Pérdidas millonarias, mentiras y silencio en el Gobierno

El Banco Central también timbeó con el oro que quedó en sus bóvedas

De las 1.900.000 onzas que tiene la Argentina, no sólo apostaron con las que están en Londres: también pusieron en la operación casi todas las que están en Buenos Aires. La jugada derivó en un resultado negativo de 1.023 millones de dólares. Hoy no se sabe qué pasa con el oro de las reservas.

Raul Kollmann

El Banco Central no solo timbeó y perdió con el oro que mandó a Londres. También puso en juego el que siguió guardado en sus propias bóvedas. Fuentes indubitables del BCRA le admitieron a Página/12 que, en la operación que terminó con una pérdida de 1.023 millones de dólares, se pusieron en juego, con el sistema conocido como REPO (Repurchase Agreement), 1.790.000 onzas troy de oro. A Londres se habían enviado 600.000 y en el Central quedaron 1.300.000. O sea, del conjunto de onzas del país, 1.900.000, timbearon 1.790.000, casi la totalidad del oro de la Argentina (equivalente a 8.950 millones de dólares), el 94 por ciento. Apostaron tanto el que viajó a Londres como el que nunca salió del país. El titular del Central, Santiago Bausili, “el Messi de las finanzas”, Luis Caputo y el presidente Javier Milei apostaron todo el oro y produjeron lo que la Auditoría General de la Nación (AGN) diagnosticó así: “Desde que se auditan los estados contables del BCRA, nunca se había registrado una pérdida así”. El tema tiene un serio agravante: el oro evidentemente sigue en Londres y el Gobierno no dice si continúa con la timba financiera. Ocultan la verdad.

Las mentiras de Bausili

Las “operaciones liquidables en dólares”, como las llamó Juan Manuel Olmos, titular de la AGN, no se realizan con el físico, sino con certificados de depósito. De manera que la administración Milei usó el certificado de que 600.000 onzas troy están en el Bank of England, a nombre del Banco Internacional de Pagos, con sede en Basilea, Suiza, pero también puso en juego un certificado por 1.190.000 onzas depositadas en el propio BCRA. Se ve que les exigieron que parte del oro quedara en Londres porque, si se incumplía, tenían el respaldo del físico trasladado a la capital británica.

Ante los senadores, en septiembre, Bausili mintió en todos los terrenos:

* Dijo que el oro se mandó a Suiza. Falso. Está en Londres.

* Sostuvo que fue para fundir lingotes de baja calidad. Falso. Del total de lingotes, más de mil, solo se refundieron 115, y la pérdida fue mínima: eran de buena calidad.

* No contó que se utilizó el oro para una apuesta financiera, o sea, se vendió y el contrato de recompra se hizo a un precio muy por debajo del que terminó en el mercado internacional. El metal, el 31 de diciembre de 2024, valía 2.624 dólares la onza y terminó el 31 de diciembre de 2025 en 4.331. Aumentó un 65 por ciento. Como el contrato de recompra era por menos dólares la onza, hubo que poner la diferencia de 960 millones de dólares en efectivo. A eso se agregaron 63 millones de una póliza de seguro. Total, se perdieron 1.023 millones de dólares, como anticipó en exclusiva Página/12 el 13 de septiembre.

* Bausili no les dijo a los senadores que se usó el oro llevado a Londres y tampoco les mencionó que en la apuesta entró también la casi totalidad de las onzas que siguen en las bóvedas del Central. Se puso en juego el 94 por ciento de las reservas, por casi 9.000 millones de dólares.

* Bausili no dijo nada —y sigue sin decir nada— de qué está ocurriendo con el oro ahora. La AGN analizó los movimientos y las pérdidas de 2025, pero ya van 10 meses de 2026.

* En un comunicado oficial, el BCRA, es decir, Bausili, intentó una jugarreta que la AGN ya le había discutido. Consigna que el Central tuvo ganancias. Por supuesto que el aumento del oro produjo un aumento del valor de las reservas, pero eso hubiera sido así también si el oro no se movía de Buenos Aires. La realidad es que se ganó por el precio internacional del oro y se perdió por la timba financiera de Bausili-Caputo-Milei. “Error de cálculo”, lo llamó la AGN. Mientras el resto del mundo vio subir el valor de las reservas, la Argentina también se benefició, pero, por obra y gracia de los que se autodenominan campeones de las finanzas, se perdieron 1.023 millones de dólares. No se trata de un registro contable: hubo que pagarlos.

