El secretario Cordero convocará a negociar 150 convenios colectivos “vencidos” bajo la nueva ley

Casa Rosada acelera el desmantelamiento de la organización sindical

La discusión entre empleadores y trabajadores podrá ser por empresa y región, marginando a la disputa por rama y actividad.

Con la reforma laboral en sus manos, el Gobierno de Javier Milei acelera la embestida que apunta a desmantelar la organización sindical de los trabajadores y profundizar la degradación de los derechos laborales.

La Secretaría de Trabajo comenzará a convocar a cámaras empresarias y gremios a renegociar unos 150 convenios colectivos vencidos, cuyas nuevas clausulas estarán bajo la desregulación impuesta en la llamada ley de “modernización laboral” y que abre las puertas a la creación de sindicatos y negociación por empresa; salarios “dinámicos” atados a la productividad; y la creación del “banco de horas” que termina con las horas extras.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) advierten que la medida busca debilitar derechos laborales y avanzar sobre uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino.

Fin de la ultraactividad

Con el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial el pasado 1 de junio, el Gobierno reglamentó parte de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, con cuya implementación el Gobierno ultraderechista sostiene que permitirá incorporar nuevas modalidades laborales y adaptar los convenios a las transformaciones tecnológicas y productivas. Del otro lado, la CGT denuncia una ofensiva destinada a flexibilizar condiciones de trabajo y erosionar derechos conquistados durante décadas.

El nuevo paso es que el secretario de Trabajo y ex abogado laboralista del Grupo Techint y de la Unión Industrial Argentina (UIA), Julio Cordero, encabezará las convocatorias para revisar los acuerdos cuyo plazo original de vigencia ya expiró.

En principio, la medida alcanzaría a unos 150 convenios colectivos, pero la intención es avanzar progresivamente con la totalidad de los convenios alcanzados por la reforma.

Uno de los cambios más sensibles de la Reforma e incluida en el decreto reglamentario está vinculado a la ultraactividad, principio que garantizaba la continuidad de un convenio colectivo aun después de su vencimiento hasta que fuera reemplazado por uno nuevo. Aunque la nueva legislación mantiene vigentes determinadas cláusulas vinculadas a las condiciones laborales, deja sin efecto otras disposiciones sobre la organización sindical, como los aportes solidarios y otros mecanismos de financiamiento de las organizaciones gremiales.

El Abogado de la CGT, Gustavo Ciampa, salió al cruce del argumento oficialista al sostener que durante las últimas dos décadas existió negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades y que los acuerdos fueron modificándose de acuerdo con las necesidades planteadas por trabajadores y empleadores.

Negociación por empresa y “salario dinámico”

La reglamentación también abre la posibilidades de una negociación colectiva por empresa o región, otorgándole prioridad sobre los acuerdos nacionales. Una medida que busca relegar y atomizar uno de los ejes que fortalecía la organización sindical: convenios y negociaciones salariales basados en acuerdos generales por rama de actividad y centralizadas entre sindicatos con personería gremial y cámaras empresarias.

El decreto 407 también incorpora cambios en materia de representación sindical. Entre ellos, reduce los requisitos de afiliación necesarios para disputar la personería gremial dentro de una empresa. Una medida que numerosos dirigentes interpretan como un intento de fomentar sindicatos de empresa y fragmentar la representación de los trabajadores.

Una aseveración de la que no deja dudas la ley. Antes, para que un sindicato obtuviera la personería gremial debía acreditar una afiliación del 20 por ciento de los trabajadores que intentaba representar. Cualquier otro sindicato que quisiera disputar esa personería gremial, debía superar no solo esa representación del 20 por ciento de los trabajadores sino que en el último semestre debía demostrar un 10 por ciento más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20 al 5 por ciento, lo que facilita la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.

Además de la posible descentralización de la discusión colectiva, la reforma incorpora otras variables a la negociación como el denominado “salario dinámico”, una modalidad que habilita componentes salariales atados al aumento o baja de productividad, el desempeño individual (evaluado por el propio empleador) o la propia situación económica de cada empresa. Entre ellas el llamado “Banco de horas”, a través del cual el empleador y el trabajador podrán “acordar” jornadas desiguales en horarios sobre el total de la semana laboral --aunque en la mayoría de los casos estarán ligadas a los procesos productivos de cada empresa--, con lo que también corre riego de extinción de las horas extras, que empleador debe pagar con una bonificación mayor (ver Economía).

