La ofensiva oficial contra la memoria no reconoce fronteras
Milei bloqueó en la OEA una declaración que hablaba del Nunca Más
La representación argentina no quiso que se votara una resolución contra las detenciones arbitrarias. Proponía sacar la mención al principio del Nunca Más, que es el lema que adoptó la sociedad argentina contra los crímenes aberrantes que se cometieron durante la última dictadura.
El Gobierno impidió que la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptara una declaración contra las detenciones arbitrarias. El motivo de la renuencia fue insólito: la representación de la administración de Javier Milei no quería que se hablara del “principio del Nunca Más”, el lema que levantó la sociedad argentina para oponerse a que volvieran a ocurrir los crímenes atroces que se habían perpetrado durante la última dictadura.
Hace un año, se empezó a discutir en el consejo permanente de la OEA una propuesta para establecer el día interamericano contra la detención arbitraria y por la liberación de las personas detenidas por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El texto fue impulsado por la representante de Canadá ante la OEA, Maude Kostine, y se presentó con el acompañamiento inicial de Brasil y Guatemala. Después se sumaron otros países como México, Uruguay y Antigua y Barbuda.
Estaba previsto que la declaración se aprobara en la reunión del miércoles 19 de agosto. Sin embargo, el tema se malogró en un encuentro anterior, que tuvo lugar el 14 de agosto. La voz cantante la llevó Carlos Cherniak, embajador argentino ante la OEA. Cherniak es un diplomático de carrera que quedó a cargo de la representación el año pasado después de que Milei echara a Sonia Cavallo porque su padre, Domingo Cavallo, “torpedeaba” el rumbo económico del Gobierno, según declaró entonces Manuel Adorni.
El texto propuesto por Canadá proponía declarar el 22 de noviembre como día interamericano contra la detención arbitraria. En esa fecha, en 1969, se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.
Según explicó la delegada canadiense, con la declaración se buscaba honrar a quienes sufrieron detenciones arbitrarias, reconocer la importancia de la memoria y reafirmar los principios del sistema regional contra este tipo de prácticas. El texto no creaba nuevas obligaciones a los Estados ni generaba nuevos estándares. Más aún: no tenía implicancias financieras. Era simplemente un gesto simbólico.
El representante uruguayo, Edison Lanza, afirmó que era un tema sensible para la región y una forma de condenar la represión en cualquier parte. Aprovechó para hablar de lo que había pasado en su país en los años ‘70. En la república oriental, la forma predominante que adoptó la represión fue el encarcelamiento. De hecho, recordó que, para 1976, Uruguay era el país con mayor número de prisioneros políticos por habitantes.
La discusión se empantanó cuando le tocó intervenir a la Argentina. Cherniak le reprochó a la representante canadiense no haber circulado las sugerencias que había hecho la administración de Milei entre el resto de los países. Sin hacer ninguna referencia a los casos de detenciones arbitrarias ni a la historia que tiene Argentina en esta materia, el embajador pidió postergar la discusión.
“No planteo una oposición a la iniciativa”, se atajó. “Lo hago en un tono muy constructivo”, aseveró el diplomático que se reconoce radical y “alfonsinista”.
Sin embargo, estaba claro que Argentina estaba bloqueando la adopción de la declaración. La misma senda recorrieron los representantes de Estados Unidos, Paraguay y Ecuador, que conforman un bloque que busca acotar los márgenes de los órganos de derechos humanos de la OEA como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
El texto que Canadá, Brasil, México, Uruguay y otros países apoyaban decía que se invitaba “a todos los Estados miembros, Observadores Permanentes y entidades acreditadas ante la OEA a participar activamente en la conmemoración del ‘Día Interamericano contra la Detención Arbitraria y por la Libertad de las Personas Detenidas por Defender o Ejercer los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales’ sin impacto financiero para el Fondo Regular de la Organización; promover la concientización sobre la importancia de salvaguardar la libertad, la dignidad y los derechos de todas las personas en el Hemisferio, a fin de asegurar el principio del Nunca Más, y prevenir la recurrencia de la detención arbitraria y asegurar el derecho a la verdad y la justicia”.
