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28 de agosto de 2026

Freno al sobreendeudamiento: la oposición formalizó el pedido de sesión

La oposición avanzó con el pedido de sesión en Diputados para tratar discapacidad y sobreendeudamiento. La iniciativa busca volver a poner al Gobierno contra las cuerdas.

La oposición avanzó en Diputados y logró pedir formalmente el pedido de sesión para el 9 de septiembre al mediodía, con una batería de proyectos centrados en dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en Discapacidad y la situación de las familias sobre Endeudadas con bancos y billeteras virtuales. El objetivo de los distintos bloques es forzar al oficialismo a avanzar con el tratamiento en comisión de las iniciativas y obligarlos a llevar la discusión al recinto.

La movida llega después de que estos mismos sectores reunieran 133 votos en la Cámara baja el miércoles pasado. A eso se sumó una conferencia de prensa conjunta en el Salón de Pasos Perdidos, con una foto que alimentó las especulaciones sobre un eventual "frente anti Milei" en el Congreso. Ahora, el objetivo es trasladar esa coordinación al funcionamiento concreto de la Cámara.

La oposición decidió incluir la totalidad de los proyectos vinculados al sobreendeudamiento para evitar dejar afuera a ninguna fuerza política y "preservar la unidad". El pedido lleva las firmas de Germán Martínez, Pablo Juliano, Oscar Herrera Ahuad, Sebastián Nóblega, Marcela Pagano, Maximiliano Ferraro, Nicolás del Caño y Miguel Ángel Pichetto, entre otros diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Coherencia, Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda-Unidad (FITU)

También acompañaron la convocatoria Ernesto “Pipi” Ali, Carlos Castagneto, Cecilia Moreau, Martín Lousteau, María Inés Zigarán, Nicolás Massot y Fernanda Ávila.

"Distintos bloques convocamos a una Sesión Especial el miércoles 9 de septiembre para abordar dos temas urgentes: el sobreendeudamiento de las familias y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. Por un Congreso que mire y escuche. Que sienta y entienda. Que discuta y legisle con y para el pueblo", escribieron desde la cuenta oficial de X del bloque de diputados de Unión por la Patria al confirmar la presentación del pedido de sesión.

El problema de las comisiones

El principal desafío aparece en la letra chica del pedido. La batería incorpora 50 expedientes sobre morosidad, pero no todos tienen el mismo giro de comisión. Esto obliga a la oposición a definir con precisión qué comisiones deberá emplazar para conseguir que los proyectos comiencen efectivamente a ser tratados.

Las dos comisiones que más se repiten en los giros son en Finanzas y en Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. En este último caso, la situación es más favorable para los impulsores de la sesión: la comisión está presidida por Hugo Yasky, de Unión por la Patria, y tiene como vicepresidenta a Mariela Coletta, de Provincias Unidas. Por ese motivo, no sería necesario recurrir a un emplazamiento para activar su funcionamiento.

Distinto es el escenario en Finanzas. La comisión está encabezada por el oficialista Santiago Pauli y no avanzará con el tratamiento de los proyectos hasta que el recinto apruebe previamente el emplazamiento. Ese podría ser ser uno de los principales obstáculos para la estrategia opositora.

El Destape

27 de agosto de 2026

En busca de que alguien saque los "dólares del colchón"

Media sanción para la nueva Inocencia Fiscal del Gobierno

El oficialismo consiguió la aprobación en Diputados del proyecto que impulsó el ministro Caputo. Elimina los topes y amplía los alcances de la primera ley, que no logró gran adhesión.

El oficialismo logró en la madrugada aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Se trata de un nuevo intento de reactivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero.

Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de esa iniciativa, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votaron Unión por la Patria, la izquierda y un puñado de diputaods de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Los dólares que busca el Gobierno

Al presentar la iniciativa, el ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho que la intención era garantizar que los beneficios previstos por la ley se mantengan “independientemente de cuál sea el gobierno de turno”.

Durante la presentación, Caputo señaló que existe “una masa muy grande de dólares en el colchón” y afirmó que el Gobierno calcula que los argentinos conservan alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal.

Hasta el momento, el régimen quedó por debajo de las expectativas oficiales. Según informó ARCA, unas 330.000 personas adhirieron al sistema de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. De ese total, 170.115 ya presentaron su declaración, mientras alrededor de 99.000 mantienen el trámite en estado de borrador.