Desde el Gobierno argumentan que estos mecanismos permitirán “modernizar” las relaciones laborales y generar incentivos para la contratación de nuevos trabajadores. Para el grueso de los gremios estos aspectos de la reforma abrirían la puerta a negociaciones salariales “a la baja” y generar una mayor dependencia de factores económicos ajenos al control de los trabajadores.

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La destrucción de la Argentina productiva de la mano de Milei

Esclavos argentinos

Pese al masivo paro y a la oposición del peronismo el gobierno avanzó con la reforma laboral. La palabra traición en el recinto. La historia de una burguesía nacional en la fábrica que cerró.

Luis Bruschtein

Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan su propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.

El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington Javier Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.

En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que “no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro”, Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: “un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres”.

Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.

El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.

La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.

Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.

En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.

Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.

Fate electrónica fue encabezada por el ingeniero mecánico Ricardo Zubieta y Elio Díaz, y los ingenieros Alberto Bilotti y Pedro Joselevich. La fábrica fue una de las pocas en el mundo que en ese momento produjo calculadoras, y hasta una computadora que competía con marcas importadas. Llegaron a exportar hasta un millón de dólares. Muchas de las partes, como circuitos integrados y transistores eran producidas en el país.

Fue una aventura enorme en la que confluyeron la visión de un empresario como Manuel Madanes con científicos de alto nivel que se habían formado en la UBA. La fábrica, en la que trabajaron cerca de cien ingenieros y otros científicos, lideró el mercado latinoamericano con Cifra111 y Microcifra fue la segunda calculadora portátil después de Hewlett Packard.

Podría haber situado al país a la vanguardia en informática, pero tuvo que cerrar en 1976 a causa de la apertura de las importaciones que decretó la dictadura con Jose Alfredo Martínez de Hoz. Fate electrónica tuvo que cerrar con el golpe de 1976 por las mismas causas por las que ahora cerró Fate neumáticos.

Pese a haber sido apoyado por los gobiernos peronistas, Javier Madanes, el último dueño, fue aportante a la campaña de Mauricio Macri y desde hace pocos años volcó la empresa hacia el rubro de la energía. Otra gran empresa nacional, Vicentin, alcanzó su época de oro con las políticas expansivas del kirchnerismo. Sin embargo, sus directivos fueron macristas militantes, incluso dirigentes partidarios. El grupo Marengo de golosinas se originó con el primer peronismo y creció con el auge del consumo generado por las políticas populares. Pero cuando ganó Milei se montaron en la ola libertaria y sacaron la línea de caramelos duros y ácidos con la frase “No hay plata”. Esta semana informaron que vendieron la empresa por la caída del consumo.

Muchos países respaldan a sus empresas, y son proteccionistas, por eso es tan difícil concertar acuerdos como el Mercosur o con la Unión Europea. Pero en Argentina, las empresas que se han favorecido, o los descendientes de sus dueños originales, se afilian a partidos aperturistas y se enrolan en políticas que las destruyen, o se trasnacionalizan o derivan sus ganancias a otros rubros. Hay un fenómeno de transformación en el juego de intereses de lo que se ha denominado como burguesía nacional.

El cierre de la fábrica de neumáticos se produjo dos días antes del paro convocado por la CGT como rechazo a la reforma laboral que finalmente se aprobó en Diputados y será tratada en el Senado el viernes próximo. El gobierno acusó primero a los trabajadores y después a la empresa. La reforma laboral es tan retrógrada que resultará inaplicable, aunque la aprueben. La inconstitucionalidad está imbricada en la concepción de la norma que desprotege totalmente al trabajador y lo convierte en un ciudadano de segunda. Más temprano que tarde será causa de conflictividad y violencia.

La responsabilidad por la aprobación de la ley en Diputados recayó más en los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y los radicales más algunos partidos provinciales que pusieron el grueso de los votos. El bloque del peronismo fue la oposición más dura, pero un puñado de diputados que responden a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, votaron a favor o dieron quórum. Esos legisladores, al igual que los de Misiones y Salta, que no son peronistas, fueron votados para hacer oposición.

