Mientras Milei recibía a Kast

Los abogados del chileno Apablaza se presentaron ante la ONU para frenar su extradición

El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la Casa Rosada a su par chileno José Antonio Kast y en la agenda estuvo nuevamente el pedido de extradición de Galvarino Apablaza, quien vive en Argentina desde hace 30 años como refugiado político por su rol durante la dictadura de Augusto Pinochet. Rodolfo Yanzón, abogado de Apablaza, presentó una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas solicitando su inmediata intervención para frenar el proceso de detención con fines a extradición dictado por Milei.

El estatus de refugiado político de Apablaza está pediente de resolución con una apelación ante la Corte Suprema. Sin embargo, el gobierno nacional solicitó al Poder Judicial la orden de allanamiento y detención en el marco de la causa, que fue habilitada por la jueza María Servini. Sin embargo, cuando la detención fue a concretarse, el ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez no se encontraba en su domicilio.

La cancillería chilena exigió “mayores esfuerzos” por parte del gobierno argentino y, en consecuencia, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, liberó una orden de recompensa por 20 millones de pesos para quien brinda información sobre Apablaza.

Yanzón señaló que los pasos dados por el gobierno de Milei dan cuenta del “apartamiento de sus obligaciones de no devolución previstas en el artículo 3 del Convención contra la Tortura, y los expresos términos del artículo 7 de la Ley de Refugiados” y señaló que el trámite de extradición debería volverse a abrir, debido a que le iniciado en 2004, concluyó cuando la Comisión Nacional de Refugiados le otorgó esa condición en 2010.

A pesar de ese reconocimiento, los abogados de Apablaza mantienen judicializada su condición debido a que durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, su condición de refugiado fue revocada y la Cámara Contencioso Administrativa votó en contra de sostenerla.

Frente a la avanzada de Milei para cumplir con un viejo pedido de la derecha chilena, Yanzón argumentó ante el comité de la ONU que considere que, si bien en la actualidad la cesación de la condición de refugiado se encuentra debatida judicialmente, la Casa Rosada podría acudir como argumento a un DNU firmado en 2024 en el que modificó la Ley de Refugiados para habilitar a que una interposición de recursos ante la Corte Suprema no suspenda los efectos de una extradición.

Yanzón sostiene que los pronunciamientos de los gobiernos de Chile y Argentina anticipan “cualquier condena judicial” y permite “inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.

Por lo tanto, el abogado solicitó al comité de la ONU que ordene de manera cautelar que el gobierno argentino se abstenga de enviarlo a Chile “por el riesgo evidente de sufrir tortura y penas crueles” hasta tanto la Corte no resuelva el recurso de queja.

En ese sentido, la presentación recuerda las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que “el principio de no devolución del derecho internacional de los refugiados continúa actuando como una prohibición a la extradición hasta que se haya tomado una decisión final de cancelar o revocar la condición de refugiado”.

Apablaza Guerra fue uno de los jefes de la resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet que, en 2004 fue detenido en la Argentina, donde formó una familia y se estableció por décadas, a resguardo de la persecución política que lo afecta en Chile desde el mismo momento del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende.

Sin pruebas, en su país de origen lo acusan de asesinato y secuestro, lo que ha desatado una cacería en su contra desde hace 35 años y motivó que en 2005 el juez federal Claudio Bonadío rechazara un pedido de extradición en su contra y en 2010 fuera reconocido como refugiado político con la opinión favorable de ACNUR.

El gobierno de Mauricio Macri intentó cesar dicho reconocimiento sin mayores argumentos que la presentación de Apablaza ante el Consulado chileno para denunciar el proceso de secuestro, torturas y desaparición al que fue sometido entre 1974 y fines de 1975.

En su presentación ante el Comité Contra la Tortura, los abogados también recordaron que, en 2018, Ricardo Palma Salamanca -ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por los casos por los que se acusa a Apablaza Guerra y fugado de la penitenciaría chilena en 1996- fue reconocido como refugiado político en Francia en los términos de la Convención Internacional de Refugiados, “entre otros motivos porque fue torturado al momento de ser detenido en 1991 y su declaración extrajudicial extraída en tales circunstancias fue tomada como elemento de cargo contra otros militantes”.

Pagina 12

------------------------------------------------------------------------

Vuelven los fantasmas del pasado

El Gobierno le quitó la categoría de "refugiado político" a un exguerrillero opositor a Pinochet

Argentina le quitó el estatus de refugiado político al chileno Galvarino Apablaza, quien actualmente reside en Buenos Aires, y está señalado como el autor intelectual del crimen de la gestión de Augusto Pinochet, en 1991.

