El reclamo provenía de la crisis de 2001
La Argentina ganó un fallo en el CIADI por 447 millones de euros
El tribunal del Banco Mundial, que usualmente beneficia a las empresas, admitió que el reclamo de Daimler no respetó los pasos correspondientes porque se salteó la jurisdicción local. Jorge Capitanich festejó la decisión.
Exultante - El jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich, celebró el triunfo de la Argentina en el CIADI.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, elogió el resultado del litigio entre la empresa Daimler Financial Services AG y el país que se encontraba desde enero de 2005 en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI). De esta manera, destacó que "prevaleció la posición de la Argentina diciendo que el Tribunal del CIADI carecía de jurisdicción y por lo tanto no podía intervenir en el reclamo presentado por el demandante". Para Capitanich, "la posición de la Argentina implicó mantener firmeza y convicción ante este reclamo, lo cual permite al país un ahorro de 447 millones de euros".
En 2005, la empresa Daimler argumentó que se había violado el tratado bilateral entre Argentina y Alemania tras la implementación de algunas medidas de emergencia luego de diciembre de 2001. Algunas de las quejas de la empresa fueron el corralito, la salida de la Convertibilidad, la reestructuración de deudas de ciertos deudores, la pesificación y algunos cambios en las leyes de bancarrota. Para el jefe de Gabinete, "prevaleció la posición de la Argentina diciendo que el Tribunal del CIADI carecía de jurisdicción y por lo tanto no podía intervenir en el reclamo presentado por el demandante".
"El fundamento de la posición argentina radicó en que, tal como establece el tratado con Alemania en su artículo 10, la demandante no había acudido a los tribunales judiciales argentinos para resolver la controversia por un plazo mínimo de 18 meses previo a recurrir al arbitraje", señaló el jefe de Gabinete.
El fallo original del CIADI es del 22 de agosto de 2012, y resultó favorable para la Argentina. La sentencia, sin embargo, habilita a Daimler a retomar el litigio judicial en la Argentina, y una vez cumplidos los plazos en cuestión, puede volver a optar por un arbitraje internacional. Según la determinación del fallo, la demanda no se encuentra atada a la permanencia de la inversión, por lo que incluso si la empresa ya no se encuentra en el país, puede continuar litigando. Sin embargo, todos los otros argumentos presentados por la República Argentina fueron rechazados por el tribunal. Por ejemplo, el CIADI denegó la posibilidad a la Argentina de tomar medidas de emergencia en medio de una crisis económica a las empresas multinacionales, o en su defecto deberá indemnizarlas por ello.
La compañía resistió y pidió la anulación del laudo. Sin embargo, el último miércoles, el comité de arbitraje conformado por el presidente Eduardo Zuleta, Florentino Feliciano y Makhdoom Ali Khan falló nuevamente a favor de la Argentina. "La empresa solicitante, en este caso Daimler, tenía la carga de probar que i) el Tribunal cometió un quebrantamiento grave de una norma de procedimiento y ii), que dicha norma era fundamental", estableció el CIADI, respecto del pedido de anulación de las decisiones previas, que beneficiaron a la Argentina. Pero para el comité, las evidencias de Daimler fueron insuficientes para negar la falta de jurisdicción ante los errores procedimentales de la empresa. Por lo tanto, decidieron "rechazar en su totalidad la aplicación de anulación presentada por Daimler Financial Services AG", que cada parte pague su parte de los costos en el litigio y que la compañía se haga cargo de "los honorarios y gastos de los miembros del Comité, y los costos de usar las instalaciones del CIADI".
El CIADI es un sistema dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los litigios relacionados con la inversión extranjera. El objetivo es reducir la incertidumbre de los inversores dada la escasez de leyes internacionales y las decisiones unilaterales de los Estados. Sin embargo, en los años '90, con el auge de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), las empresas transnacionales utilizaron recurrentemente esta instancia cuando la justicia argentina determinara lo contrario.
