Al exjefe de Gabinete libertario le quedan dos días para presentar documentación a la justicia que explique el crecimiento en sus arcas.
Este miércoles vence el plazo para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presente a la justicia la documentación para justificar el desmedido aumento de su patrimonio. El ex vocero presidencial debe explicar una diferencia de más de cuarenta y tres millones entre ingresos y egresos familiares, así como el origen de pagos por 400 mil dólares. Habrá que ver si pudo reunir la documentación que le requirieron o si pide una prórroga para presentarla.
El fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, presentó el pasado 10 de agosto un requirimiento, en el que formuló veinte preguntas sobre las inconsistencias que encontró en la repentina fortuna del ex funcionario.
Esas 20 preguntas son claves para determinar la situación judicial de Adorni. Una vez recibidas, el fiscal definirá si lo cita o no a declaración indagatoria.
Hasta ahora, el ex jefe de Gabinete ha dado una serie de argumentos contradictorios y cambiantes. Por ejemplo, al declarar ante el Congreso dijo que tenía todo declarado (“nunca existió ocultación alguna”, aseguró, pero tras abrirse la causa judicial presentó una declaración jurada en la que aparecieron cerca de medio millón de dólares más.
En una entrevista a La Nación + dijo que el dinero en cuestión era el fruto de inversiones en criptomonedas originadas, según su versión, en 2014 (época en que invertir en Bitcoin era una jugada de alto riesgo). “Invertimos unos 200.000 dólares y ganamos aproximadamente 300.000”, aseguró. Tambiéndio a entender que mucho antes, en 2002, había encontrado dinero en la casa de su padre, tras su muerte.
Para el fiscal, “los incrementos, adquisiciones y desembolsos” que hizo Adorni durante los dos años y medio que integró el gobierno de Javier Milei “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
Según la investigación, Adorni percibió 35 sueldos durante el tiempo que fue funcionario. Sumados a los ingresos de su esposa, los ingresos familiares fueron de 229 millones de pesos. Sin embargo, los gastos en el mismo período fueron de 272 millones, es decir 43 millones de pesos más.
Por otra parte, Adorni usó dólares para pagar viajes (como Aruba y Nueva York), alquileres, compra de inmuebles y refacciones. Esos billetes (que utilizó en efectivo) no encajan en lo más mínimo con sus ingresos. Por la compra de la casa en el country Indio Cuá, con todas sus refacciones (lo que incluía la famosa cascada, la pileta climatizada, el jacuzzi, la parrilla de lujo, entre otras cosas) y el departamento de la calle Miró 550 con sus muebles, el desembolso fue 402.578,12 dólares.
El requerimiento de la fiscalía señaló, además, que Adorni manejó cuatro billeteras cripto (en Binance, Lemon, BUENBIT Y Satoshi Tango) que nunca incluyó en sus declaraciones juradas. Por otra parte, tuvo ingresos de origen desconocido en su cuenta del Banco Nación por 7,5 millones de pesos y existen dudas sobre otros posibles bienes.
Pagina 12
20 de agosto de 2026
Sturzenegger lo hizo: primer amparo patronal contra la reforma laboral
Exclusivo: Adimra, la contraparte en la paritaria de la UOM, se presentó ante la Justicia laboral para bloquear un artículo de la reforma y la reglamentación del "Coloso" que limitó el financiamiento de la entidad. Otras cámaras preparan acciones similares y la UIA ya se había quejado de que la norma "terminó complicando" a los empresarios.
Mariano Martin
La Reforma Laboral, llamada a beneficiar a los empresarios como nunca antes en la Argentina moderna, acaba de sufrir la primera impugnación ante la Justicia por parte de una cámara patronal. Lo hizo la asociación gremial empresaria que representa y promueve a la industria metalúrgica argentina ADIMRA ante el fuero laboral en contra de la limitación implantada por la norma sobre un aporte incluido en el convenio colectivo de la actividad que define el sostén financiero de esa organización.
La presentación se concentró en un artículo de la ley 27.802 y en la reglamentación impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre lo que se solicita “una acción declarativa de inconstitucionalidad” y una medida cautelar de no innovar hasta la eventual definición judicial de la cuestión de fondo. Son los mismos cuestionamientos que evalúa buena parte de las gremiales empresarias frente al límite que el “Coloso” del Gabinete les impuso en los mecanismos de recaudación entre los empleadores de cada rubro. Entre ellas, y como había adelantado en exclusiva El Destape, figuran la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME).
El amparo solicitado por Adimra apuntó contra el artículo 133 de la reforma que puso como tope el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores a “los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores”, señala la ley. Sin embargo, el mayo perjuicio que la entidad busca revertir es el decreto reglamentario 407/26 según el cual esos aportes “sólo serán obligatorios para aquellas empresas que estén afiliadas” a una cámara.
En el caso de los industriales la entidad mayoritaria que los nuclea, a través del convenio colectivo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), recauda entre las empresas de la actividad 1% del salario de cada operario. Con un ingreso mínimo garantizado cercano al millón de pesos mensuales, y una nómina en todo el país aproximada de 220 mil trabajadores, los ingresos anuales de Adimra suman no menos de 20 millones de dólares. El límite fijado en el decreto 407 reduce a la mitad el monto a recaudar por cada salario pero, sobre todo, minimiza el universo de empresas sobre las cuales aplicar la retención sólo a las formalmente afiliadas a Adimra.
Ese mecanismo recaudatorio fue históricamente discutido por otras cámaras cuyos asociados alegaban verse forzados a contribuir a Adimra a pesar de no estar afiliados. En el caso de la Asociación de Fábricas de Componentes (Afac, los autopartistas) la controversia llegó a la Justicia pero incluso con un fallo favorable, los demandantes se quejaron en los últimos años ante las autoridades de que la entidad condenada implementaba artilugios para que la contribución pareciese obligatoria.
Sturzenegger, influenciado por los postulados de la Escuela Austríaca a la que adscribe Javier Milei, emprendió una cruzada en contra de los aportes compulsivos a favor de las cámaras empresarias ya desde el texto del DNU 70/23, que fijaba límites precisos. También lo intentó respecto de los sindicatos pero la resistencia de la CGT y del ala política del Gobierno obligó a reescribir el decreto 407 y elaborar uno nuevo, el 612 (en este caso, con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero ya no del encargado de Desregulación) que puso a salvo a los gremios. La nueva norma no resguardó los aportes a las cámaras patronales.