Los detalles del proyecto

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias. Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Pagina 12

26 de agosto de 2026

El Gobierno busca la media sanción de la reforma del BCRA y de Inocencia Fiscal II

Diputados, entre la agenda libertaria y la de las problemáticas sociales

La oposición intentará un apartamiento de reglamento para emplazar los proyectos sobre familias endeudadas y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. La visita del Papa y su impacto en el temario legislativo.

Paula Marussich
Mientras el oficialismo ordena la tropa para darle media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Proyecto de Inocencia Fiscal II desde el mediodía, la oposición se prepara para avanzar con una agenda alineada con los padecimientos populares, entre ellos, el endeudamiento masivo de millones de familias y el incumplimiento de la Emergencia en Discapacidad. La ofensiva opositora cuenta con un primer obstáculo: Martín Menem exigirá las tres cuartas partes de los votos del recinto para emplazar los expedientes por no ser parte del temario. Aun no contando con los votos, será un primer testeo de adhesiones para llamar a una sesión especial el próximo 9 de septiembre. La potencial visita del Papa León XIV al Instituto Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidad, ya opera como el instrumento de presión menos pensado para un gobierno capaz de vetar la ayuda a quienes más la necesitan. Para Milei, la agenda de la oposición solo busca “generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política”.

Lejos de convalidar cualquier paliativo para los millones de endeudados, el Gobierno volvió a rechazar cualquier tipo de asistencia bajo el insólito argumento de que hacerlo sería “salvar a los bancos”. La explicación corrió por cuenta del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien ayer aseguró que “las líneas de crédito se incrementaron en 2025, en concreto con el ataque político del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro”. Con esta declaración, el Gobierno dio en las últimas 72 horas tres señales concretas de que no ayudará a quienes contrajeron deudas a salir del laberinto al que la propia administración libertaria los empujó con la desregulación de las tasas de interés, la depreciación de los ingresos y el aumento sin límite de los gastos fijos.

Mientras trabaja en criterios para unificar los 28 proyectos que se acumulan en la Cámara Baja, la oposición podría impulsar hoy un apartamiento de reglamento para forzar el tratamiento en comisiones tanto de los proyectos de desendeudamiento como de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. A diferencia de 2025, cuando la oposición usó incluso las sesiones del oficialismo para emplazar sus propias iniciativas, el presidente de la Cámara, Martín Menem, exige ahora tres cuartos de los votos para ampliar el temario. “Nosotros vemos un escenario donde no vamos a tener los votos, pero vamos a llevar el tema al recinto para tener un poroteo un poco más fino de con quién contamos”, explicaron desde el bloque Provincias Unidas a Página/12.

En efecto, la sesión será una prueba de fuego para el nuevo bloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz, y que promete menos alineamiento con la Casa Rosada y guiños al peronismo. Con ese resultado, los bloques Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica y los bloques provinciales que se alineen detrás de esta agenda se reunirán el jueves para avanzar en una sesión especial el próximo 9 de septiembre.

El otro tema con el que la oposición busca avanzar es con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. Luego de vetarla y de que el Congreso insistiera con dos tercios en ambas cámaras, el Gobierno reglamentó la Emergencia en Discapacidad por orden judicial. Así y todo, los familiares y las organizaciones denuncian una y otra vez la falta de recursos y las trabas con las que se encuentran a diario para acceder a prestaciones básicas. El proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia declarada por la Ley 27.793. Según explicó el diputado Juan Marino, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad: “El proyecto responde a un reclamo generalizado de las organizaciones de y para personas con discapacidad, y cuenta con las firmas de los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Primero San Luis”. La transversalidad de las firmas da cuenta de un futuro revés para el Gobierno. “Es un tema en el que estamos invictos”, confió un diputado de UxP a Página/12.

La presión menos pensada

El Gobierno busca salir airoso de la visita de León XIV y capitalizar su paso por la Argentina. Pero la agenda que delinea el Vaticano muestra enormes diferencias con el presidente de ultraderecha. Milei es un fan confeso de los tecnomillonarios a los que el pontífice combate. En su última encíclica, León XIV reclama humanizar la tecnología y advierte que los algoritmos no son neutrales.

Por otra parte, la Iglesia sigue de cerca la crisis en discapacidad. Días atrás se supo que el Instituto Don Orione de Claypole aparece entre los lugares que el Papa podría visitar durante su estadía en el país. El 30 de agosto llegará una segunda misión de avanzada del Vaticano para recorrer los posibles escenarios de la visita prevista para noviembre. La presencia de León XIV en uno de los ocho institutos Don Orione que hay en el país, donde viven unas 400 personas con discapacidad que no cuentan con una red familiar capaz de sostener sus cuidados, podría convertirse en la mayor vidriera para una agenda que Milei castiga y esconde debajo de la alfombra.

