Un freno a los buitres

Estatización de YPF: la Justicia de EEUU revocó el fallo y Argentina no deberá pagar los 16 mil millones

La sentencia avala el proceso de expropiación de la petrolera llevado adelante en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Milei festejó e insultó.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan anuló una sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina en el juicio que se le seguía por la estatización de YPF.

El fallo ratifica que el proceso de estatización de la petrolera nacional concretado en 2012 por la entonces presidenta Cristina Kirchner y el exministro Axel Kicillof transitó por los carriles de la legalidad y que los reclamos de los fondos buitres fueron infundados.

“Queda revocada la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra Argentina” y “confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF”, dice el fallo dictado tras diez años de litigio.

La decisión desestima la condena contra el Estado nacional y ordena “que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, para finalizar con el trámite.

“El fallo demuestra que teníamos razón en el fondo de la cuestión”, destacaron fuentes cercanas a Kicillof tras el fallo.

Milei festeja e insulta

La noticia fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien en un escueto posteo escribió: “Ganamos en el juicio de YPF”.

Luego, en un discurso, se dedicó a insultar a los responsables de la expropiación que fue avalada por la justicia estadounidense. “Le hemos ganado a Woodford en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, dijo y atacó: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

Y a continuación adjudicó el fallo favorable a sus constantes viajes a Estados Unidos y a su buena relación con el gobierno de Donald Trump. “Ah pero los viajes de Milei, ah pero el mameluco. Acá está la gestión”, manifestó.

La estatización de YPF

YPF fue estatizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, luego de un largo proceso de desinversión por parte de Repsol, la privada que la tenía en sus manos. A partir de entonces, la petrolera nacional multiplicó su producción de petróleo y gas natural.

El fallo revoca la indemnización que en septiembre de 2023 había sido dictada por un juez de primera instancia a los exaccionistas de YPF, Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital Management, por supuestas pérdidas vinculadas a la estatización de la petrolera.

En septiembre de 2023, la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska en Manhattan determinó que Argentina incumplió sus obligaciones con Petersen y Eton Park, y ordenó que les pagara 14.390 millones de dólares y 1.710 millones de dólares respectivamente.

Esas sumas incluían 8.430 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, más 7.670 millones de dólares de intereses previos al fallo a una tasa del 8 por ciento.

Argentina también apeló recientemente la orden de Preska de junio de 2025 de que entregara las acciones de YPF para satisfacer parcialmente la sentencia de 16.100 millones de dólares. El Segundo Circuito anuló esa orden.

El fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan

Entre algunos de sus argumentos, el tribunal tomó parte de la fundamentación de los representantes legales de la República Argentina, que sostuvieron que los estatutos de una corporación son “contratos organizacionales plurilaterales” y no generan obligaciones bilaterales que permitan demandas.

En este aspecto, consideró que si aún existiera un contrato bilateral, las demandas están prohibidas por la Ley General de Expropiaciones (LGE) que rige en la Argentina, la cual impide acciones de terceros que “obstaculicen” una expropiación o sus efectos.

En otras palabras, el tribunal hizo valer el argumento que en su momento había sido esgrimido tanto por Kicillof como por Kirchner: ningún tribunal estadounidense puede estar por encima de la legislación argentina ni del Congreso nacional que habilitó la estatización.

El fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan ratificó la desestimación de los reclamos por “promissory estoppel” (doctrina de los actos propios), ya que bajo la ley argentina esta no es una fuente autónoma de obligación cuando ya existe una relación contractual.

Eso sí, el tribunal no se pronunció sobre si el caso debió haberse litigado en Argentina. Y aunque falló a favor, consideró que Argentina violó las promesas de protección al inversor que ella misma había publicitado para atraer capitales en los años 90.

Ahora, el caso fue remitido nuevamente al tribunal de distrito para que se proceda de acuerdo, lo cual anula la responsabilidad indemnizatoria del Estado nacional.