El Destape ya había dado cuenta del malestar creciente en sectores patronales incluso desde el debate de la reforma laboral. En aquella oportunidad, Adimra, la CAC y la CAME coincidieron en el texto de una nota dirigida a las comisiones del Congreso para que excluyeran de ley el capítulo relacionado con los aportes a su funcionamiento. También este medio contó que un mes atrás, en una reunión de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), el principal asesor laboral, el abogado Juan José Etala, expuso ante los dueños de fábricas un diagnóstico sombrío: “queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”.
Es que además del financiamiento, para buena parte del gremialismo empresario la reforma detonó un modo histórico de relacionamiento con los sindicatos y abrió las puertas a una eventual anarquización producto de la atomización de ambas representaciones (habilita creación de nuevas organizaciones obreras y la inclusión de otras de empleadores en las paritarias) y de la inversión del orden de prioridad para las negociaciones, de modo tal que las de menor jerarquía (regionales, provinciales o incluso por empresa) podrán prevalecer respecto de las de alcance nacional.
El Destape
15 de agosto de 2026
Diputada denunció posible “compra” de votos del gobierno a cambio de presupuesto para obras viales millonarias
La diputada Marcela Pagano realizó tres presentaciones judiciales para que se investigue si el gobierno “compró” votos de diputados y senadores “aliados” a cambio de sugestivos giros millonarios a sus provincias para obras viales. El caso quedó radicado en Comodoro Py.
Franco Mizrahi
La diputada Marcela Pagano realizó tres presentaciones judiciales para que se investigue si el gobierno compró votos de diputados y senadores “aliados” a cambio de sugestivos giros millonarios a sus provincias para obras viales. La primera denuncia la realizó este martes y luego agregó dos ampliaciones –la última este jueves- con detalles de los pagos que se realizaron en la previa, durante e inmediatamente después de votaciones claves para la administración del presidente Javier Milei. Puntualizó en las siete provincias cuyos legisladores fueron determinantes para que el Ejecutivo pudiera sacar adelante las leyes que pretendía impulsar y que tuvo su primer ensayo con la Ley Bases, el 12 de junio de 2024. El caso recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini e interviene el fiscal Franco Picardi aunque podría mudarse de despacho por una cuestión de conexidad con otro expediente.
La denuncia de Pagano, que se hizo eco de una investigación publicada por el diario La Nación, es “contra los funcionarios públicos que hayan dispuesto, instruido, autorizado y/o ejecutado los pagos del fideicomiso creado por el artículo 12 del Decreto N° 976/2001 —en lo que refiere al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), componente del Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) instituido por el Decreto N° 1377/2001— durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026 —con especial atención a quienes ejercieron las competencias de autoridad de aplicación y de dirección de los fondos fiduciarios conforme al Decreto N° 215/2024 y su normativa delegada—, y contra toda otra persona que resulte penalmente responsable”. Pidió se investigue si los involucrados cometieron los delitos de cohecho, admisión y ofrecimiento de dádivas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La diputada señaló en sus presentaciones, a la que accedió El Destape, que los “pagos del fideicomiso vial a direcciones provinciales de vialidad y a empresas contratistas con obra radicada en determinadas provincias habría sido administrada de manera estratégica —mediante la retención de pagos ya exigibles y su liberación en fechas seleccionadas, y/o el adelantamiento de pagos aún no exigibles— como contraprestación, incentivo o señal dirigida a los gobiernos provinciales beneficiarios, con el objeto de obtener votos, abstenciones o ausencias funcionales de diputados y senadores nacionales de esas provincias en votaciones determinantes del Honorable Congreso de la Nación”.
La legisladora, exLLA y actualmente en el bloque Coherencia, denunció “un patrón de coincidencias temporales entre pagos extraordinarios del fideicomiso y votaciones parlamentarias críticas”. Hizo especial énfasis en siete provincias: Misiones, Jujuy, Salta, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán y Neuquén por una serie de votaciones puntuales.
Pagano recordó que el propio vocero presidencial Adrián Ravier reconoció públicamente que no todo el dinero recaudado se utilizó en obras viales, lo que implicó un sincericido. Y retomó la investigación de La Nación que dio cuenta de una subejecución en materia de lo recaudado en el fideicomiso vinculado a obras viales: “Desde diciembre de 2023 se recaudaron $1.503.252 millones con destino vial, se ejecutaron $394.406 millones —tasa de subejecución del 73,8%— y más de un billón de pesos permanecía colocado en plazos fijos y letras del Tesoro; el fideicomiso cerró mayo de 2026 con $1.038.779 millones sin aplicar a obras. La admisión oficial de que fondos de afectación específica se administran con una finalidad distinta de la legal —el ‘equilibrio fiscal’— importa el reconocimiento del elemento objetivo central de las figuras de malversación y de administración infiel invocadas en esta denuncia”, indicó la denunciante. Es que el dinero del fideicomiso por ley debe ser para el mantenimiento de rutas.
Pagos bajo sospecha
Según narró Pagano en sus presentaciones, procesó todos los pagos que se hicieron a las provincias desde el fideicomiso en cuestión entre enero de 2024 y mayo de este año. En total fueron 1.077 operaciones, que comparó con 35 votaciones tanto en Diputados como en Senadores.
La diputada realizó su análisis a partir de ventanas temporales vinculadas a las votaciones. Tomó como materia de análisis un día antes y un día después de la jornada de votación, como primer parámetro de pago; y una ventana de 7 días (tres días antes y tres después) como segunda ventana temporal.
Los votos y los pagos de 2024
La Ley Bases
El fideicomiso no registró un solo pago de obra entre enero y mayo de 2024. El fondo se activó recién en la previa a la votación de la Ley Bases, que se trató el 12 de junio de ese año. Esa votación terminó en empate en el Senado y terminó desempatando la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Tras seis meses sin movimiento, el fondo se reabrió el 10 y el 11 de junio. Según Pagano, en la ventana (-1,+1) de esa votación se pagaron $5.367 millones. “Entre esos votos, según la prensa de la época (actas pedidas), están los de senadores que responden a gobernadores de provincias pagadas: Carambia y Gadano (Vidal, Santa Cruz), Arce y Rojas Decut (Rovira, Misiones), Mónica Silva (Weretilneck, Río Negro) y Lucila Crexell (Neuquén)”, señaló la diputada.