Para decirlo en sencillo: el 31 de diciembre de 2024, la Argentina tenía 4.696 millones de dólares de oro. El 31 de diciembre de 2025 debía tener —por el aumento del precio internacional— 7.752 millones, si no lo movía de la calle Reconquista. Pero solo se quedó con 6.729 millones de dólares, por la pérdida en la timba financiera.

Lo que viene, lo que viene

Como lo consignó la AGN, el oro fue comprado durante las gestiones de Alfonso Prat-Gay (gobierno de Mauricio Macri) y Mercedes Marcó del Pont (gobierno de Cristina Kirchner), y la Auditoría dirá oficialmente, en un segundo informe, dónde está el oro y si fue razonable el traslado. El Gobierno se defenderá diciendo que le pidió a la Dirección de Jurídicos del Central un dictamen antes de trasladar el oro y que el diagnóstico fue que “no había riesgo porque las reservas son soberanas”.

Demás está decir que, en general, los responsables de Jurídicos están presionados por la conducción para justificar lo que la conducción quiere hacer. De hecho, hay una contradicción a la vista: Jurídicos dijo que no hay riesgo y Bausili afirma una y otra vez que no dice dónde está el oro por el riesgo de embargos de fondos buitres y de los que tienen juicios contra la Argentina. Como se sabe, exdirectores del Central recordaron que en Londres se embargaron las reservas de oro de Islandia, depositadas en el Banco Internacional de Pagos, cuando la banca de ese país entró en una gravísima crisis. Como los bancos islandeses tenían depósitos de fondos buitres británicos, estos iniciaron una demanda y a Islandia le incautaron el metal. A eso se agrega, como es evidente, que la Argentina tiene un particular conflicto con el Reino Unido, que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas.

En el informe que prepara la AGN no habrá, ni podría haberla, una evaluación de qué ocurre con el oro en estos 10 meses de 2026. La AGN auditó 2025. Pero incluso respecto del año pasado, el Central se negó a entregar la documentación sobre el lugar donde está el oro: solo le permitió a los auditores que concurran al BCRA y vean algo en una pantalla. No aceptaron que se llevaran nada en papel, mientras Bausili mentía ante los senadores diciendo que las onzas están en Suiza. Los auditores, igualmente, hicieron un acta. El extitular del Central, Alejandro Vanoli, hizo una pregunta elemental: “Si el oro está en Suiza, ¿por qué no lo dicen de manera oficial e indubitable y lo ponen por escrito? Da la impresión de que el secretismo tiene que ver con que el oro está en Londres, donde en 2008 se produjo el embargo de las reservas de Islandia”.

Cuando salga el nuevo informe, se verá también si hay una explicación de por qué se llevaron el oro a Londres y, en especial, por qué no lo traen de regreso. Todo es oscuro. Una parte se explica porque Bausili-Caputo-Milei no querían blanquear la pérdida: pretendieron encubrirla en las ganancias por el aumento del precio del oro. Eso es lo que hicieron en el comunicado oficial del BCRA. La AGN los obligó a asentar contablemente la pérdida y quedó en claro, en los propios registros del Central, que “los genios de las finanzas” dilapidaron mucho más de lo necesario para solventar los presupuestos universitarios.

Lo que sigue es una incógnita. No se sabe si el Central continúa timbeando con el oro. No se sabe si las onzas comprometidas volvieron a estar disponibles. Tampoco se conoce bajo qué condiciones está hoy el metal en Londres, donde se supone que sigue. El Gobierno esconde todo. Ya perdieron 1.023 millones de dólares y hoy siguen sin decir qué hacen con el oro.

Pagina 12

 La AGN confirmó el anticipo de Página/12

“Error de cálculo”: El Banco Central perdió más de 1.000 millones de dólares por especular con el oro

Página/12 reveló hace tres semanas las pérdidas millonarias que generó la maniobra de Caputo y Bausili con los lingotes enviados a Londres.

Raul Kollmann

La Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó este jueves que el “Messi de las finanzas”, Luis Toto Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el gobierno de Javier Milei perdieron 1.023 millones de dólares timbeando con el oro que mandaron a Londres. El dato fue anticipado en exclusiva por Página/12 el 13 de septiembre. El informe de la AGN fue votado de manera unánime, pero el dato de la pérdida de más de 1.000 millones motivó una disidencia parcial de los dos miembros de la Auditoría designados por La Libertad Avanza y por el integrante de la Unión Cívica Radical. El oro trepó de forma extraordinaria en 2025 y el gobierno usó los mil lingotes enviados al Bank of England para una operación de futuros, que implicó la venta y la recompra a un precio fijado de antemano. Pero el oro subió más de lo pensado y, en esa operación, el Banco Central y la administración Milei perdieron 920 millones de dólares, a lo que se sumó una prima fija de 62,8 millones de dólares. “Desde que se auditan los estados contables del BCRA nunca se había registrado una pérdida de esa magnitud. Tampoco se habían utilizado antes las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo como éstas”, dice la Auditoría.

