciones ambientales, que denuncian el avance de un modelo extractivista destructivo.

El gobierno de Javier Milei ha vuelto a generar controversia, esta vez al firmar una serie de acuerdos con empresas multinacionales para la explotación de litio y otros recursos naturales en territorios protegidos de la Argentina.

Con la promesa de una “lluvia de inversiones” y el supuesto desarrollo de las economías regionales, el mandatario continúa profundizando su alineamiento con los intereses del capital extranjero, sin medir las devastadoras consecuencias sociales y ecológicas que estas decisiones conllevan.

Estos acuerdos, que abren las puertas a la minería a cielo abierto en áreas previamente resguardadas por su alto valor ambiental, han encendido la alarma entre las comunidades afectadas, quienes denuncian una entrega del patrimonio nacional y un atentado contra la biodiversidad del país.

Organizaciones ambientales y movimientos sociales ya están organizando marchas y cortes en diversas provincias, exigiendo el cese de las operaciones y el respeto por los derechos territoriales de las comunidades originarias.

 

Gran Bretaña se queda con el litio argentino: El saqueo detrás del discurso de la soberanía

La entrega del litio argentino a manos extranjeras no es una coincidencia, es la consecuencia directa de políticas neoliberales que priorizan los intereses de las grandes corporaciones internacionales sobre el bienestar y la soberanía nacional.

En una nueva operación que parece calcada de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente, la anglo-australiana Rio Tinto adquirió Arcadium Lithium, una de las empresas con mayor participación en la extracción del “oro blanco” en el país, por 6.700 millones de dólares.

Esta transacción, que consolida la posición de la multinacional en el mercado global del litio, representa un nuevo capítulo en la entrega de los recursos naturales argentinos, un proceso que ya se venía gestando durante el gobierno de Alberto Fernández, pero que con Javier Milei no solo se ha mantenido, sino que ha profundizado aún más.

 

El litio: pieza clave en la lucha por los recursos del futuro

El litio, vital para la producción de baterías de autos eléctricos y el almacenamiento de energía renovable, se ha convertido en el centro de una batalla geopolítica mundial. Argentina, con la cuarta reserva mundial de este mineral, debería estar en una posición de poder para negociar su explotación bajo condiciones favorables para el país.

Sin embargo, la realidad es completamente distinta. La política de entrega de recursos al extranjero ha sido, y sigue siendo, una constante en los últimos gobiernos, tanto de Alberto Fernández como de Javier Milei.

La reciente compra de Arcadium Lithium por parte de Rio Tinto fue celebrada por los mercados internacionales y las empresas del sector, pero para los argentinos representa una pérdida considerable de soberanía sobre nuestros recursos más valiosos. Arcadium opera dos de los cuatro proyectos más importantes de extracción de litio en Argentina: Olaroz, en Jujuy, y Fénix, en Catamarca.

Estos proyectos, fundamentales para el desarrollo económico y energético del país, ahora se encuentran bajo el control de una multinacional cuyo interés no es el desarrollo argentino, sino maximizar sus ganancias a costa de nuestros recursos naturales.

 

Milei y la perpetuación de la política de entrega

A pesar de la retórica de campaña de Javier Milei sobre el fin del "parasitismo estatal" y la necesidad de reformas económicas radicales, su gobierno ha seguido la misma línea de entrega de recursos que sus predecesores.

Una semana antes de que se anunciara la venta de Arcadium, una delegación argentina, encabezada por el Secretario de Minería, Luis Lucero, viajó a Londres para participar en el evento London Metal Exchange Week 2024.

Junto a Lucero, asistieron cinco gobernadores opositores que, a pesar de su aparente “diálogo” con el oficialismo, comparten una visión alineada con las multinacionales mineras.

Este viaje, cuyo objetivo era promover inversiones extranjeras en el sector minero argentino, culminó con la adquisición de Arcadium por parte de Rio Tinto, cerrando un ciclo de entreguismo que viene consolidándose desde la administración de Alberto Fernández.

