El dilema del palacio
Las lecciones que dejó la audiencia pública ante la Corte por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La primera lección que dejó la audiencia convocada para debatir sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) es que la Corte Suprema, cuando se lo propone, es bastante más prolija, menos rústica, que la Cámara Federal en lo Civil y Comercial que dictó la inconstitucionalidad de los artículos que afectan al Grupo Clarín SA y la constitucionalidad de los que no lo rozan, extendiéndole además la cautelar de cuatro años que beneficia su posición dominante en el mercado.
Esa prolijidad dejó a los supremos en una situación de incómoda expectativa frente a la resolución definitiva del pleito. Después de escuchar los argumentos empresarios y los del gobierno, más las razones de los amicus de parte y de los independientes, el costo político que pagaría el máximo tribunal si dicta un fallo promonopólico es mucho mayor que el que hubiera pagado dos semanas atrás.
Fue decepcionante la incursión de los abogados de Héctor Magnetto en la audiencia. Sus titubeos y entredichos no resistieron la televisación. Entrenados en el lobby oscurantista, puestos a debatir en público arrimaron más problemas que soluciones al sector de la Corte comprensivo a sus demandas. Por otro lado, se hizo evidente que los defensores de la LSCA estaban mejor dotados técnicamente para aprovechar esta última chance decidida por el tribunal.
Estamos en presencia de un escenario todavía abierto. La sensación que quedó si se analiza el interrogatorio de Ricardo Lorenzetti a las partes es que la Corte no quiere avalar por completo lo resuelto vergonzosamente por la Cámara y tampoco le hace demasiada gracia dictar la constitucionalidad plena para no conceder un triunfo rotundo a la postura del gobierno, cuando los diarios que eligen leer hablan del fin de ciclo oficial.
Convocada el día del cumpleaños del Grupo Clarín SA, la audiencia trajo consigo un regalo envenenado para los supremos. Los enfrentó a un dilema. Apegarse a la ley y dar un fallo que pondría feliz a los que defienden la LSCA y al propio gobierno que a ellos les disgusta. O favorecer a un grupo empresario que confunde adrede su capacidad de monopolización con su sobrevida comercial, y desconocer toda la jurisprudencia nacional e internacional, que lo impide.
¿Por qué la Corte solita se metió en este laberinto? Hay distintas miradas y poca información al respecto. Hasta unos días antes de la audiencia, en la Casa Rosada se pensaba que todo era una pérdida de tiempo, una coreografía diseñada por Lorenzetti para finalmente hundir la ley bajo una pátina de falsa transparencia. Hay que decir que con los resultados a la vista, esta percepción cambió y hubo festejos por la exitosa defensa que encabezó Martín Sabbatella. La hendija abierta por Lorenzetti, más allá de su intencionalidad dudosa, fue bien aprovechada.
En el Palacio de Tribunales explican que, en realidad, pese a los pronósticos funestos, el fallo no está escrito. Que hay diferentes puntos de vista y que sólo tres integrantes de la Corte tienen su voto decidido: Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni. El resto todavía estaría meditando. En algunos casos, buscando argumentos para hacerlo a favor y otros en contra. El llamado a la audiencia habría sido para escuchar atajos argumentales en ambas direcciones. Lo concreto es que para un caso tan complejo y trascendente, aún no hay una mayoría clara.
La ronda de expositores fue didáctica. Los del Grupo Clarín SA jurídicamente no aportaron nada novedoso. Explicaron, en líneas generales, que ellos necesitan ser un monopolio para poder seguir subsistiendo en el mercado y quedó indirectamente asumido que el latiguillo de la "libertad de expresión" meneado hasta el aburrimiento por sus porristas es una jugada mediática sin sustento. Tal vez porque es contador y no abogado, la estrategia de Héctor Magnetto fue errada. Llegaron hasta la Corte para hablar nada menos que de la Constitución Nacional y no pudieron salir de interpretaciones opinables sobre los alcances del Código Civil y Comercial. De antología fue la intervención de uno de los abogados que dijo que la razón, tanto en el Derecho como en el mercado, es de quien la tiene más larga. El profesor Eliseo Verón también se cayó del pedestal. Dijo que como existe Internet, no hay que regular nada de nada. Una chicana como esa, que da por resuelta la brecha digital así como así, podría suscribirla Jorge Fontevecchia, pero de un semiólogo de su trayectoria, que juega a las bochas con Umberto Eco, era esperable algo más sustancioso (ver recuadro).
