La Ciudad debe retirar los $ 210 millones de subsidios del subte
La jueza Patricia Vergara le ordenó a Macri tomar el dinero depositado por la Nación, en base al acta acuerdo de traspaso de enero.
El gobierno porteño deberá retirar los 210 millones de pesos que están trabados dentro de la negociación que mantiene con la Nación, por la transferencia de las seis líneas de subte y Premetro. La orden fue firmada ayer por Patricia López Vergara, titular del Sexto Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, que interviene en el caso desde el 3 de agosto, cuando comenzó el paro de subtes más extenso que vivió la Capital. La resolución fue notificada ayer a la administración PRO y le ordena a la comuna que proceda “a solicitar la entrega de los fondos depositados” por el gobierno nacional para “solventar los fondos operativos para el mantenimiento del servicio público de subterráneo”. Se trata de las siete cuotas de 30 millones de pesos mensuales que la Casa Rosada depositó en un fondo fiduciario, para sostener el 50% de los 720 millones de pesos que había girado en 2011 para mantener la tarifa de los trenes subterráneos a $ 1,10.
Esos montos cambiaron desde enero, cuando el gobierno nacional decidió reducir esa cifra anual de 720 a 360 millones y acordar la transferencia del subte y el Premetro por medio de un acta acuerdo que Macri firmó el 3 de enero, pero que revocó a principios de marzo, después de aumentar el precio del boleto de 1,10 a 2,50. Ante el estancamiento de la negociación, el gobierno PRO se negó a recibir los subsidios que la Secretaría de Transporte de la Nación deposita desde enero, pero la empresa concesionaria Metrovías los reclama para poder pagar salarios, costear el aumento que reclaman sus trabajadores y asumir los costos de mantenimiento.
La medida de López Vergara busca destrabar esos fondos, para evitar que se vuelva a concretar un paro similar al que decretaron los metrodelegados el 3 de agosto y que duró diez días. Antes de la finalización de esa medida de fuerza, la jueza había ordenado a la Ciudad que se hiciera cargo del papel de “autoridad laboral” que le confiere la Constitución porteña y que abriera las puertas de su Subsecretaría de Trabajo para intervenir en la paritaria. Por decisión del jefe de gobierno Mauricio Macri, el Estado porteño acató la medida judicial y la comuna dictó la conciliación obligatoria para los metrodelegados y Metrovías.
Ayer, la misma magistrada firmó una nueva medida. Según la resolución, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, “el gobierno deberá proceder a solicitar la entrega de los fondos depositados en la cuenta de segundo grado del fondo fiduciario creado”, para destinarlos a “solventar los fondos operativos para el mantenimiento del servicio” y “entre ellos tendrá que tener prioridad la puesta en funcionamiento de las 20 formaciones retiradas por Metrovías y el mantenimiento de la infraestructura a fin de resguardar la seguridad en la prestación del servicio con miras a cuidado y proyección de usuarios, trabajadores y bienes comprometidos en el servicio”.
En términos prácticos, la medida judicial busca liberar los fondos para que el servicio tenga las formaciones que Metrovías quitó por no recibir los subsidios que había girado Nación, y que tenga el dinero para pagar sueldos y evitar otro paro.
Según confiaron fuentes judiciales, la magistrada tuvo en cuenta la inminente realización de una reunión para avanzar con el Ente Tripartito de Transporte Metropolitano. En vísperas de la reunión, tanto Nación como Ciudad plantearon la preocupación de un nuevo paro, que el viernes también fue deslizado por los metrodelegados ante la posibilidad de llegar a otro mes sin acuerdo paritario (ver recuadro). En ese contexto, la medida buscó liberar los fondos, pero aclara que “no implica adelantar opinión respecto del fondo del asunto debatido, en torno a la titularidad del servicio, ni hace mérito, sobre la situación económica ni financiera de Metrovias, ni de los actos que impliquen una ajenidad a la competencia de esta magistrada”.
En sus fundamentos, la jueza dice que ordenó destrabar los fondos porque “ha primado sobre cualquier otra consideración la búsqueda de una vía rápida y urgente que se anticipe a evitar los daños mayores que se preanuncian”. En cuanto al traspaso de los subterráneos a la órbita de la Ciudad desde el macrismo adelantaron que confían en llegar a un acuerdo con sus pares kirchneristas para concretar “antes de fin de año” la transferencia de la red.
“Nos parece una actitud de responsabilidad que venga (Macri) a sentarse a esta mesa para la constitución de la Agencia de Transporte Metropolitano ya como representante del servicio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró ayer el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, luego de convocar una reunión el viernes por la noche. El oriundo de Chivilcoy aclaró que para “el gobierno la situación del subte es un tema cerrado”. La traba para que ambas administraciones suscriban un acuerdo es la misma que mantiene frenadas las negociaciones desde hace varios meses. En Bolívar I pretenden que el gobierno nacional tome a su cargo varias obras que mejoren el funcionamiento de la red. “Que quede claro, nosotros queremos el traspaso del subte”, subrayó Rodríguez Larreta en declaraciones radiales y reclamó: “Lo único que pedimos es que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad. No podemos aceptar que nos pasen un subte con vagones de 100 años.” «
Esos montos cambiaron desde enero, cuando el gobierno nacional decidió reducir esa cifra anual de 720 a 360 millones y acordar la transferencia del subte y el Premetro por medio de un acta acuerdo que Macri firmó el 3 de enero, pero que revocó a principios de marzo, después de aumentar el precio del boleto de 1,10 a 2,50. Ante el estancamiento de la negociación, el gobierno PRO se negó a recibir los subsidios que la Secretaría de Transporte de la Nación deposita desde enero, pero la empresa concesionaria Metrovías los reclama para poder pagar salarios, costear el aumento que reclaman sus trabajadores y asumir los costos de mantenimiento.
