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12 de septiembre de 2026

La presidenta eligió como embajador en EE. UU. al hijo del Nobel

Se cierra la grieta en Perú: Vargas Llosa será funcionario de Fujimori

36 años atrás, Alberto Fujimori derrotó a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta presidencial y el escritor se volvió crítico después del autogolpe de 1992. Ahora sus hijos compartirán proyecto político.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, será su próximo embajador ante los Estados Unidos.

El anuncio de la designación, que aún tiene que pasar una revisión legal, ocurre un día después de la visita al país andino del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Él ha aceptado esta invitación. Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos”, declaró la hija de Alberto Fujimori, en una entrevista con la radio RPP.

Desde que se inició su mandato, Perú no tiene embajador en los Estados Unidos ya que el último, Alfredo Ferrero, fue cesado en junio.

Vargas Llosa es amigo del periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, al que Fujimori nombró como su ministro de Relaciones Exteriores, tras haber trabajado durante 15 años para la Embajada de los Estados Unidos en Lima.

“Agradezco profundamente a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington”, escribió en la red social X Vargas Llosa, quien ya reside normalmente en la capital estadounidense.

Y añadió que “de ser ratificada esta designación conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países”, pondrá al servicio de la misión encomendada su “experiencia, conocimientos y el mayor esfuerzo para velar por los intereses permanentes del Perú”.

Fujimori, quien durante la visita de Rubio anunció el ingreso del Perú al Escudo de las Américas , tiene previsto viajar en los próximos días a Nueva York a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, donde sostendrá “muchísimas reuniones bilaterales”, según anunció.

Su expectativa es participar también en una cena de jefes de Estado organizada por Trump, en la que espera “tener la oportunidad de saludarlo”.

El escritor Mario Vargas Llosa, fallecido en abril de 2025, perdió ante Alberto Fujimori, padre de Keiko, la segunda vuelta de la elección presidencial de 1990.

Tanto él como su hijo Álvaro fueron feroces críticos del autócrata exgobernante (1990-2000), después de que en 1992 cerrara el Congreso con militares e interviniera el Poder Judicial.

También rechazaron las candidaturas de la heredera del clan de orígenes japoneses hasta que en el balotaje presidencial de 2021 se enfrentó con el izquierdista Pedro Castillo, que terminó ganando.

Pagina 12

31 de agosto de 2026

El abogado y consultor oculto quedó en el centro del escándalo en Perú

Un asesor argentino acusado de fraude complica a Keiko Fujimori

La presidenta peruana admitió que Damián Valenzuela asesoró en su campaña, luego de que la prensa lo revelara. El interrogante es cuánta influencia tiene este abogado en el gobierno.

Carlos Noriega

Desde Lima

Un empresario argentino con denuncias por fraude está en el centro de un escándalo que golpea a la presidenta Keiko Fujimori al cumplirse el primer mes de su gobierno. La revelación de su relación, que hasta ahora permanecía oculta, con Damián Valenzuela, un abogado argentino de 51 años nacido en Tucumán que se promociona como un impulsor de inversiones haciéndose llamar “creador de riqueza”, ha puesto en problemas a la mandataria peruana por los oscuros antecedentes de estafa del ciudadano argentino convertido en su cercano asesor.

Esta relación, que era mantenida en secreto, ha sido puesta al descubierto por el semanario “Hildebrandt en sus Trece”, en un reportaje titulado “El amigo íntimo de la presidenta”. El artículo señala que Valenzuela fue un asesor en las sombras muy influyente durante la campaña electoral de Fujimori, influencia que se mantendría en el gobierno, y que sus empresas de promoción de inversiones tienen sanciones y procesos judiciales por fraude en varios países. Ante esta revelación periodística, Fujimori ha admitido que el empresario argentino, a quien ha llamado un amigo, ha sido su asesor en la campaña electoral, pero ha evadido responder sobre sus antecedentes de estafa y su influencia en el gobierno.

El reportaje documenta un encuentro de Keiko y Valenzuela en un spa en Lima el 11 de julio, pocos días antes de que Fujimori juramente como presidenta el 28 de julio. La revelación de ese encuentro puso al descubierto la presencia del argentino, de quien no se sabía nada, en el círculo íntimo de la presidenta peruana. El lugar de la cita disparó especulaciones de una relación sentimental entre ambos, desmentida por Fujimori, quien es divorciada. Pero lo central de esta revelación periodística no es la relación sentimental que pueda tener Keiko, sino la influencia que tendría en el gobierno un empresario denunciado por estafa y con llegada privilegiada a la presidenta, cuya existencia era mantenida en secreto, algo sobre lo que Fujimori no ha respondido. Ha sido la propia presidenta quien ha tratado el asunto como si fuera un chisme sentimental, para responder negando esa relación: “Hace años me inventan relaciones”, ha dicho, una forma de evadir dar respuesta a las denuncias por estafa contra su cercano asesor, por qué ha mantenido en secreto esa asesoría y el rol y el poder que este cuestionado personaje tiene en su gobierno. En el intento de desactivar el escándalo del asesor secreto con antecedentes de fraude, el gobierno ha tenido la colaboración de los grandes medios.

