Tierra adentro
Un puñado de inversores extranjeros se reparten más de quince millones de hectáreas de suelo argentino. Quiénes son, cómo explotan y qué ambicionan. Las claves del proyecto que frena el despojo. Mirá la galería de fotos.
Durante las últimas dos décadas, cientos de inversionistas y empresas de origen extranjero recorrieron el vasto territorio argentino y tomaron nota de las mejores extensiones de tierra. El hábito de ver al país como un gran paseo de compras tuvo su auge en los años ’90, debido a la existencia de efectivo inmediato y a una legislación laxa, cuando no nula.
Tanta acumulación generó damnificados a su paso. Campos aptos para siembra y pastura, estancias en desuso y grandes áreas con pequeñas poblaciones en su interior, en algunos casos, fueron adquiridos sin control. Tampoco se salvaron los humedales, las sierras, ni los paraísos terrenales con lagunas y trechos de ríos. Los reclamos de los damnificados jamás cesaron: organizaciones civiles, pueblos originarios y defensores del medio ambiente pugnaron en vano por hacerse oír. Con el objetivo de cambiar esta mecánica de adquisición indiscriminada es que el Poder Ejecutivo presentó la semana pasada una iniciativa que pondrá límites a la compra de tierras. Quienes tenían en vista adquirir en forma ventajosa grandes porciones de territorio deberán orientar sus billeteras hacia otros horizontes. Al menos eso se desprende del texto del proyecto de ley que difundió la presidenta Cristina Fernández.
Las cifras no son exactas ni lo serán hasta que se ponga en funcionamiento un registro nacional. Según un relevamiento realizado por la Federación Agraria Argentina, hasta el año 2002 eran siete millones las hectáreas en poder extranjero. Seis años después, ese número, estimado, aumentó en diez millones. Ocurre que al no haber un organismo a nivel nacional que concentre tal información, hay que recurrir uno por uno a los provinciales. En 2008 se realizó un censo nacional agropecuario en el que se relevaron 155 millones de hectáreas, pero quedaron afuera 38 millones. Por eso se trabaja con la hipótesis de los 17 millones sobre un total de 170 millones cultivables. Para la FAA, de no aplicarse una ley de regulación, en 2013 serán 26 millones las hectáreas bajo titularidad foránea. El caso de las tierras ubicadas en zonas de seguridad y frontera muestra la flexibilidad que existió a la hora de autorizar compras y emprendimientos. Según el Ministerio del Interior, entre 2000 y 2003 se autorizaron 246 solicitudes formuladas por personas físicas y jurídicas, lo que arrojó un equivalente de 1.175.249 hectáreas. Desde diciembre de 2007 y hasta hoy, se les dio curso a 250 autorizaciones, de las cuales 25 corresponden a extranjeros por una extensión total de 22.000 hectáreas.
Tanta acumulación generó damnificados a su paso. Campos aptos para siembra y pastura, estancias en desuso y grandes áreas con pequeñas poblaciones en su interior, en algunos casos, fueron adquiridos sin control. Tampoco se salvaron los humedales, las sierras, ni los paraísos terrenales con lagunas y trechos de ríos. Los reclamos de los damnificados jamás cesaron: organizaciones civiles, pueblos originarios y defensores del medio ambiente pugnaron en vano por hacerse oír. Con el objetivo de cambiar esta mecánica de adquisición indiscriminada es que el Poder Ejecutivo presentó la semana pasada una iniciativa que pondrá límites a la compra de tierras. Quienes tenían en vista adquirir en forma ventajosa grandes porciones de territorio deberán orientar sus billeteras hacia otros horizontes. Al menos eso se desprende del texto del proyecto de ley que difundió la presidenta Cristina Fernández.
Las cifras no son exactas ni lo serán hasta que se ponga en funcionamiento un registro nacional. Según un relevamiento realizado por la Federación Agraria Argentina, hasta el año 2002 eran siete millones las hectáreas en poder extranjero. Seis años después, ese número, estimado, aumentó en diez millones. Ocurre que al no haber un organismo a nivel nacional que concentre tal información, hay que recurrir uno por uno a los provinciales. En 2008 se realizó un censo nacional agropecuario en el que se relevaron 155 millones de hectáreas, pero quedaron afuera 38 millones. Por eso se trabaja con la hipótesis de los 17 millones sobre un total de 170 millones cultivables. Para la FAA, de no aplicarse una ley de regulación, en 2013 serán 26 millones las hectáreas bajo titularidad foránea. El caso de las tierras ubicadas en zonas de seguridad y frontera muestra la flexibilidad que existió a la hora de autorizar compras y emprendimientos. Según el Ministerio del Interior, entre 2000 y 2003 se autorizaron 246 solicitudes formuladas por personas físicas y jurídicas, lo que arrojó un equivalente de 1.175.249 hectáreas. Desde diciembre de 2007 y hasta hoy, se les dio curso a 250 autorizaciones, de las cuales 25 corresponden a extranjeros por una extensión total de 22.000 hectáreas.
Revista veintitres
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