La sanción definitiva en Diputados ocurrió el 27 de junio de ese mismo año. En la “ventana ampliada” de esa votación se registraron giros por “$3.262 millones, de los cuales $992 millones al corredor vial Tucumán-Salta-Jujuy-Catamarca-Chaco-Formosa”, añadió Pagano. Y precisó que en esa votación acompañaron “los dos diputados del gobernador de Jujuy, el bloque del gobernador de Tucumán e Innovación Federal en pleno”.
Veto al financiamiento universitario
El 9 de octubre de 2024 fue el “día de la insistencia fallida sobre el veto al financiamiento universitario”, recordó Pagano. Ese día “se pagaron $3.186 millones íntegramente dentro de la ventana de tres días ($2.020 millones al corredor patagónico y $893 millones al corredor NOA-NEA)”. “Entre quienes lo sostuvieron (al veto) están, según la prensa, los diputados radicales de dos provincias pagadas: Campero (Tucumán) y Arjol (Misiones)”, mencionó Pagano.
La caída de Ficha Limpia y el cobro anual de Misiones
De acuerdo a la reconstrucción realizada en la denuncia, en la semana final de sesiones ordinarias hubo tres convocatorias a sesiones: “El 26/11 (para tratar el DNU 846/24, el canje de deuda previsional), el 27/11 (la sesión que sancionó la ley de ludopatía, con 49 votaciones) y el 28/11 (segundo intento de tratar Ficha Limpia, reiterancia, voto en el exterior y juicio en ausencia)”. Pagano recordó que los cuatro diputados de Misiones faltaron, con aviso, a las tres sesiones. “Ficha Limpia se cayó por un puñado de ausencias, y las de Misiones estuvieron entre ellas”, recordó. También destacó que el 4 de diciembre los cuatro legisladores “reaparecieron en la sesión preparatoria” y ocho días más tarde, el 12 de diciembre, el gobierno de Milei “pagó, en cinco operaciones de un solo día a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, el cien por ciento de lo que esa provincia cobró en todo el año ($3.192 millones)”. Estaban, según la denunciante, “en plena negociación de las sesiones extraordinarias”. “El cobro llegó entre 8 y 16 días después de las ausencias, fuera de la ventana de tres días; no lo computo como pago en ventana, lo consigno como serie. Pero es la serie completa: faltan a todo, Ficha Limpia se cae, reaparecen, y la provincia cobra su año entero”, afirmó en su presentación.
Como síntesis, Pagano concluyó que “en conjunto, las ventanas de tres días concentraron el 35,3% de todo lo pagado en el año en apenas diez jornadas, con un ritmo diario 1,69 veces superior al de los días restantes”.
Los votos y los pagos de 2025
Media sanción de Ficha Limpia
En 2025 se trató el 12 de febrero la media sanción de Ficha Limpia. Hubo pagos previos y posteriores a la sesión. De acuerdo a Pagano, el 11 de febrero, un día antes de la sesión, “Neuquén cobró $1.185 millones”. También mención que los “misioneros acompañaron la media sanción el 12 de febrero” y “su provincia cobró al día siguiente”. “Es la primera escena de la secuencia que se completa el 7 de mayo”, añadió.
Decreto del acuerdo con el FMI
El 19 de marzo de 2025 se trató el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los pagos, de acuerdo a la denunciante, se dieron 48 horas después de la sesión. “El DNU 179/2025 se aprobó 129 a 108. El Acta N° 3 —verde— muestra que los dos diputados del gobernador de Jujuy, Rizzotti y Sarapura, votaron a favor, y que la delegación de Santa Cruz se dividió: Garrido a favor, Acevedo en contra. Ni ese día ni el anterior se pagó nada. Pero 48 horas después, el 21 de marzo, el fideicomiso pagó $6.596 millones concentrados en la vialidad del gobernador de Santa Cruz, con el pago mayor —$3.885 millones— a esa repartición. El patrón es ‘premio a las 48 horas’: primero el voto, después el pago”, aseguró Pagano en sus presentaciones.
Caída de Ficha Limpia en Senado
Esto ocurrió el 7 de mayo de 2025. Según la diputada de Coherencia el pago se dio el mismo día de la sesión.
“El proyecto cayó por un solo voto, 36 a 35, por el giro de los dos senadores de Rovira (Misiones)”, sostuvo Pagano. Y citó a La Nación al sostener que ese giro “el propio Rovira atribuyó, según La Nación, a un llamado personal del Presidente. Ese mismo día la vialidad de Jujuy cobró $7.895 millones, incluido un pago único de $7.343 millones: el mayor del año a una vialidad provincial”. “El pago del día fue a una provincia que no tiene senadores del gobernador, así que por sí solo no explica esa votación; se inscribe en la conducta sostenida de los diputados jujeños y exige la explicación administrativa del expediente: por qué ese día, y por qué ese monto”, añadió Pagano para señalar que tampoco hay una linealidad exacta entre votación y pago y que la Justicia debe investigar si existió algún ilícito.
Veto jubilatorio y ley de ATN
El 20 de agosto “la insistencia contra el veto jubilatorio fracasó por unos seis votos”, reconstruyó Pagano. “La única conducta que ayudó al Gobierno fue la abstención simultánea de los cuatro diputados misioneros: con ese margen, esas cuatro abstenciones fueron decisivas. Y el bloque se partió exactamente por provincia: los cuatro de Rovira se abstuvieron; los tres salteños de Sáenz votaron contra el Gobierno. La unidad que explica el voto no es el bloque: es el gobernador”, señaló la diputada denunciante. Y agregó: “Los pagos rodean la sesión: la semana del 18 al 23 de agosto concentró $20.983 millones —el mayor conglomerado del año, con Jujuy a la cabeza—; la vialidad de Tucumán cobró $945 millones el propio 21 de agosto, día en que el Senado rechazó los decretos que disolvían, entre otros organismos, a la Dirección Nacional de Vialidad; y Misiones cobró $4.421 millones el 26 de agosto, seis días después de abstenerse. La misma sesión sancionó además la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN): las dos cajas de negociación con los gobernadores, el mismo día, una pagando por ventanilla y la otra votándose en el recinto”.