La confirmación la dio el canciller chileno, Heraldo Muñoz, confirmó que el Gobierno argentino le quitó el estatus de refugiado político al exguerrillero de su país Galvarino Apablaza, el presunto autor intelectual del crimen del senador pinochetista Jaime Guzmán, en 1991.

"El afectado ya ha sido comunicado de esta decisión del Comité Nacional de Refugiados de Argentina (Conare)", explicó al respecto el funcionario trasandino en declaraciones reproducidas por medios de prensa de ese país. Desde el 2004 pesa sobre Apablaza un pedido de extradición por parte de la Justicia chilena, el cual fue rechazado en sucesivas ocasiones por la administración de Cristina de Kirchner.

Si bien esta nueva determinación que tomó el Ejecutivo de Mauricio Macri es apelable, ahora el sospechoso podría volver a su tierra natal para rendir cuentas por los actos que habría cometido durante el régimen militar de Pinochet.

"El gobierno argentino tuvo la amabilidad de hacernos saber de manera anticipada de esta decisión", destacó este martes Muñóz, según publicó Tele13.

Años atrás, el exguerrillero había sido detenido en su casa del partido bonaerense de Moreno tras aprobarse un requerimiento de captura internacional, pero en 2005 el juez federal Claudio Bonadio falló en contra de que sea devuelto a Chile por entender que allí no estaban dadas las condiciones políticas para su juzgamiento.

El 30 septiembre de 2010 la CONARE decidió finalmente otorgarle el beneficio del refugio en la Argentina, con el que contaba hasta el momento.

"Ante una información publicada en medios de comunicación, vinculada a temas de competencia de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), está Comisión informa que, conforme lo establece la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, rige el principio de confidencialidad respecto a los expedientes tramitados en el ámbito de su competencia. Es por ello que no se brindará información alguna respecto a las publicaciones realizadas", indicó por su parte el organismo en un comunicado.

La Conare está integrada por funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Ministerio de Desarrollo Social, del Inadi, y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (que participa con voz pero sin voto).

Diario Registrado

Teléfonos pinchados

Por Luis Bruschtein

El triple crimen de la efedrina se prestó para varias operaciones de inteligencia contra el gobierno kirchnerista. Una de ellas fue la acusación montada entre periodistas del Grupo Clarín y Elisa Carrió, para desgastar a Aníbal Fernández: el famoso mito de “la morsa”, el bigotudo que monitoreó el crimen. Ya nadie discute que fue una mentira que influyó en la derrota electoral de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires.

Otra de esas operaciones fue hacer creer que Ibar Pérez Corradi, el acusado de ser el verdadero promotor del triple crimen, tenía información que comprometía al kirchnerismo con el narcotráfico. Estaba tan instalado lo del jefe de Gabinete, que esta derivación de la primera mentira era casi una deducción de sentido común. El gobierno K estaba implicado hasta las cejas con el narco según la idea que instaló gran parte de la corporación mediática que se resistía a la ley de medios y Elisa Carrió, a la que después de las elecciones nunca le interesó demostrar nada en la Justicia.

Tras estar prófugo varios años durante el gobierno anterior, Pérez Corradi negoció su entrega con el macrismo, si le garantizaban un trato benévolo a cambio de esa supuesta información que involucraba al kirchnerismo. El negocio se realizó, al punto de que ahora es un preso protegido en una cárcel especial de Gendarmería y finalmente será extraditado a los Estados Unidos, como quería.

Pero desde los primeros meses del 2016, el macrismo y el dispositivo mediático-judicial que lo respalda lograron instalar a Pérez Corradi  como la fuente inminente de grandes revelaciones sobre el kirchnerismo y trataron de aprovechar al máximo esa sensación en la opinión pública. Entonces se abrió una causa contra Oscar Parrilli, el último jefe de la SIDE durante el kirchnerismo, por el tiempo que había estado prófugo Pérez Corradi. En ese momento, la acusación sugería que el narco había tenido protección del kirchnerismo. Lo que queda claro ahora es todo lo contrario: los servicios de inteligencia operaron siempre contra el kirchnerismo como parte de ese esquema mediático-judicial encargado de la persistente campaña de zapa en su contra. Los servicios de inteligencia supieron siempre dónde estaba Pérez Corradi y sólo lo entregaron a poco de asumir Mauricio Macri, en febrero de 2016.