Pagina 12

 Pidieron datos a la jueza del caso YPF

Los buitres ahora quieren el oro argentino

Los demandantes del juicio por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza Loretta Preska que obligue al Estado argentino a informar en detalle la ubicación, las cuentas y los movimientos de sus reservas de oro, en el marco del proceso para ejecutar la sentencia por 16.100 millones de dólares dictada en Nueva York. El pedido apunta a identificar activos embargables y se apoya en la acusación de que el Gobierno estaría ocultando bienes para evitar el pago.

La solicitud fue presentada mediante un escrito elevado al tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que los beneficiarios del fallo —los fondos Petersen Energía y Eton Park— reclamaron medidas urgentes frente a lo que consideran una conducta obstructiva de la República Argentina durante la etapa de descubrimiento de activos. Según los demandantes, el país incumplió una orden judicial al no presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.

De acuerdo con la presentación, Argentina designó a un expositor “deliberadamente no preparado”, sin conocimiento real sobre la localización y el manejo de las reservas de oro. Para los litigantes, esa elección equivale a una falta de comparecencia y forma parte de una estrategia más amplia para dilatar el proceso y evadir la ejecución de la sentencia. En ese marco, denunciaron que la falta de respuestas es grave y continua, y que el perjuicio económico se agrava por el hecho de que el precio del metal se encuentra en niveles récord.

La información surge de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Preska. Allí se detallan presuntos incumplimientos de la República respecto de órdenes dictadas en agosto de 2025, entre ellas la obligación de producir testimonios idóneos sobre los activos del Estado. Los abogados sostuvieron que funcionarios de alto rango tienen acceso directo a los datos requeridos.

En ese sentido, el escrito menciona al ministro de Economía, Luis Caputo, como una de las personas con conocimiento sobre el traslado de los activos, y lo identifica como superior jerárquico del presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. Según los demandantes, ambos mantienen contacto continuo y cuentan con información clave sobre las reservas.

Pagina 12

En medio del festival de deuda, fondos buitre vuelven a apuntar contra Argentina

Mientras el Gobierno acelera un esquema de financiamiento basado en deuda con garantías y acreedores privilegiados, reaparecen demandas de fondos buitre en tribunales de Nueva York. Ahora exigen US$ 2.600 millones por una "mal" medición de la inflación.

Cristian Carrillo

En momentos en que el Gobierno acelera un esquema circular de financiamiento basado en deuda con garantías y acreedores privilegiados (cuyas acreencias no pueden reestructurarse), reaparecen demandas contra el país de fondos buitre en tribunales de Nueva York. La firma Aurelius, una vieja conocida de la Argentina, reactivó en Nueva York una demanda por 2.600 millones de dólares contra el Estado argentino por una supuesta pérdida en el cobro de los cupones PBI derivada de cambios en la medición de la inflación que los habría perjudicado. El dato no es menor si tiene en cuenta que el gobierno de Milei prevé cambiar la medición de variables clave –como el IPC y su relación con otras variables que son impactadas por la inflación— que podrían volver a exponer al país a litigios externos.

Esta semana, un grupo de inversores liderados por Aurelius Capital Management volvió a presentar una demanda contra la Argentina por el impago de los cupones PBI, instrumentos atados al crecimiento económico que se emitieron en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. Según informó Bloomberg, “Aurelius Capital Management y un grupo de otros fondos de cobertura reactivaron una demanda contra Argentina en busca de pagos sobre instrumentos vinculados al desempeño de la economía del país sudamericano”.

El caso había sido desestimado en 2024 por cuestiones procesales, pero los demandantes regresaron al juzgado tras cumplir con las condiciones exigidas por el contrato, entre ellas reunir el apoyo de al menos el 25 por ciento de los tenedores, una cláusula que protege a los países en procesos de reestructuración de deuda. El reclamo, de acuerdo con estimaciones de Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, asciende a unos 2.600 millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad corresponde a intereses acumulados. No es un monto menor en un contexto de escasez de reservas y vencimientos concentrados.

La demanda reaparece mientras la dupla que integran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, profundiza un esquema de endeudamiento que altera no solo el stock de compromisos de la Argentina, sino también la composición de los pasivos, con el objetivo de atravesar vencimientos inmediatos. El caso de los cupones PBI, encabezado por Aurelius Capital Management, podría enmarcarse en una advertencia sobre un nuevo ciclo de endeudamiento y cambios en la composición, mientras crecen las voces críticas sobre mediciones de la entidad que conduce Marco Lavagna.