La Argentina posee 22 demandas activas en el CIADI. La más longeva de ellas es la de Natural Gas Transportation Company, presentada el 11 de abril de 2001. Muchas de las mismas refieren a litigios iniciados luego de la devaluación, la pesificación, el default y el cambio de tarifas de los servicios públicos, las multas y los incrementos en los impuestos.
La mayoría de las empresas que litigan son resultado de las privatizaciones, tales como Urbaser, Consorcio de Aguas Bilbao, Transportes de Cercanías SA, Mobil Exploration and Development, SAUR International, Electricidad Argentina, Enersis, Suez, Sociedad de Aguas de Barcelona, Gas Natural SDG, Camuzzi, Sempra Energy International y LG&E International Corp.
El más reciente es el presentado por Casinos Austria International, registrado el último 18 de diciembre por una disputa con el gobierno de Salta en cuanto a la aplicación de multas. La existencia del CIADI debilita, por lo tanto, la capacidad coercitiva del Estado para sancionar las empresas transnacionales, que tienen la opción de sortear las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de los arbitrajes internacionales. «
En 2005, la empresa Daimler argumentó que se había violado el tratado bilateral entre Argentina y Alemania tras la implementación de algunas medidas de emergencia luego de diciembre de 2001. Algunas de las quejas de la empresa fueron el corralito, la salida de la Convertibilidad, la reestructuración de deudas de ciertos deudores, la pesificación y algunos cambios en las leyes de bancarrota. Para el jefe de Gabinete, "prevaleció la posición de la Argentina diciendo que el Tribunal del CIADI carecía de jurisdicción y por lo tanto no podía intervenir en el reclamo presentado por el demandante".
"El fundamento de la posición argentina radicó en que, tal como establece el tratado con Alemania en su artículo 10, la demandante no había acudido a los tribunales judiciales argentinos para resolver la controversia por un plazo mínimo de 18 meses previo a recurrir al arbitraje", señaló el jefe de Gabinete.
El fallo original del CIADI es del 22 de agosto de 2012, y resultó favorable para la Argentina. La sentencia, sin embargo, habilita a Daimler a retomar el litigio judicial en la Argentina, y una vez cumplidos los plazos en cuestión, puede volver a optar por un arbitraje internacional. Según la determinación del fallo, la demanda no se encuentra atada a la permanencia de la inversión, por lo que incluso si la empresa ya no se encuentra en el país, puede continuar litigando. Sin embargo, todos los otros argumentos presentados por la República Argentina fueron rechazados por el tribunal. Por ejemplo, el CIADI denegó la posibilidad a la Argentina de tomar medidas de emergencia en medio de una crisis económica a las empresas multinacionales, o en su defecto deberá indemnizarlas por ello.
La compañía resistió y pidió la anulación del laudo. Sin embargo, el último miércoles, el comité de arbitraje conformado por el presidente Eduardo Zuleta, Florentino Feliciano y Makhdoom Ali Khan falló nuevamente a favor de la Argentina. "La empresa solicitante, en este caso Daimler, tenía la carga de probar que i) el Tribunal cometió un quebrantamiento grave de una norma de procedimiento y ii), que dicha norma era fundamental", estableció el CIADI, respecto del pedido de anulación de las decisiones previas, que beneficiaron a la Argentina. Pero para el comité, las evidencias de Daimler fueron insuficientes para negar la falta de jurisdicción ante los errores procedimentales de la empresa. Por lo tanto, decidieron "rechazar en su totalidad la aplicación de anulación presentada por Daimler Financial Services AG", que cada parte pague su parte de los costos en el litigio y que la compañía se haga cargo de "los honorarios y gastos de los miembros del Comité, y los costos de usar las instalaciones del CIADI".
El CIADI es un sistema dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los litigios relacionados con la inversión extranjera. El objetivo es reducir la incertidumbre de los inversores dada la escasez de leyes internacionales y las decisiones unilaterales de los Estados. Sin embargo, en los años '90, con el auge de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), las empresas transnacionales utilizaron recurrentemente esta instancia cuando la justicia argentina determinara lo contrario.