La historia de este furtivo encuentro en un spa, documentado con testimonios y fotos en el reportaje “El amigo íntimo de la presidenta”, firmado por el periodista Eloy Marchán, relata que Fujimori llegó primero en una camioneta y luego ese mismo vehículo se fue y regresó unos minutos después con Valenzuela. Dos horas después salió Fujimori y luego de 15 minutos lo hizo Valenzuela. Ese movimiento fue captado por el fotógrafo César Zamalloa, que junto con Marchán vigilaban el lugar, informados de las visitas que hacía la entonces presidenta electa con un misterioso acompañante. Marchán seguía el caso desde hace tres meses. El artículo revela que Fujimori y Valenzuela compartieron en un ambiente reservado para clientes especiales del spa una sesión para dos personas que incluía tratamiento facial, masajes, sauna, champán y chocolates.

Este encuentro ocurrió en el spa Tomyko, al que, según señala el medio, Keiko concurre desde que era primera dama en la dictadura de su padre Alberto Fujimori (1990-2000), y donde tiene la tranquilidad de un trato especial, personalizado y con reserva. Pero esta vez la reserva no la ha protegido. La publicación indica que testimonios de testigos, que por razones de seguridad no han dado su nombre, aseguran que Fujimori y Valenzuela se han reunido al menos cuatro veces en el mismo spa, y que la rutina siempre es la misma: primero llega Fujimori y después envía a su chofer a recoger a Valenzuela, y salen por separado. Para despistar y mantener oculta la identidad de Damián Valenzuela, cuando han estado en público, Keiko lo llamaba “Gerardo”. Con ese nombre falso también lo conocían en el entorno de la campaña electoral de Fujimori, donde lo recuerdan como un asesor con gran influencia sobre la ahora presidenta.

El cuestionado empresario argentino, que no vive en el Perú, pero tiene intereses empresariales en el país desde 2011, ha viajado a Lima once veces desde octubre de 2025. El 28 de julio asistió como invitado especial a la juramentación de Fujimori como presidenta, con un espacio privilegiado en el hemiciclo del Congreso. En el artículo de “Hildebrandt en sus Trece” se relata que Valenzuela estuvo en la ceremonia de toma de mando de la presidenta peruana y también en la cena de gala ofrecida a los invitados especiales.

Valenzuela ha respondido al reportaje que lo ha puesto al descubierto demandando al director del semanario “Hildebrandt en sus Trece”, César Hildebrandt, y al autor del reportaje, Eloy Marchán, por un millón de dólares por supuesta difamación. Dice que no es un estafador, como afirma el medio, porque no tiene una sentencia penal por estafa, pero elude decir que tiene denuncias y sentencias por fraude en el fuero civil. Los periodistas le han respondido rechazando el intento de intimidación para callarlos y presentando nuevos elementos de las denuncias contra Valenzuela.

El medio publica documentos que revelan que el empresario argentino tiene cinco denuncias por fraude —que en el sistema judicial peruano equivalen a estafa— en el fuero civil en La Florida, en Estados Unidos, entabladas por clientes a quienes, a través de la empresa Latin American Invest, pidió grandes cantidades de dinero, millones de dólares, para invertir, ofreciéndoles importantes ganancias, pero luego no cumplió con lo ofrecido y no devolvió el dinero que le dieron. Se consignan tres sentencias contra Valenzuela para que pague a clientes que lo demandaron reclamándole en conjunto más de 13 millones de dólares. Otros dos casos, que suman cerca de 5 millones de dólares reclamados, están en proceso.

En Argentina, informa el semanario, María Mercedes Contreras demandó en 2017 a la empresa Stonex, presidida por Velenzuela, y ganó el proceso en el que reclamaba 8,1 millones de pesos que había entregado con promesas de grandes ganancias que nunca llegaron. En 2024, en Uruguay, el Banco Central de ese país le retiró el permiso para operar a Banfisol, otra empresa de asesoría de inversiones de Valenzuela, por dar información falsa a las autoridades.

