Mostrando entradas con la etiqueta Fuerzas Armadas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Fuerzas Armadas. Mostrar todas las entradas

26 de agosto de 2026

 

ATE lanzó un paro en las Fuerzas Armadas y marchará al Ministerio de Defensa

El gremio estatal convoca a un paro total y movilización en rechazo a los bajos salarios y al intento de cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves 27 de agosto un paro total de actividades en las Fuerzas Armadas, acompañado por una movilización al Ministerio de Defensa, en Azopardo 250, a partir de las 11. La medida busca visibilizar el deterioro salarial y laboral que atraviesa el personal civil del sector.

El anuncio fue confirmado por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo: “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso, tomamos esta medida extrema”.

Aguiar explicó que las familias de los trabajadores “entraron todas en crisis”, ya que los ingresos mensuales resultan insuficientes para cubrir alimentos, alquileres, servicios y compromisos financieros. “Sus salarios no alcanzan ni para lo básico”, enfatizó.

Cierre de la base aeronaval de Punta Indio 

El gremio también alertó sobre el intento de cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, que afectaría a más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares. Según ATE, la medida “arrasaría con el entramado económico y social de Punta Indio y Verónica, impactando en la vida de más de 14.000 personas”.

“El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, advirtió Aguiar, en un mensaje dirigido a las autoridades.

El sindicato reclama la reapertura inmediata de las paritarias para discutir salarios y condiciones laborales. “Se debe atacar la precarización extrema y el vaciamiento de la obra social”, señaló el dirigente, en referencia a la ex IOSFA, actualmente OSFA.

Los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas perciben sueldos por debajo de las líneas de pobreza e indigencia, sin reconocimiento acorde a la antigüedad, capacitación y responsabilidad. El salario básico del personal civil, determinado por nivel y grado de antigüedad según la Unidad Retributiva (Decreto N° 2539/15), alcanzaba en julio de 2026 los $402.396, cifra considerada insuficiente frente al costo de vida.

ATE denunció que la pérdida sostenida del poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, lo que repercute en la salud mental del sector. “Se registra un aumento de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento”, detallaron.

La crisis también impacta en los hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde las vacantes no logran cubrirse por falta de salarios competitivos. Esto afecta tanto la atención sanitaria como la formación académica en las instituciones, apuntaron en un comunicado.

El gremio subrayó que el desfinanciamiento de OSFA repercute directamente en las prestaciones de trabajadores civiles, personal militar y sus familias. La deuda denunciada supera los $223.000 millones, y se reclama una investigación urgente.

“Estamos frente a un vaciamiento planificado que busca desmantelar la defensa nacional”, acusó Aguiar, quien insistió en que la movilización será “masiva y contundente”. Eñ este marco, ATE advirtió que la medida de fuerza es “apenas el inicio de un plan de lucha” que podría extenderse si el Gobierno no atiende las demandas.

El Destape

18 de agosto de 2026

Milei amplió el secreto militar sobre la salida de armamento de la Fuerza Aérea

La medida incluye partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento destinados a mantenimiento y actualización.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la restricción del acceso a la información pública al declarar bajo la condición de "secreto militar" toda exportación de material relacionado con el sistema de armas de los aviones caza F-16 adquiridos por la Fuerza Aérea Argentina (FFA), así como también los contratos adicionales firmados para incorporar equipos y capacidades complementarias.

La firma de la medida, que lleva la rúbrica del presidente Javier Milei y del teniente general Carlos Alberto Presti, actual titular de la cartera de Defensa, consolida un esquema de discrecionalidad en la gestión de los recursos militares del país. La restricción impuesta por la Casa Rosada no es menor, ya que alcanza a "partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento".

Oficialmente, la gestión libertaria justifica este cerco informativo bajo el argumento de que se trata de "material sensible" cuyo resguardo de información debe primar de manera estricta. Según los considerandos de la norma, estas exportaciones temporales se realizarán con el objetivo de llevar a cabo tareas de "mantenimiento y actualización" en el exterior. Sin embargo, la declaración de confidencialidad exime formalmente a las autoridades de cualquier control civil ordinario sobre los movimientos logísticos y de defensa.