Los votos y los pagos de 2026
Ley de Glaciares y zonas frías
En este año legislativo, Pagano hizo foco en dos votaciones: las que se realizaron el 9 de abril y el 20 de mayo. Dijo que los pagos que pide que la Justicia analice se concretaron el mismo día de votación. “La vialidad de Salta cobró $847 millones el propio día de la votación de glaciares (9 de abril) y $941 millones el de zonas frías (20 de mayo); en total, el 93,9% de sus fondos del año cayó dentro de las ventanas”, precisó la diputada. “Es el año de la aceleración: el 64,4% de todo lo pagado en 2026 se pagó en ventana”, añadió la denunciante.
Para la diputada “la coincidencia temporal no prueba por sí sola una contraprestación ni un vínculo causal” por eso pide a la Justicia que investigue si detrás de estas coincidencias se esconde un delito.
Particularidades
La diputada también resaltó que hubo particularidades a la hora del análisis y mostró el caso de Santiago del Estero. “Su Consejo de Vialidad cobró el cien por ciento de sus $9.867 millones de 2026 exactamente en los tres días de ventana (11/2, 9/4 y 20/5)... y sus siete diputados votaron siempre contra el Gobierno, en todas las actas verificadas. Dos lecturas posibles, y lo digo con todas las letras: o había una negociación en curso (la reunión del ministro Francos con el gobernador Zamora por la ‘ley ómnibus’, abril de 2026), o los pagos a Santiago sirven para diluir el patrón —‘si quiero esconder un elefante, lo escondo entre otros cien elefantes’, dijo un experto a LA NACION—. Los expedientes de esos pagos, ya pedidos, resuelven la disyuntiva”, precisó la denunciante.
La diputada también utiliza el caso de Misiones para mostrar que antes de cobrar los legisladores misioneros votaron en contra del Gobierno: “Los mismos cuatro diputados votaron contra el Gobierno en mayo y junio de 2024, cuando el fondo llevaba meses sin pagarle a nadie: el instrumento no operaba cuando no pagaba. Su pliegue es posterior, y las fechas de este escrito lo muestran”, suscribió en su denuncia.
Y utilizó el caso de Chubut para sostener su hipótesis: “La provincia del gobernador que más temprano se enfrentó al Poder Ejecutivo cobró $258 millones en tres años —el 0,06% del total—, sin un solo pago a su vialidad. Si la liberación selectiva es el premio, la exclusión es el cajón”, concluyó.
Ahora resta saber qué hará la Justicia con estas presentaciones. ¿Les dará impulso penal?
El Destape
Piden investigar la escandalosa coincidencia
Una increíble aparición vinculada con la fraudulenta causa Cuadernos
En una pericia de las imágenes de Jesica Cirio, por debajo, borradas, aparecieron imágenes de los cuadernos de Oscar Centeno. Hay 8 años de diferencia entre una causa y otra.
Raul Kollmann
El abogado de Martín Insaurralde, Mauricio D’Alessandro, reveló este viernes que en la pericia realizada sobre los videos en los que, supuestamente, aparece Jesica Cirio con dólares en un vestidor, no sólo se determinó que no se pueden establecer ni la autenticidad ni la trazabilidad del contenido, sino que debajo de las imágenes de Cirio se detectaron otras en las que aparecen los famosos cuadernos del chofer Oscar Centeno. El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, reclamó que se investigue esta escandalosa coincidencia, más teniendo en cuenta que, según declaró Centeno, los cuadernos fueron quemados en la parrilla, luego aparecieron casi todos sanos y salvos, aunque otra pericia estableció que se habían hecho miles de tachaduras y cambios. O sea, en el mismo dispositivo aparecen imágenes de causas, siempre encabezadas por el diario La Nación, con ocho años de diferencia.
“Esto que dice el Dr. D’Alessandro sobre el material de la ‘causa Cuadernos’ encontrado accidentalmente en la pericia es un escándalo mayúsculo. ¿Hasta cuándo va a seguir la farsa de los cuadernos? La causa más extorsiva e ilegal de la historia de judicial argentina”, escribió Mena.
La pericia sobre los videos de Cirio, realizada por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal, concluyó que las imágenes de Cirio se originaron en un pendrive y la fecha de creación fue el 24 de junio de 2026, pero las marcas internas de captura se encuentran en cero, por lo que podemos asegurar que se han perdido algunos de los metadatos de origen. Por ese motivo -coinciden los peritos- se pudieron modificar las imágenes. Se afecta la autenticidad y la trazabilidad de los elementos aportados para el análisis pericial”.
Resulta insólito que en el mismo dispositivo aparezcan imágenes de Cirio y de los cuadernos, con una diferencia de 8 años entre una causa y la otra. Además, se trata de archivos de cuadernos borrados. La cuestión se vuelve todavía más espinosa porque no se sabe si las imágenes de cuadernos son anteriores o posteriores a las tachaduras, si aparecen los 8 cuadernos, es decir incluyendo los 2 que nunca más aparecieron y los 6 que supuestamente fueron quemados. El diario La Nación fue el que protagonizó la aparición de fotocopias de los cuadernos, luego la desaparición y finalmente que hayan resucitado, todo siempre cerca de fechas electorales de máxima importancia o en días de relevancia política. Este viernes aparecieron otra imágenes de Cirio, justito después de la reunión de las distintas corrientes del peronismo.
Todo eso fundamenta el llamado de atención de Mena, uno de los más estrechos colaboradores judiciales de Cristina Kirchner. Es muy posible que la semana próxima, en el juicio Cuadernos, las defensas exijan ver las imágenes que se encontraron de casualidad en la pericia de la causa Cirio.
Pagina 12
14 de agosto de 2026
Nuevos datos complican al Gobierno por el desvío de fondos
Votos y pagos, la práctica que se hizo sistemática
Pagano amplió la denuncia contra el Gobierno por la compra de apoyos en el Congreso a cambio de recursos a las provincias para las rutas. Las pruebas de la metodología libertaria.
