Gran despliegue policial 

Violento intento de desalojo a comunidad indígena en Tilcara 

El operativo se suspendió por 48 horas por intervención de la Justicia Federal, dado que este territorio fue declarado patrimonio de la humanidad. La comunidad Cueva del Inca viene hace años defendiendo su territorio.

Mariana Mamani

La Policía de la provincia de Jujuy reprimió y golpeó a integrantes de la comunidad Cueva del Inca, en la localidad de Tilcara. Más de 200 efectivos, incluidos miembros de la Infantería, ingresaron ayer a la comunidad e intentaron desalojar a tres familias. Destrozaron una vivienda y demoraron a dos hombres, Walter Condori y Sebastián Copello, quienes luego recuperaron la libertad.

Javier Mamani, integrante de la comunidad, recibió la notificación de desalojo, que debía concretarse ayer. La medida fue dispuesta en el marco de una causa judicial iniciada por los titulares de la hostería Canto del Viento, que figura como de propiedad de Gustavo Vázquez, aunque rumores señalan que un político es el dueño del establecimiento hotelero.

La comunidad Cueva del Inca cuenta con personería jurídica. Su territorio fue relevado de acuerdo a las previsiones de la ley 26.160 y recibió la carpeta técnica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce su ocupación ancestral desde 2014. Aun así, la jueza Lis Valdecantos Bernal ordenó el desalojo. Esta es la misma magistrada que en octubre de 2024 ordenó el desalojo en la comunidad de Guerrero de la Finca Quevedo.

En cumplimiento de esta orden, el juez de Paz de Tilcara, Pedro Apaza, intimó a la comunidad a retirarse del territorio comunitario. A las 9.30 dio a las familias 30 minutos para que se retiraran de sus viviendas. El funcionario fue denunciado ante la fiscalía federal por violencia institucional y por dañar el patrimonio arqueológico de la comunidad.

(Captura de video)

La comunidad recibió acompañamiento y solidaridad de otras comunidades ante el inminente desalojo en la Quebrada de Sarahuaico, Villa Florida, donde se ubica Cueva del Inca. Allí resistieron exhibiendo carteles con leyendas “no al desalojo”, cantando y haciendo ondear banderas whipalas.

La represión se inició cerca las 11 de la mañana. Pero pasadas las 14, las fuerzas policiales se retiraron, tras el ingreso de efectivos de Gendarmería Nacional para proteger a la comunidad, por orden de la Justicia Federal, que tomó esta decisión en respuesta a una denuncia realizada por las abogadas Silvana Llanés y Alejandra Cejas, que representan a la comunidad Cueva del Inca.

La comunidad se encuentra en una zona de emprendimientos hoteleros y desde hace años viene soportando el hostigamiento de empresarios que disputan este territorio aduciendo que compraron a los terratenientes en 1917, pero la comunidad es pre existente.

“La comunidad tiene personería jurídica y carpeta técnica, o sea que tiene delimitado su territorio, acá están desalojando a don Javier Mamani, pero en el RETECI (relevamiento territorial de comunidades indígenas) no hay títulos individuales, hay títulos comunitarios. Está resguardado por la ley, o sea los territorios comunitarios son inembargables, intransferibles, no están sujetos a comercio. Por lo tanto la policía se metió en territorio comunitario”, explicó la abogada Silvana Llanés.

La orden de desalojo estaba dirigida a Mamani aunque las fuerzas policiales fueron contra la comunidad. “Ahí hay patrimonio arqueológico porque esa quebrada es patrimonio cultural de la humanidad y a 300 metros hay andenes de cultivos ancestrales. La policía se metió y ahora le pesa una infracción a la ley de patrimonio y avasallamiento a los derechos de la comunidad conforme al artículo 75 inciso 17 (de la Constitución Nacional). La denuncia en la justicia federal también abarca al municipio de Tilcara porque ellos tienen que verificar e involucraron al juez de Paz”, relató la letrada.

Además, contó que “el municipio ofreció dos casas a la comunera. Si están tan tranquilos por qué hacen eso”, razonó.