La sesión

Sin mayores contratiempos, el oficialismo se encamina a aprobar la reforma al Banco Central —un tema que obsesiona al presidente Javier Milei desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo incorporó a su menú de exigencias— y la Inocencia Fiscal II. También se tratará la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). La oposición descuenta que el oficialismo reunirá el quórum y aprobará la reforma, aunque adelantan que “el blindaje a Bausili puede tener menos votos que la ley en general”.

“Hemos trabajado durante 20 días, creemos que tenemos los números, pero no hay que ser exitistas”, dijo el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, tras asistir a una cumbre de legisladores en la Casa Rosada que encabezó el propio Milei. Según trascendió, “Milei explicó que una de las principales estrategias de la oposición consiste en instalar determinados temas como ‘mercados repugnantes’, capaces de generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política”.

Según informó la Casa Rosada, “Milei se refirió a los cuestionamientos sobre la morosidad y sostuvo que es necesario analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico. Destacó la consistencia de la política fiscal y monetaria y remarcó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento”.

Pagina 12

20 de agosto de 2026

Por un freno al drama de vivir para pagar deudas

Hay casi 30 proyectos para familias endeudadas que LLA bloquea en el Congreso

Los opositores buscan legislar para solucionar el problema de millones de morosos, pero se encuentran con el freno en las comisiones que maneja LLA y sus aliados.

Paula Marussich

Mientras crece la morosidad a niveles récord, este jueves miles de endeudados se concentrarán en las puertas del Ministerio de Economía. La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales convocaron a una movilización que busca sacar del interior de los hogares el drama de vivir para pagar deudas y convertirlo en un problema colectivo que exige respuestas políticas. En el plano sindical, la central obrera advierte que el plan de lucha se profundizará hasta “cambiar el rumbo del país”. En el Congreso, los proyectos se acumulan, pero chocan contra el bloqueo de las comisiones que manejan los libertarios y sus aliados. Para el oficialismo, el endeudamiento “es un problema entre privados”. De las 28 iniciativas que se contabilizan en la Cámara baja, el peronismo busca unificar criterios para avanzar en el corto plazo con una herramienta que permita que “los endeudados encuentren un canal de representación”. La oposición responsabiliza a Milei por su política de salarios bajos y la desregulación de las tasas de interés incluida en el decreto 70/2023, todavía vigente, “por el lobby inmobiliario”, recuerdan.

La contracara del paraíso prometido por Javier Milei, una sociedad liberada de la intervención del Estado, es el endeudamiento. Un problema estructural, originado por la desregulación de las tasas de interés, la depreciación de los ingresos y el aumento sin límite de los gastos fijos. Casi tres años después de su llegada a la Casa Rosada, el resultado del experimento libertario se refleja en los niveles de morosidad más altos de las últimas dos décadas. Según los últimos datos del Banco Central, la mora de las familias alcanzó el 12,8 por ciento. En paralelo, un reporte de la consultora Analytica señala que el número de personas con al menos una deuda alcanza los 19,8 millones. El trabajo contempla tarjetas, billeteras virtuales, fintech y mutuales. De ese universo de endeudados, cerca de 6 millones ya son morosos y lidian con la vergüenza y el hostigamiento permanente por no poder pagar. Un acoso que se extiende a familiares y contactos.

Una respuesta política

Desde el mes de enero, Unión por la Patria intenta abordar la problemática. Si bien el tema fue llevado a dos sesiones en la Cámara Baja, las iniciativas no lograron emplazarse a las comisiones que pueden dictaminar por falta de quórum y la discusión solo corrió por los carriles de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el diputado Hugo Yasky. “El tema quedó en un limbo por Adorni y el Mundial”, reconoció una fuente parlamentaria a Página/12.

Sin embargo, en los últimos meses el problema del endeudamiento se convirtió en un drama que requiere respuestas urgentes. El diagnóstico es compartido por otros bloques como Provincias Unidas y la Izquierda, que también presentaron proyectos. Estas fuerzas políticas ya trabajaron juntas durante 2025 y lograron sanciones importantes como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, que Milei vetó y el Congreso logró rechazar reuniendo los dos tercios necesarios.

De los 28 proyectos que ingresaron a la Cámara Baja, el bloque que preside Germán Martínez trabaja en el “marco conceptual” que permita unificar proyectos para darle a los endeudados una herramienta concreta en el corto plazo. Solo ese bloque tiene más de 20 iniciativas. En los últimos 14 días se trabajó en analizar los proyectos para buscar puntos en común. “El eje de partida es establecer cuál es el universo de deudores”, explican en el bloque: si se va a legislar para los 20 millones de personas que contrajeron al menos una deuda o para los 6 millones que están en mora.