Resultó que Pérez Corradi no tenía información comprometedora para el kirchnerismo. Por el contrario, se demostró que las acusaciones contra Aníbal Fernández habían sido una mentira electoral. Pero, como quería Pérez Corradi, su causa pasó al fuero federal que en diciembre del año pasado le dictó la falta de mérito por el triple crimen de General Rodríguez. De todos modos, el anteúltimo acto de esta novela fue que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, concedió la extradición de Pérez Corradi a los Estados Unidos. Era lo que este hombre estaba buscando y lo que seguramente negoció con la DEA y la ex SIDE, actual AFI. La DEA lo estaba reclamando en Estados Unidos. Tanto la jueza Arroyo Salgado como Nisman están catalogados entre los funcionarios judiciales allegados a Antonio “Jaime” Stiuso y la SIDE, como suele ser la norma no escrita para una parte del Poder Judicial. Lo más insólito es que al final los únicos denunciados con nombre y apellido por Pérez Corradi fueron el ex senador radical Ernesto Sanz y la propia jueza Arroyo Salgado, a los que acusó de haberle reclamado abultadas coimas. Curiosamente, como resaltó CFK en su denuncia, ningún funcionario judicial se preocupó por investigarlo.

El último acto de esta trama es protagonizado por el fiscal Guillermo Marijuan, que operó las escuchas a Parrilli y Cristina Kirchner; y el juez Ariel Lijo, que las avaló, aun cuando la presunción que las motivó (que Pérez Corradi tenía protección del kirchnerismo) se demostró absurda porque el kirchnerismo nunca controló los servicios de inteligencia que, en cambio, operaban en su contra. Tanto es así, que por esas escuchas insustanciales, Stiuso, el eterno jefe de espías, acaba de denunciar que Cristina Kirchner lo quiere asesinar.

Esta historia descorre el velo de operaciones sucias de difamación, ineficiencias y mezquindades. Se ha dicho que con Mauricio Macri es la primera vez que una derecha clara gana elecciones. Eso no quiere decir que haya dejado atrás las prácticas de aquellos gobiernos de derecha que no llegaron por elecciones. El uso de la corporación de medios para difamar y demonizar a opositores fue una práctica de las dictaduras; la detención arbitraria de dirigentes sociales como Milagro Sala sin resguardo de las garantías individuales ha sido también una práctica de los gobiernos militares, y lo mismo con la represión violenta de protestas pacíficas como las de los mapuches y los manteros. Pero esta historia, además de poner en evidencia esas zonas degradantes de la política, es una señal de alarma porque pone en evidencia el nivel de persecución y espionaje a la oposición que funcionarios judiciales pretenden naturalizar con la demonización del kirchnerismo.

Pagina 12

Ucrania, dividida y en pie de guerra, mañana elige presidente

ampliar

Tras una campaña electoral corta, opaca y carente de actos o movilizaciones, el gobierno nacional interino que asumió hace tres meses después del derrocamiento del presidente pro ruso, Viktor Yanukovich, pidió a los ucranianos que vayan masivamente a votar, algo que no es común en un país donde el voto no es obligatorio.

"El futuro de Ucrania depende del comportamiento de cada uno de nosotros. Con los comicios culminaremos la formación de un gobierno legítimo y responsable", afirmó el presidente interino, Alexander Turchinov, en un comunicado difundido ayer.

El favorito indiscutido es el séptimo hombre más rico del país y actual promotor de un acercamiento con Europa, Petro Poroshenko, que según algunos sondeos podría obtener más del 50% de los votos y ganar en primera vuelta.

Si no lo consigue, los dos candidatos que se disputan un posible balotaje son la ex primera ministra condenada por corrupción y referente indiscutida del oeste del país, Yulia Timochenko, y Serhiy Tihipko, un hombre con una fortuna superior a 360 millones de dólares, que pese a rechazar las rebeliones separatistas en el es Este, simpatiza con algunos reclamos de esa región.

Aunque el gobierno interino y los principales candidatos insisten en la importancia de legitimar a las autoridades en Kiev, Ucrania tiene un sistema semi presidencialista, en el que el presidente sólo elige al ministro de Defensa, al canciller y al jefe de los servicios de inteligencia.

El gobierno, responsable de tomar las principales decisiones económicas y políticas del país, continuará siendo el mismo que asumió tras el derrocamiento de Yanukovich. Según el calendario electoral, las próximas elecciones legislativas son en 2017.

Hace una semana, Turchinov había prometido que la llamada "operación anti terrorista", que encabezan el ejército y grupos paramilitares, avanzaría sobre los separatistas del Este para garantizar que los cerca de cuatro millones de electores de las provincias de Donetsk y Lugansk, es decir alrededor de un 15% del padrón nacional, puedan votar.