La consolidación de un sistema sin control democrático

Esta nueva disposición no constituye un hecho aislado, sino que representa el cuarto eslabón de una sistemática política de ocultamiento iniciada en el año 2024. El camino de la opacidad comenzó en abril de ese año con el Decreto 370/2024, que amparó bajo el secreto militar la adquisición original de los 24 aviones caza F-16 a Dinamarca.

Posteriormente, en septiembre de 2024, el Decreto 807/2024 extendió el blindaje a la contratación y construcción de las obras de infraestructura de las bases aéreas en la VI Brigada Aérea Tandil (Buenos Aires) y en el Área Material Río Cuarto (Córdoba), además de la importación de materiales. Finalmente, en diciembre del mismo año, el Decreto 1073/2024 clasificó como secretos los contratos complementarios firmados con el gobierno y la Armada de los Estados Unidos bajo el programa Foreign Military Sales.

Paralelamente, bajo la premisa de garantizar la actualización técnica de la flota, la administración libertaria mantiene vigente un programa de modernización denominado "M6.6 OFP and System Modification", gestionado bajo contrato con la corporación estadounidense Lockheed Martin y rubricado originalmente en abril de 2025. A pesar de la envergadura de este soporte corporativo y militar extranjero, el Gobierno optó por blindar jurídicamente la salida del equipamiento de las fronteras argentinas.

La medida se implementa en un momento en que los cazabombarderos ya se encuentran activos en el territorio nacional. Las actividades de vuelo en el Área Material Río Cuarto se iniciaron formalmente el pasado 30 de marzo de 2026. 

El Destape

7 de agosto de 2026

Prohíben que los militares se quejen en redes por sus bajos sueldos

La orden especial a la que accedió El Destape revela la preocupación de los jefes militares por las quejas sobre los salarios y las condiciones laborales de los uniformados. La mayoría de los militares cobra por debajo de la línea de pobreza y los sueldos perdieron 63% con respecto a la inflación. 

Ari Lijalad

Una orden especial prohibió a todo el personal del Ejército, tanto militares como civiles, “publicar en redes sociales o plataformas planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas vinculadas a asuntos de la institución”. La medida apunta directo a censurar las quejas sobre dos temas que afectan particularmente a las Fuerzas Armadas: los bajos salarios y la atención de su obra social.

El Destape accedió a la orden especial firmada por el general de brigada Roberto Martín Baroni, que es el Secretario General del Ejército. La distribuyó el 24 de junio pasado entre el “público militar”. La medida revela el descontento que reina entre los uniformados, algo que se arrastraba desde la gestión del ministro de Defensa Luis Petri y continúa con el actual Carlos Presti, supuestamente uno de los suyos. 


El presidente Javier Milei les había prometido otra cosa. Varias veces repitió que “los mismos que se llenaban la boca hablando de soberanía se dedicaron a desprestigiar y diferenciar a nuestras fuerzas”, que “en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”, que “contarán con un gobierno que los acompañará y hará todo lo que esté a su alcance para jerarquizar las tres fuerzas”.

Lo cierto es que finalmente en abril de este año el mismo Milei admitió: “Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas”. Pero no lo mejoró. Al revés. Tal como publicó Gabriel Sued en El Destape, pulverizó el gasto en Defensa y el éxodo de militares ya es récord. “El gasto militar en la Argentina atraviesa su piso histórico, el Gobierno desactivó un programa permanente de reequipamiento de las fuerzas y los uniformados cobran salarios de miseria, lo que hizo que más de 19.000 militares dejaran sus puestos en los últimos dos años”, detalló Sued.

Con ese panorama, ahora les prohíben quejarse.

“Conducta individual del personal del Ejército Argentino en Redes Sociales”, dice la orden especial que emana del Estado Mayor del Ejército, hoy encabezado por el teniente general Oscar Santiago Zarich.

El punto 5 de la orden especial detalla las “Conductas Prohibidas”. Algunas son obvias: no exponer “instalaciones militares, dispositivos de seguridad, armamento, depósitos, sistemas, rutinas operativas, gráficos y otros elementos que puedan comprometer la seguridad física de los cuarteles o vulnerar medidas de seguridad de contra inteligencia”; tampoco “difundir información reservada, clasificada o de circulación restringida”; y menos “efectuar manifestaciones de carácter político, ideológico o partidario”.