La palabra traición resonó más de una vez en el recinto. Por las connotaciones históricas para el peronismo, esa palabra había caído en desuso. Pero una ley tan antiobrera la devolvió al aire. También fue un síntoma. Los que la pronunciaron, aclararon que votar a favor de la reforma laboral era una traición al mandato que habían recibido. Y una de las acusadas les respondió: “¡Ganen elecciones!” Lo peor que le puede pasar al peronismo, como a esta diputada, es creer que no importa el contenido, sino sólo el resultado. En esa confusión reside el camino más transitado a la disolución.

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Quedan sin efecto los despidos

Conflicto por el cierre de Fate: dictaron la conciliación obligatoria por 15 días

Durante la conciliación, las partes deben restaurar las condiciones laborales previas al conflicto.

Tras la enorme repercusión que tuvo la decisión de la empresa de neumáticos FATE, que este miércoles anunció su cierre definitivo tras 80 años de vigencia y el despido inmediato de 920 trabajadores de su planta ubicada en el partido bonaerense de San Fernando, tanto el Ministerio de Capital Humano de la Nación como el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictaron la conciliación obligatoria por 15 días. Durante ese período las partes deben “retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales”.

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Milei lo hizo: ya cerraron más de 22 mil empresas desde que asumió

Hay 327.341 trabajadores registrados menos en comparación con diciembre de 2023, según datos oficiales. Cuáles son los sectores más afectados desde que Milei es presidente.

A contramano de lo que afirma el gobierno de Javier Milei, desde que el presidente libertario llegó a Casa Rosada ya hay más de 22 mil empresas menos en el país. Los últimos números revelan que solo en noviembre pasado cerca de 900 compañías tuvieron que cerrar. Las cifras repercuten en los puestos de trabajo registrados: en dos años, se contabilizan unos 330 mil empleados menos.

En diciembre de 2023, el Boletín Estadístico de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) arrojaba un total de 512.898 compañías a lo largo y ancho del territorio. El último reporte conocido este mes -que toma los números a noviembre de 2025- indica que hay 490.419 empresas. Es decir que, según los datos oficiales, hubo 22.479 unidades productivas que tuvieron que cerrar desde que Milei es presidente.

En el propio sitio de la SRT se aclara que las llamadas unidades productivas comprenden a "una persona, empresa u organización que produce bienes o servicios en el sector privado o público y que reúnen a uno o más trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo".

Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también analizó estos datos y difundió un gráfico para explicar esta curva. En sus números, donde se contemplan altas y bajas, se da cuenta de unas 21.938 unidades productivas menos.

Estas cifras también tienen consecuencias con el número de trabajadores registrados. Cuando asumió Milei a la presidencia, en 2023, el sistema contabilizaba un total de 9.893.914 empleados en blanco. Sin embargo, sólo 24 meses después, esa cifra cayó a 9.566.573, dando un total de 327.341 puestos de trabajo perdidos.

Cuáles fueron los sectores más golpeados en la era Milei

Entre las ramas de la economía que más sufrieron las políticas mileístas están la industria manufacturera, las actividades administrativas, la administración pública y el servicio doméstico. 

La industria manufacturera registró un descenso marcado de 73.477 trabajadores, pasando de 1.215.614 en 2023 a 1.142.137 en 2025. Por su lado, las actividades administrativas y de servicios tuvieron una disminución 21.617 empleados, pasando de 505.283 a 483.666 personas.

En tanto, el servicio doméstico en casas particulares tuvo un retroceso de 24.768 trabajadores en comparación con lo relevado en diciembre de 2023. Mientras, la administración pública fue el sector que más bajas experimentó: pasó de unos 2.611.993 trabajadores a fines de 2023 a 2.516.000, una aproximado de 95.000 puestos menos.

El Destape

 Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios

Se achica la industria nacional

La firma automotriz despidió a otros 90 operarios en la planta de Alvear. El recorte del personal alcanza al 40 por ciento y la tendencia parece irremediable.

La crisis golpea de lleno también a las empresas más grandes. General Motors volvió a despedir trabajadores en su planta ubicada en Alvear, provincia de Santa Fe. Esta vez ofreció retiros voluntarios a otros 90 trabajadores. Desde que asumió la Milei la firma redujo un 40 por ciento la cantidad de operarios: pasó de 1000 a 600. La apertura importadora y la estructura de costos no cierran, pero tampoco las expectativas respecto de que el Ejecutivo cambie de rumbo y apoye la producción industrial. “Quedarán en pie sólo los más competitivos”, repiten desde el Gobierno.