Sin embargo, a un día de los comicios los gobiernos separatistas de las recientemente proclamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk siguen controlando las capitales provinciales y varias de las ciudades más importantes de esa empobrecida región minera e industrial.

En los últimos días, los combates se intensificaron con un saldo de más de 20 muertos y llegaron incluso a las puertas de la ciudad de Donetsk, donde se encuentra la sede gubernamental de una de las nuevas repúblicas.

Pese a ello, las autoridades locales que responden a Kiev siguen organizando las elecciones para mañana.

Según una ley nacional aprobada tras el derrocamiento de Yanukovich, sólo es necesario que vote el 50% del padrón de Donetsk y Lugansk o que al menos estén habilitadas y funcionando el 50% de las mesas electorales en esas dos provincias para que la elección presidencial se considere válida allí.

El jefe del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Volodymyr Hrinyak, informó ayer a la agencia de noticias rusa Interfax que los separatistas bloquearon o tomaron las oficinas de al menos 17 de los 34 comités electorales, responsables de organizar los comicios en esa región oriental.

Olga Malyutina, una de las voceras del gobernador Serguei Taruta, el multimillonario que fue designado por las autoridades interinas  en la capital de Donetsk, recibió a Télam en una oficina que improvisó en las últimas semanas, luego que los separatistas ocuparan la suya en la sede del gobierno provincial.

"Muchas personas no recibieron por correo la invitación para ir a votar, donde dice a qué mesa electoral debe dirigirse. Probablemente no podamos usar los centros de votación tradicionales", explicó.

"Pero la idea es que la gente vaya a las mesas electorales donde siempre votan y si está cerrada, allí habrá una persona que les indicará dónde puede votar... es complicado, lo sé. No sabemos muy bien cómo va a funcionar porque nunca estuvimos en esta situación", agregó la funcionaria.

Uno de los rumores que circulan en las últimas horas es que uno de los centros de votación estaría en el Donbas Arena, el moderno estadio de fútbol del equipo FK Shajtar, propiedad del hombre más rico del país, el oligarca Rinat Akhmetov, quien recientemente se declaró partidario de una Ucrania unida.

Akhmetov es consideraro una figura clave para desactivar el conflicto en el este ucraniano.

Prueba de eso es que todas las fuerzas separatistas y pro rusas que componen la República Popular de Donetsk se reunieron hoy en uno de sus hoteles para discutir si abren una negociación con Kiev, apenas horas después que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijera que reconocerá el resultado de las elecciones ucranianas.

Las diferencias, las recriminaciones y las acusaciones marcaron el encuentro y avivaron la incertidumbre a sólo un día de las elecciones.

Telam

El papa Francisco pidió una solución urgente para el conflicto en Siria

ampliar

Junto al rey Abdala II de Jordania, en el marco de su visita a Tierra Santa, el pontífice dijo que "es más que nunca necesaria y urgente una solución pacífica a la crisis siria, además de una justa solución al conflicto israelí-palestino".

En su discurso, en el Palacio Real de Amán, agradeció "a las autoridades de Jordania por lo que hacen y animo a que continúen comprometiéndose en la búsqueda de la esperada paz duradera para toda la región".

Abdalá recibió al Papa diciéndole "Santo Padre, usted se ha comprometido a sí mismo en el diálogo, especialmente con el islam. Además de ser el sucesor de San Pedro, usted se ha convertido en la consciencia del mundo entero".

El Papa valoró que "este país ofrece generosa acogida a una gran cantidad de refugiados palestinos, iraquíes y provenientes de otras zonas en crisis, en particular de la vecina Siria, azotada por un conflicto que dura desde hace demasiado tiempo".

Francisco consideró que "esta acogida merece la estima y el apoyo de la comunidad internacional", consignó el sitio Vatican Insider.

El Papa también recordó el compromiso de la Iglesia a través de la organización Cáritas de Jordania.

El Pontífice dirigió un saludo a las comunidades cristianas, "presentes en el país desde época apostólica", que "a pesar de ser hoy numéricamente minoría tienen el espacio para desempeñar una cualificada y apreciada acción en el campo educativo y sanitario, mediante escuelas y hospitales".

Asimismo, destacó que en ese país las comunidades cristianas "pueden profesar con tranquilidad su fe, en el respeto de la libertad religiosa, que es un derecho humano fundamental, y que espero vivamente sea tenido en gran consideración en todo el Medio Oriente y en el mundo entero".

Francisco explicó que la libertad religiosa "implica", también, "la libertad de elegir la religión que se cree verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia".