La medida de López Vergara busca destrabar esos fondos, para evitar que se vuelva a concretar un paro similar al que decretaron los metrodelegados el 3 de agosto y que duró diez días. Antes de la finalización de esa medida de fuerza, la jueza había ordenado a la Ciudad que se hiciera cargo del papel de “autoridad laboral” que le confiere la Constitución porteña y que abriera las puertas de su Subsecretaría de Trabajo para intervenir en la paritaria. Por decisión del jefe de gobierno Mauricio Macri, el Estado porteño acató la medida judicial y la comuna dictó la conciliación obligatoria para los metrodelegados y Metrovías.
Ayer, la misma magistrada firmó una nueva medida. Según la resolución, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, “el gobierno deberá proceder a solicitar la entrega de los fondos depositados en la cuenta de segundo grado del fondo fiduciario creado”, para destinarlos a “solventar los fondos operativos para el mantenimiento del servicio” y “entre ellos tendrá que tener prioridad la puesta en funcionamiento de las 20 formaciones retiradas por Metrovías y el mantenimiento de la infraestructura a fin de resguardar la seguridad en la prestación del servicio con miras a cuidado y proyección de usuarios, trabajadores y bienes comprometidos en el servicio”.
En términos prácticos, la medida judicial busca liberar los fondos para que el servicio tenga las formaciones que Metrovías quitó por no recibir los subsidios que había girado Nación, y que tenga el dinero para pagar sueldos y evitar otro paro.
Según confiaron fuentes judiciales, la magistrada tuvo en cuenta la inminente realización de una reunión para avanzar con el Ente Tripartito de Transporte Metropolitano. En vísperas de la reunión, tanto Nación como Ciudad plantearon la preocupación de un nuevo paro, que el viernes también fue deslizado por los metrodelegados ante la posibilidad de llegar a otro mes sin acuerdo paritario (ver recuadro). En ese contexto, la medida buscó liberar los fondos, pero aclara que “no implica adelantar opinión respecto del fondo del asunto debatido, en torno a la titularidad del servicio, ni hace mérito, sobre la situación económica ni financiera de Metrovias, ni de los actos que impliquen una ajenidad a la competencia de esta magistrada”.
En sus fundamentos, la jueza dice que ordenó destrabar los fondos porque “ha primado sobre cualquier otra consideración la búsqueda de una vía rápida y urgente que se anticipe a evitar los daños mayores que se preanuncian”. En cuanto al traspaso de los subterráneos a la órbita de la Ciudad desde el macrismo adelantaron que confían en llegar a un acuerdo con sus pares kirchneristas para concretar “antes de fin de año” la transferencia de la red.
“Nos parece una actitud de responsabilidad que venga (Macri) a sentarse a esta mesa para la constitución de la Agencia de Transporte Metropolitano ya como representante del servicio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró ayer el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, luego de convocar una reunión el viernes por la noche. El oriundo de Chivilcoy aclaró que para “el gobierno la situación del subte es un tema cerrado”. La traba para que ambas administraciones suscriban un acuerdo es la misma que mantiene frenadas las negociaciones desde hace varios meses. En Bolívar I pretenden que el gobierno nacional tome a su cargo varias obras que mejoren el funcionamiento de la red. “Que quede claro, nosotros queremos el traspaso del subte”, subrayó Rodríguez Larreta en declaraciones radiales y reclamó: “Lo único que pedimos es que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad. No podemos aceptar que nos pasen un subte con vagones de 100 años.” «
¿Se viene otro paro?
El líder de los “metrodelegados”, Roberto Pianelli, advirtió ayer que si a fin de mes la empresa Metrovías no cumple con el convenio firmado días atrás "inevitablemente" habrá un nuevo conflicto en el servicio.
La empresa concesionaria se había comprometido a pagar una suma fija en agosto de entre 1600 y 3200 pesos con el fin de levantar el paro que mantuvo diez días paralizado el servicio a principios de mes. Ese preacuerdo salarial está supeditado a que Metrovías cuente con los recursos económicos necesarios para afrontar el incremento salarial, lo que implica que el gobierno porteño de Mauricio Macri asuma las responsabilidades políticas e institucionales sobre la administración de la red.
"La que va a llevar a un conflicto es la empresa. Si cuando llega fin de mes los trabajadores ven que esto no se cumple, inevitablemente te llevan a un conflicto", advirtió Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), a la vez que le pidió al "Gobierno de la Ciudad que le pida al grupo Roggio –propietario de Metrovías– que no cometa la barbaridad de no cumplir con este convenio."
La empresa concesionaria se había comprometido a pagar una suma fija en agosto de entre 1600 y 3200 pesos con el fin de levantar el paro que mantuvo diez días paralizado el servicio a principios de mes. Ese preacuerdo salarial está supeditado a que Metrovías cuente con los recursos económicos necesarios para afrontar el incremento salarial, lo que implica que el gobierno porteño de Mauricio Macri asuma las responsabilidades políticas e institucionales sobre la administración de la red.
"La que va a llevar a un conflicto es la empresa. Si cuando llega fin de mes los trabajadores ven que esto no se cumple, inevitablemente te llevan a un conflicto", advirtió Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), a la vez que le pidió al "Gobierno de la Ciudad que le pida al grupo Roggio –propietario de Metrovías– que no cometa la barbaridad de no cumplir con este convenio."
Tiempo argentino
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