Previsión de tormentas

El fondo Aurelius sostiene que la Argentina manipuló las cifras de crecimiento económico en 2013 para evitar el pago de los cupones PBI. Estos instrumentos otorgaban derechos de cobro adicionales si el Producto Bruto Interno superaba determinados umbrales de crecimiento real. Según el fondo, el cambio metodológico realizado por el INDEC –al modificar el año base para medir precios constantes—alteró el cálculo del crecimiento real. En palabras del propio Aurelius, citadas en presentaciones judiciales, “La economía no se duplicó repentinamente ni su tasa de crecimiento se redujo a la mitad; lo que cambió fue la vara de medición”, sostuvo el Aurelius, propiedad de Mark Brodsky, quien trabajó con Paul Singer, titular del otro fondo buitre en Elliot Associates que litiga contra la Argentina.

La causa vuelve a quedar bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, una magistrada ampliamente conocida por la Argentina, que también condenó al país en el juicio por la expropiación de YPF, con una sentencia que ronda los 18.000 millones de dólares con intereses. “Los acreedores del fallo han iniciado acciones de ejecución en tribunales estadounidenses para obligar al pago o forzar negociaciones, mientras los intereses legales siguen acumulándose”, explicó Maril. La demanda original data del 2019. Tras un fallo favorable a la Argentina en 2024, el fondo corrigió errores procesales y volvió a insistir. En esta ofensiva se suma un elemento adicional: Aurelius Capital sostiene que existen fallos definitivos e inapelables en tribunales del Reino Unido, dictados en 2024 y aún impagos, que deberían ser considerados vinculantes por la Justicia estadounidense.

Tal como alertó El Destape, el riesgo de una vuelta de los fondos buitre se produce mientras el Gobierno profundiza una estrategia de financiamiento basada en deuda con garantías, lo que abre las puertas a este tipo de demandas especulativas. La clave son las operaciones REPO, préstamos colateralizados que convierten deuda común en deuda privilegiada. Según un informe de Aurum Valores, “entre fines de 2017 y la actualidad, la participación de acreedores privilegiados —deuda 'senior' y 'semi senior'—pasó de representar el 20 al 39 por ciento del total de la deuda con privados y organismos internacionales, excluida la deuda intra sector público”.

En 2017, la deuda no reestructurable ascendía a 35.611 millones de dólares. Para enero de 2026, Aurum la estima en 104.500 millones de dólares. Es decir, se incrementó en menos de una década en casi 69.000 millones de dólares, explicado en buena medida por el endeudamiento con el Fondo Monetario e impulsado por los REPO recientes. La deuda privilegiada tiene como característica central quedar fuera del alcance de reestructuraciones. “Este tipo de deuda es muy difícil (o muy improbable) de estar sujeta a reestructuraciones”, advierte el informe. En consecuencia, cualquier futuro proceso de ordenamiento recaería casi exclusivamente sobre la porción restante y abriría, si no se consiguiese la adhesión al canje necesaria de dos tercios, la puerta a nuevas presentaciones judiciales de este tipo de fondos especulativos.

Tras un extenso conflicto que se inició con la reestructuración de 2005 del default que dejó la convertibilidad y la cesación de pagos que declaró la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, el país impulsó la aplicación de cláusulas de acción colectiva (CAC) para evitar que minorías bloqueen canjes. El umbral se fijó en el 66,7 por ciento. Pero ese mecanismo opera solo sobre la deuda alcanzada por el canje. La deuda senior o colateralizada no vota, no negocia y cobra primero. A medida que ese bloque crece, la eficacia real de las CAC se reduce. Aurelius fue uno de los fondos que litigó contra la Argentina tras el default de 2001 y aceptó el pago “voluntario” del gobierno de Mauricio Macri en 2016. Sin embargo, el fondo especulativo luego decidió seguir adelante con demandas específicas.