El personal que fue desvinculado llevaba alrededor de 15 años en promedio y, según el sindicato, recibieron una cifra abultada para que aceptaran retirarse: 120 por ciento de los fondos fijados por ley.

Hace 2 años, la fábrica empleaba a 1000 personas entre efectivas y contratadas. Hace tiempo que dejaron de contratar trabajadores. Quedaron 600 y la tendencia a achicar el plantel parece un destino irremediable. Para el próximo año esperan un panorama igual o peor, aseguró el secretario general del Smata Seccional Rosario, Sergio Gazzera.

Paradas programadas, suspensiones y con operarios que cobraban el 75 por ciento del salario, el escenario anticipa mayor recesión y más complicaciones para los laburantes.

Menos es menos

La reducción de los volúmenes producidos en la planta de la localidad santafesina comenzó apenas ganó las elecciones La Libertad Avanza, cuando la automotriz decidió discontinuar la producción del modelo Cruze y quedó en pie sólo la fabricación del Chevrolet Tracker. Estas unidades tuvieron desde sus inicios a Brasil como destino exportador, pero la caída de las ventas hacia el país vecino le agregan mayor incertidumbre a una situación económica con eje en lo financiero que impacta a toda la manufactura local.

Entre el primer bimestre de 2024 y 2025, los envíos hacia el mercado brasileño escalaron de 7.954 a 9.451. Sin embargo, para febrero, la demanda se desplomó a la mitad. Uno de los motivos fue el encarecimiento del tipo de cambio en Argentina, luego de la primera devaluación que provocó Milei: ya no era tan conveniente comprar acá y tampoco hacer turismo, como se venía apenas pocos meses antes de que asumiera el nuevo mandatario.

La destrucción de los puestos de trabajo en la industria es una de las características de la política económica nacional. En General Motors, el derrotero empezó en abril de 2024 y los meses posteriores cuando la cifra de despidos llegó a los 200. Entre enero y febrero de 2025 se sucedieron 260 retiros voluntarios y 49 despidos. Este último noviembre se sumaron otros 90 retiros voluntarios.

Golpe al corazón

En el código fabril, los grandes derraman, o multiplican empleo o hacen crecer como hongos a empresas pequeñas o medianas que crecen al calor de la producción que las hizo surgir. Lo mismo ocurre, pero al revés, si la firma madre entra en crisis. Y más si no se trata de un tema excepcional, de una particularidad, de una inversión mal manejada. No es un problema del cordón industrial rosarino, es una mancha que se esparce por decisión del Ejecutivo y afecta a la actividad manufacturera en todo el país.

Por cada puesto directo en las automotrices, se generan entre 3 y 5 empleos indirectos en autopartistas, logística, servicios y comercios. Un encadenamiento de posibilidades cuando acompaña el diseño económico y de catástrofe si sucede al revés.

“Se perdieron 6.000 puestos de trabajo.... la estamos peleando todos los días. Los chinos no van a poner fábricas de auto en Argentina, a lo sumo harán sociedades con las terminales que ya están. En Brasil ponen fábricas”, aseguró Ricardo Pignanelli, de Smata.

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 Se reunió el consejo de Mayo

La CGT rechazó la reforma laboral del gobierno

Durante el encuentro en la Casa Rosada, el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, expresó su desacuerdo a los postulados del proyecto que enumeró el ministro Sturzenegger y que presentarán el próximo 9 de diciembre.

El titular de la Uocra, Gerardo Martínez, posó para la foto junto a los otros integrantes del Consejo de Mayo que se reunió en la Casa Rosada. Todos sonríen, menos Martínez. Es la expresión más clara y palpable del resultado de una reunión donde se habló de la tan cacareada “modernización laboral” del gobierno y que no es otra cosa que la destrucción de los derechos de los trabajadores. Allí, el representante de la CGT no logró que se tomen en cuenta sus críticas al proyecto, mucho menos del que hizo de vocero gubernamental, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Hablar de una reforma laboral con una situación como la que vive la Argentina, donde se quitan derechos, me parece que es algo insólito, inédito y que la CGT bajo ningún punto de vista va a aceptar”, afirmó el gremialista cuando el encuentro finalizó. Si bien trasladará un informe a la conducción de la central obrera, Martínez reconoció que es posible “ir a la confrontación si no somos escuchados”.