Tapa Página/12 13 de septiembre Imagen Web

Las mentiras de Bausili

Los resultados del trabajo de la Auditoría fueron difundidos por el presidente, Juan Manuel Olmos, quien confirmó lo adelantado por este diario: la descomunal pérdida por las operaciones de los que se autodenominan genios de las finanzas. Lo primero que surge del informe es que el titular del Central mintió ante el Senado cuando dijo que los movimientos de oro ya habían sido auditados. En ese mismo momento, la AGN lo desmintió, señalando que no pudieron concluir el informe porque el BCRA les negó los datos correspondientes. Queda claro que recién ahora se completó el informe, no como dijo Bausili.

Hubo una segunda mentira del titular del Central: afirmó que los lingotes se enviaron a Suiza porque había que refundirlos por baja calidad. La realidad es que, de los 1.000 lingotes, por un valor aproximado de 1.800 millones de dólares, solo se refundieron 115 y, en esa operación, la pérdida fue mínima porque los lingotes eran de buena calidad. La razón del envío del oro a Londres no fue esa, sino la fracasada jugada financiera.

Olmos adelantó que la AGN va a hacer un informe de gestión sobre el movimiento físico del oro, es decir, del traslado al exterior en sí mismo. Ese informe deberá establecer por qué se decidió enviar el oro fuera del país, adónde fue enviado y si la operación de traslado tuvo algún beneficio específico para el Banco Central.

Dos auditorías

La AGN hace dos auditorías. Una es contable, verificando los registros: si están correctos o mal registrados. En ese punto, el contable, el informe sostiene que los movimientos reflejan de manera razonable, en sus aspectos técnicos, la situación patrimonial de la entidad.

Pero la AGN toma en cuenta un segundo aspecto, el de gestión. En este caso, analiza el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro.

En ese terreno —dice la AGN—, “durante 2025, el oro adquirido en las gestiones de Alfonso Prat Gay (PRO) y Mercedes Marcó del Pont (peronismo) registró una ganancia patrimonial de 8 billones de pesos. Esa ganancia se explica solamente por la suba del precio internacional del metal”. Es decir, que, si los lingotes se hubieran quedado en Buenos Aires, también hubiese tenido esa ganancia porque surge del aumento del precio.

“La segunda valuación surge de la operatoria. Ese mismo año, bajo la conducción de Santiago Bausili, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares, con fines de cobertura, y usó parte del oro de las reservas como bien de respaldo. Según los estados contables, esas operaciones arrojaron una pérdida de 1,5 billones de pesos, equivalentes a USD 1.023 millones. La pérdida se pagó con divisas del Banco Central”.

De acuerdo a la exposición de la AGN, la pérdida de 1.023 millones de dólares tiene dos componentes:

• USD 960 millones de resultado negativo de las operaciones de derivados.
• USD 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

La mención a las primas indica que entre los instrumentos hubo opciones: contratos que dan el derecho a comprar o vender a un precio pactado, a cambio de un costo fijo. Al cierre del ejercicio auditado no quedaban posiciones ni operaciones abiertas por este concepto. Pero la explicación más clara surge del siguiente párrafo:

“El Banco Central realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró en el cálculo y registró la pérdida”. En otras palabras, se hizo una operación de REPO (Repurchase Agreement), se vendió el oro con el compromiso de recomprarlo en determinado tiempo y a determinado precio. Pero el oro aumentó mucho más que el precio al que se compró y por eso se produjo la pérdida. Timbearon y perdieron.

Además, la AGN agregó: “Desde que se auditan los estados contables del BCRA, nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud. Tampoco se habían utilizado antes las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo como éstas”.

Como es obvio, el traslado del oro a Londres se hizo justamente por la especulación financiera. Si el oro quedaba en el edificio del centro porteño, no servía para la timba, porque nadie presta si los lingotes que están en garantía permanecen en el país que pide la plata, porque, si no cumple, no pueden venir a buscar el físico. De manera que todo el movimiento se explica por lo que la AGN llama “transacciones de riesgo”.

El informe de la Auditoría fue votado por unanimidad en general, pero el señalamiento de la pérdida motivó tres disidencias, sin explicación: Mónica Almada y Mariano Piazza, ambos de LLA, y Luis Naidenoff, de la UCR. En algún momento fundamentarán su postura, pero seguramente motivará una respuesta de la mayoría.