Miriam Alfaro (Captura de video)

La represión "fue brutal" contó por su parte la presidenta de la comunidad, Miriam Alfaro. "Han destruido la casa de un integrante de la comunidad. Estamos indignados, molestos por el despliegue de las fuerzas policiales, ambulancias, bomberos, para ejecutar esta orden ilegal de desalojo. Seguimos en el lugar, haciendo resistencia y viendo cómo seguiremos”, dijo. En la comunidad la mayoría son mujeresr.

Walter Méndez ,integrante de la comunidad, comentó que el conflicto es de hace año. "El juzgado no hizo lugar a las presentaciones de la comunidad como parte del territorio relevado por RETECI y lo toma como conflicto particular y no hacen valer el derecho de la comunidad para proteger el territorio”, sostuvo. 

En el lugar estuvo la diputada Natalia Morales (PTS-FITU), acompañando a la comunidad indígena. “Denuncio la represión y desalojo en favor de capitales hoteleros. Responsabilizo a la jueza Valdecantos Bernal del maltrato que sufrieron los y las comuneras”, afirmó.

Medios de comunicación alternativos que cubrieron el desalojo tuvieron dificultad para transmitir por el uso de inhibidores, táctica que utiliza el gobierno de Carlos Sadir para obstaculizar el trabajo de la prensa. 

Repudios y solidaridad con la comunidad

Las organizaciones de derechos humanos de Jujuy expresaron su “enérgico repudio al violento operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad en la localidad de Tilcara, donde se reprimió a integrantes de la comunidad Cueva del Inca y a personas que se encontraban acompañando y ejerciendo el legítimo derecho a la protesta en defensa del territorio ancestral frente al avance de negociados inmobiliarios”.

Así también recuerdaron que el Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que afecten sus territorios, y a ser consultados de manera previa, libre e informada. “Hacemos responsable al gobierno provincial por este accionar violento e incompatible con un Estado de Derecho", afirmaron los organismos. En ese momento, en el que todavía los dos comuneros continuaban demorados, exigieron su "inmediata liberación", así como "el cese de la criminalización de la protesta social, y el respeto pleno a los derechos territoriales y culturales de las comunidades originarias". "La defensa de los derechos humanos no puede ser una consigna vacía ni una declaración protocolar: debe traducirse en políticas públicas concretas que respeten la diversidad, el territorio, la dignidad y la libre expresión de los pueblos”, señalaron. 

También la Fundación Un Mundo Mejor es Posible (UMMEP) y la Organización Juanita Moro repudiaron el desalojo y la represión a la comunidad Cueva del Inca. 

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Las mineras hacen el trabajo de hormiga, primero desalojan , después explotan.

Acusación contra una fundación y el municipio de San Lorenzo

Comunidad indígena denunció que se señalizó su territorio sin consulta 

El presidente de la Comunidad Lule denunció que la fundación Descubrir colocó carteles y señalizó lugares con nombres no representativos de la cultura de este Pueblo, e incuso se obviaron las denominaciones que ya tenían para esos sitios. 

Claudia Ferreyra

El presidente de la Comunidad Lule de Finca Las Costas, David Torres, denunció a la fundación Descubrir y a la municipalidad de San Lorenzo por el incumplimiento de la consulta libre, previa e informada, porque señalizaron sendas con nombres de "fantasía" y comerciales, pese a que son lugares que ya tenían sus denominaciones representativas e incluso, ancestrales.

"Están refundando con nombres de fantasía inapropiados para la cultura del lugar", dijo Torres a Salta/12. 

La fundación Descubrir, presidida por Jesse Randall, promueve el desarrollo de las actividades de montaña, y se presenta como cuidadora de los espacios verdes de Salta. Recientemente, colocó carteles de señalización en sendas de la Reserva de Finca Las Costas, administrada por la provincia de Salta, donde habita la comunidad lule y es guardiana natural del territorio. 

"Están falseando. Hay lugares que ya tienen nombres, pero ahora con circuitos y senderos les pusieron nombres de fantasía. Hay un lugar al que le pusieron la senda del toro, porque es de una asociación de ciclistas. Son nombres impuestos y ridículos porque no tienen nada que ver con la historia, con la comunidad. La cultura local no se ve reflejada. Si lo están haciendo como turismo, están mintiendo porque los lugares no se llaman así", sostuvo Torres.