Irina Hauser
La votación de la Ley Bases, en junio de 2024, activó una compuerta que comenzó a ser abierta y cerrada por decisión del Gobierno para repartir fondos a aquellas provincias que ayudaran al oficialismo (con apoyo, audiencias o abstenciones funcionales) a lograr la sanción de las leyes modelo del ajuste. En una ampliación donde describe una suerte de sistema de venta de votos a cambio de recursos destinados a arreglar rutas y otras obras viales, la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, incluyó una serie de cuadros y cálculos que ilustran la sistematicidad con la que se habría aplicado esta metodología.
La denuncia de la legisladora les había tocado por sorteo al fiscal Franco Picardi y al juez Julián Ercolini. Pero este último certificó otras demandas anteriores, y es posible que envíe el expediente al juez Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli, que recibieron la denuncia de otra diputada, Victoria Tolosa Paz, quien había hecho una presentación poco antes por la subejecución y el posible desvío de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial). Serían 1,038 billones de pesos que no se aplicaron para la finalidad de las obras viales, sino que fueron a parar al sistema financiero en nombre del “equilibrio fiscal”.
Como informó este diario, los desembolsos para gobernadores “aliados” se dispararon entre un 350 y 400 por ciento, es decir, se pagaron cuatro veces más que la media de los días de pago, según el análisis de Pagano. El Ministerio de Economía giró 68.042 millones de pesos en esas fechas sensibles a provincias que le facilitaron sus objetivos a la administración libertaria.
Pagos y votos en 2024
Pagano describió que el fideicomiso para cuestiones viales, que se nutre del impuesto a los combustibles que pagan quienes van a cargar nafta, no tuvo movimientos hasta el 10 y 11 de junio de 2024. En rigor, explicó, se trata de un dinero que no puede retener según la propia conveniencia. ¿Qué pasaba en esa fecha? Era la víspera de la votación de la Ley Bases en el Senado, que tuvo un empate en el que Victoria Villarruel desempató, mientras en la calle había una represión salvaje; en los días posteriores se liberaron 5.367 millones de pesos.
Cada voto afirmativo fue decisivo y quienes dieron apoyo, recibieron dinero: Santa Cruz, Río Negro y Misiones. Para la sanción definitiva en Diputados, casi dos semanas después, se pagaron 3.262 millones de pesos, de los cuales 992 millones fueron para el corredor vial Tucumán-Salta-Jujuy-Catamarca-Chaco-Formosa.
El 9 de octubre de ese año, la Cámara de Diputados blindó el veto a la ley de financiamiento universitario. El mismo día de la votación se liberaron 3.186 millones de pesos para obras viales para dos provincias que fueron claves con su apoyo al Gobierno: Tucumán y Misiones. El 12 de diciembre, Vialidad de Misiones cobró “el cien por ciento de lo que esa provincia cobró en todo el año (3.192 millones de pesos), en plena negociación de las sesiones extraordinarias”, señaló Pagano.
Graficos que forman parte de la denuncia de Marcela Pagano Graficos que forman parte de la denuncia de Marcela Pagano Archivo -
En los períodos considerados “ventanas” de tres días (antes, durante y después de la votación), se concentró el 35,3 por ciento de todo lo pagado en el año en apenas diez jornadas.
Más votos y más pagos en 2025
La votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en marzo de 2025, derivó, 48 horas después, en el reparto de 6.596 millones de pesos, de los cuales 3.885 fueron a Santa Cruz.
El proyecto de Ficha Limpia (que el Gobierno quería hacer naufragar) derivó en la distribución de 7.895 millones de pesos, incluido un único pago a Jujuy de un récord de 7.343 millones (el mayor que recibió una dirección de vialidad provincial). Misiones recibió 797 millones después de la media sanción en Diputados, pero sus senadores ayudaron después a voltear el proyecto. Luego, en agosto, se sumó la distribución de 20.983 millones de pesos entre provincias aliadas.
“La ventana de la reforma del régimen de DNU (que tuvo, a favor del gobierno, la caída de un artículo) registró 4.919 millones de pesos. Misiones concentró 2.536 millones”. A fin de diciembre, se giraron 11.416 millones, con Jujuy a la cabeza, que recibió 6.908 millones. Fueron pagos en el tercer y cuarto día después de la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado.
Un engranaje que se repite en 2026
En febrero, con la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado y el Régimen Penal Juvenil en Diputados, hay giros de fondos viales por 17.139 millones de pesos. Esta reforma tuvo tres votaciones, pero el grueso de los pagos se concentró en la primera. Las restantes registraron 290 y 426 millones. Para la reforma de Ley de Glaciares, se detectaron 12.551 millones de pesos
Ante los proyectos de Ley Hojarasca y Zonas Frías también hubo movimiento: 14.096 millones de pesos entre el 19 y el 21 de mayo. En el caso de la segunda: la contratista José J. Chediack S.A.I.C.A. (RN 34, Jujuy) cobró el 97,5 por ciento de sus 11.988 millones de pesos dentro de las ventanas; la Dirección Provincial de Vialidad de Salta, el 93,9 por ciento y la de Tucumán, el 66,2. Esos tres desembolsos (43.786 millones de pesos) representan el 52,7 por ciento de los pagos de obra del período en nueve días que representan apenas el 6,4 por ciento del calendario.
Graficos que forman parte de la denuncia de Marcela Pagano Graficos que forman parte de la denuncia de Marcela Pagano Archivo -
Por su parte, el Consejo de Vialidad de Santiago del Estero cobró el 100 por ciento de sus 9.867 millones de pesos en exactamente tres días entre febrero, abril y mayo. Pagano cree que es un caso distinto, donde tal vez por negociaciones para maquillar la maniobra general se le dieron importantes sumas a una provincia que no acompañaba las votaciones del oficialismo.
Los otros hallazgos
En la denuncia figuran dos hallazgos adicionales. En ocasiones, los fondos fueron recibidos por las direcciones de vialidad locales y, en otras, por las contratistas.