Todos los relatos coinciden. El encuentro no fue ameno. De hecho, cuando terminó Martínez se fue directo al despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo. La queja fue una sola y es que nada de los puntos que Sturzenegger les comentó lo puede aceptar la CGT. Caputo no le dijo nada que le aventurara un mejor texto al proyecto que los libertarios quieren enviar a la Cámara de Diputados. De todas formas acordaron seguir conversando.

No es para menos. Lo que trascendió anticipa un rechazo no solo de los dirigentes sindicales. Debería rechazarlo cualquier distraído que ande por la calle.

Por un lado pretenden borrar el viejo principio que establece que un convenio mantiene su vigencia hasta tanto sea reemplazado por otro nuevo. No les importa que buena parte de los convenios se van actualizando año a año. Pero al mismo tiempo quieren que el convenio por empresa se imponga por encima del de rama. Una medida que va en contra de los intereses de los trabajadores porque el convenio por rama o actividad representa el piso de lo que deberán cobrar los empleados. Entonces, el de empresa deberá ofrecer mejoras pero sobre todo acorde a las características especiales del tipo de empresa donde se desarrolle este convenio.

Sturzenegger también habló de aplicar un principio de regresividad de los convenios. Esto es que se firme un que le quite derechos a los trabajadores cuando la legislación prevé que siempre sea para mejora de los trabajadores.

No terminó allí, también dijo que quieren reducir la representación sindical en las empresas, que sea menos los delegados. Luego habló de modificar la ley de licencias médicas para que el trabajador no perciba el sueldo completo durante un proceso de licencia por enfermedad. También el ministro apuntó a la antigüedad de los y las trabajadoras. Para eso quiere que no se sumen si un trabajador renueva un contrato. Siempre comienza desde cero.

Ninguno de los puntos que desarrolló Sturzenegger tienen la más mínima redacción que mantenga la vigencia de los derechos laborales o los incremente. Nada de nada a favor de los trabajadores. Todo a favor de la patronal.

De todas formas, todo lo que dijo el ministro de Desregulación no quedó escrito en ningún lugar. Ni un papel se llevaron los otros miembros del consejo que participaron del encuentro, el ultraconservador gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo por la Cámara Baja y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios. Son los que sonreían para la foto.

“No conocemos cuál es la letra del proyecto”, dijo Martínez una vez que finalizó el encuentro. “Hablaron de que tienen una cierta cantidad de proyectos. No estamos de acuerdo con los conceptos vertidos en este Consejo, que es consultivo y no vinculante”, dijo el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT.

Martínez se retiró convencido de que nada de lo hubiese dicho iba a hacer cambiar de opinión de Sturzenegger. Tampoco la de Manuel Adorni que se sumó como jefe de Gabinete. Los libertarios se mostraron ganadores, fuertes, convencidos de que no hay nada que los detenga y se lo hicieron sentir a todos. Incluso a los que fungen de aliados en ese espacio “consultivo y no vinculante”, como destacó Martínez en más de una oportunidad.

“¿Pueden llegar a hacer paro?“, lo barajó un periodista a la salida de su reunión con Caputo, el asesor. Martínez respondió casi mecánicamente: ”Sí“.

También le preguntaron si obtuvo alguna respuesta favorable del Caputo asesor: “Santiago es un asesor del Presidente que también habla con los distintos sectores y, por supuesto, escucha también el pensamiento, el análisis y la opinión que tenemos los trabajadores sindicalmente organizados”, fue la respuesta.

Luego agregó el titular de la Uocra: “Me parece que ahí vamos a tener un gran debate, una gran discusión y por supuesto veremos cómo el gobierno actúa y nosotros también actuaremos. Hablaremos con los gobernadores, hablaremos con los diputados, con los senadores”, indicó.

Ahora están explorando contactos con sectores empresarios que son más afines con el mundo gremial, las Pymes. Ya mantuvieron encuentros con algunas las cámaras que las contienen. Dicen que la charla fue buena y en la central obrera apuestan a contar con su apoyo a la hora de confrontar con la reforma laboral del gobierno.