"Pido que se respete el artículo 75 inciso 17 (de la Constitución Nacional) que establece que el Estado debe respetar la personería jurídica y el territorio de las comunidades indígenas. Una obligación del Estado es que tiene que dialogar con las comunidades", señaló Torres. Recordó que las naciones indígenas son preexistentes al Estado argentino y así lo reconoce el derecho internacional y la normativa argentina.

Consultado por esta denuncia en su contra, Randall dijo que "la fundación simplemente señaliza sendas peatonales y bicisendas para que todas las comunidades puedan disfrutar de la naturaleza con mayor seguridad". "Pero en general no tenemos problemas con la Comunidad Lule. Tenemos buena relación. Me parece raro", manifestó al conocer que había sido denunciado. 

Randall también destacó que su fundación organiza "limpiezas de microbasurales en la zona", y en una de sus redes sociales se ve un video suyo de agradecimiento al auspicio de espónsores como "Ganfeng, Río Tinto y Eramine", mineras multinacionales.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los Estados deben generar los mecanismos necesarios para obtener el consentimiento de las comunidades mediante el protocolo de consulta libre, previa e informada. Argentina ratificó ese Convenio mediante la ley 24071. "Esa ley es para nivelar el derecho y el acceso a los derechos constitucionales de las comunidades indígenas con el resto de la sociedad", resaltó Torres. En este sentido, consideró que la fundación y la municipalidad de San Lorenzo  incurren en una "acción violatoria de los tratados internacionales". 

"No basta con la consulta, sino que debe haber una respuesta. Tiene que haber consentimiento. El Estado tiene la obligacion de plantear el protocolo de consulta", dijo el presidente comunal.

Recalcó que ya le manifestó a Randall "que es obligatorio del Estado o cualquier tercero aplicar el protocolo de consulta". 

La Comunidad Lule mostró su disconformidad con la señalización en un comunicado. "Denunciamos al municipio de San Lorenzo, y a la fundación Descubrir, por violación a la consulta libre previa e informada, Ley 24.071 ratificación del Convenio 169 de la OIT. Por disponer física, simbólicamente, y señalizar de manera arbitraria espacios comunitarios relevados por la ley 26.160, que mediante la Resolución INAI N⁰ 1029, reconoce la posesión actual, tradicional, y pública, al Pueblo Lule, dicha legislación es para toda la administración pública, su violación es vulnera el espíritu de orden publico que expresa la norma", señaló el pronunciamiento. 

Asimismo, la Comunidad manifestó un repudio a "las maniobras por las cuales se respetan ciertas partes y no el derecho en su totalidad", ya que consideran que la justicia salteña también vulnera los derechos indígenas. 

"La acción de la fundación y de la municipalidad de San Lorenzo atropella a la Comunidad Lule en un contexto de vulneración a los derechos indígenas", dijo además Torres. Señaló la derogación del gobierno de Javier Milei de la prórroga de la ley 26.160, que declaraba la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y suspendía los desalojos de su territorio.

Torres también hizo mención al nuevo reordenamiento territorial de bosques nativos aprobado por la Legislatura salteña. Dijo que "pone en el mercado más de 700 mil hectáreas de bosque nativo" que podrían ser desmontados.

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De la motosierra a la topadora

Milei da vía libre a los desalojos de las comunidades originarias

A través de un decreto, el Gobierno eliminó la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus territorios. La resolución contradice el artículo 75 de la Constitución, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos originarios y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

En otro atropello a los derechos adquiridos y avasallamiento sobre las minorías más vulnerables, el gobierno de Javier Milei eliminó la protección legal con que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus tierras ancestrales de propiedad comunitaria.

La medida fue tomada a través del decreto 1083/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial y declara el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, dispuesta en la Ley 26.160 sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En ese mismo decreto presidencial firmado prácticamente por todo el Gabinete de gobierno se dejó sin efecto el artículo 2 de esa ley, que suspendía la ejecución de sentencias y actos administrativos tendientes al desalojo de esos territorios.