¿Cuál fue la sugerencia que hizo el Gobierno argentino y no fue atendida por Canadá? Argentina no quería que el texto hablara de “asegurar el principio del Nunca Más” y proponía que se reemplazara por “fortalecer las garantías de no repetición”.
En esencia, el Nunca Más es una garantía de no repetición. Sin embargo, el Nunca Más implica mucho más que eso para la sociedad argentina. Es el título con el que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) presentó el informe con el que, tras nueve meses de trabajo, documentó lo que había sucedido durante los años de la última dictadura. Tras ese informe, confeccionado por una comisión creada por el mismo presidente Raúl Alfonsín, no hubo forma de negar la existencia de los desaparecidos ni de los centros clandestinos de detención.
“El informe de la Conadep, que llevó ese título, condenó las detenciones –sin causa y sin orden judicial– como una práctica del terrorismo de Estado. El bloqueo de Milei a la declaración de la OEA se inscribe en la ofensiva de la extrema derecha global contra el sistema jurídico internacional de derechos humanos. En particular, expresa su enfrentamiento con las políticas de memoria, verdad y justicia alcanzadas en Argentina desde 1983. Esta decisión se inscribe en un cuadro en el que su Gobierno promueve un régimen de excepción de doble carácter: protocolos y prácticas represivas que atentan contra el derecho a la protesta social y, por otro, prerrogativas exclusivas para el gran capital. De allí su ataque al Nunca Más, síntesis de la voluntad mayoritaria de la sociedad argentina”, explica el sociólogo Emilio Crenzel, autor de La historia política del Nunca Más (Siglo XXI).
La administración libertaria, más allá de sus luchas internas, tiene un punto en común: la intención de quebrar el relato del Nunca Más. Quien lo expresó con mayor nitidez fue Victoria Villarruel cuando participó de un encuentro de Vox antes de llegar al Gobierno. En ese momento, sostuvo que todo lo que se había contado en los últimos 40 años en la Argentina era mentira, una construcción hecha por Madres, Abuelas y la izquierda.
Milei apeló en determinadas ocasiones al símbolo del Nunca Más. Lo hizo para fotografiarse en La Matanza junto con sus candidatos para las elecciones de medio término del año pasado. Llevaban una pancarta que decía “Kirchnerismo Nunca Más”. Banalizaban un lema levantado por la sociedad argentina contra los crímenes más aberrantes y, en simultáneo, comparaban al kirchnerismo –un movimiento democrático que gobernó tras ganar elecciones y promovió una agenda en sintonía con los reclamos históricos del movimiento de derechos humanos– con el terrorismo de Estado.
A principios de mes, el Presidente volvió a emplear la frase en otro contexto. “12.819.532.788.614.400.000%. Nunca más”, escribió para graficar la supuesta inflación que se habría acumulado desde que existe el Banco Central.
Libres de expresarse, pero no tanto
Estados Unidos llevó otra discusión al consejo permanente de la OEA: la selección del nuevo titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) que está en curso en la CIDH. Es un tema que particularmente interesa a gobiernos, como el argentino, cuyo lema es “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
Washington objetó que entre los candidatos finalistas no haya postulantes de Estados Unidos, Canadá o del Caribe. Sostiene que no se respeta la composición geográfica o la diversidad de ordenamientos jurídicos –como el common law–.
Frente a eso, la propuesta de Estados Unidos era dar un paso inédito: llamar al presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, para que brinde explicaciones sobre el proceso. Ralón Orellana es uno de los comisionados que integra el bloque menos progresista del organismo y que más simpatía despierta en el bloque de países que integran Estados Unidos y Argentina.
Quienes conocen el sistema interamericano entienden que es una maniobra para bloquear la elección de un nuevo titular de la RELE. La ofensiva sobre el sistema regional de derechos humanos es fuerte. Semanas atrás, hubo una campaña --que incluyó desprestigio en redes sociales y una denuncia en Comodoro Py-- contra la vicepresidenta de la CIDH, la jurista argentina Andrea Pochak. La ofensiva la lideró, nada más y nada menos, que Agustín Laje, director de la Fundación Faro y aliado de Milei.
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