Luego, el Papa se dirigió al estadio internacional de Ammán donde celebra su primera misa. Posteriormente visitará el lugar del bautismo de Jesús en Betania, ante el río Jordán, y poco después se encontrará en la iglesia latina con refugiados y jóvenes discapacitados.

Telam

VERSIONES ENCONTRADAS A AMBOS LADOS DE LA CORDILLERA

Niegan que Chile haya renovado el pedido de extradición de Apablaza

Publicado el 3 de Septiembre de 2011

Por Claudio Mardones
El gobierno chileno hizo una presentación para cuestionar la decisión argentina de dar asilo al ex guerrillero trasandino. Fuentes diplomáticas argentinas desmintieron que se trate de un nuevo reclamo para expulsarlo.
 

Mientras crecen las versiones sobre el inminente regreso a Chile de su embajador en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar, la relación diplomática entre la Casa Rosada y La Moneda sumó un nuevo dato erróneo sobre la situación judicial del ex guerrillero trasandino Galvarino Sergio Apablaza Guerra. Ayer, a los dos lados de la Cordillera de los Andes, varios medios periodísticos afirmaron que el gobierno de Sebastián Piñera había radicado una nueva presentación judicial para obtener la extradición de Apablaza. Pero lo cierto es que la representación diplomática chilena contrató al costosísimo abogado conservador Héctor Mairal para cuestionar en los Tribunales Contenciosos del fuero federal porteño, la decisión administrativa del gobierno argentino que concedió el refugio político al ex militante trasandino que vivió más de 30 años en la clandestinidad. “No es un nuevo pedido de extradición, sino una presentación que ataca judicialmente la medida del asilo”, aclaró una alta fuente diplomática que sigue el derrotero del caso desde hace siete años.
El escrito, que lleva la firma de Mairal, no habla en ningún momento de un segundo pedido de extradición, sino de una impugnación judicial amparada en el artículo 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549. La norma permite la presentación de un recurso de nulidad contra cualquier acto administrativo que lleve adelante el Estado Nacional. En este caso, el cuestionamiento está dirigido a la Resolución 1729/2010 de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), que resolvió beneficiar  a Apablaza con la Ley 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado. La decisión fue adoptada hace menos de un año, y establece que “ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. La decisión de la comisión, que tiene a su cargo la relación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), dejó sin efecto un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dio vía libre para la extradición de Apablaza, en caso de que el gobierno argentino decidiera tomar la decisión política de otorgar el refugio. Contra todos los pronósticos del gobierno chileno, la Casa Rosada dio el visto bueno para la firma de la Resolución 1729, un acto administrativo que significó un duro revés legal para el gobierno de Sebastián Piñera. Casi un año después de su aplicación, el embajador Zaldívar contrató al buffet Marval, O’Farrell & Mairal, considerado uno de los estudios más grandes, antiguos e influyentes del país, que tiene a Héctor Mairal como su principal especialista en derecho administrativo. Pero los laureles del abogado se oscurecen al revisar sus antecedentes políticos. En la década de 1970 fue socio de Guillermo Walter Klein, el abogado que a partir de 1976 se desempeñó como secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía conducido por José Alfredo Martínez de Hoz. Klein y Mairal son dos viejos amigos. Nacieron en 1936 y 1938, y tal como lo hicieron en los ’70 con el estudio Klein & Mairal ahora integran costosísimos estudios de abogados.
Esos antecedentes fueron los que llevaron al embajador Zaldívar a contratar a Mairal y lanzar una ofensiva legal dentro de los tribunales. El caso fue abierto en junio y engrosará un expediente cuya resolución “llevará años”, debido a las impugnaciones que presentarán los representantes del Estado Nacional. De un modo u otro, el caso llegará al máximo tribunal argentino, cuyos miembros ya se expidieron sobre el tema de fondo cuando habilitaron la extradición de Apablaza que, finalmente, quedó sin efecto por el refugio concedido. El nuevo repechaje administrativo buscará anular esa decisión del Estado, pero no tiene que ver con el pedido de extradición que la Cancillería chilena envió a sus pares argentinos hace varios años. Ese expediente, aunque les cueste asumirlo, está cerrado.

Tiempo Argentino.

**********************

Evidentemente el embajador tiene buen ojo para contratar a su representante, amigo de Martìnez de Hoz y Walter Klein, amigo de la dictadura.....

caso Apablaza

Se conocio en las ultimas horas que Paula Chaín colaboradora de Cristina es la esposa de Apablaza, esta situacion es una piedra en el zapato del ejecutivo,
Esperemos un pronto fallo de la Suprema Corte