Puesto al descubierto Valenzuela, otro asesor extranjero de Keiko Fujimori, el cubanoestadounidense Carlos Díaz-Rosillo, lo defendió. Díaz-Rosillo, que tuvo un papel central en la campaña de Fujimori, fue funcionario en el primer gobierno de Donald Trump y actualmente es presidente del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida, una usina de la ultraderecha regional, que en 2025 contrató a Keiko para supuestas tareas académicas. A diferencia del caso de Valenzuela, la asesoría de Díaz-Rosillo a la campaña fujimorista fue pública. Díaz-Rosillo, que ha dicho ser amigo de Valenzuela, está envuelto en otra revelación que compromete a Fujimori.

El diario La República ha puesto al descubierto su vinculación con el consultor argentino Fernando Ceremido, el asesor en las sombras del presidente boliviano Rodrigo Paz, antes de Javier Milei y estrechamente vinculado a los Bolsonaro en Brasil, detenido en Bolivia por intentar asesinar a su pareja. La República ha publicado en estos días una foto de ambos juntos, tomada el 23 de marzo de 2025 y difundida en ese momento por Ceremido en sus redes anunciando una reunión de trabajo. Ceremido es especialista en campañas sucias y de desinformación. El candidato progresista Roberto Sánchez, que compitió contra Fujimori, fue blanco de este tipo de campañas.

Las relaciones secretas y los vínculos con oscuros personajes no sorprenden en una presidenta como Keiko Fujimori, que tiene una larga historia, personal y partidaria, de campañas sucias contra sus rivales, corrupción y tratos clandestinos.

Pagina 12

8 de junio de 2026

Final para el infarto en Perú: con 92% escrutado, la ventaja de Keiko es mínima

La diferencia entre los candidatos es mínima y con una leve ventaja para la hija del dictador por sobre el candidato de izquierda. 

Con más del 92% de los votos escrutados, la candidata derechista Keiko Fujimori se impone en el balotaje de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, con un 50,16% frente al 49,83%, una diferencia de alrededor de 57.000 de votos. 

Los sondeos a pie de urna de esta noche proyectaban un empate técnico entre Fujimori y Sánchez. Las dos encuestadoras encargadas de la difusión -Ipsos y Datum- estimaban un 50% de votos a Fujimori y 49% al izquierdista y heredero de Pedro Castillo. Con este porcentaje tan ajustado, las autoridades electorales ya anticiparon que el resultado definitivo no estará esta noche ni mañana. 

En medio de la expectativa por un final tan ajustado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, negó "cualquier narrativa de fraude" en el balotaje de este domingo y agregó que las incidencias reportadas están "canalizadas adecuadamente". En una declaración a la prensa, tras el cierre de la votación, Burneo dijo que hoy termina con "éxito" una etapa más del proceso de la segunda vuelta electoral, el cual se ha desarrollado "con toda normalidad y regularidad".

Burneo invocó a los partidos políticos y sus simpatizantes a mantener "la serenidad y actuar con responsabilidad democrática", mientras se espera conocer los resultados oficiales que serán difundidos "progresivamente" por los canales oficiales.

Sánchez: "Nadie puede decir 'ya gané'"

El candidato izquierdista afirmó que "nadie puede decir 'ya gané'" después de que se difundieran los sondeos a pie de urna en los que se revela un empate técnico con leve ventaja para la candidata derechista.

"Está clarísimo que en esta inicial boca de urna hay un empate estadístico, está clarísimo. Para nosotros es de una inmensa expectativa por el respaldo relevante, que se ha notado por ejemplo en la ciudad de Lima donde hemos pasado del 3 % en la primera vuelta a superar el 36 %", dijo Sánchez a los medios.

Tras visitar al ex presidente Pedro Castillo (2021-2022) en la prisión de Barbadillo y por quien postula en su nombre, el candidato se trasladó al local del partido Obras, en el centro de la Lima, y con quien formó una alianza junto a otras formaciones. "Estamos en condiciones del respecto irrestricto de los resultados oficiales (...) queremos con mucho entusiasmo, con mucha esperanza que llegue ahora el momento de la defensa del voto de los pueblos profundos, los pueblos rurales y de todos peruanos", agregó. 

“Ahora empieza el conteo de verdad”, agregó el postulante que este domingo compitió en el balotaje. Lo mismo pidieron en el búnker de Fujimori. El espacio Fuerza Popular llamó a defender “cada voto”. El vicepresidente del partido, Luis Galarreta, expresó en el búnker: “Solamente señalar que el proceso electoral todavía no ha terminado, más bien el proceso electoral continúa. Este es el momento donde entra a tallar más bien justamente nuestros personeros y la defensa de cada voto”.