No es casualidad que Lucero y los gobernadores de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza —las provincias que forman la Mesa del Litio— hayan sido protagonistas de este evento.

Mientras en Bolivia y Chile el litio ha sido declarado un recurso estratégico bajo control estatal, en Argentina se lo cede a multinacionales sin ninguna estrategia nacional de aprovechamiento que beneficie a las futuras generaciones.

 

El saqueo de los recursos argentinos: Un patrón histórico

La historia de la explotación de los recursos naturales en Argentina está plagada de ejemplos de saqueo y devastación ambiental. Desde las tragedias provocadas por empresas como BHP y Lundin Mining en San Juan, hasta el desastre minero en Minas Gerais, Brasil, del que BHP fue responsable, las multinacionales han demostrado su falta de interés en el bienestar de las comunidades locales y del medio ambiente.

Sin embargo, las autoridades argentinas continúan alineándose con estos intereses foráneos, sin exigir las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo sostenible y equitativo de los recursos naturales.

La megaminería se ha convertido en una política de Estado, no solo para las administraciones nacionales, sino también para los gobiernos provinciales, que ven en las multinacionales mineras una fuente rápida de ingresos, sin considerar las consecuencias a largo plazo para el país.

Esta actitud servil hacia los intereses extranjeros es, en gran medida, una traición a los principios de soberanía que deberían guiar nuestras políticas públicas.

 

Una entrega sin resistencia: Las consecuencias para la soberanía argentina

La entrega del litio a Rio Tinto es una afrenta directa a la soberanía argentina, un recurso clave para el futuro del país que ahora se encuentra bajo control extranjero.

El gobierno de Javier Milei, lejos de defender los intereses nacionales, ha facilitado este proceso de entrega, perpetuando una política de subordinación a las potencias extranjeras.

Mientras otros países de la región han implementado políticas para proteger sus recursos estratégicos, Argentina sigue siendo un botín fácil para las multinacionales.

Es especialmente significativo que esta operación ocurra en el contexto de un viaje oficial a Londres, la misma ciudad que alberga el gobierno que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas.

Esta coincidencia es un recordatorio brutal de la hipocresía del discurso oficial: por un lado, se proclama la defensa de la soberanía en las islas del Atlántico Sur, mientras que por el otro, se entrega el litio argentino sin resistencia a las mismas potencias que se benefician de nuestra debilidad política y económica.

 

Un modelo extractivista en pleno auge

El litio, conocido como “el oro blanco”, es uno de los minerales más codiciados a nivel global, especialmente en el contexto de la transición hacia energías limpias y el auge de la electromovilidad.

Argentina, junto con Bolivia y Chile, forma parte del llamado “triángulo del litio”, que alberga alrededor del 60% de las reservas mundiales de este recurso. Este hecho no ha pasado desapercibido para las corporaciones multinacionales, que desde hace años presionan para asegurarse la explotación de estos minerales.

Sin embargo, lo que podría ser una oportunidad para el desarrollo económico sostenible de Argentina se ha transformado, bajo el gobierno de Milei, en una amenaza para el medio ambiente y la soberanía del país.

Lejos de promover un modelo que equilibre la explotación de recursos con la protección del entorno y los derechos de las comunidades locales, el gobierno ha optado por un modelo extractivista agresivo, con nulas garantías de respeto ambiental.

Las zonas protegidas donde se prevé la explotación minera son ecosistemas delicados, cuya biodiversidad ya se encuentra en riesgo debido al avance de la frontera agrícola y otras actividades extractivas.

En muchos casos, estas tierras son hogar de comunidades indígenas que han habitado estos territorios por siglos, y que ahora ven peligrar no solo sus medios de vida, sino también su cultura y su existencia misma.