Del otro lado, hubo de todo. Pero fundamentalmente la convicción de que si se llegó tan lejos, es porque lo que está en discusión es el derecho democrático a la comunicación, protegido por la Constitución Nacional y los tratados a los que adhiere la República Argentina, y no una pelea en el barro en los términos de "Gobierno vs. Clarín" o viceversa. Los monopolios conspiran contra la democracia y hace falta aplicarles leyes regulatorias, dicen el Pacto de San José de Costa Rica y las recomendaciones de los relatores de la OEA y la ONU. La LSCA responde a esas demandas con democrática contundencia. El turno de Damián Loretti fue una lección magistral de legislación comparada. Las palabras de Víctor Abramovich, Carlos Ruta y Beinusz Smukler iluminaron el recinto. De Villafañe, de Cooperar, que arrancó aplausos. Graciana Peñafort sorprendió sólo a los que no la conocen: puntillosa y precisa, respondió con solvencia técnica cada pregunta de Lorenzetti.
Es interesante, para destacar, que en las coberturas de la audiencia de Clarín se ensañaron especialmente con los dos amicus independientes, así dispuestos por el tribunal. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la defensora del Público, Cynthia Ottaviano. La primera, representante del interés general, derrumbó en un cuarto de hora las falacias antijurídicas de Clarín puestas en juego durante todo este largo proceso, que lleva años. Mencionó la apropiación ilegal de Papel Prensa como el hito fundacional del monopolio, sin dejar de reconocer que fue ella la primera que cuestionó la fusión de Multicanal y Cablevisión, y que la Corte aún no resolvió.
La segunda llevó al Palacio y al expediente una perspectiva no contemplada, la de las audiencias, el público de la radio y la televisión, víctima de la concentración empresarial. Ese es el rol institucional, reconocido por los supremos, que tiene la Defensoría del Público, creada por la LSCA. Que la Corte la haya aceptado por amicus independiente es una señal muy fuerte. La ley está vigente en 162 de sus 166 artículos, se discuten tres y el párrafo de un cuarto. Los que atacan, precisamente, la concentración comunicacional, y ella llevó a la audiencia la voz de los afectados directos de esa situación inaceptable.
Clarín SA atacó desde sus medios a la defensora. Dijo que eran falsas sus denuncias, lo que motivó una respuesta del organismo a su cargo que no fue siquiera registrada por el diario de Magnetto: cada uno de los párrafos está basado en reclamos presentados por particulares, los nuevos sujetos de derecho reconocidos por la LSCA. Que a Clarín no le guste lo que dicen, no implica que no existan o que deban ser invisibilizados. O empresarialmente censurados, como explica el jurista estadounidense Owen Fiss, citado en la audiencia.
Pero quizá lo que no les gustó del todo es que haya dicho, en 20 segundos de los 15 minutos que tuvo para exponer, que cuando Clarín tuvo la custodia de la libertad de expresión silenció un genocidio, el mayor de la historia nacional. Eso destacó –mal, como si no existieran grabaciones que lo dejen en evidencia– Adrián Ventura, de La Nación, del discurso de Ottaviano. También del de Gils Carbó. Sobre eso mismo se despachó Joaquín Morales Solá en su columna dominical. Se ve que el Caso Papel Prensa les quema a los dueños de Clarín y La Nación, socios en la principal empresa de papel para diarios. Hay una causa penal abierta hace tres años que investiga a Héctor Magnetto, a Ernestina Herrera de Noble y a Bartolomé Mitre por la apropiación de la firma, en alianza con los extintos Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. Causa penal que amenaza con activarse producto de la revitalizada discusión que habilitó la Corte alrededor de la tenencia antidemocrática de los medios de comunicación en nuestro país. El relator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, eligió reunirse con Ottaviano y no con Morales Solá después de la audiencia. Eso dice algo, aunque a Clarín y a La Nación les resulte indisimulablemente indigesto lo que viene a decirles.