La disputa por la propiedad de la tierra

La decisión que deja en situación de fragilidad a los pueblos originarios de todo el país que viven en tierras autóctonas que están en disputa judicial entró en vigencia a partir de hoy. Permite que el Estado falle a favor de privados (personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras) que poseen títulos de propiedad irregulares por haber sido expedidos posteriormente a propiedad ancestral.

Es decir que hace pesar una espada de Damocles sobre centenares de familias que reclaman los derechos ancestrales sobre los predios donde vivieron sus antepasados. Varios de esos territorios fueron parcelados y vendidos a privados de manera ilegal por parte de los estados nacional o provinciales.

El decreto de Milei fogoneado por su ministro privatista Federico Sturzenegger choca de frente con el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos indígenas en la Argentina y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

La ley que garantizaba el cumplimiento de ese derecho es la 21.160, que a través de sucesivas prórrogas abría un paraguas de protección sobre aquellas propiedades comunitarias que, a pesar de ser declaradas “enajenables” por la Constitución, habían sido vendidas o cedidas avasallando el derecho de propiedad ancestral.

El decreto firmado por Milei y su séquito reconoce la existencia de la manda constitucional, pero así y todo elimina la prórroga de la 21.160 establecida hasta noviembre de 2025. Según sostiene, su vigencia en favor de las comunidades “avasalla los derechos de la ciudadanía y agravia las prerrogativas soberanas del Estado”.

Es más, interpreta maliciosamente que las prórrogas permitieron la proliferación de comunidades indígenas inscriptas como demandantes, que no cumplían “las mínimas condiciones” como peticionantes.

Además, a tono con el discurso de demonización de las comunidades indígenas, las acusa de “usurpar” tierras y de “ejercer la violencia” para ello. Es más, las sugiere como autoras de “daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados”.

Según el texto del DNU, existen 254 hechos judicializados de ese tipo, pero no da ninguna documentación ni precisión más al respecto.

La "inseguridad jurídica" según Milei y Sturzenegger

Los considerandos del decreto son más que provocadores. Aducen caprichosamente que la vigencia de los derechos garantizados por esa ley genera “inseguridad jurídica” y causa “una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños” que, claro está, para el Gobierno no son los pueblos indígenas.

Quien inmediatamente salió a defender la suspensión de derechos de las minorías y el avance del Estado contra los derechos ancestrales fue el ministro Federico Sturzenegger, quien en otro de sus extensos, antojadizos y aburridos mensajes por la red X hizo una arbitraria defensa del decreto que él mismo alentó.

Dijo que la ley 26.160 que prohíbe los desalojos “impidió el accionar de la justicia” y “motivó la proliferación de tomas”. Celebra “la voluntad (de Javier Milei) de poner las cosas en su lugar” y falazmente sostiene que el decreto publicado hoy no “lesiona” ni “disminuye” los derechos de las comunidades.

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La pelea que perdió Gerardo Morales 

La justicia federal dió la razón a la comunidad kolla de Caspalá

El gobierno de Jujuy deberá hacer una reparación integral a los habitantes del pequeño jujeño. Incluso deberá devolver la cancha de uso comunitario que expropió hace dos años y deberá reparar el daño causado.

Mariana Mamani

En un plazo de 30 días, el Estado jujeño deberá retrotraer y reparar los daños provocados en Caspalá, devolver la cancha ancestral y la propiedad de Pablo Cruz Moyoja. Así lo establece un convenio entre el Ministerio Público Fiscal federal y la Fiscalía de Estado que fue homologado ayer por la Justicia Federal. 

La jueza federal Carina Gregoraschuk homologó este convenio de reparación integral a la comunidad kolla de Caspalá. El acuerdo representa un triunfo para la población caspaleña que resistió la decisión del entonces gobernador Gerardo Morales de avanzar sobre territorio de uso comunitario, donde pretendía construir un colegio secundario, a pesar de que ya se había destinado otro terreno para ese fin.

De esta manera el gobierno de Jujuy queda obligado a volver las cosas al estado anterior al 2 de noviembre de 2022. Y para ello tiene un plazo de 30 días. 