El segundo aspecto a definir es a qué segmentos irá dirigida la ayuda. Hay al menos cuatro segmentos identificados: quienes se endeudaron con tarjetas de crédito bancarias; quienes le deben a billeteras virtuales; quienes tienen problemas con tarjetas comerciales o no bancarias y, finalmente, quienes tomaron crédito irregular. Del cruce de estas dos variables (universo de deudores y segmento) saldrá la letra del proyecto que la oposición buscará aprobar, explican a Página/12.

A pesar de que algunas iniciativas contemplan la creación de un fondo para dar garantías parciales a las entidades, subsidiar tasas para personas de bajos ingresos y cubrir determinados créditos incobrables, fuentes consultadas por este diario aseguraron que el objetivo no es sancionar “un plan platita”, sino crear “una herramienta de mediación extrajudicial” que podría gestionar la Secretaría de Comercio. Solo de esta manera el proyecto podría saltearse la Comisión de Presupuesto que preside Bertie Benegas Lynch. “Lo que hacemos es que un juez pueda mediar y pueda indagar cómo está constituida la deuda que tiene cada ciudadano que hoy está sobreendeudado. Este proyecto no implica costo fiscal, no estamos creando tribunales especiales. Vamos al grano para resolver el problema”, detalla en el mismo sentido el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, autor de uno de los proyectos.

Para la oposición, el endeudamiento es “el resultado de la política de bajos salarios de Javier Milei y la desregulación de las tasas de interés, contempladas en el DNU 70/2023 que nunca pudimos rechazar”, explica un diputado de Unión por la Patria a este diario, quien además recuerda que “se estuvo a seis votos de voltearlo”, pero no se pudo por el lobby inmobiliario. En efecto, el decreto significó el kilómetro cero del nuevo drama social. El mega DNU contempló en un mismo texto la derogación de la Ley de Alquileres, la desregulación de las prepagas y la liberación de las tasas de interés que hoy asedian a las familias.

Con las comisiones bloqueadas por los libertarios, la oposición buscará pedir un apartamiento del reglamento en la sesión prevista para el próximo 26 de agosto. Ese día el oficialismo quiere que se trate la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El apartamiento le permitiría a los bloques emplazar los proyectos para aliviar a los endeudados a sus respectivas comisiones.

Las demandas del nuevo sujeto social

Desde Movida Ciudadana, una de las agrupaciones de endeudados que este mediodía marchará al Ministerio de Economía, plantearon los aspectos centrales que debería contemplar un proyecto de ley para dar respuesta a la crisis. La socióloga e investigadora Luci Cavallero, activista de la organización, reclama una ley de emergencia crediticia que establezca un marco para el desendeudamiento de los hogares, regule la actuación del sistema financiero y de los proveedores de crédito e incorpore herramientas de transparencia y control frente a las prácticas abusivas. Entre los puntos centrales también aparece la necesidad de que el Estado recupere capacidad de intervención sobre las tasas de interés y la puesta en marcha de un plan que contemple quitas y condonaciones agresivas. “Estamos hablando de familias que se endeudaron para comprar bienes y servicios básicos, de un endeudamiento para vivir. Rescatarlas sería un acto de justicia económica, no un regalo ni un privilegio”, sintetizó Cavallero.

En espejo

Muchas de las iniciativas se inspiraron en el “Desenrola Brasil”, el programa federal de renegociación de deudas de personas morosas que lanzó Lula en 2023 y estuvo vigente hasta mayo de 2024. La política apuntó especialmente a los sectores de menores ingresos y no se limitó a las deudas con tarjetas o bancos: permitió renegociar obligaciones financieras y no financieras, incluidas las contraídas con servicios como electricidad, telefonía y educación. Al cierre del programa, cerca de 15 millones de personas lograron renegociar sus deudas.

Pagina 12

12 de agosto de 2026

El peronismo citará a Lamelas al Congreso

La CALF denunció el apriete de la embajada de EEUU y defendió la “autonomía” tecnológica del país

Los directores de la cooperativa eléctrica más grande de la Patagonia expusieron los detalles de las presiones que recibieron para abandonar un acuerdo con la firma china Huawei. El silencio de la Cancillería.