En verdad, la jugarreta del Central consistía en diluir la pérdida en la ganancia que se obtuvo por el aumento del precio internacional del oro. O sea, se ganaron 8 billones y se perdieron 1,5 billones, por lo que se ganaron 6,5 billones. Pero lo que ocurre es que los 8 billones se hubieran ganado igual si los lingotes se mantenían en las bóvedas de la calle Reconquista, en el edificio del Central. Eso planteó, en su momento, una polémica entre la AGN y el BCRA: la AGN decía que debían consignarse las pérdidas de la operación en la que se usó el oro como garantía y Bausili quería disimularlas en la suba del precio internacional.

Queda todavía el informe que hará la Auditoría sobre el traslado del oro como operación en sí misma. Ahí quedará en claro dónde están los lingotes. Página/12 ya señaló que están en el Bank of England, de Londres, a nombre del Banco Internacional de Pagos, que tiene sede en Basilea, y que fue falso lo dicho por Bausili en el Senado. El titular del Central afirmó ante los senadores que el oro estaba en Suiza. La verdad es que nunca estuvo ahí. Y la AGN dirá, además, si ese movimiento fue razonable o no. Hay antecedentes de que las reservas de Irlanda fueron embargadas estando en Londres y, por otra parte, existe un riesgo obviamente originado en el conflicto de Malvinas. Las denuncias por el envío de los lingotes fueron hechas por Sergio Palazzo, líder de La Bancaria, que las hizo en el momento en que el físico se lo llevaban en camiones de caudales a Ezeiza. Después, las mentiras de Bausili fueron detalladas por los senadores Juliana Di Tullio y Martín Soria.

Pagina 12

AGN denunció que la entidad monetaria niega información

Dónde está el oro del Banco Central

Nada se sabe sobre el destino y rendimiento de las 37 toneladas que la institución remitió a Londres. La auditoría, frenada.

El Banco Central quedó en el foco de una controversia por la falta de transparencia para el manejo de las reservas de oro que fueron enviadas al exterior durante la actual gestión. El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, advirtió que la entidad monetaria se niega a brindar información sobre el destino y rendimiento de las 37 toneladas de oro que la institución remitió a Londres hace poco más de un año. El organismo de control sostiene que el Banco Central ampara su silencio en razones de confidencialidad que impiden avanzar con la auditoría.

“El intercambio de notas ya se ha agotado. No podemos avanzar con la auditoría, no podemos saber dónde está específicamente el oro, qué interés está rindiendo, si es que está rindiendo algún interés. Tampoco sabemos si se han pagado seguros de traslado, cuánto se ha pagado, si se han pagado comisiones”, señaló Olmos, quien además explicó que la entidad bajo conducción de Santiago Bausili nunca dejó de responder, pero “interpone excusas para no contestar”.

El titular de la AGN planteó esta situación ante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, presidida por Miguel Pichetto, donde advirtió que la falta de acuerdo parlamentario para designar a los nuevos auditores le impide hacer una presentación judicial sobre el tema. Ante esa limitación institucional, los legisladores evalúan citar a Bausili o bien intimarlo para que responda los pedidos de información, aunque admiten que el Banco Central se escuda en la confidencialidad del asunto para no ofrecer detalles.

“Nadie quiere lesionar el interés nacional, pero lógicamente que tiene que haber información por parte del Banco Central, la cual deberá utilizarse de la manera más responsable posible”, replicó Pichetto.

El argumento del BCRA, para Olmos, carece de sustento: “Nadie discute el carácter reservado y confidencial de algunas cuestiones que se manejan en el Banco Central, pero esto no alcanza al órgano auditor, que es la AGN. No es la primera vez que auditamos esta entidad y en situaciones análogas siempre se ha respetado la confidencialidad solicitada”. Según el funcionario, el organismo no busca divulgar información sensible sino verificar el cumplimiento de las normas de administración y custodia de los activos públicos.

La posición del Banco Central fue comunicada al Congreso a través de la Jefatura de Gabinete, en respuesta a un pedido de informes sobre la situación actual de las reservas de oro. En esa respuesta, la autoridad monetaria sostuvo que no puede brindar detalles sobre las operaciones de administración de reservas porque “permitirían dar a conocer movimientos y ubicaciones de los activos, comprometiendo su seguridad y la estabilidad del sistema financiero”. Aun así, el documento oficial incluyó un dato: al 31 de diciembre del año pasado el valor de las reservas en oro alojadas en el exterior ascendía a 5.206 millones de dólares, y a 6.733 millones de dólares al 7 de agosto último, de acuerdo a su valuación de mercado.