El Destape

17 de febrero de 2026

Llevaba cuatro meses en el poder

Destituyeron a José Jerí y Perú encadena su octavo presidente en una década

El Congreso removió al mandatario interino en un nuevo episodio de la prolongada inestabilidad política del país. Había asumido en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte.

Perú volvió a cambiar de presidente este martes tras la destitución del mandatario interino José Jerí, en una decisión del Congreso que profundiza la inestabilidad política del país. Se trata del octavo relevo en la jefatura del Estado en menos de diez años, una crisis que se arrastra desde las elecciones de 2016 y que no encuentra salida a pocas semanas de nuevos comicios generales.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento resolvió remover a Jerí de su cargo en medio de investigaciones por presuntas irregularidades durante su breve gestión. El ahora exmandatario llevaba apenas cuatro meses en el poder.

Entre los cuestionamientos que precipitaron su salida figuran reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y sospechas sobre la contratación de funcionarias que previamente habían mantenido encuentros con él en el Palacio de Gobierno.

Luego de la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, remarcó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.

En ese sentido, convocó a una sesión de urgencia para este miércoles a las 18 para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario.

Jerí había asumido la presidencia de manera interina en su condición de titular del Congreso, tras la destitución de Dina Boluarte en octubre pasado. Al ser censurado como jefe del Parlamento, perdió automáticamente su condición de presidente encargado, en un nuevo capítulo de la prolongada crisis institucional peruana.

Pagina 12


10 de octubre de 2025

Por "permanente incapacidad moral"

Perú: el Congreso destituyó a Dina Boluarte

Fue removida de su cargo en un juicio político exprés. Asume la jefatura interina del Estado el titular del Congreso, el derechista José Jerí.


El Congreso de Perú destituyó de modo exprés este jueves por la noche a la presidenta Dina Boluarte, tras declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

El Poder Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó para ejercer su defensa.

De este modo, la primera presidenta mujer de Perú terminó su mandato de dos años y diez meses. Había asumido a finales de 2022, para suceder a Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta.

El proyecto de ley de destitución declaró la "permanente incapacidad moral de la presidenta de la República y la vacancia de la presidencia de la República" peruana.

Asimismo, se resolvió "la aplicación del régimen de sucesión establecido" en la Constitución peruana. Esa sucesión indica que, al no tener Boluarte vicepresidentes, asume la jefatura del Estado el presidente del Congreso, el derechista José Jerí.

Boluarte se despidió este viernes del cargo con un mensaje a la nación que fue cortado por todos los canales de televisión que lo estaban transmitiendo, incluido el estatal TV Perú, en el que aceptaba su destitución.

La mandataria apareció en uno de los salones de la sede de la Presidencia escoltada por sus ministros, en una alocución donde ya no lucía la banda presidencial, uno de los atributos reservados para el jefe o jefa de Estado.

Boluarte comenzó su mensaje aceptando su destitución y, acto seguido, comenzó a enumerar una serie de hechos y cifras de su gestión. En ese momento, el mensaje fue sacado de las ondas. Minutos después, abandonó el Palacio de Gobierno en su automóvil oficial con rumbo desconocido.

La ahora exmandataria enfrenta al menos once investigaciones por parte de la Fiscalía por graves delitos contra los derechos humanos y por presunta corrupción.

Entre los hechos que se le imputan está la muerte de más de 50 personas durante la represión de la ola de protestas que reclamaba nuevas elecciones tras la detención y encarcelamiento preventivo del presidente Pedro Castillo, al que sucedió por ser su vicepresidenta tras protagonizar el izquierdista un fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022.

Asimismo, se le investiga por supuestamente recibir regalos lujosos como relojes Rolex no declarados, no informar de que estaría impedida físicamente para ejercer el cargo cuando se sometió a una serie de cirugías estéticas, y encubrir supuestamente la fuga del líder del partido marxista Perú Libre, con el que ella y Castillo ganaron las elecciones de 2021.

El fiscal general interino, Tomás Gálvez, anticipó que esté viernes solicitará que un juez le prohíba a Boluarte salir del territorio nacional

En su lugar asumió como jefe de Estado de manera interina el presidente del Congreso, José Jerí, del derechista Somos Perú, hasta las nuevas elecciones ya convocadas para 2026.

Pagina 12

Asume interinamente en reemplazo de Dina Boluarte

Denuncias por violación y corrupción: quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú

El flamante mandatario es cuestionado por organismos de derechos humanos. El 26 de julio fue escogido como presidente del Congreso, pese a que en ese momento seguía abierta una investigación por violación sexual en su contra, que luego fue archivada.