Eva Moreira

“No está bien que una embajada extranjera se contacte con una cooperativa y le diga lo que debe hacer”, se quejó el gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Cooperativa provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), Sergio Fernández Novoa, frente a los diputados que lo escuchaban denunciar los aprietes que la institución --que tiene más de 90 años de trayectoria-- recibió de parte de la embajada estadounidense. Los dirigentes de la entidad denunciaron “intromisión a la autonomía” al detallar que desde la sede diplomática norteamericana les pidieron que den de baja acuerdos con la empresa china Huawei y los amenazaron con sacarles las visas de ingreso al país del norte. Los diputados libertarios, ante los cuestionamientos de los legisladores de la oposición a la falta de defensa de la soberanía argentina por parte del gobierno de Javier Milei, abandonaron la reunión. Desde la Comisión que preside el peronista Aldo Leiva confirmaron a Página/12 que se va a convocar al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, para que se presente a dar explicaciones en el Congreso.

Ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, los dirigentes de la CALF denunciaron aprietes de la embajada de los Estados Unidos para que den de baja el acuerdo con la empresa de tecnología Huawei. Específicamente, se niegan al proyecto que avanzaría en un tendido de fibra óptica en Vaca Muerta y un data center de inteligencia artificial regional.

Según detalló Yenny Fonfach, secretaria general de la cooperativa de Servicios Públicos de Neuquén, se presentaron en congreso en busca de un ámbito institucional para detallar lo ocurrido. “No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada. Venimos a esta comisión que es soberana, donde se debe defender la autonomía”, sentenció. A su vez, aseguró que “hubo una intromisión a esta autonomía” que debe tener toda cooperativa.

El conflicto se produjo cuando desde la embajada le hicieron llegar mensajes de WhatsApp a funcionarios de la cooperativa con amenazas de retiro de visas si la CALF continuaba con intenciones de avanzar en el acuerdo con la empresa china. Luego, el propio Lamelas confirmó en declaraciones las presiones a los cooperativistas neuquinos, al argumentar que la decisión no implica una intromisión en la soberanía argentina, sino una medida vinculada exclusivamente con la seguridad nacional de Estados Unidos.

En detalle, el generante de tecnología de la CALF, Sergio Fernández Novoa, relató en la comisión que fue él quien recibió un primer mensaje de Andrew Ditz, que se presentó como agregado comercial de la embajada de Estado Unidos. Ditz le manifestó preocupación por la relación de la cooperativa con la empresa Huawei. Un segundo mensaje del agregado comercial amenazó a los directivos con que, si seguían adelante con la empresa China, podrían quitarles las visas. Fernández Novoa también relató que intentaron comunicarse con el canciller Pablo Quirno, y se quejó de que no hubiera respuesta gubernamental sobre lo ocurrido. Es que la cooperativa y envió una nota dirigida al canciller para reclamar la intervención del Gobierno argentino.

A su vez, se refirió a las declaraciones del embajador estadounidense, Peter Lamelas, que manifestó preocupación por el anuncio de la empresa y el municipio de Neuquén sobre la colocación de un data center de marca Huawei. Para Fernández Novoa, el planteo de que está en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad argentina “es un eufemismo que esconde la verdadera pretensión, que es poder eliminar competencias tecnológicas de las empresas norteamericanas”, analizó frente a los diputados.

Por otro lado, detalló que la CALF mantiene relaciones con Huawei, como mantiene relaciones con numerosas empresas argentinas, de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. En tanto, explicó que normalmente operan con marcas de tecnología de todas partes del mundo y las complementan entre sí.

El gerente de tecnología precisó que un data center “es una especie de contenedor, es el edificio donde uno va a colocar los hardware, los racks, que pueden ser de distintas marcas”, y puntualizó que “el data center más importante de YPF es Huawei, el data center de la empresa de energía de Córdoba (EPEC) es marca Huawei”. En tanto manifestó que “lo importante del data es donde se alojan los datos digitales, no la estructura”.

“El storage del Banco Central de la Argentina es Huawei, el storage de ARCA -que algo tiene que ver con nuestra cuestión impositiva- es Huawei, de Trenes Argentinos, de Senasa, es Huwei y de muchas provincias, como las provincias de Buenos Aires o Corrientes”, especificó. Por lo que marcó la extrañeza de los mensajes desde la embajada que advertían que habían sobrepasado un límite con Huawei y siguió enumerando empresas privadas como Personal Flow, Movistar y Claro que tienen sus principales activos de marca Huawei.

“No tenemos exclusividad con ninguna de las marcas, nuestra intención es seguir trabajando con la marca que más nos convenga, el precio que mejor nos convenga, y la tecnología que nos permita ser más competitivos, aquellos que nos consigan financiación, por ahí pasa la cosa”, contó.