 

Rechazo masivo y movilización social

Ante la inminencia de estos proyectos mineros, diversas organizaciones ambientales y movimientos sociales han comenzado a articularse para resistir este nuevo embate extractivista. La organización Madres del Agua, uno de los colectivos más activos en la defensa del agua y los territorios, ha denunciado que las consecuencias de la minería a cielo abierto incluyen la contaminación de fuentes hídricas, el agotamiento de acuíferos y la destrucción irreparable del paisaje natural.

“Estamos ante una nueva colonización, pero esta vez no vienen con espadas, sino con maquinaria pesada y acuerdos firmados en despachos de Buenos Aires. Lo que está en juego no solo es el ambiente, sino nuestra soberanía y el futuro de las próximas generaciones”, sostuvo en un comunicado la Asamblea de Comunidades del Norte Argentino.

Además del impacto ambiental, estas comunidades advierten que las promesas de desarrollo económico para las regiones mineras suelen quedar en el aire. Los trabajos que generan estos proyectos son temporales, y en la mayoría de los casos, mal remunerados. Al finalizar la extracción, lo que queda es un paisaje devastado y comunidades empobrecidas, sin posibilidad de recuperación a corto plazo.

 

El litio: ¿beneficio o maldición?

La discusión sobre la explotación del litio en Argentina no es nueva, pero ha cobrado una intensidad particular bajo la administración de Milei. Los defensores de estos proyectos aseguran que la extracción de este mineral es crucial para posicionar a Argentina en el mercado global de tecnologías limpias, como las baterías para autos eléctricos. Sin embargo, lo que no mencionan es que el precio a pagar por esta “proyección global” es altísimo.

La minería de litio requiere grandes cantidades de agua, un recurso escaso en las regiones donde se extrae. Este hecho ha generado conflictos en países vecinos, como Chile, donde comunidades indígenas han sufrido las consecuencias de la sobreexplotación de sus acuíferos. En Argentina, las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta son las más afectadas por estos proyectos, y ya han comenzado a sentir la presión por parte de las empresas mineras que buscan expandir sus operaciones.

“El gobierno de Milei está hipotecando el futuro del país por un puñado de dólares. Estos acuerdos con multinacionales nos condenan a ser una colonia extractiva, sin posibilidades de desarrollo propio y condenados a la miseria cuando se agoten nuestros recursos”, afirmó un representante de la Confederación Mapuche de Neuquén.

 

Un país al borde del colapso ambiental

La firma de estos acuerdos es solo la punta del iceberg de una política que prioriza el lucro a corto plazo por sobre cualquier consideración de bienestar social o ambiental. Los recortes presupuestarios en áreas clave, como la protección ambiental y la investigación científica, sumados a una estrategia extractivista desenfrenada, están llevando al país a una situación límite.

El gobierno de Milei, con su retórica de “libertad” y “crecimiento económico”, se alinea con los intereses de las corporaciones globales, sin prestar atención a las demandas de las comunidades locales ni a los efectos a largo plazo de sus decisiones. Las consecuencias de estas políticas serán pagadas por los sectores más vulnerables de la población, mientras las ganancias se concentran en unas pocas manos extranjeras.

Lo que está en juego no es solo la explotación de un recurso natural, sino la visión de qué tipo de país se quiere construir. Un país que defienda su soberanía, proteja su ambiente y priorice el bienestar de sus ciudadanos, o uno que siga el camino de la entrega, la contaminación y la destrucción.

 

Soberanía o sumisión

La venta de Arcadium Lithium a Rio Tinto es solo un ejemplo más de la constante entrega de los recursos estratégicos argentinos. El gobierno de Javier Milei, a pesar de sus promesas de cambio, ha seguido el mismo camino de sus predecesores, profundizando la dependencia de las multinacionales extranjeras. Si Argentina no toma medidas inmediatas para proteger sus recursos naturales y establecer políticas soberanas que beneficien al pueblo, seguiremos siendo un país rico en recursos, pero pobre en decisiones soberanas. La pregunta es: ¿cuánto más estamos dispuestos a entregar antes de que sea demasiado tarde?