Para ilustrar sus conclusiones, Pagano ejemplifica con el caso más completo, el de Misiones: “sus diputados acompañaron la media sanción de Ficha Limpia (12/2) y vialidad provincial cobró al día siguiente; sus senadores voltearon el proyecto en el Senado (7/5); sus diputados se abstuvieron en el veto jubilatorio (20/8) y la provincia cobró seis días después”. A la vez explica: “la coincidencia de fechas no prueba por sí sola el pacto; lo que lo prueba o lo descarta es el cotejo, certificado por certificado, entre la fecha en que cada pago era exigible y la fecha en que se liberó, que está en poder del Estado y que esta parte ya pidió”.
Por eso, entre las medidas que ella reclama, pide el análisis de toda la documentación que avala los giros y, además, las certificaciones de obra y la verificación de su concreción. En Tucumán, señala, es conocido el estado deplorable de los caminos que todavía no fueron reparados pese a todo el dinero recibido para ese fin.
Pagina 12
10 de agosto de 2026
Inminente citación a indagatoria
Adorni debe explicar el agujero negro de sus compras y gastos
El fiscal Pollicita firmó hoy la orden por la cual el ex jefe de Gabinete tiene 15 días para responder por las inconsistencias entre sus declaraciones y sus movimientos de dinero.
Raul Kollman
El fiscal Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni explique de dónde sacó la plata para sus compras y gastos suntuosos. El documento es secreto, pero hay un resumen de 7 páginas en las que se detallan las inconsistencias.
En total, están sin explicación 43 millones de pesos y una cifra que supera los 403.000 dólares, algo que se explica porque la mayoría de las compras las hizo en efectivo en la moneda extranjera.
Adorni debe responder a este requerimiento dentro de los próximos 15 días y si las explicaciones no conforman al fiscal y al juez Ariel Lijo será llamado a indagatoria por enriquecimiento ilícito.
Los 20 puntos que Adorni tiene que justificar
El requerimiento se estructura en 20 puntos concretos, entre los que se destacan:
El origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos” (sin especificar qué se vendió)
Dos préstamos de familiares (Silvia Pais y Norma Zuccolo) sin documentación de la entrega real de fondos
La compra de un Jeep
El origen de los fondos para el lote de Indio Cuá y su remodelación (incluyendo USD 245.000 pagados a un contratista)
La compra del departamento de Miró 550 y sus muebles
Ingresos “exentos” y supuestas herencias o donaciones invocadas para explicar gran parte del incremento
El uso reiterado de terceros para pagar bienes por cuenta suya, con reintegros en efectivo
Su operatoria con criptoactivos (incluyendo cuentas no declaradas inicialmente)
Comprobantes fiscales por más de $6 millones y facturas por más de $2 millones que no concilian con ningún medio de pago registrado
Deudas con el Banco Galicia que aparecen y desaparecen entre declaraciones
Honorarios notariales facturados a su cónyuge
Consumos de terceros como usuarios adicionales de sus tarjetas
Las mejoras declaradas en ambas propiedades
En síntesis, el dictamen sostiene que hay una brecha patrimonial no explicada tanto en pesos como en dólares, con múltiples inconsistencias entre las declaraciones juradas sucesivas, y le da a Adorni 15 días para aportar la documentación y explicaciones que la despejen.
Pagina 12
9 de agosto de 2026
Denuncian a autoridades políticas, policías de la Ciudad y agentes federales por la feroz represión
La CPM contabilizó más de 1.500 heridos y realizó una denuncia por la represión, el nuevo ataque a una fotógrafa que cubría la marcha y “la detención masiva de personas de forma arbitraria”. El Gobierno hizo una contradenuncia por “delitos contra el orden constitucional”.
La denuncia de la CPM, que quedó radicada en el juzgado federal Nº 10 de Comodoro Py, hace foco en el gran despliegue que tuvo la represión, el nuevo ataque de las fuerzas de seguridad a una fotorreportera que cubría la marcha y en “la detención masiva de personas de forma arbitraria”.
Desde el organismo de derechos humanos, que monitoreó el operativo, contabilizaron más de 1.500 heridos, entre los que se cuentan integrantes de la propia CPM: “Ocho integrantes de nuestro equipo de monitoreo y 18 del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios que asistían a las víctimas también fueron alcanzados por los gases y los disparos con postas de goma”, se precisó en el escrito que ingresó este viernes a tribunales. En total hubo 28 detenidos de los cuales, al momento de escribirse esta nota, 15 habían sido liberados.
La presentación fue firmada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García –los dos primeros, presidentes; el segundo secretario ejecutivo de la CPM-. Y apuntó contra los responsables del operativo y sus ejecutores por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En diálogo con El Destape, Roberto Cipriano García explicó: “La represión fue una de las más cruentas y salvajes de los últimos meses con un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad, que incluyó a la Policía de la Ciudad, de la Federal, Prefectura y Gendarmería, que reprimieron en múltiples ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires”. “Relevamos más de 1.500 personas heridas afectadas, entre las que se encuentra el caso muy grave de la fotoperiodista que aparentemente recibió un disparo de postas de la policía, cae y se golpea. Obviamente, la cifra de heridos es mayor porque desde la Comisión no estábamos en todos los frentes de la represión”, agregó. Y precisó que desde la CPM relevaron que durante el operativo se lanzaron “al menos 100 granadas de gas lacrimógenos, gas pimienta” y atendieron a “más de 40 personas con disparos de postas de gomas”. A su vez, contabilizaron 28 detenciones, 21 a cargo de fuerzas federales y las restantes 7 de la policía porteña.
El secretario ejecutivo de la CPM, que estaba presente en la marcha cuando se desató la represión, precisó que el avance de las fuerzas de seguridad “se inicia sin ninguna razón, las personas cantaban sobre las vallas, y frente a eso tiraron los hidrantes. Después, ante la represión, hubo gente que reaccionó y ahí salieron de atrás de las vallas y desplegaron todo el aparato represivo”.
Cipriano García también resaltó que detectaron infiltrados: “Observamos personas que se meten en la marcha, que tiran cosas y después los vemos con la policía, infiltrados de las fuerzas de seguridad, una práctica recurrente que vemos desde que empezó la política represiva con el protocolo antipiquete”.
La denuncia de la CPM que ingresó este viernes a Comodoro Py no es la única que realizarán por el operativo del jueves. Según pudo reconstruir El Destape, desde el organismo están elaborando una segunda presentación con detalles sobre la brutal represión.