El presidente interino que el Congreso peruano eligió para reemplazar a la destituida Dina Boluarte es José Jerí (38), un diputado de ultraderecha que hace cuestión de meses fue denunciado por "corrupción" y "violación" a una mujer.

Al enterarse de su designación, la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú denunció que “ningún funcionario con denuncias graves debería asumir la más alta representación del Estado” y exigió “no más impunidad en el poder”.

Jerí tiene 38 años, nació en Lima, es católico, vive en pareja sin estar casado y no tiene hijos. Desde 2013 está afiliado al derechista “Somos Perú”, donde desempeñó varios cargos y se postuló en varias elecciones para entrar a la Municipalidad de Lima, pero nunca fue elegido.

Se autodenomina “abogado y animalista”, es muy activo en las redes sociales. Consiguió una banca en el Congreso, pero como suplente del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020). Luego fue electo como presidente del Parlamento y hoy juró la primera magistratura a pesar de protagonizar dos escándalos:

Fue acusado de beneficiar a una empresa cuando integraba la Comisión de Presupuesto del Parlamento y a principios de años una mujer lo denunció por un “ataque sexual” junto con otro hombre, durante una reunión social en el distrito de Canta.

Jerí negó esta última acusación y fue sobreseído hace dos meses. A pesar de ello recibió cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos.

Pagina 12


31 de marzo de 2024

 A Dina Boluarte le allanaron la casa y el Palacio de Gobierno de madrugada

A la presidenta de Perú le pesan los relojes

Se sospecha que sus suntuosos abalorios tendrían origen espurio. Su hijo no abrió la puerta hogareña y se la tiraron abajo. 

Carlos Noriega

Página/12 en Perú

Desde Lima

Una hora antes de la medianoche del Viernes Santo se rompió la tranquilidad del feriado largo limeño, cuando la policía rodeó la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en el barrio de Surquillo. Después que los fiscales tocaron insistentemente sin que nadie les abriese, los policías derribaron la puerta para ingresar a la casa, cumpliendo una orden judicial de allanamiento en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito que comenzó con el escándalo de los lujosos relojes Rolex de la mandataria. 

Pasadas las cuatro a.m. del sábado, los fiscales también allanaron el Palacio de Gobierno. En este caso sí les abrieron la puerta. Ingresaron a la residencia presidencial oficial y al despacho de la mandataria. El gobierno calificó el allanamiento como “ilegal” e “inconstitucional”. Importantes juristas, sin embargo, han respaldado la legalidad del operativo.

Presidenta en "rebeldía"

Los allanamientos se produjeron después que esta semana, Boluarte no acudiera a declarar ante la Fiscalía en la investigación por sus relojes de lujo, que la prensa ha revelado a partir de fotos de actividades oficiales. La presidenta debía mostrar a los fiscales esos relojes. Serían quince los relojes, al menos tres de marca Rolex. La actitud negativa de Boluarte fue calificada por el fiscal general Juan Carlos Villena como “una rebeldía” frente a las autoridades judiciales con el objetivo de “entorpecer la investigación”.

Al ingresar por la fuerza a la vivienda de la presidenta, policías y fiscales encontraron en la casa a uno de sus dos hijos, ambos mayores de edad, quien no había abierto la puerta. Boluarte no estaba. Las autoridades revisaron con detenimiento todas las habitaciones. Buscaban los Rolex de la mandataria y documentación que ayude a aclarar las denuncias de corrupción. El allanamiento se prolongó hasta pasadas las cuatro a.m. Mientras la casa era allanada, en Palacio de Gobierno se encendían las luces. Y las alarmas. Comenzaron a llegar ministros. De la casa de Boluarte, fiscales y policías se dirigieron al Palacio de Gobierno para el segundo allanamiento. Desde el Ejecutivo se informó que Boluarte estaba en la residencia oficial y estuvo presente durante el operativo fiscal de cinco horas.

Una defensa que no se defiende

Boluarte habló en la tarde del sábado por televisión en un mensaje grabado. Apareció con su gabinete ministerial. Su discurso no ayudó a descomprimir la crisis porque no aclaró nada y buscó victimizarse. Se quejó de ser blanco de “una campaña de acoso sistemático” por las investigaciones por un posible enriquecimiento ilícito, atacó de “falsa” y “tendenciosa” a la prensa que reveló el escándalo y otras denuncias, y cuestionó a la Fiscalía por el allanamiento al que calificó de “inconstitucional, arbitrario, desproporcional y abusivo”. Pero no respondió a las acusaciones. La presidenta es parte de un proyecto autoritario con la mayoría de derecha del Congreso y dijo --sin un solo argumento-- que había un complot y “un ataque a la democracia”. La democracia, más bien, se viene debilitando con su gobierno.

