ABARCA 2013, 2014 Y PARTE DE ESTE AÑO
El CELS presentó un informe crítico sobre la situación de los DD HH
Aunque destacó avances, evaluó con preocupación la violencia institucional y la falta de reformas en las fuerzas de seguridad.
Positivo - El organismo marcó el juzgamiento de los cómplices civiles de la dictadura como uno de los puntos destacados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó su 19º Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina. El trabajo incluye hechos y debates paradigmáticos que acontecieron entre 2013, 2014 y principios de este año. Se trata de un análisis centrado en tres temáticas centrales: Memoria, Verdad y Justicia, Violencia Institucional y Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En lo que respecta al apartado de Memoria, Verdad y Justicia, se realiza una evaluación en términos históricos. Allí se destaca el avance en el juzgamiento de los cómplices civiles con el terrorismo de Estado: se hace alusión al sector eclesiástico, empresarial y judicial. "Hubo un avance, pero con algunos obstáculos", indicó Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS, a Tiempo. También se focaliza en la discusión sobre la depuración de las Fuerzas Armadas y el debate que disparó la impugnación del pliego de César Milani, jefe del Ejército, a quien se acusó de crímenes de lesa humanidad que se están investigando en la actualidad en la justicia federal. Por caso, en este punto se hace referencia a "los documentos que vinculan a César Milani con hechos del terrorismo de Estado".
En otro pasaje del mismo ítem se resalta el avance en la consideración de la violencia sexual que se perpetraba en los Centros Clandestinos de Detención como una cuestión autónoma del delito de tortura. Se trata de "una perspectiva de género que se fue abriendo camino con diferentes precedentes jurisprudenciales", aseguró Litvachky a este diario. Los obstáculos que surgen en el propio funcionamiento del Poder Judicial también tienen su lugar en el informe.
De acuerdo con el documento, hasta la fecha se han dictado 134 sentencias, que condenaron a 553 personas y absolvieron a 52. Otras 55 personas fueron sobreseídas antes del juicio y 120 quedaron en libertad. En la actualidad, en causas de lesa humanidad hay 375 denunciados y 937 procesados.
Una segunda cuestión nodal tratada en el estudio es la Violencia Institucional que se desarrolla en el apartado "Instituciones de seguridad y sistema penal". "Existe una persistencia en los patrones de violencia en las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario", destacó Litvachky. "Advertimos y analizamos las dificultades que hubo para romper ciertos nichos, para generar reformas más profundas y nuevas lógicas de funcionamiento en esas fuerzas", afirmó la titular del área Justicia y Seguridad. En ese pasaje se resalta la letalidad policial: en el CELS registraron un alza, sobre todo en 2014, en este tipo de casos. Por eso se profundiza la discusión en torno al uso de la fuerza policial. "Hay una ausencia de este tema en los debates", dijo Litvachky.
Según los registros del CELS, 154 personas fueron muertas por las fuerzas de seguridad en 2014 en la Región Metropolitana de Buenos Aires. "Desde 2004 no se registraba un número tan alto, aunque en ese momento se inscribía en una tendencia a la baja, mientras que en 2014 la tendencia es al aumento. Por otro lado, al menos 32 funcionarios resultaron muertos en 2014. Esta última cifra viene descendiendo en los últimos dos años", difundió el organismo presidido por el periodista Horacio Verbitsky. Por otro lado, se critican los realineamientos más punitivistas que fueron ganando terreno en el último tiempo y la situación de extrema violencia que atraviesan la mayoría de las cárceles del país.
Finalmente, en el último apartado se aborda la temática de los derechos económicos, sociales y culturales. Allí, el capítulo 13, "Derechos Humanos, desarrollo nacional y deudas soberanas", trata la discusión de la deuda tomando como disparador el conflicto del gobierno con los fondos buitre. El tema se analiza desde la perspectiva de DD HH al discutirse el modo en que el funcionamiento del mercado financiero impacta en las políticas sociales y afecta los estándares de acceso a diversos derechos.
Otro punto central de la tercera parte del estudio es la problemática del acceso al hábitat y la vivienda, donde se hace hincapié en el accionar de diversos actores como el mercado inmobiliario y el sector privado. También se toca el desafío de implementar la Ley Nacional de Salud Mental.