Pero luego hay 2 puntos que exceden lo militar. Prohíben:

  1. “Publicar contenidos o imágenes que reflejen conductas incompatibles con el decoro, la disciplina o el profesionalismo militar, particularmente cuando el autor pueda ser identificado como integrante de la Fuerza”.
  2. “Publicar en redes sociales o plataformas planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas vinculadas a asuntos de la institución. Toda inquietud deberá canalizarse exclusivamente por las vías reglamentarias establecidas”.

La orden indica una serie de “criterios previos a toda publicación” en forma de preguntas. “¿Podría este contenido difundirse fuera de contexto o viralizarse de manera no deseada?” es una; “¿Resultaría inconveniente si fuera reproducido por medios de comunicación masiva?” es otra.

Si se junta lo prohibido y los criterios de censura la orden es clara: no quieren que se sepa de los malos salarios de las Fuerzas Armadas.

Los datos de los salarios del personal militar son aún peores que los de los demás empleados públicos. Desde que asumió Milei están 63% abajo de la inflación.

Un informe de la Secretaría de Defensa del Partido Justicialista (PJ), encabezada por el dos veces ex ministro del área Agustín Rossi, plantea que este deterioro de los salarios de los militares genera riesgos institucionales: “Por un lado, el impacto negativo en la profesionalización del personal militar y por el otro, las dificultades para retener al personal capacitado”.

“El deterioro salarial tiene impacto homogéneo sobre toda la estructura militar. ninguna jerarquía logró preservar su nivel de ingresos reales frente al aumento del costo de vida” destaca el informe del PJ del área que también integran Nilda Garré, Joaquín Labarta Liprandi, Guillermo Carmona y Sergio Eissa. Y agrega un dato aún más preocupante: que 12 de los 19 grados militares tiene salarios por debajo de la línea de pobreza. Un capitán del Ejército cobra cerca de un millón doscientos mil pesos; un teniente apenas arriba del millón; un subteniente y un sargento ya abajo del millón; un cabo roza los 900.000 pesos y los voluntarios arañan los 700.000 promedio.

El ejemplo de este deterioro lo resumió Nicolás Lantos: "En el Gobierno de Javier Milei gana más un chofer de Uber que un piloto de F16". El día que Milei presentó esos aviones criticó a los que "desfinanciaron a nuestras fuerzas armadas". El gasto militar de Milei es el más bajo en términos históricos y los salarios no cubren la línea de pobreza. 

La finalidad esgrimida en la orden que les prohíbe quejarse de esto es “orientar a todo el personal del Ejército Argentino sobre el uso responsable de las redes sociales en el ámbito persona, estableciendo los principios, límites y responsabilidades que rigen, como militar, su conducta en el entorno digital”.

La orden dice que “cualquier publicación que no se haya hecho con el debido cuidado puede afectar de distintas formas a la institución” y que “todo el personal deberá adecuar su conducta en redes sociales”. Incluye a redes como Instagram, Tik Tok, X y Facebook pero también las apps de mensajería como Whatsapp y Telegram. También dice que “cualquier publicación puede difundirse fuera de contexto, viralizarse o ser reproducida por medios de comunicación”, que el alcance de las redes es “potencialmente ilimitado”, que un comentario en redes sociales “equivale a un comentario expresado en persona o dentro del ámbito del cuartel” e incluso afirma que “colocar un like/me gusta equivale a conformidad o acuerdo con lo que se muestra o comunica”.

“La seguridad institucional prevalecerá por sobre el interés individual de publicar contenidos” dice uno de los puntos de la orden. Pero no distingue entre dar información clasificada o de contenido interno militar a quejarse de los bajos sueldos a los que el gobierno los somete.

El Destape

17 de junio de 2026

Suba de hasta 25% para altos rangos

El Gobierno intenta frenar el enojo en las Fuerzas Armadas con aumentos selectivos

Se aplicará un “adicional remunerativo” solo para aquellos que tengan un título terciario o universitario, por lo que el plus salarial recaerá sobre suboficiales, oficiales y personal de rango.

En un magro intento de paliar la crisis salarial que atraviesan las Fuerzas Armadas, el gobierno nacional anunció la creación de un adicional remunerativo a través del cual otorgará un plus económico, pero solo al personal militar que tenga un título terciario o universitario.