El convenio, firmado el 13 de noviembre por la fiscal federal Lucia Orsetti y la Fiscalía de Estado de la provincia, representada por Miguel Angel Rivas, da una solución al conflicto suscitado en 2022.

Representantes de la comunidad kolla de Caspalá, su presidenta, Lucia Apaza, integrantes y damnificados como Lidia Balcarce, Saturnina Batallanos, Francisca Coronel, Eulalia Tito y Pablo Cruz Moyoja, viajaron hasta San Salvador de Jujuy para conocer la resolución de la Justicia Federal que devuelve la paz a este pueblo ubicado a 3300 metros sobre el nivel del mar, en Valle Grande, a 240 kilómetros de la capital jujeña.

En una audiencia virtual comuneras y comunero escucharon que el gobierno provincial debe devolver la cancha ancestral Finca Pozuelos que fue usurpada para la construcción de la escuela secundaria N° 57, y la Finca Santa Rosa, propiedad de Pablo Cruz Moyoja, que le había sido expropiada por ley, que ahora deberá derogarse. La comunidad de Caspalá no rechazaba la escuela, sino que pretendía que se construyera en un terreno adquirido para ese fin en 2015. La cancha que el gobierno quería destruir es un espacio de uso común nivelada por varias generaciones.

El pasado 18 de noviembre se cumplieron dos años de la represión que sufrió la comunidad kolla de Caspalá cuando intentó resistir la destrucción de esta cancha, espacio de celebraciones deportivas y culturales, y que hasta es usada como helipuerto en casos de emergencias. 

En 2022 el gobierno de Morales avanzó contra la comunidad sin haber realizado estudios de impacto ambiental, y hasta avanzando sobre un sitio arqueológico. En 2021 Caspalá fue declarado por la Organización Mundial de Turismo como uno de los diez pueblos más bellos del mundo por el valor patrimonial cultural y paisajístico.

El convenio no fue fácil

En una extensa audiencia, la fiscal Orsetti expuso la investigación que se inició en abril de 2023 tras la recepción de una denuncia radicada en la ciudad de Buenos Aires. Relató las audiencias celebradas para llegar a un acuerdo de reparación integral. 

“No fue fácil escribir, ni llegar al entendimiento con Fiscalía de Estado. Todo lo contrario, fue producto de mucho esfuerzo desde la comunidad, la querella, por hacerse oír y dar a entender sus preocupaciones, sus derechos vulnerados”, afirmó. 

Asimismo, “el camino institucional fue complejo", dijo antes de recordar que la medida cautelar federal dictada en enero de este año que "ordenaba al gobierno provincial abstenerse de continuar obras en Caspalá", fue impugnada por la Fiscalía de Estado y fue confirmada. Ahora esta medida se levantará parcialmente para que se cumpla con el convenio firmado.

La fiscal detalló que en la investigación se hizo un análisis desde lo histórico, cultural, arqueológico y antropológico, con informes contundentes, aportes de pruebas y material fotográfico de los daños a la comunidad. 

La querella de la comunidad, representada por las abogadas Silvana Llanés y Alejandra Cejas, adhirió al trabajo realizado por la fiscal. “Es una reivindicación de nuestra cultura, se han avasallado derechos de manera totalmente impune y esto es brindarle a la comunidad de Caspalá un respiro", manifestó Llanés, quien resaltó "el esfuerzo de llegar a este convenio. Veníamos del fuero provincial y nos ha costado horrores”, dijo. 

"Nos escucharon"

La jueza también escuchó a la comunidad, representada por mayoría de mujeres. “Pedimos que se respete nuestra cultura, nuestra ancestralidad, que no nos discriminen. Hemos llegado a pensar que nos quieren erradicar. Esto es ver justicia por mi comunidad. Somos pueblos preexistentes, somos parte de nuestra Pacha. No nos quieren entender que luchamos por la vida, el agua, el territorio para las futuras generaciones. Le agradezco por darle un poco de paz a mi comunidad que tenía miedo a la policía. ¡Jallalla!", expresó Lidia Balcarce.