Un esquema de endeudamiento que privilegia acreedores, reduce el margen de negociación futura y vuelve a dejar expuesta a la Argentina a tribunales permeables de este tipo de demandas en el exterior. Por su parte, el manejo de las estadísticas oficiales podría volver a ser parte del problema. El caso de los cupones PBI enciende luces de advertencia sobre los cambios técnicos en las mediciones oficiales. Desde enero de 2026, el INDEC comenzará a publicar un nuevo IPC basado en la ENGHo 2017/18. Según estimaciones privadas, la inflación acumulada desde la asunción de Milei sería unos 10 puntos mayor con el nuevo índice que con el actual.

El problema no es solo el número que recibe la población, dado que la inflación la vive a diario cuando en la góndola, sino también en su use hacen las compras. El IPC impacta en contratos, bonos, bandas cambiarias y, como muestra el litigio con Aurelius, en instrumentos financieros atados al desempeño económico. El INDEC decidió no recalcular hacia atrás las series para no alterar contratos indexados, pero eso deja un vacío legal: sin empalmes claros, la comparabilidad intertemporal se debilita y los “argumentos” de los buitres se fortalecen.

El Destape

 

Alexandria Ocasio-Cortez reveló los vínculos del titular de los fondos buites con Samuel Alito

El viaje de pesca que compartió Paul Singer con el juez de la Corte Suprema de EE. UU. en la previa al fallo contra Argentina

El vuelo vía jet privado y la excursión de pesca entre el Singer y Alito volvió a quedar revelado en medio de una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El rol de Alito en el fallo que obligó a Argentina a pagarle los fondos de inversión que litigaron contra el país y el paralelismo con otro viaje de Lawfare: Lago Escondido.

Los lazos de la Justicia de los Estados Unidos con un histórico litigante de la Argentina fueron el tema en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Allí, Alexandria Ocasio-Cortez aludió a los vínculos de Paul Singer, el emblema de los fondos buitre que enjuició al Estado nacional, y el juez Samuel Alito, de la Corte Suprema.

La legisladora inquirió a la profesor Kathleen Clark, profesora de la Universidad Wahsington en St. Louis. El tema: un viaje de Alito a Alaska a pescar con Singer en 2008. El vuelo costó 100 mil dólares, en un jet privado. Alito, de 73 años, integra el máximo tribunal desde 2006, propuesto por George W. Bush, y representa al ala conservadora en la Corte.

"Pienso que finalmente vamos a tener que enfrentar el escándalo más grande en la democracia estadounidense que tiene lugar ahora mismo. Y es la extraordinaria corrupción y la compra y venta al por mayor de miembros de la Corte Suprema", manifestó Ocasio-Cortez. "Me resulta divertido que hemos escuchado de los republicanos preguntándose por qué queremos hablar de esto. Porque las mujeres han perdido el derecho a elegir. Porque los pueblos originarios han perdido sus derechos. Porque las minorías han perdido sus derechos. Porque la clase trabajadora en todo el país ha perdido sus derechos debido a este nivel de corrupción", siguió.

Paul Singer, el multimillonario que se hizo amigo del juez. AFP

A continuación, mostró la imagen de Singer y Alito sonrientes tras una jornada de pesca. "De acuerdo al informe de ProPública, el juez Alito viajó en un jet privado, en un viaje de lujo, y si hubiera abordado un avión similar hubiera costado más de 100 mil dólares", dijo, y acto seguido le preguntó a Clark: "Con el costo de esos 100 mil dólares por viaje ¿se le pediría al juez Alito que revelara su viaje?" Para las profesora, "de acuerdo a las normas de ética del Gobierno se le pediría al juez que declare sobre ese viaje", expresó la testigo. El juez no lo hizo.

Samuel Alito, el juez que se fue de pesca con Singer. AFP

"El millonario que generosamente auspició ese viaje es Paul Singer, y estuvo por negocios ante la Corte en al menos diez oportunidades, en casos que la prensa suele cubrir. Así que se sabía que litigaba en la Corte", continuó la representante de ascendencia latina. "En 2014, el juez Alito con otros jueces de la Corte, fallaron a favor de Singer y su fondo de inversiones en una causa de diez años contra la República Argentina".