La medida dice que “alcanzará a todo el personal militar”, pero no es así. Por ejemplo, no llegará a la enorme mayoría de los integrantes de las fuerzas que cumplen el requisito de estudios secundarios completos y que perciben haberes mensuales en un 30 por ciento por debajo del que cobran policías, gendarmes y demás integrantes de las fuerzas de seguridad.

Básicamente, el beneficio será para suboficiales, oficiales o personal de rango en cuya formación pudieron cursar estudios y obtener tecnicaturas, títulos de grado, posgrados, maestrías o doctorados. Es decir, la enorme minoría de la fuerza.

A través de un comunicado que intenta ensalzar el valor cuartelero y que reza que “reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer toda la Fuerza”, el Gobierno dispuso que el plus salarial se calculará sobre el haber mensual de acuerdo al grado que se haya alcanzado y de la siguiente manera:

  • 10 por ciento para tecnicaturas o títulos equivalentes.
  • 15 por ciento para títulos de grado.
  • 25 por ciento para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.

La medida fue oficializada a través del decreto de necesidad y urgencia 473/2026 y es apenas una respuesta parcial a una larga demanda general que desde hace meses llueve sobre la Casa Rosada desde distintas dependencias militares y que ni el ministro Carlos Presti puede detener.

El comunicado del Ministerio de Defensa resalta que el supuesto beneficio alcanzará “a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica”. Es decir, raramente a los soldados rasos salvo que hayan elegido cursar una carrera paralela a la carrera militar.

Tal como lo informó Página/12, la crisis en las Fuerzas Armadas es alarmante. Un soldado cobra cerca de 700 mil pesos, un cabo 800 mil y los oficiales de menor graduación que pasaron por el Colegio Militar, algo más de un millón de pesos. Las cifras están 30 por ciento por debajo de lo que se cobra en las fuerzas de seguridad.

Buena parte de ellos tiene trabajos paralelos con los que buscan llegar a un ingreso mínimo que cubra la canasta básica alimentaria, como ser choferes de aplicaciones o personal de seguridad contratado para eventos, entre algunas labores.

La situación en los cuarteles es de tal magnitud que el gobierno tomó la insólita medida de acortar el horario de labor de soldados, suboficiales y oficiales de tal modo que no tengan que almorzar en las unidades y así ahorrar gastos en comida y uso de energía eléctrica y de gas.

El plus salarial por logro académico establecido por el DNU firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mejora la situación de aquellos que pudieron estudiar y que calzan charreteras más lustrosas.

El texto de la cartera de Defensa no lo interpreta así. Indica que el suplemento por título “corrige una asimetría histórica”, ya que existía en otros ámbitos de la administración pública pero no se aplicaba en la castrense, y resalta que el nuevo beneficio “reconoce el esfuerzo de quienes se forman, se perfeccionan y agregan valor a la defensa nacional”.

Pagina 12

5 de marzo de 2026

El Gobierno intentó colgarse la medalla por el regreso del gendarme

Conferencia de Nahuel Gallo: guión armado, circo libertario y un relato incompleto

Lo llevaron para agradecerle al Gobierno y quedó prohibida cualquier mención a la AFA o a Chiqui Tapia. Un triste uso del gendarme que estuvo 448 días preso.

Raul Kollmann

“Mirá, vos andá y agradecele a la Gendarmería, al gobierno que se preocupó por vos. Ni se te ocurra mencionar a la AFA y menos todavía a Chiqui Tapia. Ya le dijimos a los periodistas que no pueden hacer preguntas, así que nadie te va a preguntar a qué fuiste a Venezuela y qué jefe autorizó el viaje”. No se necesita nada de creatividad para deducir que, palabras más, palabras menos, esto es lo que le ordenaron decir al cabo Nahuel Gallo en la parodia de conferencia de prensa que se realizó este martes en el edificio Centinela, sede de la Gendarmería. La puesta en escena tuvo ribetes casi cómicos, con el canciller Pablo Quirno agradeciendo a Estados Unidos, a Israel (?) por supuestas gestiones que nunca hicieron. Ni la Cancillería ni el Ministerio de Seguridad movieron un dedo, al punto que tuvieron que salir al rescate la AFA, el exembajador Oscar Laborde y la diputada Marcela Pagano, que lograron la liberación a partir de diálogos con la presidenta Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, titular de la Asamblea Nacional y el titular de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa. Entre todos consiguieron el regreso del cabo, mientras Quirno se enteraba por la red X que Gallo ya había subido al avión y estaba en camino a Buenos Aires.