Pagina 12

11 de abril de 2024

 Dos hombres de Macri asumieron al frente de la empresa

Milei le quita a Catamarca la conducción de la minera YMAD

Era una de las empresas sujeta a privatización en la primera versión de la Ley Ómnibus y la presidía un hermano del Gobernador.

El Gobierno de Catamarca logró salvar a la empresa de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) de la lista de empresas a privatizar; sin embargo, este lunes el Gobierno Nacional dio un nuevo golpe a los ejes económicos del Gobierno provincial, designando por decreto a dos hombres de Macri al frente de la minera.

Juan Pablo Limodio reemplazó a partir de este lunes en la presidencia de YMAD a Fernando Jalil, hermano del Gobernador de Catamarca, quien llegó al cargo de la mano del primer mandato de Raúl Jalil en 2020. Mientras que Francisco Preusche es el nuevo gerente general. YMAD es una sociedad interestadual de la provincia de Catamarca (el 60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%).

La designación, que muestra la sociedad de Macri con el gobierno de Milei (el decreto fue refrendado por Caputo), significa un golpe directo a la política económica de Jalil, basada en los recursos mineros, quitando al gobierno local una de las cajas más importantes de la que dispone.

La disputa con el gobierno Nacional por la privatización aceleró en marzo un adelanto de utilidades de YMAD por 3.000 millones de pesos a la provincia y a la UNT, correspondiente al ejercicio 2022, por el cual ya la empresa había entregado 2.500 millones, con un total de utilidades por ese año de 5.500 millones de pesos, de las cuales Catamarca percibe el 60%.

Limodio es abogado y docente en Universidad Católica Argentina, fue subsecretario de Políticas de Infraestructura Verde Urbana y Desarrollo Sostenible y subsecretario de Ciudad Inteligente, Políticas de Infraestructura, Gestión Vecinal en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Preusche es ingeniero industrial, con experiencia en la conducción de empresas privadas. Durante la presidencia de Macri se desempeñó como director de Energía y Minería en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio, y como manager de Energía y Minería del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Desde el arco político la designación provocó reacciones inmediatas. La referente peronista y exdiputada Cecilia Guerrero posteó en sus redes: “La designación del nuevo Presidente de YMAD constituye un grave retroceso para los derechos e intereses de Catamarca, que es la titular del dominio originario de Farallón Negro. Más allá de los antecedentes que pudiera tener el nuevo funcionario, su ajenidad con la provincia lo hace adolecer del primer requisito esencial que es el amor por esta tierra y el conocimiento y comprensión de la identidad del Pueblo catamarqueño, y en particular de las zonas mineras. Nada asegura que la sede principal de la empresa continúe en Catamarca. Tampoco está garantizado que los trabajadores sean habitantes de esta tierra, o que se dé prioridad a proveedores locales”.

En este sentido Guerrero recordó administraciones anteriores desde la Capital: “Siempre que la presidió un porteño, la visión centralista se impuso y le dieron la espalda a la necesidad de priorizar el desarrollo integral de Catamarca y la mano de obra local. Por eso valoramos y agradecemos la gestión de la conducción en manos catamarqueñas, como fue en los últimos cuatro años, y lamentamos profundamente que, una vez más, Catamarca vuelva a ser convidada de piedra a la hora de definir el nuevo rumbo de YMAD. Son nuestros recursos! Debería ser nuestra decisión!”, afirmó Guerrero.

Por su parte la diputada Natalia Ponferrada también lamentó la designación: “YMAD nuevamente dirigida por personas que no viven en #Catamarca y que no conocen nuestras realidades, lo que muestra una vez más la mirada centralista del Gobierno Nacional”, señaló.

Un nuevo golpe económico de parte del Gobierno Nacional que recibe la gestión de Raúl Jalil, quien insiste en una posición dialoguista y es uno de los gobernadores que apoya el Pacto de Mayo.

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