La Argentina posee 22 demandas activas en el CIADI. La más longeva de ellas es la de Natural Gas Transportation Company, presentada el 11 de abril de 2001. Muchas de las mismas refieren a litigios iniciados luego de la devaluación, la pesificación, el default y el cambio de tarifas de los servicios públicos, las multas y los incrementos en los impuestos.
La mayoría de las empresas que litigan son resultado de las privatizaciones, tales como Urbaser, Consorcio de Aguas Bilbao, Transportes de Cercanías SA, Mobil Exploration and Development, SAUR International, Electricidad Argentina, Enersis, Suez, Sociedad de Aguas de Barcelona, Gas Natural SDG, Camuzzi, Sempra Energy International y LG&E International Corp.
El más reciente es el presentado por Casinos Austria International, registrado el último 18 de diciembre por una disputa con el gobierno de Salta en cuanto a la aplicación de multas. La existencia del CIADI debilita, por lo tanto, la capacidad coercitiva del Estado para sancionar las empresas transnacionales, que tienen la opción de sortear las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de los arbitrajes internacionales. «
Club de Paris: acuerdo con Alemania y Holanda
El gobierno nacional publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado la ratificación del acuerdo realizado con el Club de París, con Alemania y los Países Bajos mediante los decretos 2590 y 2591.
De esta manera, la Argentina avanzó un paso en la resolución del capítulo del default de la deuda extranjera.
El arreglo inicial fue firmado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, el 29 de mayo del año pasado. Sin embargo, ese texto debe ser refrendado de manera bilateral con cada una de las 20 Naciones que conforman el club.
En el caso puntual de Alemania, la deuda reconocida es de 2529 millones de euros y U$S 19,9 millones, a lo que se le sumaron los atrasos en acuerdos de cooperación financiera por 71 millones de euros.
Mientras tanto, lo adeudado a los Países Bajos es algo menor, ascendiendo a 398 millones de euros y U$S 222 millones.
El esquema de repago implica el pago de cuotas los 30 de mayo desde la actualidad hasta el 2019. La normalización de la deuda permitirá un acceso al financiamiento por parte de los países miembros del Club.
De esta manera, la Argentina avanzó un paso en la resolución del capítulo del default de la deuda extranjera.
El arreglo inicial fue firmado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, el 29 de mayo del año pasado. Sin embargo, ese texto debe ser refrendado de manera bilateral con cada una de las 20 Naciones que conforman el club.
En el caso puntual de Alemania, la deuda reconocida es de 2529 millones de euros y U$S 19,9 millones, a lo que se le sumaron los atrasos en acuerdos de cooperación financiera por 71 millones de euros.
Mientras tanto, lo adeudado a los Países Bajos es algo menor, ascendiendo a 398 millones de euros y U$S 222 millones.
El esquema de repago implica el pago de cuotas los 30 de mayo desde la actualidad hasta el 2019. La normalización de la deuda permitirá un acceso al financiamiento por parte de los países miembros del Club.
Apoyo de barra a buitres
Dos casos muy relevantes son los encarados por Abaclat y otros y la de Giovanni Alemanni, que surgen de bonistas italianos que reclaman al igual que los fondos buitre en Nueva York, el pago del 100% de sus bonos, a pesar del default y la reestructuración de deuda. El resultado de este arbitraje tendrá implicaciones en el intento del país de cerrar el capítulo de la deuda. En el caso de Giovanni Alemanni, uno de los abogados defensores fue Rodolfo Carlos Barra, ex ministro de Justicia menemista entre 1993 y 1996 y junto con Juan Carlos Cassagne, fueron los encargados de instrumentar la reforma del Estado y las privatizaciones de los servicios públicos en manos, en muchos casos, de empresas extranjeras, que terminaron litigando contra el CIADI. Pero Barra no sólo defendió a los acreedores que no quisieron entrar en el canje. También fue asesor de las empresas que él colaboró para privatizar ante el tribunal internacional, como en el caso de Repsol por la expropiación de YPF.
Tiempo argentino
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