Unas breves palabras

Gallo se expresó con un lenguaje más bien humilde, aunque exhibió personalidad. Es indudable que vive una situación muy difícil: viene de un año y medio de estar en una prisión durísima, sin contacto con el exterior, sin abogado y, al mismo tiempo, hoy por hoy, su trabajo y sus ingresos de subsistencia dependen de la Gendarmería. De manera que resultó evidente que cumplió con las órdenes que le dieron: que no haya mencionado a la AFA, que lo trajo en un avión, le quitó toda espontaneidad y sinceridad a sus dichos.

La falsa conferencia de prensa tuvo como objetivo inicial la foto de Gallo, rodeado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Quirno y el jefe de la Gendarmería, Claudio Brilloni. O sea, el gobierno tratando de remontar la cuesta de la inacción que protagonizaron en el caso del gendarme.

Gallo arrancó diciendo “yo pedí hacer esta declaración”, de manera que quedara claro que no es que lo mandaron a decir nada. Por las dudas, lo repitió: “ayer, hablando con la ministra, con mi jefe, yo pedí dar mi palabra, mi testimonio”.

Y enseguida se concentró en la segunda orden: “me han hecho saber en el Estado venezolano que el Estado argentino pidió por mí. Me enorgullece muchísimo que éramos 35 de otras nacionalidades y fui el único, de tantas nacionalidades, al que tuvieron presente, que pidieron por mí. Rodeo I es un lugar de bastantes torturas psicológicas, no te dicen adónde vas a ir, es una incertidumbre. Yo quiero pedirles a todas las organizaciones internacionales que no se olviden de Rodeo I”. O sea, “el gobierno pidió por mí“ y ”me subí a un avión sin saber bien, al principio". Todo burdamente falso.

Fue eso y, enseguida, el inmediato abandono del salón. Un esquema clarito: agradecerle al gobierno, unas palabras contra el régimen venezolano –“está en transición”, dijo- y, en especial, no nombrar a quienes sí fueron protagonistas de su liberación.

Días de versiones

Desde que aterrizó en Ezeiza, Gallo está en manos de la Gendarmería. Tiene lógica que le realicen los estudios médicos e incluso que hubiera tenido que pasar por análisis de contrainteligencia, dado que estuvo tanto tiempo en manos del gobierno venezolano. Seguramente le preguntaron mucho sobre lo que declaró en Caracas y lo que le encontraron en el celular. En la presentación de este viernes -no se le puede llamar conferencia de prensa- se evitó dar explicaciones sobre el viaje y el extraño ingreso a Venezuela desde Colombia a través de un paso peatonal muy poco habitual: el Francisco de Paula de Santander.

En teoría, para hacer la travesía debió pedir autorización en la Gendarmería y, además, no es un hecho menor que un integrante de una fuerza de seguridad vaya a un país con el que Argentina tiene las relaciones cortadas, la embajada está cerrada y el gobierno argentino no reconoce al venezolano. Menos que menos cuando estaba Maduro. Exagerando levemente la comparación, bastaría pensar en un policía o gendarme iraní hoy entrando a Estados Unidos, en un paso fronterizo marginal, sin haber hecho ninguna gestión previa.

La versión más extendida, es que, desde el domingo, a Gallo lo tienen en el sexto piso de la Gendarmería, buena parte de las horas con la cuestión médica y mucho tiempo dedicado a Inteligencia. Es obvio que le preguntaron cómo fue el contacto con la AFA o con Laborde o la diputada Pagano, porque todo les debe resultar sospechoso a los jefes de la fuerza verde.

Y también está claro que prepararon lo que iba a decir ante los periodistas. Y lo que no debía decir. El cabo depende totalmente de la fuerza porque no tiene ingreso alguno y su familia necesitó de entregas de dinero para subsistir. Está la versión de que su esposa, María Alexandra Gómez, fue traída por el Ministerio de Seguridad hace ya varios meses y trabaja en una especie de casino de suboficiales de la Gendarmería, con lo cual se logró la manutención de Víctor, el niño. A esto hay que agregar, que según dicen, Gallo tiene vocación de gendarme, le permite combinar con su pasión por las maratones y quiere quedarse en la fuerza.