Ocasio-Cortez le preguntó a la catedrática si Alito se había excusado en la causa contra la Argentina. La respuesta fue negativa. "No lo hizo y usó su posición en la Corte después de esta foto, para fallar en favor de Singer. Después de ese fallo, el fondo de Singer recibió 2400 millones de dólares. Es un muy buen retorno para la inversión de un viaje de pesca", cerró la representante por Nueva York. 

Cualquier parecido con Lago Escondido (la visita de funcionarios judiciales argentinos a Joe Lewis en la Patagonia) no sería casualidad. 

Pagina 12

 

Uno de los fallos más importantes en la historia de las cortes de Estados Unidos

Expropiación de YPF: definen el monto que Argentina deberá pagar al fondo buitre Burford

Comienza este miércoles el juicio para decidir los daños económicos que el Estado Nacional deberá pagar a Burford. Puede variar entre 4900 y 16000 millones de dólares, dependiendo de la tasa de interés y la fecha en que definan que la República Argentina obtuvo el control de las acciones de la petrolera.

Natali Risso

Tras ocho años de litigio, este miércoles comenzarán las audiencias para definir el monto de los daños económicos por el juicio que el fondo buitre Burford le inició a Argentina por la forma en que se nacionalizó YPF - sin realizar una Oferta Pública de Adquisición-. La disputa en los tribunales neoyorquinos será para determinar el monto que la Nación deberá pagar, que puede variar entre 4900 y 16000 millones de dólares dependiendo lo que se resuelva en estos tres días, representando el juicio más costoso que Argentina tiene en el exterior y uno de los más importantes en la historia de las cortes de Estados Unidos.

La jueza Loretta Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, escuchará a las partes para determinar el monto que la República Argentina deberá pagar en base a dos cuestiones de daños que dejó sin resolver en su fallo en contra del Estado Argentino el 31 de marzo y significan una diferencia de hasta 11.100 millones de dólares. El monto variará en función de la fecha en que Preska tome como que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, y la tasa de interés que se utilice por la demora para actualizar la indemnización.

En disputa

Las audiencias que se llevarán a cabo los próximos tres días en la ciudad de Nueva York le pondrán número a un proceso que ya lleva ocho años de disputa entre el fondo buitre Burford Capital y la República Argentina, cuya defensa y apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini. La importancia radica en que, en función de cómo la jueza resuelva las dos cuestiones de daños, Argentina deberá pagar 4900 o 16.000 millones de dólares al fondo buitre. La diferencia es muy grande (11.100 millones de dólares) para un país mega endeudado con el FMI y con el 40 por ciento de su población bajo la linea de pobreza. 

Una de las cuestiones en pugna es la tasa de interés que se utilizará por los años de demora del pago de la indemnización, decisión que implica hasta 7600 millones de dólares de de diferencia dependiendo si la jueza opta por tomar el 0 por ciento que considera debería pagar la República Argentina y el 8 por ciento que pide Burford.

"Los peritos de la República testificarán que en Argentina, al igual que en Estados Unidos, el objetivo de los intereses de demora "es resarcir a los demandantes, pero no darles una ganancia inesperada", aseguró la defensa Argentina en el informe previo al comienzo del juicio este miércoles.

La otra cuestión en disputa  es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF (y no de YPF), sujetas a expropiación. Los demandantes la sitúan el 16 de abril de 2012 , cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se emitió un decreto que designó un interventor del Ejecutivo que desplazó al directorio de YPF. La República, en cambio, explica que no fue antes del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 que facultó al ejecutivo a empezar a ejercer los derechos políticos y económicos de las acciones. “Fue la ley la que le dio la postestad a la República de obtener el 51 por ciento de las acciones de YPF que antes tenia Repsol", alega Argentina en su escrito. La diferencia del pago si se empieza a contabilizar en una fecha u otra es de 3400 millones de dólares.

