Plan C

Crece la presión opositora para que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso

Los diputados quieren que se vote

El Movimiento Evita presentó un proyecto para modificar la ley de Administración Financiera, en línea con la iniciativa que ya había impulsado el kirchnerismo con respaldo de figuras del Frente Renovador. El macrismo defendió el endeudamiento.

El crédito stand-by de 50 mil millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional no sólo generó un rechazo casi unánime de la oposición sino que renovó la ola de reclamos para que el acuerdo firmado con el organismo internacional sea tratado por el Congreso. El Frente para la Victoria-PJ reiteró ayer sus críticas y retomó el pedido para que se debata el tema en el Parlamento. Desde el Movimiento Evita presentaron un proyecto para modificar la ley de administración financiera y así obligar a que deba realizarse una votación previa al acuerdo. El diputado kirchnerista Martín Doñate ya había presentado una iniciativa similar, que contó con el apoyo de referentes del Frente Renovador como Felipe Solá y Daniel Arroyo. Desde el macrismo, en cambio, hicieron una cerrada defensa y hasta adoptaron una actitud celebratoria del nuevo endeudamiento. “Es un extraordinario triunfo político del presidente”, afirmó el senador del PRO Federico Pinedo. 

Mientras se espera para hoy el encuentro entre el presidente Mauricio Macri y la titular del FMI, Christine Lagarde en la cumbre del G7 en Canadá, crece la presión opositora para llevar el tema al recinto de la Cámara baja. “Los acuerdos stand by, degradan al país a una vigilancia permanente del FMI  sobre nuestras políticas económicas, es decir controlar que los niveles de ajuste que exigen sea cumplido hasta las ultimas consecuencias.  Este tipo préstamos, como el que esta cerrando el presidente Mauricio Macri, es el mismo que el FMI concretó en países como  Irak, Jamaica, Kenia”, aseguró ayer Leonardo Grosso titular del interbloque del Movimiento Evita y Libres del Sur. 

El proyecto que este interbloque presentó ayer modifica el artículo 60 de la ley de Administración Financiera, aprobada en 1992, previo a la reforma constitucional. Proponen eliminar el párrafo que dice “se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”. En cambio, establecen que “las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica”. Además, detalla que la ley de presupuesto general debe indicar como mínimo el tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa, el monto máximo autorizado para la operación, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Y por último, si no está previsto en el presupuesto de ese año, debe tener una ley que las autorice expresamente. 

En 2016, luego de aprobarse el pago a los Fondos Buitre, había obtenido media sanción del Senado una iniciativa en el mismo sentido impulsada por el puntano Adolfo Rodríguez Saá. El objetivo de la norma era que el Poder Ejecutivo no pueda “realizar operaciones de crédito público ni reestructurar deuda pública sin previa autorización por ley especial del Congreso Nacional”. Sin embargo, la Cámara de Diputados nunca llegó a tratarla. 

“El acuerdo con el FMI debe ser discutido en el Congreso. No es un tradicional préstamo donde solo se pacta una tasa y plazos de pago. Se imponen condicionalidades que afectan la calidad de vida y el desarrollo de nuestro pueblo y que se proyectan más allá de este periodo de gobierno”, aseguró ayer el diputado del FpV-PJ, Leopoldo Moreau. “La sociedad, que en un 80 por ciento rechaza la vuelta al FMI, debe conocer qué es lo que se negoció para que el crédito sea de 50.000 millones de dólares y cómo se van a utilizar. Es importante que diputados, senadores y gobernadores conozcan cuáles han sido las exigencias del organismo financiero internacional, porque el ajuste también recaerá sobre las provincias”, agregó la santafecina Alejandra Rodenas. 

Del otro lado, Pinedo fue una de las principales voces de Cambiemos en salir a defender la decisión oficial. “El acuerdo con el FMI es la garantía absoluta de que la Argentina es solvente”, indicó en un programa de cable. Según el presidente provisional del Senado, “empieza otra parte del gobierno de Macri”. “En realidad empezó los días antes a aquel martes negro en el que vencieron todas esas letras de un monto exuberante que había que renovar. Eso generó una incertidumbre muy fuerte, la corrida contra el peso, el aumento del dólar, la gente acordándose de las crisis anteriores. Todo pasó en dos semanas”, afirmó.

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