En ese cuadro de presiones y necesidades, salió un discurso que en la sala del Centinela nadie creyó auténtico.

Poco útil

El armado resultó tan burdo que terminó siendo poco efectivo: se notó mucho que Gallo tenía la orden de agradecer al gobierno y no a la AFA. Eso derivó en que se frustró el objetivo de recuperar terreno: la administración Milei y, en especial, la Cancillería, hicieron bandera con Gallo durante más de un año, pero estuvieron al margen de la liberación. Quirno ni siquiera agradeció a Brasil, que estuvo a cargo de la embajada argentina, y sí mencionó a Italia, que representa ahora al país en Caracas, pero que tampoco tenía instrucciones de realizar ningún tipo de reclamo. La Cancillería no advirtió que las cosas cambiaron tras la llegada a la presidencia de Delcy Rodríguez, no reconoció a su gobierno y toda su política consistió en seguir repitiendo las mismas denuncias una y otra vez. Hasta Washington jugó cartas distintas desde principios de enero.

En silencio, las negociaciones, entonces, empezaron después del secuestro de Nicolás Manduro, a comienzo de 2026, y los diálogos se establecieron entre el exembajador Laborde, la diputada Pagano, su esposo Franco Bindi (abogado de la petrolera PDVSA), por un lado, y Delcy y Jorge Rodríguez, por el otro. El gobierno bolivariano tenía tomada la decisión de liberar a Gallo, pero evaluaba cómo hacerlo.

Una primera posibilidad la obstaculizó el gobierno libertario: consistía en que viajara alguien de la familia a buscarlo. El Ministerio de Seguridad operó sobre la madre y el hermano menor de Gallo, Kevin, para que no viajaran, en esencia porque las negociaciones las habían hecho Laborde y Pagano. Le pusieron trabas a esa alternativa, pero no plantearon ninguna otra. Por ejemplo, podrían haber acudido a la Cruz Roja.

La solución vino de la mano de la AFA y el vínculo de Claudio Tapia con Jorge Giménez Ochoa, que además de ser el titular de la Federación Venezolana, es una especie de ahijado de Delcy. Todo el tramo final se desarrolló con rapidez: el operativo se concretó entre sábado y domingo. Muy poco después, el avión alquilado por AFA aterrizó en Ezeiza.

El saldo del show de este miércoles fue muy pobre. Algún tweet de Patricia Bullrich, de la ministra Monteoliva y de unos pocos diputados de la LLA. No alcanzó, ni remotamente, para tapar la realidad que quedó a la vista: la AFA rescató a Gallo. Por eso, todo sonó a falso y a que otra vez usaron a Gallo.

Pagina 12

6 de febrero de 2026

IOSFA: el Gobierno disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas

La decisión se formalizó hoy en el Boletín Oficial. Será reemplazada por otras dos nuevas obras sociales para el sector.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y su reemplazo por la nueva OSFA, con el argumento de contener el deterioro operativo y financiero del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La decisión se formalizó este martes a través de un decreto que establece la división definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

La medida apunta a enfrentar una crisis financiera, con una deuda auditada cercana a los 200.000 millones de pesos. Desde el Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete sostienen que el esquema anterior era inviable debido a irregularidades de administraciones previas y a un desbalance estructural que ponía en riesgo la cobertura de más de 500.000 beneficiarios.

La nueva OSFA funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, y contará con personería jurídica propia para administrar la cobertura sanitaria del personal militar en ac

tividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus familias. En tanto, la OSFFESEG dependerá del Ministerio de Seguridad y tendrá a su cargo la atención de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

Uno de los puntos clave del decreto es la protección de los fondos. La norma fija un esquema de distribución obligatorio para ambas obras sociales:

  • 80% de los ingresos: destinado únicamente a prestaciones médico-asistenciales.

  • Hasta 8%: para gastos administrativos y operativos.

  • 12% restante: podrá utilizarse en otras prestaciones sociales, siempre que esté asegurada la cobertura de salud.