El abogado de la presidenta, Mateo Castañeda estuvo presente en ambos allanamientos y señaló que los fiscales fotografiaron “unos diez relojes” pero no los incautaron. Sin embargo, la orden judicial de allanamiento incluía la incautación. El abogado no dijo si esos relojes eran los Rolex que buscaban. La Fiscalía no ha confirmado esta versión. Según ha trascendido, en el acta de incautación del allanamiento a la casa de Boluarte se señala que se encontró documentación sobre la compra de uno de los relojes Rolex, realizada en julio de 2023. Costó algo más de 19 mil dólares.

Los Rolex tienen un número de serie con el que se puede identificar cuándo y dónde fueron comprados y quién los adquirió, las respuestas que Boluarte se niega a dar. Por eso el interés de la Fiscalía de ver estos relojes.

Otro golpe a la popularidad

El escándalo de los Rolex ha golpeado a un gobierno que ya venía muy debilitado en apoyo popular y escaló con otras revelaciones de posible enriquecimiento ilícito. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera indica que en las cuentas bancarias de Boluarte hay ingresos por 298 mil dólares no justificados que podrían estar relacionados con actividades de lavado. Los bienes declarados por la propia presidenta registran un incremento no explicado de 117 mil dólares desde su llegada al gobierno, como vicepresidenta y ministra en julio de 2021, y como presidenta desde diciembre de 2022. El diario La República reveló nuevas evidencias de la costosa frivolidad de Boluarte. El medio hace con expertos en joyería un análisis de fotos oficiales de las actividades de la mandataria, en las que además de los lujosos relojes se le ve exhibiendo joyas como un brazalete Cartier de oro y diamantes valorizado en 54 mil dólares. Según esos expertos, las joyas vistas en diversas fotos estarían valorizadas en unos 500 mil dólares. Sus ingresos no explican ese gasto.

Congresistas de sectores de izquierda y centro promueven un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral y el adelanto de las elecciones. Pero a Boluarte la protege la derecha que es mayoría en el Parlamento unicameral. El fujimorismo --con su jefa Keiko Fujimori procesada por corrupción-- y legisladores de otros sectores de ultraderecha y de la derecha, criticaron el allanamiento y atacaron a la Fiscalía. Son los mismos que hace un tiempo aplaudieron cuando en el gobierno de Pedro Castillo la Fiscalía allanó Palacio de Gobierno y la vivienda del entonces presidente, y ahora dicen que este allanamiento “es un maltrato a la investidura de la Presidencia”. Ante la magnitud del escándalo, algunos parlamentarios de derecha tomaron tímida distancia de Boluarte, pero no han respaldado una posible vacancia presidencial.

A las acusaciones de corrupción contra Boluarte se suma la denuncia fiscal por la muerte de 49 personas en la represión a las protestas contra su gobierno. En el Congreso la derecha la salvó de una destitución por este grave cargo.      

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22 de septiembre de 2023

 

Solo resta la firma de la presidenta Dina Boluarte tras la aprobación parlamentaria

Perú: uso de fuerza letal sin responsabilidad penal

Debe darse en caso de "peligro inminente" en el marco de una "agresión real perpetrada previa irrupción ilegítima dentro de un inmueble, medio de transporte, negocio o empresa,"  establece el proyecto de ley.

La ciudadanía peruana podrá recurrir al uso letal de la fuerza en casos de defensa propia y ante una situación de peligro inminente sin responsabilidad penal, de acuerdo con una ley aprobada este viernes por el Parlamento que quedó a la firma de la presidenta Dina Boluarte.

El proyecto -presentado por la diputada Patricia Chirinos, de Avanza País- obtuvo 78 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones. El texto tiene como objetivo modificar el Código Penal y el alcance de la responsabilidad penal en este tipo de casos. Así, el texto hace hincapié en que el uso de la fuerza -incluso cuando es letal- debe darse en caso de "peligro inminente" y con el fin de "proteger la vida propia o la integridad propia o de terceros".

Los detalles de la iniciativa

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Janet Rivas, del partido Perú Libre, explicó que se modificará el punto número 3 del artículo 20 del Código Penal, así como el Decreto Legislativo 635 sobre Inimputabilidad. Esto implica que quedarán exentos de responsabilidad penal quienes "obren en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal". Tampoco existirá la imposición de medidas de prisión preventiva en casos de "inminente aplicación de la legítima defensa propia o de un tercero conforme a ley; salvo la presencia de antecedentes y/o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentenciada firme condenatoria".

