Causa armas: fiscal de Casación pide que Menem y Emir Yoma sean condenados
Raúl Plée avaló la apelación presentada por los representantes del Ministerio Público que intervinieron en el juicio oral. Cree que el cuñado del ex presidente instigó el contrabando y que el riojano y Camilión fueron coautores de la maniobra.
La añeja causa por presunto contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante el gobierno de Carlos Menem, en la que un tribunal oral en lo Penal Económico absolvió a todos los imputados en septiembre de 2011, aún no está cerrada. El fiscal general ante la Cámara Federal de de Casación Penal, Raúl Plée, avaló la apelación presentada por los fiscales que intervinieron en el juicio oral y reclamó que tanto el ex presidente cuanto su ex cuñado Emir Yoma sean condenados, pues contrariamente a lo que determinaron los jueces el delito de contrabando está probado.
Plée mantuvo el recurso presentado por la fiscalía que intervino en el juicio en el que Menem y otros 17 imputados, entre ellos el ex ministro de Defensa y canciller Oscar Camilión, fueron declarados inocentes por voto mayoritario del tribunal oral en lo Penal Económico número tres. Los jueces Luis Imas y Horacio Artabe entendieron que la decisión de la venta de armas que terminaron en dos países que tenían prohibida la compra de pertrechos militares fue una "decisión de política exterior" no judiciable y "no un designio criminal". En el proceso intervinieron dos fiscales, Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera, pero sólo este último recurrió la absolución. En el ínterin, su colega Borinsky fue designado juez de la Cámara de Casación, el mismo tribunal que ahora deberá revisar el fallo.
En un escrito que supera las 200 páginas, de las cuales un centenar cita los argumentos del fiscal Agüero Vera, Plée consideró que Emir Yoma fue el "instigador" del contrabando, que contó con la "coautoría" de Menem y Camilión. El dictamen reclama que se reviertan las absoluciones de todos los demás imputados, entre ellos los ex directores de Fabricaciones Militares Manuel Cornejo Torino y Julio Jesús Sabra; de Diego Palleros, sindicado en el expediente como traficante de armas.
La apelación sostenida por Plée calificaba al fallo del tribunal oral de "arbitrario" y "autocontradictorio". La supuesta decisión de origen político, y por lo tanto no judiciable, del gobierno menemista, "no implica en modo alguno que bajo el amparo de lo decidido políticamente puedan cometerse delitos". El escrito subrayó que "aún cuando la decisión de vender material bélico a una Nación extranjera bien puede ser entendida como una acción comprendida en la esfera de los negocios lícitos de un Estado, no cualquier venta de armas podrá ser tratada de esta manera, ya que existen una serie de disposiciones legales que deben ser cumplidas para que la operación pueda ser considerada lícita".
Las operaciones cuestionadas, por las que incluso Menem estuvo preso durante cinco meses en 2001, comprendieron a unas 6500 toneladas de armas y municiones. Según se investiga en otro expediente, para ocultar ese faltante fue deliberadamente volada la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, donde murieron siete personas y media ciudad quedó semidestruida. El expediente sigue abierto y en un interminable camino al juicio oral.
La "Causa Armas" está ahora a estudio de la Sala Primera de la Casación. El tribunal deberá decidir si, tal como lo sostiene la apelación, "el delito de contrabando se configuró en el caso por la falsedad de los destinos de las exportaciones insertas en los decretos… La falsedad de los destinos de exportación de material bélico inserta en los decretos y volcada en la correspondiente documentación aduanera, constituyó el medio ardidoso para hacer incurrir en error al servicio aduanero además del dolo de impedir o dificultar la función de control del cumplimiento de la prohibición de exportación afectando el bien protegido de dicha prohibición".
Plée mantuvo el recurso presentado por la fiscalía que intervino en el juicio en el que Menem y otros 17 imputados, entre ellos el ex ministro de Defensa y canciller Oscar Camilión, fueron declarados inocentes por voto mayoritario del tribunal oral en lo Penal Económico número tres. Los jueces Luis Imas y Horacio Artabe entendieron que la decisión de la venta de armas que terminaron en dos países que tenían prohibida la compra de pertrechos militares fue una "decisión de política exterior" no judiciable y "no un designio criminal". En el proceso intervinieron dos fiscales, Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera, pero sólo este último recurrió la absolución. En el ínterin, su colega Borinsky fue designado juez de la Cámara de Casación, el mismo tribunal que ahora deberá revisar el fallo.
En un escrito que supera las 200 páginas, de las cuales un centenar cita los argumentos del fiscal Agüero Vera, Plée consideró que Emir Yoma fue el "instigador" del contrabando, que contó con la "coautoría" de Menem y Camilión. El dictamen reclama que se reviertan las absoluciones de todos los demás imputados, entre ellos los ex directores de Fabricaciones Militares Manuel Cornejo Torino y Julio Jesús Sabra; de Diego Palleros, sindicado en el expediente como traficante de armas.
La apelación sostenida por Plée calificaba al fallo del tribunal oral de "arbitrario" y "autocontradictorio". La supuesta decisión de origen político, y por lo tanto no judiciable, del gobierno menemista, "no implica en modo alguno que bajo el amparo de lo decidido políticamente puedan cometerse delitos". El escrito subrayó que "aún cuando la decisión de vender material bélico a una Nación extranjera bien puede ser entendida como una acción comprendida en la esfera de los negocios lícitos de un Estado, no cualquier venta de armas podrá ser tratada de esta manera, ya que existen una serie de disposiciones legales que deben ser cumplidas para que la operación pueda ser considerada lícita".
Las operaciones cuestionadas, por las que incluso Menem estuvo preso durante cinco meses en 2001, comprendieron a unas 6500 toneladas de armas y municiones. Según se investiga en otro expediente, para ocultar ese faltante fue deliberadamente volada la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, donde murieron siete personas y media ciudad quedó semidestruida. El expediente sigue abierto y en un interminable camino al juicio oral.
La "Causa Armas" está ahora a estudio de la Sala Primera de la Casación. El tribunal deberá decidir si, tal como lo sostiene la apelación, "el delito de contrabando se configuró en el caso por la falsedad de los destinos de las exportaciones insertas en los decretos… La falsedad de los destinos de exportación de material bélico inserta en los decretos y volcada en la correspondiente documentación aduanera, constituyó el medio ardidoso para hacer incurrir en error al servicio aduanero además del dolo de impedir o dificultar la función de control del cumplimiento de la prohibición de exportación afectando el bien protegido de dicha prohibición".
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