Una feroz represión: 1.500 heridos y otra vez una fotógrafa herida de gravedad
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tiene carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, es parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y monitorea los operativos de seguridad de las manifestaciones. En ese rol, y como lo hizo en otras ocasiones, este jueves por la noche realizó una denuncia penal para que se investigue a los responsables de la feroz represión contra quienes se manifestaban para defender la soberanía nacional. El escrito fue asignado a un juzgado este viernes.
“Venimos a denunciar el accionar de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y fuerzas federales conjuntas, convocadas para el ‘operativo de seguridad’ desplegado sobre la manifestación pacífica en virtud de la denominada ‘ley de tierras y propiedad privada’ del día jueves 6 de agosto de 2026, por los hechos de represión sobre las personas, personal fotográfico, periodistas que provocaron lesiones y graves traumatismos, como asimismo la detención masiva de personas de forma arbitraria”, comienza la denuncia presentada por la CPM a la que accedió El Destape.
Desde la CPM apuntaron contra los agentes que “integran el comando unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación”, quienes actuaron “de forma ilegal e ilegítima” y, según los denunciantes, impidieron o limitaron derechos constitucionales como la libertad de expresión y el “peticionar a las autoridades”.
“Hacemos saber que, en el marco de la presente manifestación, y en función de las tareas de monitoreo en función del organismo parte del mecanismo de contralor descrito, hemos verificado acciones y estrategias en el uso de la fuerza que se reiteran como prácticas a lo largo de las maniobras represivas de las fuerzas que actúan en comando conjunto en las manifestaciones llevadas adelante en la zona del Congreso de la Nación, como asimismo las detenciones masivas y arbitrarias, las cuales resultan al margen de los límites legales y constitucionales, resultando las mismas ilegítimas, desproporcionadas e infundadas”, resaltaron en el escrito.
En esta primera denuncia hicieron foco en el episodio que tuvo otra vez a una fotógrafa como víctima del desmedido accionar policial. El caso de esta fotorreportera, cuyo nombre se resguarda, recordó lo sucedido con Pablo Grillo, el fotógrafo que también fue víctima de la represión del gobierno de Milei y por el que en la actualidad el gendarme Héctor Guerrero deberá enfrentar un juicio oral, acusado de disparar y casi ocasionarle la muerte al joven durante la represión de la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025. La causa por ese episodio continúa abierta en pos de determinar responsabilidades en la cadena de mando del operativo. Entonces, la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich. Hoy lo es Alejandra Monteoliva.
“Resaltamos que nuevamente resultó herida de gravedad, al menos, una de las personas que se encontraba efectuando labores de fotografía en una zona lateral y en la vereda, precisamente en la calle Lima y Av de Mayo, y que en razón de su función y tarea, integra el grupo de especial protección por normativa internacional, siendo el Estado el que debe garantizar su libertad de expresión y ejercicio de derechos de información y libre circulación, en lugar de reprimir y afectar su integridad psicofísica, circunstancia que ya fuera advertida por diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos”, se destaca en la presentación de la CPM.
Otro ataque a un fotógrafo que retrataba la represión
De acuerdo a la denuncia de la comisión, la fotógrafa fue atacada por las fuerzas policiales a las 19:50, cuando estaba trabajando sobre la vereda de la calle Lima y Avenida de Mayo. La fotorreportera estaba intentando apartarse de la zona en la calle Lima cuando “ante la fuerte represión y disparos de goma indiscriminados, se cae al piso golpeándose la cabeza, ocasionando un traumatismo y sangrado”. Según narró Cipriano García a este medio, las fuerzas de seguridad continuaron disparando hacia esa zona donde él también estaba y resaltó que allí no había manifestantes, sino solo periodistas, fotógrafos e integrantes de las postas de la CPM.
En la denuncia se relata qué sucedió una vez que cae la fotógrafa producto de la represión. “Personal de esta CPM y luego del CEPA, que estaba cerca del lugar, la atendió” para “detener el sangrado, colocar un vendaje sobre su cabeza, en conjunto con la asistencia general primaria sobre la misma”. “Es dable expresar que antes de la asistencia referida, personal policial de CABA se acercó y logró acreditar el delicado estado de salud, pero no asistió a la misma, sino que solo modularon por radio sobre la situación y se alejaron del lugar”, se agregó en la presentación. “Ante la urgencia y gravedad de las lesiones y su estado de salud general, se decidió llamar a la ambulancia del SAME, pero en los primeros intentos no tomaba el llamado para aceptar la asistencia, sino luego de que una médica matriculada peticionara de forma urgente por el riesgo a la integridad de la misma, se logró la asistencia, cuya presencia del SAME para el traslado resultó luego de unos minutos. Luego del arribo de la ambulancia del SAME (dominio AD 255 VP) se decidió el traslado e ingreso al Hospital Argerich”, se abundó en pos de que se investigue lo sucedido.
Responsabilidad de autoridades políticas
En la denuncia penal se pidió que, además de investigar quiénes ejecutaron los disparos, se investigue también a los responsables políticos de la feroz represión. “Resulta deber del Estado abrir y efectuar una investigación que de forma exhaustiva, imparcial y efectiva determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de quienes planificaron y ordenaron estos actos ilícitos, contrarios a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. Es que las fuerzas de seguridad no actuaron de forma azarosa. Para los denunciantes, "se trató de una represión programada y planificada por funcionarios responsables de las fuerzas de Seguridad, que formulan la orden de servicio y coordinan el comando conjunto de las fuerzas”.
“La verificación reiterada y conjunta del uso ilegal y desproporcionado de la violencia pública por medios diversos, como la utilización irregular de armas menos letales, así como la portación de armas reglamentarias en el marco de un escenario de protesta social, confiesan la orden y autorización por un mando jerárquico de las acciones”, añadió la comisión en su presentación.
Por tal motivo reclamó que “se investigue y esclarezca las conductas de los funcionarios políticos” que intervinieron, “quienes tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir”.