Luego Lucía Apaza dijo: “nos dieron esta resolución con verdadera dignidad y justicia porque nos escucharon, tuvieron la valentía de hacer respetar leyes, convenios provinciales, nacionales, internacionales, que nos amparaban y nos demostraron que hay justicia. La comunidad de Caspalá se puso de pie, denunciamos lo que nos dañaron, rompieron antigales, quisieron quitarnos nuestra cultura”.

Siguió Saturnina Batallanos: “el día de la represión estaba con mi mamá de 80 años, para defender la cancha hicimos un almuerzo. No sabíamos qué nos iba a pasar. Llegó la policía, sin orden detuvo a las personas. Las arrastraban como animales, no tuvo compasión de niños ni abuelos. Fue por orden del comisionado, nos asustaron, largaron balas de gomas, gases lacrimógenos. Jamás pasó eso en Caspalá, hubo heridos. Los niños lloraban, fue fatal ese día", recordó. Luego agradeció la resolución: "estamos contentos porque han hecho justicia. Solo podemos decir gracias, por recuperar la cancha, el terreno de don Pablo. El tenía sus animales, sus vacas se murieron. No tiene donde sembrar, tenía sus plantas frutales, huertas, y le pasaron las máquinas sobre todo, los antigales. Esa gente no tuvo compasión y se llevó todo por delante. No lloramos de tristeza, sino de alegría. Caspalá que está de pie". 

Eulalia Tito, dijo entre lágrimas: “Gracias por la justicia, por recuperar la paz en nuestro pueblo. A partir de ese día no vivimos en paz. Todo el tiempo eran amenazas que íbamos a ir presos porque fuimos a defender. Hoy nos llevamos esa paz, gracias infinitas”. 

También Pablo Cruz agradeció. “Cuando usurparon mi propiedad hicieron llorar a mi familia, mi nena chiquita. Yo estaba internado en el hospital, y el gobierno de turno hacia lo que quería”. “Hemos tenido daños psicológicos de los hijos. Nos tocó vivir lastimosamente por ser dueño de una propiedad con todos los papeles, simplemente por el capricho de unos cuantos y la desidia de tratar mal a la gente”, recordó.

“Celebro este acto de corazón”

La jueza Carina Gregoraschuk resaltó el trabajo de la fiscalía y la querella al defender las necesidades y derechos de la comunidad kolla de Caspalá.

“Celebro este acto, lo celebro de corazón. Me parece un gran acto de justicia realizado con mucha responsabilidad y mucho amor, mucho respeto para con nuestros ancestros, nuestras comunidades aborígenes y estoy completamente de acuerdo con este convenio”, expresó emocionada la jueza.

De inmediato, el Estado provincial deberá nivelar, retirar las columnas y cimientos para que en enero la comunidad pueda realizar sus actividades en la cancha comunitaria.

"Es un gran precedente, se les está diciendo que tienen que respetar la identidad, la cultura, la Constitución lo dice, pero acá los gobernantes miran para otro lado. Siempre intentan impunemente callar a las comunidades", dijo la abogada Silvana Llanés. “Hoy lo que vivimos en la Justicia Federal ha sido un gran avance en la reparación de los derechos conculcados, ha sido un esfuerzo enorme y la comunidad de Caspalá supo dar pelea y acá están los resultados”, destacó. 

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 Fallo racista contra siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul

Tras el despojo de las tierras, la condena por usurpación y resistencia a la autoridad

La causa la había iniciado la dirección macrista de Parques Nacionales en 2017 contra una comunidad que había recuperado sus territorios ancestrales. Las penas llegan a dos años y medio de prisión. Todos quedarán en libertad hasta que la sentencia quede firme.

Adriana Meyer

Al final tuvieron razón los abogados y abogadas de La Gremial cuando en conferencia de prensa anticiparon que la sentencia del juicio contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu ya estaba escrita y era condenatoria. "Sabíamos que ya estaba decidida, el estado argentino no está dispuesto a reconocer a los pueblos originarios, está en su ADN", dijo a Página12 la abogada Laura Taffetani, integrante del equipo de la defensa. El juez federal Hugo Greca condenó a los siete mapuche imputados --Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Yéssica Fernanda Bonnefoi, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña-- a penas de entre dos y dos años y medio de prisión en suspenso por el delito de resistencia a la autoridad y usurpación de siete hectáreas que ellos habían recuperado por ancestralidad, pero Parques Nacionales invoca que las tomaron de manera ilegal en septiembre de 2017. Todos quedarán en libertad hasta que la sentencia quede firme. La Gremial apelará ante la Cámara de Casación y, eventualmente, la Corte Suprema.