No se sabe qué hará la Corte de acá en adelante. Su fallo es incierto, igual de discrecional que hace dos semanas, pero mucho más difícil tras la audiencia pública que ella misma convocó. ¿Cómo beneficiar a Clarín con un fallo político antijurídico después de lo que se dijo allí, a la vista de todos? ¿De qué manera castigar al gobierno sin dañar el derecho humano a la comunicación en base a la jurisprudencia propia y extranjera vertida en el debate?
La sensación es que el dictamen de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial resultó desnudado en su espíritu corporativo y en sus debilidades constitucionales.
Que Clarín SA es una empresa poderosa que puso en crisis todo el sistema institucional por simple vocación de renta, es decir, por una cuestión estrictamente comercial.
Que la pelea "Clarín vs. Gobierno" existe en los titulares de los diarios Clarín y La Nación, y en sus 250 licencias excedidas, pero como bien dijo Horacio Verbitsky en el Palacio, rechazando ese enfoque reduccionista, "afuera hay un país".
Un país que quiere pensar que la igualdad ante la ley es un valor a defender para que la democracia, a 30 años de recuperada, no sea el envase vacío que se llena según el capricho de las corporaciones, sino con los sueños irrenunciables de 40 millones de argentinos, todos distintos, todos importantes. -<dl
Sorprendió a todos la deslucida intervención en la audiencia del semiólogo Eliseo Verón, hoy convertido en amigo de Clarín. Llegar hasta la Corte para decir que la irrupción de Internet hace obsoleta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue abusar del tiempo y de la paciencia de los cortesanos. Un reciente trabajo del Programa de Investigación "Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía", del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dirigido por la profesora María Cristina Mata, aporta elementos más serios al debate sobre los consumos audiovisuales reales.
Santiago Martínez Luque, discípulo de Mata, llevó a la cuarta audiencia pública de la Defensoría del Público, realizada el viernes 30 en Villa María, Córdoba, los resultados de una investigación de tipo cuantitativa en el marco de la línea Consumos y audiencia audiovisuales del programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, realizada entre noviembre y diciembre de 2012, en la ciudad de Córdoba capital.
Para casi la mitad de los encuestados el medio más utilizado para informarse es la TV (48,1%). Con mucha menor incidencia y llamativa similitud entre ambos se encuentran la radio (24%) e Internet (20%). Muy lejos como fuente primordial se acceso a la información se sitúan los diarios (6,7%). Más del 79% de los cordobeses se informan preferentemente a través de la TV y la radio, medios que se encuentran en Córdoba en situación de altísimos niveles de concentración. Según Martínez Luque, "estos datos hablan para nosotros de la insistente relevancia de los medios tradicionales como fuentes centrales de información para las mayorías. En tal sentido, estos datos echan por tierra algunos argumentos circulantes sobre la potencia informativa masiva de los nuevos medios como Internet, argumento expresado, entre otros, por Eliseo Verón en la audiencia del miércoles 28 ante la Corte (…) Ante esta evidente importancia informativa de la TV y la radio se obvia la necesidad de regulación de los regímenes de propiedad y concentración de estos medios audiovisuales."
En Córdoba, hay sólo tres canales de aire, dos de los cuales pertenecen a grandes grupos mediáticos como Clarín y Telefé. Canal 12 y Canal 8 concentran el 72% de la audiencia televisiva local, en proporciones equivalentes. El canal público de la universidad, Canal 10, alcanza el 20 por ciento. En relación a la TV es muy importante mencionar –dice el trabajo– la alta penetración del sistema de cable: seis de cada diez cordobeses poseen sistema de TV por cable. Dentro de este grupo de ciudadanos, casi la totalidad (el 98%) accede a este servicio a través de Cablevisión, de Clarín S.A.
Si bien en la ciudad se pueden contar cientos de emisoras entre radios FM y AM, el 55% de la audiencia radial se distribuye en cinco emisoras de dos grandes grupos mediáticos. LV3, FM 100.5 y Radio Popular, del Grupo Cadena 3; y Radio Mitre y FM Mía, del Grupo Clarín S.A.
Es para Eliseo Verón, que lo mira por Internet.
Tiempo argentino
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