Los montos en juego son muy grandes. Si la corte falla en contra de la demanda y deja que Argentina no pague intereses y elige la fecha 7 de mayo, los beneficios para Burford son de 5000 millones de dólares. Si la corte falla a favor de la demanda en las dos partes, puede obtener 16.000 millones de pesos -un monto superior a la capitalización bursátil de YPF- por su antigua participación en aproximadamente el 28 por ciento de las acciones de YPF. Teniendo en cuenta que Burford compró por solo 15 millones de dólares el litigio al administrador del concurso español de Petersen y el derecho a quedarse el 70 por ciento del recupero de la eventual sentencia, el buitre obtendría ganancias muy por encima de la inversión realizada. En cualquiera de las dos alternativas el monto ubica al juicio entre los diez más importantes (por su monto) en la historia de las cortes de Estados Unidos.

Alerta buitre

El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012 la República adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.

El 31 de marzo Preska falló contra la República aunque no determinó el monto que deberá pagar. En ese mismo fallo de marzo, Preska eximió de responsabilidades a YPF - que también fue demandada por el fondo buitre Burford-, ya que los estatutos no obligan a la petrolera a "hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición o sanciones por no hacerlo”.

Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital, cuyas acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron 53,19 por ciento tras conocerse la decisión de Preska en marzo pasado. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.

Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.

Antes de que el fallo quede firme, la República cuenta aún con dos instancias de apelación para no pagar, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, la jueza podría ordenar que Argentina abone una garantía además de que arriesga a que Burford también apele y pida que se revoque la exoneración de YPF.

Pagina 12

El fondo buitre Aurelius Capital presentó una nueva demanda contra Argentina

La presentación se basa en una supuesta manipulación de datos del Indec. El total que reclama son U$S 252 millones.

Una nueva arremetida judicial llegará al país luego de que el fondo buitre Aurelius Capital insistió con dos demandas por un total de U$S 252 millones en los tribunales de Nueva York por el cupón ligado al PBI. El antecedente hace alusión al proceso de reestructuración que encabezó el gobierno de Néstor Kirchner en 2005.

En aquel momento, el ministro de Economia Roberto Lavagna junto al secretario de finanzas Guillermo Nielsen, incluyeron al cupón ligado al PBI en la oferta del canje del 2005. Los fondos buscan recuperar montos que consideran que deben cobrar por estos instrumentos emitidos.

En enero, Preska desestimó una demanda por presuntas maniobras del país para evitar el pago del cupón atado al PBI. Según reportó Infobae, Aurelius ahora se concentró en argumentar que Argentina violó los términos y condiciones de los cupones atados al PBI y no en la manera de cálculo.

En el informe, se recuerda que los tenedores de los canjes 2005 y 2010 recibieron este cupón para moderar la quita que formaba parte de la oferta argentina. La idea era atar a los bonistas al crecimiento económico: si el país crecía más, cobrarían más. La demanda se basa en una supuesta manipulación de datos para acotar el margen de crecimiento, lo cual habría derivado en una rebaja de los montos que debía erogar el Estado a los holdouts.

Ese primer canje recibió una adhesión del 76% (la mayoría de tenedores locales) y, por lo tanto, dejó afuera al mayor número de fondos buitres en una renegociación soberana. Cinco años después, la adhesión aumento al 92,7% con el canje promovido por la expresidenta, Cristina Kirchner.

El Destape

Cuáles son los objetivos económicos y políticos del desembarco del millonarios financistas en la red social preferida de Trump

Twitter con su pajarito fue atrapado por el buitre Singer 

Paul Singer realizó una compra hostil de acciones por unos 1000 millones de dólares, lo que le permitirá nombrar directores de la compañía para desplazar al actual CEO, identificado con el Partido Demócrata. El buitre es Republicano.

Por Dra. Julieta Dussel

Durante el ultimo fin de semana se conoció que Paul Singer, a través de su fondo de inversiones Elliott Management, hizo lo que se llama una “compra hostil” de acciones de Twitter, que le permitirían desplazar a su CEO y fundador, Jack

Ni Twitter ni Elliot han querido comentar públicamente cuántas acciones han sido compradas por el fondo de inversión, pero ha trascendido que serían papeles por al menos 1000 millones de dólares, lo que le permitiría nombrar cuatro de los ocho directores de la compañía.