"En estos años hubo una ofensiva de criminalización contra los pueblos originarios de la Patagonia y también del norte por la sed absoluta atrás de los recursos minerales y el turismo, en un sistema mercantilizado ellos no tienen cabida, pero la historia es más grande que una sentencia", agregó Taffetani. A su criterio "la justicia llegará de la mano de esos niños y niñas que soportaron dos desalojos y ahora la condena de sus madres". Greca concedió todo lo que pidió la fiscalía de Rafael Vehils Ruiz, excepto algo a lo que la defensa se opuso de manera rotunda: quería que como condición de la suspensión de la pena no pudieran acceder al rewe (sitio sagrado) ubicado en el territorio en disputa durante los dos años de condena en suspenso. "Esto demuestra claramente que ése era el objetivo del juicio, a pesar de todo lo que explicó la machi (sanadora) sobre la importancia del rewe", apuntó la letrada. 

En su declaración, la machi Betiana Colhuan había sido muy elocuente sobre ese lugar donde ella realizan tareas de sanación física y espiritual. Contó en qué consiste su rol, designado por una anterior machi, Teresa Painequeo, y se describió como la guía espiritual de su pueblo. Explicó que se formó durante muchos años para poder ejercer una labor que le fue asignada, para cumplir un rol sagrado que en los últimos años "se había terminado de este lado de la Cordillera, porque los machis ceremoniales fueron encarcelados y asesinados". Para llevar a cabo el cuidado de su pueblo dijo que se formó aprendiendo "medicina occidental". Además, explicó que en esta comunidad en particular hubo un proceso de fortalecimiento espiritual y el levantamiento de un rewe de una machi que llegó a orillas del Lago Mascardi, una ceremonia que se realizó antes incluso de que ella naciera. En el inicio del juicio había sido absuelta porque al momento de los hechos era menor de edad.

En este proceso que solamente insumió tres audiencias, quedó demostrado que la comunidad se defendió con piedras el 25 de noviembre de 2017 cuando Prefectura mató a Rafael Nahuel. Sin embargo, cinco de los Albatros fueron condenados el año pasado apenas a 5 años por "homicidio cometido en exceso de legítima defensa" por enfrentamiento con armas.

María Nahuel --madre de la machi y una de las condenadas-- habló en sus palabras finales antes de los alegatos. “No somos usurpadores, a nosotros nos vinieron a despojar de nuestro territorio, nos vinieron a matar”, enfatizó. Y cuestionó la existencia de privados en las mismas tierras. "Tenemos a (Diego) Frutos y a cuántos más al lado de donde estamos nosotros y ellos ¿cómo están ahí? ¿tienen su título? ¿Parques tiene derecho a vender el territorio porque tienen plata?". 

Sobre el desalojo, Nahuel recordó: "Nunca me voy a olvidar, uno levantó a mi nieto como un trofeo, cuando me tenían en el piso. Con un machete le dieron a la carpa. A los tiros entraron". La mujer, tía de Rafael Nahuel, agregó que nunca tuvo derecho a defenderse como mujer. "Rafita Nahuel quería vivir ahí porque está muy contaminada la ciudad", afirmó. Y también rememoró el operativo de desalojo del 23 de noviembre, cuando arrastraron a su hija, la machi, y la obligaron a comer tierra.

Por su parte, Romina Rosas expresó que ella se acercó “por una necesidad espiritual, no somos violentos, no somos terroristas, somos mapuche y queremos que el Estado reconozca todo el atropello que están haciendo hoy con la machi y con todo el pueblo mapuche, no nos sentimos respetados, hay racismo y discriminación". En tanto, Aylén Tapia relató que es amansadora de caballos, estaba en su escuela dando clases y acudió a la comunidad para ayudar. "En los siete años que siguieron la fiscalía nos armaba dos causas por año, me imputaron viviendo a mil kilómetros. Pasar nuestros nombres de expediente en expediente demuestra el racismo. En 2018 la ex ministra Bullrich dijo que teníamos que pagar el operativo. En 2019 me deprimí, un año en cama", dijo. 