Desde la AGN, la auditora técnica Carla Pitiot confirmó que el Gobierno mantiene una actitud de opacidad frente a los pedidos de información. “Están jugando a las escondidas. El Banco Central está desobedeciendo una facultad que tiene la AGN como órgano máximo de control ante un pedido de colaboración. No solo desobedece la ley, sino que bloquea el trabajo de control”, afirmó.

Pitiot detalló que el organismo tiene constancia de dos envíos de oro a los mercados de Londres, por un total de 37 toneladas, y subrayó que “no se sabe su ubicación, si está rindiendo, si tuvo un costo o si contrataron un seguro para su traslado”. En su evaluación, el comportamiento del actual Gobierno frente a los organismos de control rompe con los estándares mínimos de transparencia: “Yo trabajo en la Auditoría desde el 93, y este es el gobierno más opaco, más oscuro”.

En el Congreso crece la inquietud ante la posibilidad de que el Banco Central mantenga oculta información clave sobre las reservas internacionales del país. Los legisladores evalúan próximos pasos para garantizar que la AGN pueda acceder a los datos que le permitan realizar su tarea de control, una función que constituye una de las piezas esenciales del sistema de transparencia y rendición de cuentas del Estado.

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Lo confirmó su titular, Juan Manuel Olmos, en el Congreso

La AGN auditará a facultades de la UBA y otras universidades

El organismo se comprometió a hacer los informes en un plazo de 6 meses.

La tensión entre las universidades públicas y el gobierno de Javier Milei se trasladó ahora a la comisión Bicameral Revisora de Cuentas que preside el diputado Miguel Angel Pichetto. El punto en cuestión fueron las auditorías y los legisladores opositores acordaron un plan de trabajo para el próximo año que indica que será la Auditoría General de la Nación (AGN) la que revise doce universidades, entre ellas cuatro facultades de la UBA, en contraposición con la Casa Rosada que intenta que sea la SIGEN. En la reunión estuvo el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, quién anticipó que los próximos informes serán en las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología.

Según el plan puesto a consideración por Pichetto, que se votaría el próximo martes, las auditorías se iniciarían a partir del 1 de febrero del 2025 con el objetivo de tener el primer informe para agosto o septiembre del mismo año. Y estaría a cargo de una comisión especial con los "mejores cuadros" de la AGN, según anticipó el titular del bloque Encuentro Federal. "La propuesta no es buscar si alguien se robó una partida, es ver cómo está. La propia autoridad quiere que la auditemos", dijo Pichetto que, también, reconoció que el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, le pidió que sea la AGN (organismo con control parlamentario) la que realice el estudio sobre las cuentas de las facultades de esa institución. 

Durante su exposición, Olmos destacó que hay una confusión de conceptos. "Una cosa es el control externo de los organismos, en este caso no hay ninguna duda que es la AGN la que realiza el control de las universidades. De lo que se está hablando es del control interno, de controles que hace el Poder Ejecutivo a través de la SIGEN, que responde en forma directa al presidente de la Nación. Nosotros no vamos a entrar en esa polémica, sí vamos a considerar ampliar lo más que podamos el control a universidades nacionales”. Por otra parte, Olmos también confirmó que se auditarán las compras en los ministerios de Defensa, Capital Humano y la empresa de energía eléctrica Cammesa.

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La AGN detectó serias irregularidades en la Oficina Anticorrupción macrista: de Caputo a Bullrich, los funcionarios que se beneficiaron y hoy están en el gobierno de Milei

La Auditoría General de la Nación señaló que la entidad que comandó Laura Alonso facilitó el conflicto de intereses de quienes integraban el gobierno de Mauricio Macri y no controló como debía las declaraciones juradas que presentaron los funcionarios por lo que también hizo la vista gorda para evitar enriquecimientos ilícitos. Los casos de los ministros Luis Caputo y Patricia Bullrich, del presidente del BCRA Santiago Bausili y del secretario de Industria Juan Alberto Pazo.

La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó recientemente que la actuación de la Oficina Anticorrupción (OA) durante el macrismo estuvo repleta de irregularidades y fue ineficiente. Entre otras cosas, señaló que la entidad que comandó Laura Alonso facilitó el conflicto de intereses de quienes integraban el gobierno de Mauricio Macri y no controló como debía las declaraciones juradas (DDJJ) que presentaron los funcionarios por lo que también hizo la vista gorda para evitar la detección de enriquecimientos ilícitos. Muchos de aquellos que se beneficiaron con el desdén de ese organismo hoy están otra vez en la gestión pública. Volvieron en la administración de Javier Milei –previo paso por el ámbito privado- como si el Estado tuviese una puerta giratoria. Entre ellos se destacan: el ministro de Economía Luis Caputo; el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo Juan Alberto Pazo y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por citar solo algunos ejemplos de quienes debieron ser señalados –antes y ahora- por la OA. La AGN también cuestionó la arbitrariedad con que la OA macrista se presentó como querellante en la Justicia. La prueba es contudente: solo lo hizo en causas contra dirigentes kirchneristas.