Finalmente, se refirió al apriete: “No está bien que una embajada extranjera se contacte con una cooperativa y le digan lo que deben hacer”. Además, adelantó los proyectos que tiene la CALF en la zona de Vaca Muerta. “No solo vamos a hacer ese data center, sino que vamos a construir parques solares porque entendemos que las provincias deben comenzar a transitarse el camino del autoabastecimiento energético, energías limpias, y propias, salir de determinadas situaciones abusivas en lo que tiene que ver con los costos de la energía”, relató. Por lo que anunció que en cada uno de esos parques solares van a destinar 1 mega para un data center, “porque es necesario tener soberanía de datos”.

Otro de los planteos de Fernández Novoa giró en torno a dónde van los datos de los argentinos. Y se refirió a lo que se llama cloud storage o la nube. “La nube también termina siendo un aparato, un hardware, con un sofware, pero que no esta en argentina”, resaltó. “Hoy argentina solo tiene 44 megas de capacidad instalada de almacenamiento de datos digitales. Entonces dijimos vamos a construir una red troncal en todo el circuito petrolero”, anunció al detallar que hoy la mayor parte de la tarea tecnológica es hecha por empresas transnacionales.

“Nosotros creemos que la soberanía no solo se construye con discursos, con legislaciones, sino también con hechos concretos, y hoy que el mundo va hacia la inteligencia artificial, y que esta va a tener tanto que ver con el derrotero cotidiano de la sociedad, poder tener soberanía de datos, poder tener tecnología propia va a significar un avance real para todos y cada uno de los argentinos”, concluyó.

A la hora de las consultas de los diputados, los libertarios decidieron levantarse y dejar la reunión. Gerardo Huesen, Karen Reichardt, Mónica Becerra y Facundo Correa Llano, fueron algunos de los diputados violetas que dejaron la sala incómodos por las observaciones de legisladores de otros bloques sobre la intromisión de Estados Unidos.

La diputada Florencia Carignano fue un de las primeras en plantear que esto sucede porque desde el gobierno nacional no se defiende la soberanía nacional. De igual manera, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó a los integrantes de la cooperativa que informen el resultado de la reunión que tendrán en la Embajada estadounidense, ya que Fonfach precisó que fueron convocados a un encuentro este miércoles.

Martínez, al término del encuentro, pidió citar a Peter Lamelas para que dé cuenta de los acontecimientos ante el Congreso, algo en lo que el presidente de la comisión, el peronista Aldo Leiva, avanzará en los próximos días, según pudo saber este diario.

Durante la reunión, el socialista Esteban Paulón fue otro de los que objetó la relación que el Estado argentino mantiene con el gobierno de Donald Trump al señalar que “el acuerdo del gobierno con Estados Unidos cede completamente la propiedad de los datos a las empresas estadounidenses”. “Quirno firmó un acuerdo que baja los estándares de datos personales que tenemos en Argentina”, marcó.

China vs. Estados Unidos

Ante lo sucedido la embajada china difundió un comunicado donde sostiene que la embajada estadounidense impulsó la idea de una “amenaza china” y utilizó la revocación de visados para bloquear la cooperación con Huawei. De esta forma, Beijing calificó estas prácticas como una “grave falta de respeto” a la soberanía de terceros países.

El comunicado también manifiesta que Estados Unidos “no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país”, y resalta que el accionar de la embajada “pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita”. Por ese motivo, instó a Washington a corregir su percepción de China y a poner fin a lo que definió como “prácticas hegemónicas”.

Pagina 12


7 de agosto de 2026

El proyecto de Sturzenegger perdió otro capítulo clave

La Ley de Manejo del Fuego terminó en incendio

Al final, la meneada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” quedó reducida a solo dos capítulos, que también sufrieron retoques. La presión social también volteó las modificaciones pensadas por Sturzenegger, validadas por Milei y defendidas por Bullrich a favor de los incendios especulativos.

Paula Marussich
Por segundo día consecutivo, la oposición demostró que la presión política y social tiene consecuencias. La movilización que resistió una feroz represión en las inmediaciones del Congreso y el trabajo parlamentario del interbloque Popular le arrebataron a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada otro capítulo clave: las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que abrían la puerta a la especulación inmobiliaria. Sin esos capítulos, el Gobierno solo pudo aprobar los desalojos exprés y las nuevas restricciones a las expropiaciones.