El nuevo texto señala que para ampararse en estos términos debe producirse una "agresión real perpetrada previa irrupción ilegítima dentro de un inmueble, medio de transporte, negocio, empresa, asociación civil, lugar de trabajo o en algún inmueble que sea de propiedad de quien repelió el ataque" en cuestión.

Rivas precisó a su vez que en estos casos quedará excluido el "criterio de la proporcionalidad del instrumento con el que se repelió el ataque" y que se tendrá en cuenta la "intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se dispongan para la defensa". También se tendrá en cuenta "la actitud hacia el agresor por parte de quien se defiende, la situación de peligro inminente en la que este se encuentre y la necesidad de proteger tanto su vida como la de terceras personas", indicó.

Reacciones tras la aprobación

"Gracias a todos los congresistas que apoyaron para que esta iniciativa se haga realidad. La inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado han aumentado incontrolablemente, poniendo en peligro la vida e integridad de todos los peruanos", expresó Chirinos en un mensaje a través de redes sociales. La legítima defensa es "un derecho que nos brinda la posibilidad de protegernos y proteger a nuestras familias", indicó, al tiempo que agradeció "que se reconozca que la vida y la seguridad son valiosas y la ley debe respaldar nuestro derecho a preservarlas".

La congresista izquierdista Ruth Luque pidió luego de la votación del proyecto que se realice una reconsideración, pero su solicitud fue desestimada. La modificación del Código Penal se hizo "sin tomar en cuenta criterios objetivos", debido a que se "restringe los principios de discrecionalidad que en sus decisiones tienen los magistrados, al establecer que no procede la prisión preventiva", manifestó la congresista en su cuenta de X, ex Twitter.

Estado de sitio

El jueves el Congreso peruano también le otorgó al Gobierno de Boluarte las facultades para legislar por decreto durante tres meses en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres e infraestructura social. El dictamen de comisión fue aprobado con 80 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

El Ejecutivo decretó esta semana el estado de emergencia en 9 distritos del territorio, entre ellos los limeños San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, para que la Policía Nacional enfrente los problemas de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, afirmó que las medidas responde a "un momento de quiebre" a nivel nacional, y admitió que conllevan la "suspensión de algunos derechos constitucionales", como la inviolabilidad del domicilio. "Se va a suspender el ejercicio, de ser necesario, de ciertos derechos constitucionales para procurar que la Policía pueda intervenir en los locales y domicilios, ahí donde la Inteligencia policial detecte la presencia de organizaciones criminales o mafias. Las Fuerzas Armadas van a actuar en respaldo de la Policía Nacional", explicó.

En tanto el ministro del Interior, Vicente Romero, agregó en una conferencia de prensa que deberán salir del país los extranjeros que no regularicen su situación migratoria ante la Superintendencia de Migraciones antes del 10 de noviembre. "Seremos inflexibles", sentenció el titular de la cartera.

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28 de abril de 2023

 

Denuncian que se están violando sus derechos políticos y civiles

Perú: demanda ante la ONU en favor de Pedro Castillo

Sus abogados solicitaron medidas provisionales a favor del exmandatario ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Carlos Noriega

La defensa legal del expresidente Pedro Castillo demanda ante las Naciones Unidas su libertad y su restitución en la presidencia. Esta semana, los abogados argentinos del encarcelado exmandatario peruano, Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto, presentaron una denuncia y solicitud de medidas provisionales a favor de Castillo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que denuncian que se están violando sus derechos políticos y civiles, establecidos en el pacto internacional de la ONU sobre estos derechos. Se indica que no se respeta el debido proceso y el derecho a la defensa -las autoridades impiden que Castillo se reúna con sus abogados Zaffaroni y Croxatto-, que se están cometiendo “arbitrariedades” en contra de Castillo y su familia -no se le permite comunicarse telefónicamente con su esposa y sus dos hijos exiliados en México hace más de cuatro meses-, y que en prisión el expresidente recibe “tratos degradantes y hostiles”. Se demanda que cesen estas acciones. Sus abogados piden medidas para “evitar daños irreparables”.

En declaraciones a Página/12, Croxatto explicó que la destitución y prisión de Castillo “son arbitrarias e ilegales, ejecutadas sin respetar las normas legales. Incluso si lo quieren destituir, antes lo tienen que reponer en la presidencia y llevar adelante el proceso de destitución en forma constitucional, conforme a derecho, respetando el debido proceso, cosa que no hicieron”. La defensa de Castillo también cuestiona el sustento legal de la acusación por rebelión en su contra por haber intentado cerrar el Congreso que maniobraba para sacarlo de la presidencia.