Un síntoma de lo que está sucediendo hoy lo sintetiza el reciente nombramiento de Ana Carina Larocca como Directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA. Larocca era la encargada de detectar los conflictos de intereses durante el macirmso en la entidad anticorrpución y fue desplazada del organismo durante la gestión de Alberto Fernández. Si bien el informe de la AGN confirma que el área que estuvo bajo la órbita de Larocca no fue para nada eficiente –al menos para lo que tenía que hacer-, fue repuesta en la OA por Milei y el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona en un cargo más alto que el que tuvo con Macri tal como se desprende del decreto 259/2024 publicado el pasado 15 de marzo en el Boletín Oficial. El mensaje pareciera ser el de la garantía de impunidad para quienes regresaron a la función pública.

Un dato relevante para comprender la gravedad de lo que está ocurriendo: la Oficina Anticorrupción se creó en 1999, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional. Junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (Fiscalía anticorrupción) tiene competencias y atribuciones para promover investigaciones administrativas y judiciales. Lo que se desprende del trabajo de la AGN es que hubo una manipulación del organismo para proteger funcionarios macristas y perseguir a dirigentes kirchneristas, que fue una característica del gobierno de Macri. La protección permitió que varios de aquellos funcionarios hoy estén nuevamente en el Estado.

Según pudo constatar El Destape, en la actualidad, Laura Alonso figura como asesora del bloque PRO en el Congreso como planta temporaria con la categoría A3, que es la tercera categoría más alta de las 14 que hay en la Cámara de Diputados.

El informe de la AGN

La AGN auditó la gestión que estuvo al frente de la Oficina Anticorrupción entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019. La AGN, a diferencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), no controla en tiempo real, no es concomitante. Pero en particular, este caso se demoró más de la cuenta porque la administración que comandó Laura Alonso obstaculizó el trabajo de auditoría.

Tal como consta en la resolución 23/2024 de la AGN del 26 de marzo pasado, en la que se aprueba este informe, el colegio de auditores recuerda “que las tareas de campo se iniciaron en mayo de 2018 no pudiendo desarrollar los procedimiento por la falta de colaboración y de entrega  de la información solicitada por parte de la Oficina Anticorrupción”. Esta obstaculización fue judicializada por parte de la AGN, que obtuvo sentencia favorable de primera instancia en septiembre de 2019. Pero la OA de Laura Alonso apeló esa decisión que finalmente la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó dos meses más tarde. “De esta manera se retomaron los trabajos de campo en el mes de marzo de 2020 las que se extendieron hasta julio de 2023”. Por eso recién se aprobó el informe a fines de marzo pasado.

A la luz de lo que surge del trabajo de la AGN, se comprende la negativa de Alonso a que se audite su gestión en la entidad.

De acuerdo al informe, la AGN se topó con los siguientes hallazgos:

En materia de Declaraciones Juradas

• En la OA macrista “no se concretaron las reformas necesarias para mejorar la calidad de la información contenida en la Declaración Jurada Patrimonial Integral, situación que dificulta la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito afectando la transparencia en el manejo de los recursos públicos”.
   
• La OA de Laura Alonso “no logró el fortalecimiento en la interrelación con las áreas de Recursos Humanos de los organismos donde se desempeñan los funcionarios obligados según lo previsto en el Plan de Acción, detectándose que en el 47% de los sujetos incumplidores no se cursó la correspondiente comunicación mientras que el 53% se realizó extemporáneamente”.
   
• “La OA no lleva un registro de las intimaciones cursadas verificándose un bajo nivel de denuncia a los funcionarios incumplidores (3,84%) para el periodo auditado, lo que dificulta la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito y debilita la rendición de cuentas de los funcionarios ante la sociedad”.
   
• “La OA no dio cumplimiento de forma efectiva y oportuna a las funciones asignadas detectándose debilidades en los mecanismos de control de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos”.

En materia de conflictos de intereses y violación de la Ley de Ética Pública

• La OA macrista “no diseñó para los casos en que le sea requerido un procedimiento de análisis de conflicto de intereses en el proceso de designación de funcionarios de alta jerarquía, ni un protocolo con estándares de conducta y normas post empleo”. Esto permitió la puerta giratoria en el gobierno macrista, que estuvo repleto de ejecutivos que se volcaron a la función pública. Esta situación se repite, y de una forma mucho más agresiva, en la actualidad.
   