Durante su cierre, Patricia Bullrich tuvo que dar explicaciones por los más de 17 cambios que sufrió el dictamen original. “Quieren que termine mal, quieren que fracase todo”, dijo, molesta. El encargado de anunciar el retiro del capítulo IV fue el senador Agustín Coto, miembro informante del proyecto. El otro responsable político del fracaso fue Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa.

Según explicaron desde el bloque peronista a este diario, los cambios introducidos en la última versión del dictamen afectaban los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente, impulsada en 2020, establecía que el destino de los terrenos incendiados no podía modificarse durante 60 años cuando se trataba de bosques nativos, humedales y otros ecosistemas protegidos, y durante 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas. La nueva redacción eliminaba esos plazos. “Vacían la normativa, quitan los años de prohibición y la reducen a cuestiones meramente declarativas que, en un sistema desfinanciado, no se van a cumplir”, señalaron desde el despacho de Wado de Pedro.

“Quisieron meter una ley para vender el territorio argentino y entregar la soberanía a los extranjeros entre la semifinal y la final del Mundial. Hoy quedó en evidencia que es invotable: postergaron el debate por tercera vez. Es tan indefendible que no se animan ni a nombrarla”, escribió De Pedro en X.

El senador dedicó buena parte de la jornada a reunir los apoyos de Beatriz Ávila, Flavia Royón, Edith Terenzi, Alejandra Vigo, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Julieta Corroza. Con el peronismo plantado en 36 votos, el oficialismo optó por retirar el capítulo antes que exponerse a una nueva derrota en el recinto.

Pagina 12

6 de agosto de 2026

Senado: la oposición denuncia que no pudo leer la última versión del proyecto oficialista

Sin el capítulo de extranjerización de tierras, el Senado debatirá este jueves a las 14 en una sesión ordinaria el proyecto de propiedad privada. El peronismo reclamó que la iniciativa regrese a comisión antes de ser debatida en el recinto. 

El Senado trata este jueves 6 de agosto la reforma de la Ley de Tierras, dentro del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La jornada estará marcada por el debate sobre el régimen que regula la propiedad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros y las marchas en contra de la aprobación del proyecto, en un debate que se prevé largo y con un resultado ajustado e incierto. La discusión concentra la atención de los distintos bloques políticos y de los sectores vinculados a la producción agropecuaria, los recursos naturales y la soberanía territorial.

Seguí minuto a minuto el debate parlamentario, las posiciones de los senadores, las modificaciones que puedan introducirse y el resultado de la votación. Además, las últimas noticias sobre la marcha contra la ley de Tierras, las repercusiones políticas y las principales definiciones que surjan durante la sesión.



Bullrich tuvo que bajar el capítulo de extranjerización de tierras de la ley que se trata hoy

El gobierno no logró poner en venta el país

El contundente rechazo social obligó a varios gobernadores y senadores a adelantar un voto negativo. Quedan preocupantes puntos del proyecto y se prevé una nutrida manifestación frente al congreso.

Paula Marussich

Un trapo de Malvinas en la semifinal del mundo, una convocatoria a una marcha multitudinaria, el pronunciamiento de los artistas más influyentes y el trabajo incansable de académicos que advirtieron a la sociedad sobre el daño de la ley lograron lo impensado: evitar que el país se venda. La presión social de un colectivo diverso hizo que el oficialismo perdiera apoyos y tuviera que retirar el capítulo sobre la extranjerización de la tierra para mantener a flote la sesión de este jueves. La rosca política, debajo de la superficie, apuró los pronunciamientos de los gobernadores de Tucumán, Misiones, Salta y Neuquén, un golpe que Bullrich no esperaba y la Casa Rosada menos.

Con la convocatoria a marchar todavía activa, el Gobierno buscará aprobar esta tarde el resto del proyecto bautizado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La iniciativa contempla los desalojos exprés, la eliminación de artículos de la Ley de Manejo del Fuego que buscan desalentar la especulación inmobiliaria, y un cambio en el concepto de utilidad pública que quita capacidad al Estado para avanzar en posibles expropiaciones.

Crónica de una derrota

“Se está hablando de que se cae”, “nadie quiere sesionar”. Los mensajes llegaban a los celulares de los senadores el miércoles por la mañana, cuando el sueño libertario de rematar el país en beneficio de los tecnomillonarios comenzó a flaquear.

El senador radical Daniel Kroneberger abandonó el ostracismo y adelantó su voto en contra de las derogaciones a la actual Ley de Tierras. Su pronunciamiento se sumó al de los gobernadores dialoguistas que decidieron soltarle la mano al Gobierno.