También Quemquemtreu

La comunidad de Villa Mascardi no es la única sometida a juicio en estos días. Tanto la fiscalía como la querella que intervienen en el juicio por la ocupación de tierras iniciada hace tres años contra la lof Quemquemtreu, ubicada cerca de El Bolsón, pidieron condenas por el delito de usurpación para los seis acusados, tres varones y tres mujeres. La defensa fue de la abogada Andrea Reile, quien dijo que el paraje Cuesta del Ternero, donde se encuentra el predio en disputa, es históricamente "territorio mapuche", fue escenario de "trashumancia", ceremonias ancestrales, trawunes y otros actos de "uso tradicional". Además rechazó que el denunciante, Rolando Rocco, tenga derecho de posesión sobre el lugar.

En cambio, la fiscal Betiana Cendón sostuvo que en el juicio quedó demostrado que Rocco es titular de un permiso provincial y desarrollaba explotaciones forestales en esa fracción de tierra, donde efectuó "actos posesorios" desde 1981, que "no fueron refutados”. Cendón pidió que se los declare responsables del delito de usurpación y lo mismo reclamó el abogado querellante, Ernesto Saavedra.

La defensora Reile fundó señaló que "para que un lugar sea usurpado se debe ejercer posesión" y el campo objeto de disputa "no estaba cercado ni cuidado, no tenía un puestero y no había actos posesorios de Rocco". Si bien durante el juicio hubo mención a sus derechos sobre más de 2.500 hectáreas, "varios testigos dijeron que el campo estaba abandonado". 

Por su parte, una de las imputadas, Romina Jones, dijo al final de la última audiencia que esperaba que la sentencia del juicio sea "el final de estos días tan angustiantes" y les permita "vivir tranquilos, sin sufrir violencia". El fallo de este juicio será emitido mañana.

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 La policía de Larreta reprime protesta contra Gerardo Morales: Incidentes Frente a la Sede

 de la UCR

La manifestación convocada por el Tercer Malón por la Paz en rechazo a la reforma constitucional en Jujuy se vio empañada por la represión policial frente a la sede de la UCR. Gerardo Morales, gobernador de la provincia y presidente del Comité Nacional de los radicales, fue el blanco de las críticas de las comunidades originarias, quienes denuncian su papel en la represión durante las protestas. Un fuerte operativo policial desató la indignación de los manifestantes, elevando la tensión en el lugar.

El miércoles 26 de octubre de 2023, integrantes del Tercer Malón por la Paz, representantes de comunidades originarias en Jujuy, se congregaron en una manifestación frente a la sede de la Unión Cívica Radical (UCR). El blanco de su repudio: Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de los radicales. Este líder es señalado como el máximo responsable de la represión en la provincia durante las protestas contra la reforma de la Constitución jujeña.

La concentración, que tenía como propósito principal visibilizar el rechazo a la reforma parcial de la Constitución, se vio alterada por la intervención de la Policía de la Ciudad. Esta fuerza utilizó gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los manifestantes que se encontraban frente a la sede de la UCR, ubicada en la calle Adolfo Alsina al 1700.

 

 

Uno de los presentes expresó su indignación: "Una vergüenza, en todo Latinoamérica utilizan estas herramientas para reprimir a los pueblos originarios. Venimos reclamando lo que sucede en la provincia de Jujuy y para que echen a Morales de la presidencia de la UCR. No pueden tener a un violento y a un represor dentro del partido".

 

 

Las demandas de la agrupación abarcan la anulación de la modificación de la Carta Magna jujeña, resaltando que ni siquiera se realizó una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas. Asimismo, se exige la intervención federal en la provincia, argumentando la falta de independencia de poderes. Adicionalmente, se solicita el cese de la persecución y las imputaciones a miembros de las comunidades originarias, y se demanda la expulsión de Gerardo Morales de la presidencia de la UCR a nivel nacional.

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