En el prólogo, el director ejecutivo del organismo, Gastón Chillier, recuerda el caso Arruga, menciona el caso Nisman y se refiere a la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Por otro lado, pone en contexto el Informe 2015, al resaltar que el documento de 640 páginas "se publica en una coyuntura particular": durante el final del tercer ciclo kirchnerista y a 35 años de la fundación del CELS (que se cumplieron el año pasado). Por eso, la obra que se presentó el 30 de abril pasado en la Feria del Libro tiene una mirada en perspectiva histórica. «
En lo que respecta al apartado de Memoria, Verdad y Justicia, se realiza una evaluación en términos históricos. Allí se destaca el avance en el juzgamiento de los cómplices civiles con el terrorismo de Estado: se hace alusión al sector eclesiástico, empresarial y judicial. "Hubo un avance, pero con algunos obstáculos", indicó Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS, a Tiempo. También se focaliza en la discusión sobre la depuración de las Fuerzas Armadas y el debate que disparó la impugnación del pliego de César Milani, jefe del Ejército, a quien se acusó de crímenes de lesa humanidad que se están investigando en la actualidad en la justicia federal. Por caso, en este punto se hace referencia a "los documentos que vinculan a César Milani con hechos del terrorismo de Estado".
En otro pasaje del mismo ítem se resalta el avance en la consideración de la violencia sexual que se perpetraba en los Centros Clandestinos de Detención como una cuestión autónoma del delito de tortura. Se trata de "una perspectiva de género que se fue abriendo camino con diferentes precedentes jurisprudenciales", aseguró Litvachky a este diario. Los obstáculos que surgen en el propio funcionamiento del Poder Judicial también tienen su lugar en el informe.
De acuerdo con el documento, hasta la fecha se han dictado 134 sentencias, que condenaron a 553 personas y absolvieron a 52. Otras 55 personas fueron sobreseídas antes del juicio y 120 quedaron en libertad. En la actualidad, en causas de lesa humanidad hay 375 denunciados y 937 procesados.
Una segunda cuestión nodal tratada en el estudio es la Violencia Institucional que se desarrolla en el apartado "Instituciones de seguridad y sistema penal". "Existe una persistencia en los patrones de violencia en las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario", destacó Litvachky. "Advertimos y analizamos las dificultades que hubo para romper ciertos nichos, para generar reformas más profundas y nuevas lógicas de funcionamiento en esas fuerzas", afirmó la titular del área Justicia y Seguridad. En ese pasaje se resalta la letalidad policial: en el CELS registraron un alza, sobre todo en 2014, en este tipo de casos. Por eso se profundiza la discusión en torno al uso de la fuerza policial. "Hay una ausencia de este tema en los debates", dijo Litvachky.
Según los registros del CELS, 154 personas fueron muertas por las fuerzas de seguridad en 2014 en la Región Metropolitana de Buenos Aires. "Desde 2004 no se registraba un número tan alto, aunque en ese momento se inscribía en una tendencia a la baja, mientras que en 2014 la tendencia es al aumento. Por otro lado, al menos 32 funcionarios resultaron muertos en 2014. Esta última cifra viene descendiendo en los últimos dos años", difundió el organismo presidido por el periodista Horacio Verbitsky. Por otro lado, se critican los realineamientos más punitivistas que fueron ganando terreno en el último tiempo y la situación de extrema violencia que atraviesan la mayoría de las cárceles del país.
Finalmente, en el último apartado se aborda la temática de los derechos económicos, sociales y culturales. Allí, el capítulo 13, "Derechos Humanos, desarrollo nacional y deudas soberanas", trata la discusión de la deuda tomando como disparador el conflicto del gobierno con los fondos buitre. El tema se analiza desde la perspectiva de DD HH al discutirse el modo en que el funcionamiento del mercado financiero impacta en las políticas sociales y afecta los estándares de acceso a diversos derechos.
Otro punto central de la tercera parte del estudio es la problemática del acceso al hábitat y la vivienda, donde se hace hincapié en el accionar de diversos actores como el mercado inmobiliario y el sector privado. También se toca el desafío de implementar la Ley Nacional de Salud Mental.
En el prólogo, el director ejecutivo del organismo, Gastón Chillier, recuerda el caso Arruga, menciona el caso Nisman y se refiere a la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Por otro lado, pone en contexto el Informe 2015, al resaltar que el documento de 640 páginas "se publica en una coyuntura particular": durante el final del tercer ciclo kirchnerista y a 35 años de la fundación del CELS (que se cumplieron el año pasado). Por eso, la obra que se presentó el 30 de abril pasado en la Feria del Libro tiene una mirada en perspectiva histórica. «
Dato
Policial
Según el informe, el de la violencia institucional es uno de los temas en los que menos se ha avanzado en la Argentina, sobre todo en casos de violencia policial y carcelaria.
Tiempo argentino
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