•  “La ausencia de un Manual de Procedimientos para la intervención en los Conflictos de Intereses dificulta la función de prevención y detección e impacta directamente sobre la eficacia del proceso”.

Sobre el rol de la OA como querellante en la Justicia

• “La ausencia de criterios objetivos específicos para asumir el rol de parte querellante genera un impacto significativo en la eficiencia y efectividad del trabajo asignado y deriva en el tratamiento de las querellas sin una adecuada fundamentación, dado que no se advierten los parámetros utilizados para ponderar los casos en los que la auditada decida intervenir en su calidad de querellante, viéndose afectada la transparencia necesaria para este tipo de intervenciones por parte de la entidad auditada”. Es decir, la OA de Laura Alonso se presentó a querellar de forma arbitraria. Lo que quedó de manifiesto en que se perseguía a exdirigentes kirchneristas en la Justicia mientras se miraba para otro lado en lo que hace a funcionarios macristas.

Finalmente, la AGN concluye que “no se ha podido constatar el grado de avance en el periodo auditado de los compromisos asumidos por la OA en el Plan Nacional Anticorrupción”.

Entre las conclusiones se destaca que “con relación a los controles obligatorios encomendados a la OA sobre la evolución patrimonial de los funcionarios mencionados en el art. 5° de la Resolución 1000/2000 MJyDH, la carencia de un registro de reportes sobre los controles efectuados, no permite acreditar que se hayan realizado las revisiones correspondientes”. “Asimismo, se detectaron debilidades en los mecanismos de control implementados para su análisis, situación que no posibilita garantizar de forma efectiva y oportuna el cumplimiento de las funciones asignadas”, se añade.

El informe lleva la firma de los 6 auditores que tenía la AGN al momento que se realizó el informe: Juan Manuel Olmos (presidente);  María Graciela de la Rosa; Juan Ignacio Forlón; Gabriel Mihura Estrada; Alejandro Nieva; y Javier Fernández. El séptimo auditor debía ser Miguel Pichetto, quien asumió como diputado nacional y su cargo en la AGN aún no fue ocupado. El 6 de abril pasado vencieron los mandatos de Forlón y Mihura de Estrada por lo que la AGN quedó ahora con 4 integrantes.

Muchas de las cuestiones señaladas por este informe fueron abordadas la durante la presidencia de Alberto Ferández, en la gestión de Felix Crous al frente de la OA.

Los beneficiarios de una OA ineficiente

Esta situación en la OA comandada por Laura Alonso permitió que funcionarios macristas con posibles conflictos de intereses no fueran investigados como correspondía y hoy estén de vuelta en el Estado. A continuación una serie de ejemplos:

• Luis Caputo

En julio de 2020, un informe de la OA  "albertista" complicó la situación judicial del exministro de Finanzas durante el macrismo, Luis Caputo (hoy ministro de Economía), y de quien fuera su segundo en aquella cartera, Santiago Bausili (hoy titular del BCRA). Ese trabajo de la gestión Crous expuso a Laura Alonso, ya que dejó en evidencia que la anterior administración hizo la vista gorda en ese caso. El documento se elaboró a pedido de la Justicia y analizó la actuación de los exfuncionarios en la negociación de la deuda y el pago a los “holdouts” a la luz de ley de Ética Pública y sus inversiones financieras posteriores. El estudio se presentó en una causa que tramitaba en los tribunales federales de Comodoro Py y donde se investigó posibles “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” de Caputo, Bausili y Mario Quintana. En un dictamen del 17 de junio de 2020, el fiscal de ese caso, Federico Delgado (ya falleció), sostuvo que “los datos objetivos de la causa revelan la presencia de un conflicto de intereses o negociaciones incompatibles en las que incurrieron Santiago Bausili y Luis Andrés Caputo, porque como funcionarios públicos dividieron su lealtad entre los intereses públicos y privados”. “Los hechos reconstruidos en este expediente revelan que los antecedentes de los nombrados incidieron en las decisiones que adoptaron como funcionarios públicos y que debieron estar guiadas por el interés de la sociedad, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores”, añadió. A Bausili, por ejemplo, se lo acusaba de entregarle un negocio millonario al Deutsche Bank, entidad bancaria a la que estuvo vinculado y que dejó 5 días después de asumir el gobierno. Sí, después, según consta en el trabajo de la OA de Crous.

• Santiago Bausili

Bausili llegó a estar procesado por la mentada incompatibilidad hasta el día que se lo anunció como candidato a presidir el BCRA. Coincidencias temporales que Comodoro Py suele administrar a la perfección: el 5 de diciembre de 2023, cinco días antes de la asunción de Milei, la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín “Doctrina” Irurzun y Eduardo Farah,  revocó su procesamiento.