En esta línea, la CPM requirió a la Justicia que tome diversas medidas de prueba como que los ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad informen la “nómina de las autoridades y personal policial asignado al cumplimento del operativo de seguridad” así como “copia de la capa de radio policial y órdenes de actuación de las autoridades de las fuerzas de seguridad”. También que el SAME de CABA, CEPA y el Hospital Argerich “remitan todas las constancias médicas y demás documentación de interés respecto de la atención” brindada a la fotorreportera atacada.
En la denuncia se recordó el antecedente de Enrique Mathov, el exsecretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, quien terminó detenido por su responsabilidad política en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. El accionar de las fuerzas de seguridad dejó como saldo en todo el país una treintena de muertos y derivó en el final de la presidencia de Fernando De la Rúa. En septiembre de 2024, la Corte Suprema dejó firme la condena contra Mathov a 4 años y 3 meses de prisión por el homicidio culposo de 3 personas en la causa en que se abordó la responsabilidad política y de las fuerzas de Seguridad en ese histórico operativo represivo.
Por su parte, desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) emitieron un comunicado este viernes en el que advirtieron sobre "el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza" en el operativo del jueves "que incluyó balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y la utilización de camiones hidrantes que afectaron a manifestantes y transeúntes, de modo masivo".
"La gravedad de los hechos incluyó la represión y persecución a manifestantes en un radio que excedió ampliamente los perímetros de corte vehicular, disparando por arriba de la cintura y apuntando a la cabeza a muy poca distancia. Asimismo, el uso desproporcionado de la fuerza se prolongó incluso por casi cinco horas", se añadió.
En el comunicado se informó que el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura "intervino a través de los monitoreos realizados por el Mecanismo Local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -organismo que entrevistó a todos los detenidos-, la CPM y el CNPT".
Los patrones represivos que se repiten
La represión de este jueves “se inscribe en la serie que estuvo marcando el gobierno de Milei desde diciembre de 2023 y que aparece cada vez que hay una discusión central para el Ejecutivo en el Congreso y un fuerte rechazo de la sociedad”, consideró ante El Destape Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cada vez que se da ese escenario, “hay una represión absolutamente desbordada en las calles”, añadió Darraidou, quien recordó lo que sucedió durante el tratamiento legislativo de la Ley Bases, cuando se dio un accionar represivo similar.
A la hora de analizar lo sucedido, la especialista marcó “patrones que se repiten” y “emergentes”, es decir, elementos que no se veían en operativos anteriores.
“Están los patrones que se repiten: el uso abusivo de las armas menos letales; gases lacrimógenos al rostro; disparos de bala de goma al rostro, la zona del pecho, órganos vitales del cuerpo; los camiones hidrantes para dispersar la protesta”, enumeró Darraidou. También mencionó que se repitió “la represión especial a trabajadores de prensa”. No solo se refirió al ataque a la fotógrafa que terminó con una lesión seria en el cráneo, sino también al ataque con gas pimienta a fotorreporteros que registraban una detención arbitraria.
Luego resaltó que “también aparecieron situaciones como emergentes: camiones hidrantes hasta para apuntar a un colectivo que circulaba en la vía pública y policías levantando casquillos de los disparos producidos”, citó como ejemplo.
La contradenuncia del gobierno para criminalizar la protesta
El gobierno de Milei, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó una contra-denuncia penal para defender la feroz represión que desató en las inmediaciones del Congreso: reclamó a la Justicia que investigue un atentado al orden constitucional y si hubo organizaciones participando en ese accionar.
Con las firmas de Germán Pugnaloni, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, y Lisandro Franco, Director de Normativa y Legislación de la Dirección Nacional, desde el Ejecutivo requirieron a la Justicia que abra una investigación por “atentado contra el orden constitucional” por los hechos sucedidos el jueves.
“Un cúmulo considerable de manifestantes arrojaron piedras, escombros y otros objetos contundentes contra los efectivos de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban apostados en el lugar, en el marco de sus tareas de prevención y a fin de garantizar el orden, la seguridad y el ejercicio regular del derecho a manifestarse de aquellos ciudadanos que se apersonaran pacíficamente en el lugar”, resaltó la presentación que el gobierno utiliza para contrarrestar las acusaciones que suma en tribunales.
En la misma línea se indicó que “durante el transcurso de la jornada legislativa, la ciudadanía ha sido testigo de actos violentos y antidemocráticos que podrían haber tenido por fin establecer un escenario de estrépito en la comunidad, con el posible objetivo de inhibir y/u obturar, en forma parcial o plena, la actividad legislativa que se estaba llevando a cabo”. “Estos comportamientos antidemocráticos que colisionan contra la República podrían configurar la comisión de los delitos de Daño Agravado (art.184 en función del art.183 del CP); Atentado al Orden Constitucional y a la Vida Democrática (art.226 del CP); Atentado a la autoridad Agravada (art.238 en función del art.237 del CP); Resistencia a la Autoridad (art.239 del CP). Dichos ilícitos a su vez podrían encontrarse agravados por haber sido cometidos con la finalidad de compeler a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales”, agregaron en pos de sembrar miedo e intentar disuadir próximas manifestaciones.
En el escrito se pide a la Justicia que “individualice a los responsables y a las eventuales organizaciones que pudieran encontrarse detrás de los hechos denunciados”. Podría intentarse una "cacería judicial" si el gobierno logra que en esta causa intervenga un fiscal federal que actúe según sus intereses, como suele hacerlo Carlos Stornelli, por ejemplo.
El gobierno de la Ciudad también se posicionó en un rol de víctima y en un comunicado señalaron que hubo oficiales heridos y que “grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas”. ¿Qué dijo respecto al rol de su fuerza de seguridad? “Que la Policía de la Ciudad intervino para repeler las agresiones”.
Ante este escenario, Victoria Darraidou, del CELS, no dudó en afirmar a El Destape que la denuncia del gobierno nacional por atentado contra el orden constitucional “es una criminalización fuerte hacia quienes protestan”. “Se repite el patrón de criminalizar fuertemente a quienes se manifiestan en la calle con figuras delictuales desmedidas”, añadió.
Algunos de los interrogantes que se abren a partir de ahora son si el gobierno logrará que en Comodoro Py algún funcionario judicial le haga el juego a su insólita denuncia; y si podrá obstaculizar que avancen las presentaciones contra quienes ejecutaron la brutal represión.