Primero, Osvaldo Jaldo adelantó que las senadoras tucumanas rechazarían el proyecto libertario. “He conversado con las dos senadoras nacionales y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, avisó el mandatario, que supo colaborar con muchas de las leyes más antipopulares del gobierno de Javier Milei.

Según pudo reconstruir este diario, detrás de los pronunciamientos de los gobernadores estuvo Sergio Massa. El excandidato del Frente de Todos ya forzó otra declaración reciente de Jaldo, cuando rechazó la eliminación de las PASO. Dedicado a la actividad privada y “a la rosca”, según su entorno, el tigrense mantiene un diálogo frecuente con los gobernadores.

Todavía se discutía si la operación de rodilla del radical Flavio Fama era motivo suficiente para pedir sesionar de manera virtual, al igual que la senadora Anabel Fernández Sagasti, cuando el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, compartió en sus redes el rechazo a la desregulación de la venta de tierras.

“No estamos de acuerdo con la extranjerización y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, escribió en su cuenta de X junto con un video en el que dijo haber “instruido” a la senadora Julieta Corroza para que “manifieste su disconformidad”. Según supo este diario, la legisladora “peleaba con el gobernador votar toda la ley en contra”.

Sin los votos favorables de Corroza y de la tucumana Beatriz Ávila, las cuentas del oficialismo se empantanaron. Bullrich contaba con un virtual empate impidiendo los votos de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama.

Pasado el mediodía, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, compartió un mensaje en sus redes sociales y sumó su rechazo al del resto de los dialoguistas. “Lo que amamos no se vende”, escribió en mayúsculas. “Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras”. El movimiento fue acompañado por la publicación simultánea del comunicado del senador de su provincia, Carlos Arce.

Con Bullrich ya en el Senado y a punto de reunirse con los dialoguistas en el despacho del bloque radical, se confirmó que la salteña Flavia Royón también votaría en contra. El poroteo se desinflaba y alcanzaba apenas 32 votos positivos. “Le quedan Camau, siete radicales, tres del PRO y los veintiún libertarios”, contaba la oposición. “El grupo de los 40”, que la jefa de la bancada ostentó meses atrás, se resquebrajó. Una derrota inesperada que llegó antes de la votación. Los aliados le pidieron a Bullrich que retirara el capítulo 3 del proyecto. Nadie quería pagar el costo político de vender el país.

Tras el encuentro, Bullrich confirmó que la sesión se mantendría sin el capítulo sobre la extranjerización de la tierra. Los aliados respiraron. El resto del bloque libertario se enteró por redes sociales. La información también llegó a la Casa Rosada con demora y promete abrir un nuevo capítulo en la interna entre Bullrich y Sturzenegger, responsable de no aceptar los cambios negociados por la jefa de bloque un mes atrás. En Balcarce 50 tomaron dimensión de la derrota cuando la salteña Royón comunicó su decisión a Santilli.

El momento de la vice

Vengativa, Villarruel aprovechó el momento de incertidumbre y debilidad del oficialismo para convocar formalmente a la sesión. La vicepresidenta formalizó el llamado cuando todavía se debatía si votar la ley sin el capítulo de tierras o desactivar directamente la sesión.

Una sutil devolución de favores a la Rosada, que la corrió del Senado hasta que Milei regrese de su viaje por Ecuador y Colombia. Veinticuatro horas antes, el peor escenario que proyectaba el Gobierno era un empate que pudiera quedar en manos de Villarruel, quien ya se había manifestado en contra de la ley.

El desmembramiento del proyecto fue celebrado por la sociedad civil. Desde el Observatorio de Tierras, cuyos aportes permanentes fueron claves para explicar el peso específico del daño libertario, dijeron a este diario: “Demostramos la importancia de la universidad, de la investigación y de la relación entre esas instituciones y las necesidades populares”.

Lo que queda

Bullrich llevará a la sesión de este jueves el resto del paquete contemplado en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina uno de los principales desincentivos a los incendios intencionales. Desaparecen las restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante 60 años, una herramienta incorporada por el diputado Máximo Kirchner para evitar que los incendios fueran utilizados como mecanismo de especulación inmobiliaria.

El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. Restringe el alcance del concepto de “utilidad pública”, eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general. El Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también lo que el propietario pueda inferir haber perdido como consecuencia de la expropiación.

Otro de los ejes es la aceleración de los desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad. Si el juez considera que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso.

La única atenuación prevista, luego de intensas negociaciones, alcanza a hogares con niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional. En esos casos, se otorgarán diez días para facilitar la búsqueda de otro lugar donde vivir.

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