La CGT ya hizo esa tarea en otra oportunidad, cuando fueron contra el capítulo laboral del DNU 70/2023. En esa oportunidad hablaron con los mandatarios provinciales, con los legisladores de ambas Cámaras parlamentarias y se presentaron ante la justicia con un amparo que resultó exitoso. Eran los primeros meses del gobierno de Milei. El peronismo era la primera minoría en el Senado y en Diputados. Hoy ese escenario está por cambiar a partir del 10 de diciembre. Si van a hablar con lo gobernadores estarían llegando después del gobierno.

Por eso el presidente Milei decidió que presentará el proyecto de destrucción de los derechos del trabajador un día antes del cambio legislativo. Un gesto con el que Milei buscará mostrar que todo cambió y para peor.

Martínez dijo que no se van a quedar con los brazos cruzados porque, afirmó, “están en juego los derechos individuales y los derechos colectivos y aparte, hablar de una reforma laboral con una situación como la que vive la Argentina, donde se quitan derechos, me parece que es algo insólito, inédito y que la CGT bajo ningún punto de vista va a aceptar”.

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El Gobierno anunció una reforma laboral regresiva para los trabajadores

Sin derechos, sin paritarias y a tiro del despido

Adorni y Caputo prometieron en el Coloquio de IDEA que enviarán un proyecto de ley post elecciones para quitar derechos laborales. Mientras, sigue creciendo el desempleo.

Para los trabajadores, menos derechos. El Gobierno se encamina a implementar una reforma laboral para eliminar los convenios colectivos de trabajo y facilitar los despidos si gana las elecciones del 26 de octubre. Ésa fue la promesa que le hicieron este jueves el presidente Javier Milei --a través de su vocero, Manuel Adorni-- y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a los empresarios reunidos en Mar del Plata para el Coloquio de IDEA. El paquete incluirá también el reemplazo de las mesas paritarias por "negociaciones libres" entre cámaras empresarias y sindicatos, según confirmaron ambos ante un auditorio repleto de directores ejecutivos y miembros del círculo rojo. La letra chica estará contenida en un proyecto de ley que podría ingresar al Congreso luego del recambio legislativo del 10 de diciembre, fecha a partir de la cual la Rosada espera un parlamento "más receptivo a las reformas", según dijo Adorni, siempre y cuando las urnas no digan lo contrario. 

Si bien no fue la primera vez que el Presidente o sus ministros anunciaron en las últimas semanas que la reforma laboral estaba en carpeta, esta vez le dieron el marco de una suerte de relanzamiento del Gobierno post elecciones, como parte de una segunda etapa de la gestión libertaria que también incluye una reforma tributaria. "El primer paso fue estabilizar el descalabro heredado: fiscal, monetario y cambiario; y el segundo paso, reformas para mejorar la competitividad de la economía argentina", dijo Adorni. "Necesitamos reformar el mundo del trabajo, para que el dinamismo económico pueda estar acompañado del dinamismo laboral", agregó. 

La apuesta es a que los cambios en el mundo laboral y el recorte de derechos incluidos en el futuro proyecto de ley abran la discusión del Congreso que se viene, como una forma de retomar la iniciativa perdida en medio de los escándalos de corrupción y la derrota en Provincia de septiembre. Pero la futura norma busca también ser una prenda de negociación para recomponer el marco de alianzas políticas --como la que la Rosada construyó en la Ley Bases-- que le reclama el Tesoro de los Estados Unidos como condición del salvataje. 

En esa línea ya se inscribió Mauricio Macri. El líder del PRO sostuvo este jueves en un extenso posteo en tuiter que su voluntad en esa nueva etapa post elecciones será "plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos". Un ejemplo de esas metas sería la reforma laboral regresiva en ciernes. Los empresarios y el círculo rojo, con su habitual mantra de "reglas claras para inventir", juegan en sintonía: “Tenemos que saber en qué cancha estamos jugando”, pidió el presidente del Coloquio de IDEA, Mariano Bosch, al inaugurar el encuentro. Por supuesto que todas esas posiciones están atadas al resultado de la elección, lo mismo que el apoyo norteamericano, tal como lo dejó en claro desde Washington el propio Donald Trump.

Claro que al respecto no sólo hablarán las urnas, sino también la oposición y el mundo del trabajo y sus organizaciones. Una de las preocupaciones centrales es que desde la asunción de Milei ya se perdieron unos 200 mil puestos de trabajo. El salario formal se estancó cinco puntos por debajo del nivel de fines de 2023. 

