Investigan al ex jefe de Gendarmería por maniobras en la compra de combustible
La justicia sospecha que fue irregular la contratación de una empresa vinculada a efectivos de la fuerza.
Un fiscal federal dio ayer el primer paso de una investigación contra el ex titular de la Gendarmería Nacional Héctor Schenone, sospechado de haber llevado a cabo "negociaciones incompatibles con la función pública" para beneficiar en contrataciones para compra de combustible a granel a una empresa vinculada con efectivos de la fuerza. La supuesta maniobra habría superado los 40 millones de pesos. La causa se inició por una denuncia del Ministerio de Seguridad, que mediante la intervención al área jurídica de la fuerza a principios de octubre detectó las presuntas maniobras mediante las cuales se "habría favorecido desde 2009 a la empresa Combustibles Integrados SRL, con vinculaciones familiares dentro de la Gendarmería, adjudicándole contratos para la adquisición de combustible a granel, repuestos para vehículos y reparaciones de edificios y ascensores".
Ayer, el fiscal Di Lello requirió la investigación contra Héctor Bernabé Schenone y también contra Miguel Gil, jefe de la Región II en 2009; Humberto Domínguez, director del Servicio Administrativo Financiero entre diciembre 2009 y marzo 2012; Ricardo Marcelo Olano, subdirector en el mismo lapso; Víctor Salvadore, jefe del Departamento de Contrataciones; Oscar Guidone, jefe de la Comisión Evaluadora de Proyectos entre octubre de 2009 y marzo de 2012 y jefe del Servicio Administrativo Financiero entre marzo y septiembre de 2012, y Raúl Ricardo Tabochini, director de Asuntos Jurídicos entre 2009 y 2012.
Según los primeros pasos de la causa, en el directorio de la empresa Combustibles integrados SRL uno de los cuatro socios es Oscar Giovannini, hijo del comandante general de Gendarmería Héctor Giovannini y primo del también comandante Oscar Giovannini. La firma, de mediana envergadura para afrontar un servicio como el que prestaba a Gendarmería, se adjudicó 33 licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas por 40.021.359,89 pesos. Durante el período investigado multiplicó exponencialmente la provisión a la Gendarmería.
La auditoría interna detectó elementos que hacen presuponer que existieron mecanismos para direccionar las contrataciones y, al mismo tiempo, perjudicar a otros competidores. El planteo del fiscal Di Lello menciona supuestos direccionamientos de los pliegos de las licitaciones, invitaciones a participar a empresas vinculadas a Combustibles Integrados SRL y a otras que no contaban con las condiciones para hacerlo.
La causa está radicada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo. A él le reclamó Di Lello las primeras medidas de prueba. No se trata, formalmente, de una imputación contra nadie sino de los pasos para constatar la veracidad de la denuncia y la cuantía del eventual perjuicio patrimonial para la fuerza. Para ello, el fiscal reclamó copias de los informes de la auditoria, la declaración testimonial del director de Inteligencia Criminal, Marcelo Martinengo, la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema para revisar los resultados de la auditoría interna y la recopilación de documentación vinculada con cada una de las operaciones.
El 22 de octubre pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuán había adoptado una actitud similar a la de su colega Di Lello pero en relación con las supuestas irregularidades en la liquidación de los salarios de los uniformados, lo que se tradujo en una protesta que durante varios días acaparó la atención pública. En aquella oportunidad, Marijuán apuntó la investigación contra los mismos oficiales investigados por las transacciones con combustibles, excepto Miguel Gil. Esa causa está en pleno trámite en el juzgado del magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Ayer, el fiscal Di Lello requirió la investigación contra Héctor Bernabé Schenone y también contra Miguel Gil, jefe de la Región II en 2009; Humberto Domínguez, director del Servicio Administrativo Financiero entre diciembre 2009 y marzo 2012; Ricardo Marcelo Olano, subdirector en el mismo lapso; Víctor Salvadore, jefe del Departamento de Contrataciones; Oscar Guidone, jefe de la Comisión Evaluadora de Proyectos entre octubre de 2009 y marzo de 2012 y jefe del Servicio Administrativo Financiero entre marzo y septiembre de 2012, y Raúl Ricardo Tabochini, director de Asuntos Jurídicos entre 2009 y 2012.
Según los primeros pasos de la causa, en el directorio de la empresa Combustibles integrados SRL uno de los cuatro socios es Oscar Giovannini, hijo del comandante general de Gendarmería Héctor Giovannini y primo del también comandante Oscar Giovannini. La firma, de mediana envergadura para afrontar un servicio como el que prestaba a Gendarmería, se adjudicó 33 licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas por 40.021.359,89 pesos. Durante el período investigado multiplicó exponencialmente la provisión a la Gendarmería.
La auditoría interna detectó elementos que hacen presuponer que existieron mecanismos para direccionar las contrataciones y, al mismo tiempo, perjudicar a otros competidores. El planteo del fiscal Di Lello menciona supuestos direccionamientos de los pliegos de las licitaciones, invitaciones a participar a empresas vinculadas a Combustibles Integrados SRL y a otras que no contaban con las condiciones para hacerlo.
La causa está radicada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo. A él le reclamó Di Lello las primeras medidas de prueba. No se trata, formalmente, de una imputación contra nadie sino de los pasos para constatar la veracidad de la denuncia y la cuantía del eventual perjuicio patrimonial para la fuerza. Para ello, el fiscal reclamó copias de los informes de la auditoria, la declaración testimonial del director de Inteligencia Criminal, Marcelo Martinengo, la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema para revisar los resultados de la auditoría interna y la recopilación de documentación vinculada con cada una de las operaciones.
El 22 de octubre pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuán había adoptado una actitud similar a la de su colega Di Lello pero en relación con las supuestas irregularidades en la liquidación de los salarios de los uniformados, lo que se tradujo en una protesta que durante varios días acaparó la atención pública. En aquella oportunidad, Marijuán apuntó la investigación contra los mismos oficiales investigados por las transacciones con combustibles, excepto Miguel Gil. Esa causa está en pleno trámite en el juzgado del magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi.
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