En Argentina Paul Singer es ampliamente conocido por ser uno de los “buitres” que durante años llevó adelante el juicio en el juzgado neoyorkino de Thomas Griesa, que sólo se resolvió en 2016 cuando Macri le pagó todo lo que pedía (2426 millones de dólares, más 235 millones de dólares por los honorarios de sus abogados )

Esta no es la primera vez Elliott Management realiza una “compra hostil”.  En 2009 Singer hizo una jugada muy audaz: compró acciones que le permitieron tomar el control de la autopartista Delphi Automotive, la principal proveedora de Chrysler y General Motors, tras lo cual anunció que planeaba cerrar la empresa, lo que en dos días dejaría sin autopartes a estas grandes automotrices, obligaría a detener su producción y dejaría a miles de norteamericanos sin empleo. 

Como resultado de la extorsión consiguió que el Tesoro de Estados Unidos le pagara 12.900 millones de dólares en efectivo y subsidios para que continuara con la producción. Pero a pesar de tamaña ayuda, al poco tiempo Delphi cerró 25 de sus 29 plantas en Estados Unidos, y trasladó 25.000 empleos a Asia. Sólo con esta operación Singer ganó personalmente 900 millones de dólares.

En el caso de Twitter pareciera que la pelea no es sólo económica, sino también política. Singer, un billonario con un patrimonio personal de 3500 millones de dólares, según Forbes, es uno de los mayores donantes del partido Republicano. 

Aunque no apoyó abiertamente a Trump en las últimas elecciones presidenciales, le dio su apoyo para la reelección después de una cena a puertas cerradas en la Casablanca a fines del 2017. Por el otro lado Dorsey, CEO de Twitter, es demócrata. En 2016 apoyó la candidatura de Hillary Clinton y ahora ha hecho donaciones a las campañas de varios de sus precandidatos presidenciales, entre otros Bernie Sanders.

En este año electoral en Estados Unidos, Twitter recientemente prohibió toda publicidad política argumentando que las redes sociales les dan a los anunciantes una ventaja injusta en la proliferación de mensajes altamente específicos y fake news. 

También había trascendido que Twitter estaba a punto de anunciar una novedad para estas elecciones: un indicador de mentiras. Se trataría de una nueva función que permitiría a los propios usuarios marcar tuits como "engañosos" y aportar información que lo demuestre, después de lo cual el tuit mostraría un enorme recuadro naranja para llamar la atención de que lo que está diciendo el usuario puede no ser cierto. 

No hace falta aclarar que Trump utiliza habitualmente Twitter para realizar declaraciones públicas, muchas de las cuales carecen de veracidad. Es muy probable que con el desembarco de Singer en la compañía esta función nunca llegue a implementarse.

Pagina 12

Un fondo buitre demandó a la Argentina por alteración de estadísticas y ahora el país debería pagar de más

La demanda ya había sido presentado en enero por una suma de U$S 87 millones. Ahora, pidió que esa cifra se actualice en U$S 72 millones más.

El fondo buitre ACP Master de las Islas Caimán volvió a demandar a la Argentina porque considera que el país alteró las estadísticas del PBI y, debido a eso, le adeuda casi U$S 160 millones. De momento, será el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien dará la primera respuesta.

El holdout, que pertenece a Aurelius Capital Management, reclamó ante la justicia de Nueva york que se le pague "un monto no menor a los 159 millones de dólares", producto de una deuda que Argentina mantiene por el impago de los cupones.

La demanda ya había sido presentado en enero por una suma de U$S 87 millones. Ahora, pidió que esa cifra se actualice en U$S 72 millones más por la acumulación de los intereses sobre esta supuesto compromiso.

En abril de 2016, el entonces ministro de Economía Alfonso Prat Gay le pagó a ACP Master U$S 108,7 millones como parte del acuerdo con los fondos buitre. En esta ocasión, el reclamo es por no haber pagado los bonos vinculados al crecimiento de la economía que el país les dio a los acreedores en el canje de 2005 y en la reapertura en 2010.