Bausili estaba procesado por negociaciones incompatibles con la función pública por su accionar durante el gobierno de Macri por favorecer a su ex empleador, el Deutsche Bank, uno de los bancos que se benefició con la colocación de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado argentino, en la que participó el propio Bausili siendo funcionario. La mano derecha de Toto Caputo había sido empleado del Deutsche Bank hasta que asumió en el gobierno de Macri y tenía bonos del banco. Hasta comienzos de diciembre, Bausili tenía un embargo de 40 millones de pesos por estar a los dos lados del mostrador durante la negociación de la deuda y el pago a los “holdouts”. Su abogado fue Matías Cuneo Libarona, hermano de Mariano, el actual ministro de Justicia de Milei.

• Juan Alberto Pazo

Según denunció recientemente el diputado Rodolfo Tailhade en un informe que elaboró para su canal de YouTube, Juan Alberto Pazo, actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo, es uno de los grandes beneficiarios del aumento de la carne porque controla un fondo ganadero que se llama Invernea.  Pero además, denunció el diputado, participa en sociedades offshore en Panamá, en sociedades en Miami y posee un departamento lujoso también en Miami -a través de una sociedad LLC - que no declaró entre 2016 y 2019 cuando fue funcionario macrista. Entre marzo de 2016 y febrero de 2017 Pazo fue Director de Comunicación de la UIF (gestión de Mariano Federici). Luego pasó a desempeñarse como Superintendente de Seguros de la Nación, organismo descentralizado del Ministerio de Economía, hasta que el macrismo se fue del gobierno.

Rodolfo Tailhade 

@rodotailhade

Terminamos una investigación que debería provocar la renuncia inmediata de un importante funcionario de Milei. Spoiler: le encontramos más offshores y propiedades sin declarar que a Macri y toda su familia, primos segundos incluidos.

La periodista Invy Cangaro también publicó en Dataclave los vínculos de este empresario textil con Federici: “Pazo fue CEO de ‘Las Blondas’, el holding textil de su esposa, Josefina Helguera, asociada con Francisco De Narváez; una empresa a la que luego, como funcionario de la UIF, debió investigar”. El vínculo de Pazo con Federici y entre sus esposas continúa hasta hoy. Lo mismo que su amistad con Caputo. "Las Blondas " comercializa, entre otras, a la marca "Rapsodia".

Es evidente que este caso también expone la inacción de la OA macrista.

• Patricia Bullrich

La actual ministra de Seguridad también fue denunciada en la Justicia por la OA a cargo de Felix Crous, que vio lo que la OA de Laura Alonso no quiso ver. Hubo cuatro presentaciones contra Bullrich. Fueron en los casos “G20”, “Lanchas”, “Ciberseguridad” y “Sistemas de Fronteras”. Las cuatro causas siguen en trámite.

A esto se suma que en la actualidad muchos funcionarios del gobierno de Milei aún no presentaron sus declaraciones juradas. Y que hay muchos “asesores fantasma” que tal como publicó este medio ingresan a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos cual lobistas. Algunos fueron designados en cargos ad honorem. Otros ni siquiera. De esto dan cuenta las siguientes notas publicadas en El Destape:

• Los 26 ingresos en 51 días de Sturzenegger a la Rosada y Olivos mientras se gestaban el DNU y la ley ómnibus
• Abogados del estudio Funes de Rioja y otros grandes bufetes de la city estuvieron en la Rosada mientras se gestaba el DNU y la ley Ómnibus
• Los 7 ingresos de un referente de las prestadoras de Salud a Rosada mientras se diseñaba la desregulación del sistema

¿Qué hará ahora la actual gestión de la OA?

La OA como órgano de persecución

Tal como se señaló, la AGN también sostuvo que la OA fue arbitraria durante el macrismo para definir en qué casos judiciales se involucraba como querellante.

Tal como publicó El Destape el 16 de junio de 2019, la OA de Laura Alonso al menos querellaba en 19 causas contra funcionarios kirchneristas y en ninguna en que estuviera involucrado algún funcionario macrista, cuando había sobradas muestras que desde Macri para abajo había razones para involucrarse en temas de corrupción.

Ante este escenario, la gestión de Crous decidió que la OA deje de actuar como querellante en causas judiciales. En la actualidad, en otro síntoma de lo que vendrá, el ministro de Justicia Cuneo Libarona retomó la idea de que la OA se presente a querellar. Un indicio más de la restauración que se busca imponer en el organismo anticorrupción.

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