Chau IOSFA: el Gobierno disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas

Con el fin de evitar problemas similares a los registrados en el IOSFA, el Gobierno estableció exigencias de idoneidad técnica para quienes integren los directorios. Los funcionarios deberán demostrar experiencia en gestión y en el área de salud, en el sector público o privado. Asimismo, ambas obras sociales estarán bajo auditoría permanente de la SIGEN y sujetas a un régimen estricto de incompatibilidades.

Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobrarán desde febrero

A fines de enero, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa dispusieron una actualización del haber mensual del personal militar de las Fuerzas Armadas y del personal de la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia retroactiva a partir de diciembre de 2025.

La medida fue formalizada a través de la Resolución Conjunta 1/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y reemplaza la escala salarial que regía para los meses de junio a noviembre del año pasado.

Con la suba del 2% oficializada hoy, los haberes del personal del Ejército pasan a tener los siguientes montos:

  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115.

  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944.

  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718.

  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752.

  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466.

  • Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196.

  • Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154.

  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221.

  • Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877.

  • Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353.

  • Suboficial Mayor: $1.433.055.

  • Suboficial Principal: $1.270.438.

  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261.

  • Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671.

  • Sargento, Cabo Principal: $889.398.

  • Cabo Primero: $798.183.

  • Cabo, Cabo Segundo: $738.764.

  • Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914.

  • Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720.

  • El Destape

24 de enero de 2026

Coletazo del DNU 941

Un marino con vínculos con EEUU quedará al frente de la inteligencia militar

Carlos Presti eligió al contraalmirante Pablo Javier Barbich para que quede al mando de la relación con la SIDE.

Luciana Bertoia

El Gobierno sigue haciendo cambios en el sistema de inteligencia. El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, designó al contraalmirante Pablo Alberto Barbich al frente de la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Estado Mayor Conjunto (EMCO). Barbich, un hombre con vínculos afianzados con los Estados Unidos, será quien maneje la relación con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El 31 de diciembre, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941, con el que reformó el sistema de inteligencia. Una de las modificaciones que incluyó esta norma fue la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), que dependía directamente del ministro de Defensa y podía ser ocupada por civiles.

El Gobierno argumentó que la DNIEM se solapaba con la DGIEMCO, que forma parte de la estructura militar. En la práctica, esto implica que el ministro se queda sin inteligencia propia o que, al menos, se reduce el control civil. El exministro de Defensa Jorge Taiana explicó que éste era un viejo reclamo de la corporación militar para ganar posiciones.

En las últimas horas se conoció una resolución que reestructura el área. De acuerdo con ésta, la DGIEMCO dependerá directamente del ministro de Defensa y mantendrá su dependencia orgánica del EMCO.

Presti firmó la resolución el jueves 22 de enero. Ese mismo día, la SIDE informó que se había realizado la primera reunión de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), en la que participan el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF) —de donde acaba de renunciar su titular, el fiscal Paul Starc— y los cuatro órganos desconcentrados que integran la SIDE: la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), la Inspectoría General de Inteligencia, el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) y la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).

Barbich es integrante de la familia militar. De 56 años, hizo carrera en la fuerza durante la democracia. Desde enero de 2024 estaba a cargo de la DGI de la Armada y, en diciembre de ese año, ascendió a contraalmirante.

Su activo más importante es su vínculo con los Estados Unidos —prioridad número uno para el gobierno de Milei—. Durante los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri, Barbich fue el enlace de la DNIEM en Washington. En 2019 realizó el curso sobre redes transnacionales ilícitas en el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos, institución a la que también acudieron algunas figuras de La Libertad Avanza (LLA), como Victoria Villarruel, Agustín Laje y Nicolás Márquez.

El DNU 941 enfrenta múltiples cuestionamientos. En el fuero contencioso administrativo federal porteño se presentaron cinco amparos en los que se planteó su inconstitucionalidad. Las principales críticas están centradas en que la SIDE queda habilitada a detener personas sin la intervención de un juez y que incluso puede convocar a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad e inteligencia interior. En primera instancia, la Justicia rechazó analizar los planteos durante la feria.

En el Congreso se están contando los porotos para intentar voltear el DNU, como se hizo con el que le otorgaba 100 mil millones de pesos a la SIDE en fondos reservados.

Pagina 12