El origen tiene que ver con los cuestionamientos sobre las estadísticas del INDEC en relación con el crecimiento económico del año 2013. Por lo pronto, la justicia argentina ya ratificó el dato del organismo estadístico.

El Destape

La misma estrategia carroñera contra Argentina es aplicada con grandes empresas endeudadas

El buitre Singer salió de compras

El fondo buitre Elliott Management adquirió acciones de AT&T, el gigante de las telecomunicaciones de Estados Unidos. En estos años ya acumuló papeles de Milán FC, Barnes & Noble, Bayer, la telefónica italiana Telecom, SAP, Hyundai, Pernod Ricard, AutoScout24 y Energías de Portugal.

Por Tomás Lukin

El fondo buitre Elliott Management sigue de shopping. La financiera carroñera reveló ayer que controla 3200 millones de dólares en acciones en AT&T. La operación celebrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de Twitter le permitió al buitre hacerse con un participación del 1,1 por ciento de la multinacional de las telecomunicaciones con la que, atento a su agresiva estrategia de negocios, comenzó a presionar al directorio para que se desprenda de distintas unidades de negocios y recorte gastos. La prestadora de servicios de internet y telefonía móvil es propietaria de Time Warner donde controla canales como CNN, TCM y HBO. Singer cuestionó la compra de esa firma y propone cambios que, según prometió, redundarán en un aumento de 65 por ciento en la valuacion bursátil de AT&T.

Después de una década de extorsión judicial, diplomática y financiera que la llegada del gobierno de Mauricio Macri consagró con un acuerdo multimillonario donde multiplicó por catorce su inversión original, Paul Singer trasladó su estrategia carroñera hacia sector privado. A lo largo de los últimos tres años, Elliott Management embarcó una porción de su cartera de 38.000 millones de dólares en un acelerado y visible proceso de compra de participaciones en grandes empresas con problemas financieros.

El club de fútbol italiano Milán FC, la cadena de librerías estadounidense Barnes & Noble, la farmacéutica y agroquímica alemana Bayer, la telefónica italiana Telecom, la informática germana SAP, la automotriz coreana Hyundai, la fabricante de bebidas francesa Pernod Ricard, la plataforma online para la venta de vehículos usados AutoScout24 y la energética lusa Energias de Portugal, son solo algunas de las empresas donde el fondo buitre comenzó a desplegar su agresiva estrategia de negocios. Compra barato y presiona en todos los frentes para incrementar a cualquier costo el precio de sus acciones hasta que pasa a facturar.

El objetivo, maniobras y mecanismos a las que recurre Singer son los mismos que le permitieron celebrar después de diez años en Argentina. Las estimaciones realizadas por el economista Martín Guzmán mostraron que a través de su fondo NML Capital, Singer pagó 177 millones de dólares por todos sus bonos argentinos y recibió 2426,6 millones de dólares: una rentabilidad global de 1270 por ciento, sin contabilizar los honorarios de sus asesores legales. Apenas por debajo de las pretensiones originales, la suculenta transferencia alcanzó para que Singer defina a Macri como “el campeón de las reformas económicas” en la revista Time.

Con su participación en la estadounidense AT&T, Elliott Management busca forzar una reestructuración estratégica para subsanar lo que describe como un desempeño “decepcionante”. El fondo buitre cuestionó la estrategia de fusiones adquisiciones desplegada por AT&T como la reciente compra de Time Warner. “Es una buena noticia que un inversor activista se haya involucrado en AT&T”, twiteó Trump al arremeter contra CNN a la que acusó de propagar noticias faltas. 

La operación despertó el interés del mercado bursátil donde las acciones de la firma registraron un aumento del 4 por ciento tras conocerse la operación concretada por el fondo buitre. Tres fondos de inversión son los principales accionistas de AT&T: Vanguard, BlackRock y State Street, controlan más del 16 por ciento de la firma. Elliott espera que su propuesta de reestructuración y ajustes redunde en un alza de hasta 65 por ciento en el precio de las acciones para alcanzar los 60 dólares. Una rentabilidad significativa que no se comparará con la obtenida a través del acuerdo validado por el gobierno argentino en 2016.

Pagina 12