El candidato a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, encabezó un fuerte rechazo a la reforma desde la sede de Azopardo de la CGT, junto a la plana mayor de la central obrera y algunos de sus miembros más combativos. La iniciativa "retrocede derechos y profundiza la precarización", definió el candidato. Fue en respuesta a un primer anuncio realizado por Milei de forma genérica la semana pasada. Milei “llegó a decir que él supone que es tan buena que la va a anunciar después de la elección. Quiere decir que si no la hace antes, claramente es porque viene con quita de derechos”, había aportado Sergio Palazzo, de la Bancaria, desde el salón Felipe Vallese.

"Lo único claro con las reformas laborales que impulsan Milei y Caputo es que buscan bajar el salario, permitir que los empresarios puedan despedir sin indemnización y contratar trabajadores sin derechos. Ya lo vimos muchas veces en la historia argentina: cada vez que aplicaron este tipo de recetas, el resultado fue más pobreza, más desigualdad y menos trabajo", le dijo a Página/12 el senador de Fuerza Patria Mariano Recalde. 

"Es una confesión de Caputo que desde EEUU le promete a los empresarios que van a poder hacer cualquier cosa con los trabajadores. La única forma de crear empleo es desarrollar el país, fortalecer la industria y aumentar el nivel de actividad. Con la receta de Milei, en menos de dos años se destruyeron más de 200 mil puestos de trabajo y se precarizó el que quedó en pie. Gobiernan para la timba financiera, no para los que viven de su salario", agregó Recalde. 

"El 26 de octubre hay que decirle a Caputo que el problema no son los trabajadores, el problema es su plan económico", concluyó. 

Menos derechos 

La reforma, según adelantaron Adorni y Caputo, se basa en las viejas ideas de la derecha tradicional argentina de desregular el mercado laboral, lo que abriría una supuesta etapa de beneficios para todos. Adorni hasta prometió "una revolución productiva" parafraseando el slogan de campaña de Carlos Menem. 

“Necesitamos que las empresas quieran y puedan contratar“, fue el mensaje de Milei a través de Adorni. Para ello, dijo, se necesita "dar la batalla contra la judicialización del conflicto laboral" y "eliminar trabas a aquellos que quieran emprender". Adorni incluso fue mas allá y se permitió una digresión propia: "contratar a un trabajador no puede ser lo mismo que adoptarlo". 

En concreto, de lo que dijeron hasta ahora Caputo, Milei y Adorni se desprende que la reforma incluiría:

*La eliminación de las paritarias y su reemplazo por "negociaciones libres"

*El fin de la indemnización por despidos o su reemplazo por un "fondo de cese" financiado en cuotas por los propios trabajadores. Un antecedente en ese sentido fue introducido en la Resolución General 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores. 

*La imposibilidad por ley de realizar juicios laborales ya sea por despidos injustificados u otros motivos de abuso patronal. 

*La eliminación de los convenios colectivos de trabajo que regulan las distintas actividades.

*La posibilidad (más bien un acto de publicidad libertaria) de elegir la moneda en la que cobrar los sueldos, osea, que pueda ser en dólares. 

Por supuesto que todos esos puntos son, al menos por ahora, propuestas unilaterales del Ejecutivo: no hubo rondas ni negociaciones abiertas entre los distintos sectores --desde la UIA a la CGT o las asocaciones de Pymes-- para debatir o consensuar un texto. 

El antecedente más inmediato fue el capítulo laboral de la Ley Bases, que fue frenado en la justicia. "El Gobierno ya intentó una reforma laboral, que fracasó por completo", le dijo a este diario Gustavo Ciampa, de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio e integrante del Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales. "Creció el desempleo, creció el empleo negro, con lo cual no es el camino. Cada vez que en la Argentina se quiso degradar los derechos de los trabajadores con la excusa de que era la forma de generar empleo lo que se hizo fue destruir empleo", agregó. 

"La legislación laboral lo que hace es preservar la dignidad de las personas que trabajan. No tiene aptitud para generar empleo, como mienten Milei y Caputo, lo que genera empleo es una política económica acertada. Si no se está generando empleo es por el fracaso de la política económica del Gobierno, lo que tienen que hacer es cambiar la política económica", concluyó. 

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