La mutación de Boluarte

Croxatto señaló que además de violarse los derechos civiles y políticos de Castillo “también se están violando los derechos políticos de sus electores, especialmente de las comunidades originarias que habían votado a Castillo y ahora son reprimidos y asesinados por la presidenta Boluarte, que a pesar de haber sido elegida como vicepresidenta con Castillo ha dado un claro cambio de orientación al gobierno que termina configurando un fraude político”.

Desde que asumió en diciembre pasado, Boluarte se alió con la derecha y la ultraderecha que combatieron a Castillo. La represión a las protestas que estallaron luego de la destitución y encarcelamiento del expresidente ha dejado 49 muertos por disparos de policías y militares. El total de fallecidos en el contexto de las protestas son cerca de 70. La mayoría de las víctimas son indígenas. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado que las fuerzas de seguridad han disparado con fusiles contra manifestantes y contra pobladores que no participaban en las protestas, que hay “un sesgo racista” en la represión, detenciones arbitrarias, “tratos brutales” contra detenidos y persecución contra dirigentes y manifestantes acusados judicialmente por terrorismo.

“La represión contra las poblaciones originarias incluye a las mujeres indígenas que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, que exigen justicia y que desde la destitución de Castillo son reprimidas. Me sorprende que Alejandro Aguinaga siga siendo congresista cuando fue el ministro de Fujimori que llevó adelante esas esterilizaciones forzadas. Es uno de los congresistas que votó a favor de la destitución de Castillo”, afirmó Croxatto.

La demanda ante la CIDH

Esta demanda ante la ONU en defensa de los derechos de Castillo será entregada al gobierno peruano para que responda. En junio habrá una audiencia en el Comité de Derechos Humanos. Esta es la segunda demanda internacional que presentan los abogados de Castillo. Hace dos semanas presentaron un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger los derechos del expresidente. Días después de presentada esta demanda, y cuando se espera el informe final de este organismo por la represión a las protestas -el informe preliminar hace contundentes denuncias contra el gobierno peruano-, ministros y legisladores de la ultraderecha demandaron que el Perú se retire de la CIDH. Otro organismo de la ONU, la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales, ha demandado al gobierno peruano explicaciones por la represión. El plazo de dos meses para dar esas explicaciones vence en los próximos días. Ahora el gobierno también tendrá que responder por las denuncias de violaciones al debido proceso en el caso Castillo.

Zaffaroni y Croxatto tienen una activa agenda internacional en el caso Castillo. Trabajan en una propuesta que le presentarán al presidente de Colombia, Gustavo Petro para que junto con representantes de comunidades originarias el gobierno colombiano demande al Estado peruano por violar la Carta Democrática de la OEA. Croxatto se ha reunido con Petro en Bogotá. Las autoridades peruanas han declarado persona no grata a Petro por su apoyo a Castillo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que también se reunió con Croxatto, prepara la presentación de una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, denunciando abusos y violaciones al debido proceso en contra de Castillo y pidiendo que la comunidad internacional respalde el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en el Perú.

Este jueves, Zaffaroni y Croxatto enviaron una carta a los miembros del Parlamento Europeo con un detallado relato de la grave crisis política y social en el Perú, las violaciones a los derechos humanos y la situación de Castillo. Una día antes, treinta diputados de doce país europeos expresaron en un comunicado su preocupación por los derechos humanos en Perú y por la salud y la vida de Castillo. Piden su liberación “por motivos humanitarios y de salud” y demandan un juicio justo para él. La próxima semana viajarán al Perú para ver a Castillo parlamentarios alemanes del gobernante Partido Social Demócrata y del izquierdista Die Linke.

El gobierno y la derecha demonizan a quienes cuestionan la coalición autoritaria que ha tomado el poder y denuncian las violaciones a los derechos humanos. En el caso del expresidente boliviano Evo Morales eso ha llegado a extremos absurdos, a la vez alarmantes. En Puno, región altiplánica fronteriza con Bolivia que ha sido escenario de las mayores protestas y la represión más dura, se ha abierto una denuncia penal en su contra por apología al terrorismo. En esta acusación se criminaliza el proyecto Runasur que promueve Morales para unificar a los pueblos originarios y se le acusa, sin una sola evidencia, de promover protestas violentas y armar a los manifestantes peruanos. Lo que se ha probado es que esa acusación es una grosera mentira del gobierno y la derecha para intentar justificar la represión. Zaffaroni y Croxatto también han asumido la defensa del expresidente boliviano. Este jueves, Castillo le envió una carta a Morales en la que termina diciéndole: “además de compartir las mismas causas justas y las luchas por las mismas ideas, ahora también compartimos abogados”.

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